26 de junio de 2017
VALENCIA: Vigilantes de seguridad empapelan el hospital de Gandía denunciando una rebaja del salario del 40 %
Los vigilantes de seguridad del Hospital de Gandía ya han empezado a movilizarse, lo primero ha sido empapelar el hospital con carteles donde explican los motivos de el porque de la huelga del 3 al 9 de julio y de las condiciones laborales impuestas por la empresa Marsegur, una huelga que se puede convertir en indefinida ya que las buenas palabras de varios responsables de diferentes administraciones son "solo eso , buenas palabras ".
Los vigilantes después de que la empresa Marsegur no se presentara al Tribunal de Arbitraje están dispuestos a llegar hasta el final , no van a consentir que les roben 500 € de cada nómina. Ante la alarma generada por esta huelga (y más en temporada turísica) el ayuntamiento de Gandía se ha puesto en contacto de con el gabinete de presidencia (Ximo Puig ), desde el hospital con Carolina Conesa (una histórica, jefa de contratación en la Consellería de Sanidad), también han contactado con Mónica Oltra (vicepresidenta de la Generalitat), todo son buenas palabras, pero los vigilantes de seguridad no se fían, quieren menos palabra y más hechos, la expulsión de la empresa Marsegur de este hospital .
Este entramado de empresas; Seguridad Integral Canaria S.A. - Marsegur Seguridad Privada S.A. - Sinergías de Vigilancia y Seguridad S.A. - Power Sic S.L., conforman la "Asociación de Compñías de Seguridad Privada" ( ACOSEPRI ), los estatutos y el acta de constitución están suscritos , por Andrés Guzmán Saldaña (consejero del club deportivo Las Palmas, el dueño es M.Angel Ramirez) y en representación de Seguridad Integral Canaria. Queda claro que es un entramado de empresas creado para conseguir más beneficios a costa de los vigilantes de seguridad privada. Se presentan a los concursos haciendo ofertas temerarias, una vez conseguido el concurso viene la rebaja de los sueldos de los vigilantes. Para ello utilizan el descuelgue del convenio nacional de empresas de seguridad.
Volvemos a recordar que Miguel Angel Ramirez fue indultado parcialmente en el 2013 por el Gobierno (Mariano Rajoy) y así evitaron que entrara en prisión, fue condenado a 3 años y 1 día de cárcel. A Ramirez se le fueron quitando servicios de seguridad después de los escándalos por el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, pronto con la ayuda de una administración "presuntamente corrupta" le fueron dando esos servicios a Marsegur (por ejemplo Defensa, 32 millones de euros), otro ejemplo es el estamos viendo esto días en el Hospital de Gandía, los vigilantes son "cedidos" de Seguridad Integral Canaria a Marsegur Seguridad Privada .
Prosegur Alarmas lanza el 'Ojo de halcón' para el hogar
La compañía Prosegur ha presentado su nuevo sistema de vigilancia denominado Prosegur Ojo de Halcón, un desarrollo tecnológico propio de su división Prosegur Alarmas que consiste en un servicio de seguridad inteligente que garantiza la máxima seguridad en edificios las 24 horas del día todos los días del año.
Prosegur Ojo Halcón se compone de un dispositivo de seguridad situado en el acceso principal del edificio que permite la comunicación de los vecinos con un vigilante que está ubicado en la central receptora de Alarmas (CRA). Desde allí, el vigilante controla múltiples cámaras de tal forma que, gracias a la incorporación de la tecnología, se amplían las capacidades del vigilante que puede controlar varios accesos a un edificio de forma constante y remota.
Así, los usuarios del edificio pueden ver a los vigilantes asignados a cada servicio a través de una pantalla de 32 pulgadas y alta luminosidad. Los vigilantes permanecen visibles las 24 horas del día, lo que favorece una interacción constante con ellos. Otra de las características importantes de este servicio radica en la protección de los profesionales encargados de la vigilancia que, al no estar expuestos a ningún tipo de ataque físico, pueden presenciar sin ninguna demora cualquier acontecimiento inusual que suceda en el perímetro vigilado. Además, cuenta con tecnología el Sistema de Alimentación Interrumpido (SAI) que mantiene en funcionamiento la instalación aunque se produzcan cortes de luz.
Cabe destacar que este es un servicio activo ya que el vigilante de seguridad interactúa en tiempo real y de forma permanente con los usuarios cuando estos entran o salen de los inmuebles. En caso de producirse una incidencia, el vigilante enviará al Servicio de Intervención Inmediata y alertará a la Policía.
Prosegur Ojo Halcón cuenta –como mínimo- con dos puestos de vigilancia y el servicio de intervención inmediata prestado a través de vigilantes motorizados. Cabe la posibilidad de añadir puestos de vigilancia aAdicionales o incorporar un punto seguro –Botón de SOS– en función de las características del edificio a proteger. Prosegur Ojo Halcón es un servicio de seguridad destinado a proteger urbanizaciones con zonas comunes, edificios en altura y otras instalaciones como naves o campas logísticas. Es una solución de seguridad económica y que se puede complementar con otros servicios con los que cuente el edificio.
Prosegur Ojo de Halcón ya está operativo en España, Argentina y Uruguay. El plan de negocio de Prosegur Alarmas prevé el lanzamiento de Prosegur Ojo Halcón en ocho países. Por lo que en los próximos meses está previsto el lanzamiento del servicio en Portugal, Chile, Perú, Paraguay y Singapur.
25 de junio de 2017
María José Alvarez controlará el 59,14% de Eulen tras cumplirse la voluntad testamentaria de su padre
Los hermanos díscolos critican «la ausencia de imparcialidad» en el proceso
La presidenta de Eulen, María José Alvarez controlará el 59,14% del capitalde la compañía tras cumplirse la voluntad testamentaria de su padre y fundador del grupo, David Álvarez Díez, que falleció a los 88 años de edad el 26 de noviembre de 2015.
De esta forma, según ha informado la compañía, se cumple la última voluntad del empresario de que su hija María Jose fuera la continuadora de su proyecto empresarial. Después de haber tenido lugar la formalización notarial de la participación de la herencia del fundador de Eulen y tras las operaciones particionales otorgadas por el contador-partidor, la heredera, María José Alvarez, es hoy titular del 95,32% de la sociedad Daval Control, a través de la que controlará el 59,14 del capital de Eulen.
David Álvarez fue, además, fundador del Grupo El Enebro, sociedad patrimonial 100% perteneciente a él y a sus hijos, que cuenta, entre sus activos más importantes, con las bodegas del Grupo Vega Sicilia. En esta sociedad, María José Alvarez dispone de una participación del 16%. Precisamente, las discrepancias con cinco de los siete hijos que tenía en la gestión de Eulen y Vega Sicilia fue uno de las causas de la guerra interna en la que ha estado inmersa la familia durante los últimos años, con una batalla judicial que se inició en 2010 y que continuó tras la muerte del empresario.
Los hermanos «rebeldes» muestran su «sorpresa» Por su parte, El Enebro y los cinco hijos «rebeldes» -Marta, Elvira, Juan Carlos, Emilio y Pablo- han mostrado su «sorpresa y perplejidad», ya que han asegurado desconocer el «supuesto reparto» de la herencia de David Álvarez, según han informado a Ep. Los hijos «díscolos» han subrayado que en el caso de que sean ciertos en esos términos, estos hechos «demuestran una vez más la ausencia de imparcialidad del albacea contador-repartidor al no informar al mismo tiempo a todas las partes afectadas por el reparto, cuando además el citado albacea está pendiente de un juicio de remoción en esas funciones», al ser el socio director de uno de los despachos de abogados que asesoran a Eulen y María José Álvarez.
A principios de 2013, el empresario, casado en terceras nupcias, constituyó junto a su hija María José una sociedad para controlar el 60% de la compañía yfrenar los planes de sus cinco hijos «rebeldes» de hacerse en el futuro con el control de Eulen. Asimismo, el patriarca de los Álvarez fue presidente del consejo de administración de las empresas Neal y Valles del Esla, sociedades íntegramente propiedad del grupo familiar con la producción en León de carne de la más alta calidad y la adhesión al proyecto de más de un centenar de ganaderos de la zona, en un territorio de más de 250.000 hectáreas.
Seguridad Integral Canaria, novedad en la lista de morosos publicada por Hacienda
La empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, figura entre las novedades de la tercera lista de morosos con el fisco publicada hoy por la Agencia Tributaria, que le achaca una deuda de 2,9 millones de euros. También se incorporaran a la lista de morosos la empresa Unipost, el Club Deportivo Castellón y el representante y colaborador televisivo Kiko Matamoros.
De la relación de contribuyentes que debían más de un millón de euros a fecha de 31 de diciembre de 2016, salen, en cambio, el futbolista Dani Alves, el piloto Dani Pedrosa, los clubes de baloncesto Estudiantes y Joventut de Badalona, Canal Nou y Sniace. Unipost aparece con una deuda de 5,4 millones de euros, en tanto que el club de fútbol del Castellón debe 1,3 millones y Kiko Matamoros 1 millón. También aparecen la empresa Caramelo (1,6 millones), Unipapel (1,5 millones), Reig Martí (1,08 millones).
Repiten en la lista con las mayores deudas los gigantes inmobiliarios caídos durante la crisis, Reyal Urbis y Nozar, aunque han disminuido ligeramente sus importes a 363,2 y 198 millones, respectivamente. Por delante de Nozar está Oceanus Maritime, con 227,7 millones de euros. Le siguen Vittone 1842 (134,47 millones), Grupo Prasa (98,7 millones), Aifos (98,6 millones) y Banreal Holding (98,4 millones). También repiten Martinsa Fadesa (65,2 millones) y las promotoras Arenal 2001 (66,4 millones) y Arenal 2000 (49,1 millones), propiedad del empresario cordobés Rafael Gómez, más conocido como "Sandokán", relacionado con la operación Malaya.
Del mundo del fútbol se mantienen el exfutbolista argentino del Barcelona Gabi Milito (1,8 millones) o el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz (1,3 millones), además de equipos de fútbol como el Recreativo de Huelva (12,5 millones), el Real Murcia (10,8 millones), el Elche Club de Fútbol (10,5 millones) o el Racing de Santander (9,2 millones). Hay también diferentes sociedades vinculadas al grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz Mateos (29,7 millones) y empresas del exvicepresidente de la CEOE Arturo Fernández (14,2 millones).
Entre los particulares que más adeudan a Hacienda, también sigue el empresario Agapito García Sánchez (17 millones), aunque la ha disminuido en 2 millones. También están desde el primer listado el expresidente de Banesto Mario Conde, que sigue debiendo a la Agencia Tributaria 9,9 millones, y su socio en Banesto Jacques Hachuel, 2,6 millones.
El Departamento de Seguridad concede dieciocho menciones honoríficas en el ámbito de la seguridad privada en Euskadi
Los galardones se entregan por segundo año consecutivo desde que el Departamento de Seguridad aprobara la orden en marzo de 2016
El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, acompañado de los directores de la Ertzaintza y de Coordinación de Seguridad, Gervasio Gabirondo y Rodrigo Gartzia ha entregado las menciones honoríficas en el ámbito de la seguridad privada en Euskadi. Esta es la segunda vez que se conceden estos galardones desde que se aprobara el decreto y se publicara la orden en materia de seguridad privada que establece la forma en la que el personal y las empresas de seguridad privada, así como organismos relacionados con la misma, puedan ser acreedores de diferentes reconocimientos honoríficos graduados en función de circunstancias como el riesgo, la importancia o la relevancia pública de los hechos reconocidos.
En el acto que ha tenido lugar en la sala de reuniones de la Base Central de Erandio, el viceconsejero de Seguridad ha procedido a la entrega de 18 menciones, en concreto, una condecoración honorífica (medalla) y doce distinciones honoríficas dirigidas al personal de seguridad privada. Asimismo, se ha entregado un diploma para reconocer a las empresas de seguridad y cuatro placas de honor dirigida al reconocimiento de las personas físicas, instituciones, corporaciones, entidades o establecimientos públicos o privados. En el transcurso de la entrega de galardones, el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, ha felicitado a los galardonados y ha destacado la colaboración entre los servicios públicos y privados de seguridad ya que “si ya hoy es necesaria, a futuro va a ser aún más necesaria para trabajar la complementariedad en términos de información, inteligencia e innovación”.
“Volvemos a poner een valor y reconocer institucionalmente lo que todos y cada uno de los méritos reconocidos representan como contribución real, concreta, eficaz a la seguridad pública de Euskadi. Como contribución destacada y relevante a la colaboración destacada y relevante a la colaboración entre los servicios de seguridad privada que ustedes representan y el servicio policial, público e integral que la Ertzaintza ejerce en el día a día”, ha señalado el viceconsejero de Seguridad. En su intervención, Zubiaga ha puesto en valor la creación de un centro público de ciberseguridad así como las decisiones y acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad de Euskadi por ser “acciones positivas para la seguridad de nuestra ciudadanía”.
18 galardones La Comisión de Evaluación sobre la concesión de menciones honoríficas en el ámbito de la seguridad privada en Euskadi ha evaluado un total de 49 propuestas presentadas, de las cuales 18 han sido merecedoras de una distinción. El máximo galardón, la medalla, ha sido concecida a José Ramón Basterretxea, Jefe de Seguridad de Metro por su larga trayectoria de colaboración y especialmente por el trabajo de colaboración, identificación y posterior detención por parte de la Ertzaintza de un presunto agresor sexual, hechos ocurridos en el municipio de Plentzia en septiembre de 2016.
Por su parte las distinciones honoríficas se han concedido a Juan Bernabé Ramos Muñoz (Prosegur), Enrique Medina Blazquez (Bilbo Guardas), Rubén Ferreras Fernandez (Prosetecnisa), los vigilantes de ALSE, Victor Manuel Domínguez Gonzalez y Raul Rosique Pérez (Alse), los de Prosegur, Jorge Pérez Arroyo y Patxi Fernandez Calvo y los de Securitas, Manuel de Cabo Cepero y Sergio Barba Moreno. Asimismo, han recibido la distinción honorífica Antonio España Iglesias, Jorge David García Arriaga y Jon Aitor Villa Baraya, directores de Seguridad de Sabico, BBVA y EITB.
En el mismo acto, se ha concedido también diploma a la empresa de Seguridad, Gasteiz de Vigilancia. Asimismo, se han otorgado cuatro placas de honor a Carlos López Torrego, de Renfe, a Eduard Zamora Peral, ex director de seguridad del Banco de Sabadell, José Luis Echevarria Agirregoicoa, de Telefónica/Moviestar y a Antonio María Golzarri Marínez, director del Puerto de Ondarroa, a todos ellos por su larga y extensa colaboración con la Ertzaintza.
Una seguridad privada a precio de saldo
Los guardianes de la protección en España tienen que lidiar con el intrusismo, márgenes ajustados y salarios muy moderados, en un sector que cada vez colabora más con la Administración
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la empresa Seguridad Integral Canaria, está considerado el rey del low cost en su sector. Y no por méritos corporativos. Presenta ofertas imbatibles a concursos públicos gracias a que somete a su plantilla, según un informe de la Agencia Tributaria, a “condiciones leoninas”, obligando a los empleados a renunciar a los festivos o duplicando jornadas de trabajo. Sus compañeros de profesión llaman a empresas como la suya “piratas”que tiran los precios.
Ese es, según los expertos, el talón de aquiles de un sector considerado uno de los mayores empleadores del país: hay más vigilantes (78.200) que guardias civiles (74.958) o policías nacionales (65.254). La ciberseguridad y la formación son otras dos dimensiones de un negocio donde la protección se paga poco: según el convenio, un responsable de seguridad cobra 1.122 euros brutos mensuales (en esa cantidad se incluye el prorrateo de las pagas extra). Si el trabajador lleva armas añade un plus de unos 179 euros (en total, 1.301 euros brutos). Eso en el mejor de los casos, porque muchas empresas tienen sus propios acuerdos y normalmente retribuyen menos.
“Se firma cualquier barbaridad. Algunas empresas colocan de representantes de los trabajadores a personas a dedo, socios o familiares. El problema es que desde la Administración se adjudican a estas empresas concursos porque solo se valora el precio. Y si dijéramos que el salario del convenio sectorial es altísimo…, pero no es el caso”, analiza Daniel Barragán, secretario de acción sindical de la federación de Servicios de CC OO. A Rafael Saldaña, del Sindicato Libre de Seguridad, le choca comprobar que en un sector tan controlado, donde el factor humano determina el coste final, haya unas empresas “que licitan a unas cantidades que cubren los costes salariales y además obtienen beneficios, mientras otras necesitan descolgarse del convenio colectivo para subrogar a los mismos trabajadores que ya estaban prestando el servicio en organismos oficiales, siendo estas últimas las que se quedan con el pastel”.
Este y otros motivos han hecho que la facturación del sector se haya visto muy mermada en los últimos años. Las 1.534 empresas registradas en el Ministerio del Interior ingresan en España menos que hace una década: fueron 3.481 millones en 2015. Entre 2009 y 2014 las caídas del negocio llegaron a un ritmo del 8% anual. Gracias al aumento de la demanda de alarmas e instalación de equipos, en 2016 las cosas comienzaron a ir moderadamente bien, con crecimientos del 2,7%, hasta los 3.580 millones, algo que, sin embargo, no compensa lo perdido en años anteriores.
En el resto del mundo la seguridad, desde la vigilancia a la instalación de alarmas, el transporte de explosivos, el traslado de fondos o la protección personal, es un mercado con buenas perspectivas. Según un estudio de la firma de análisis Freedonia, los servicios de seguridad privada mueven 161.000 millones de dólares en el mundo, y se estima que crecerán a un ritmo medio anual del 6% hasta 2020. La mitad de la población mundial vive en países donde hay más empleados privados de seguridad que oficiales de policía, según un análisis de The Guardian. “En el sentido más amplio, el interés por los servicios de seguridad está impulsado por el riesgo de la delincuencia. A pesar de que las tasas de criminalidad caen en un gran número de países, existe una percepción generalizada de que la delincuencia va en aumento”, valora el informe de Freedonia. En España no es exactamente así: la tasa de criminalidad, según el balance que hace el departamento de Seguridad Nacional, no ha dejado de caer en los últimos años, “pero también lo hace la percepción social de inseguridad”, añaden desde el Ministerio del Interior. En las encuestas del CIS de mayo de 2010 la inseguridad preocupaba a un 9,7% de los ciudadanos, mientras que el pasado diciembre tan solo era de un 3,2%.
Contratos por los suelos La Administración genera contratos por importe de 600 millones por la custodia y vigilancia de sus infraestructuras y edificios. “Pero los sueldos son paupérrimos. Para los vigilantes y para todos los que trabajamos en seguridad”, lamenta el presidente de la asociación de profesionales de jefes de seguridad, Antonio Cedenilla. “Hay una competencia brutal de las empresas pirata para conseguir servicios. Lo único que quieren es gran volumen. Los beneficios han sido muy exiguos. Han cerrado empresas, pero creo que hemos tocado fondo y ahora reemprenderemos el vuelo”, repasa Cedenilla. “No estamos en una situación trágica de otros momentos, pero todavía nos queda un tiempo para la recuperación”, añaden en Aproser. “La culpa de esta situación la tienen las propias empresas con sus estrategias. No creemos que estén perdiendo dinero, no son hermanas de la caridad”, contrapone Barragán (CC OO). El “descuelgue” del convenio sectorial es la práctica más criticada. Para UGT, modificar la reforma laboral es clave para “recuperar su prevalencia ante los acuerdos de empresa”.
Alejandro Fernández, consejero delegado de Ilunion Facillity Services, calcula que alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector. “Más del 90% de los costes de una oferta suelen ser por la mano de obra. Si una propuesta está un 30% o un 40% por debajo de la nuestra, es obvio que no se trata de un tema de ahorro por una mejor o peor gestión. Ahí entran salarios de 700 euros. Eso daña el servicio y va expulsando a otros operadores, como nosotros, porque tenemos claro que no vamos a precarizar el sector”. La empresa que dirige tiene 5.000 trabajadores, medio millar con algún tipo de discapacidad. “Estamos tratando de aplicar criterios de gestión muy estrictos, estudiamos muy bien en qué operaciones entramos. Lo hemos pasado un poco mal estos años, pero no hemos sido la excepción”. Cree que han pasado una época de “huida hacia adelante”, donde las empresas se han tenido que proteger para cubrir los costes de estructura. “Tocará una nueva situación que permita una subida de precios”, augura. ¿Cómo? “La forma de salir de aquí es capacitando a nuestra gente, ofreciendo algo mejor, especializándonos”.
Prosegur, el líder del mercado, factura cerca de 4.000 millones en el mundo y está fuertemente internacionalizado: en España su plantilla alcanza los 27.000 empleados sobre un total de 160.000. “Tenemos un crecimiento consistente en ventas y rentabilidad. Nuestra estrategia para crear valor ha empezado a dar resultados”, señaló Antonio Rubio, el director financiero, durante la presentación del último balance a los analistas. Es una de las más dinámicas en la apuesta por la convergencia entre seguridad física y lógica. “El sector se está adaptando. El mercado de la ciberseguridad crece a un ritmo del 25% anual. Prosegur tiene un potente departamento”, valora Iván Rubio, director de la revista Cuadernos de Seguridad.
Nichos de mercado
Eulen, otro gran actor, también ha girado el enfoque de su negocio. “Llevamos impulsándolo desde 2008. Las empresas tienen la necesidad de asegurar todos sus activos, tanto tangibles como intangibles, eso nos ha llevado a integrar servicios de vigilancia con sistemas de seguridad (física y electrónica), inteligencia, ciberseguridad y ciberinteligencia”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad. Este año esperan alcanzar los 207 millones en facturación. Lo que sí han notado, apunta Valladares, es que el principal servicio que disminuye es “la vigilancia convencional”, frente a la creciente demanda de acciones en infraestructuras críticas. En Securitas Direct, por ejemplo, combinan la innovación entre sus centros de Malmö (Suecia, país sede de la empresa) y Madrid. “En ellos trabajan más de 350 ingenieros en un gran abanico de especialidades”, analiza Cristina Rivas, directora de tecnología. Desde Internet de las cosas hasta procesado de imágenes, reconocimiento de voz, diseño de interfaces de usuario o big data. “Habitualmente trabajamos de forma simultánea en cinco o seis innovaciones”.
Más allá de estos grupos, sin embargo, fuentes empresariales reconocen que la seguridad privada en España no es un sector lo suficientemente atractivo para captar capital de otros países, ni tampoco brilla por su gran músculo exportador o por su desarrollo tecnológico. “Estamos poco concienciados, y lo vemos en la poca atención que dedicamos a los primeros auxilios o a la protección contra incendios. Estamos en un nivel de alerta antiterrorista 4 [considerado alto] y tenemos a los vigilantes presando el servicio con una defensa de goma, lamenta José Ignacio Olmos, de la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa. “La seguridad siempre se ve como un gasto, y en cambio puede ser una ventaja competitiva”.
Una ventana de oportunidad se abre en el corto plazo para que el sector crezca: la Ley de Seguridad Privada, del año 2014, contiene un artículo (el 41.3) que autoriza a que las empresas privadas participen “en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial”. Se ha especulado —y polemizado mucho— sobre si es lícito que un vigilante pueda llegar a actuar en una manifestación, o haga identificaciones en una zona pública, por ejemplo. “Antes no estábamos acostumbrados a que los vigilantes realizasen funciones de escoltas (como en el País Vasco), que estuviesen en aeropuertos, desempeñasen servicios en aguas internacionales o vigilasen determinados espectáculos, y ahora es normal. La ley, por su técnica legislativa, y por una flexibilización del concepto de la vía pública, ha abierto la puerta al desarrollo de nuevos servicios que puedan desempeñar las empresas en el futuro”, recuerdan en Aproser. “Si tiene sentido la vigilancia de un centro comercial, ¿por qué no lo tiene en una zona comercial delimitada de una ciudad?”, se preguntan. “Cada caso tendrá que analizarse y el papel que tengamos que
desempeñar lo irán definiendo las necesidades”.
El reglamento que desarrolla la ley, sin embargo, no se ha aprobado —continúa vigente el del año 1992—, y con el actual mapa político no se anticipan cambios muy drásticos. “Sin saber su contenido es difícil valorar cómo nos va a afectar”, piensa el responsable de CC OO. “El tema más delicado está en servicios de seguridad pública. Se baraja que puedan ejercerse funciones complementarias, como en otros países de nuestro entorno donde eso está más avanzado, incluso con patrullas externas controladas por la policía ejerciendo sus funciones en la calle. Pueden llegar a detener o participar en funciones policiales”. La línea roja, para Barragán, es “que no se use a los trabajadores como arma arrojadiza. No se les puede poner en situación de indefensión. Policías y vigilantes no tienen el mismo oficio”. El ejecutivo de Ilunion pronostica que habrá un nuevo desarrollo dentro del sector de prisiones, los eventos y las infraestructuras críticas (las que se consideran estratégicas para que funcionen los servicios esenciales del país).
Poca formación ¿Está capacitado el sector para afrontar un mayor papel cuando el 45% de los vigilantes solo ha completado la enseñanza obligatoria y solo el 8% son licenciados o diplomados? “Muchos profesionales no se están formando sobre las nuevas vías de negocio que se abren”, juzga Iván Rubio. Por ejemplo, sólo las personas acreditadas del sector pueden operar un dron para funciones de seguridad privada. “La ley establece las horas obligatorias de formación, pero se debería mejorar el reciclaje de los profesionales”. Es más, añade Gianluca D’Antonio, director académico del máster en Ciberseguridad del IE, “las nuevas tecnologías van más rápido, el mercado de la seguridad avanza hacia otro perfil de empleo y el sector tiene que reflexionar sobre la gestión de los recursos humanos”. Yendo más lejos, hay quien incluso apunta a que la colaboración público-privada crezca como brazo de los servicios de seguridad ciudadana. “Los responsables de banca ya colaboran con las autoridades en temas de ciberseguridad. Hay otros campos, como la amenaza yihadista, donde se está trabajando”, añade Rubio.
HUELVA: Veinticinco distinciones para los mejores de la seguridad privada
Grávalos destaca su colaboración con Policía y Guardia Civil para combatir al delincuente
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, destacó ayer la colaboración de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para garantizar la libertad de los ciudadanos y proteger sus derechos", en su discurso con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada en Huelva que tuvo lugar en la sede de la Federación Onubense de Empresarios.
Grávalos, quien presidió el acto acompañada del comisario, Florentino Marín; del coronel jefe de la Comandancia, Ezequiel Romero, y del presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, subrayó la contribución del sector a la reducción de la criminalidad en la provincia Huelva. Así se recoge en el último balance del Ministerio del Interior, que señala que en una década los delitos han caído un 23% y la tasa de criminalidad ha bajado 14 puntos.
"En España tenemos las mejores Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de todo el mundo, pero además en Huelva contamos con un sector de la seguridad privada con excelentes profesionales que contribuyen a la seguridad de todos", enfatizó la subdelegada, tras afirmar que "la seguridad es un valor social imprescindible". En esta línea, remarcó la capacidad de generación de empleo y riqueza de un sector que aglutina en la provincia a 925 vigilantes de seguridad -16 de ellos de explosivos-, 7 centros de formación con actividad, 5 despachos de detectives y 15 empresas con delegación en la provincia.
El Día de la Seguridad Privada tuvo como eje central la entrega de 25 menciones honoríficas a miembros del sector de la seguridad privada en Huelva en reconocimiento a su labor profesional, por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por haber protagonizado actuaciones de especial relevancia. Es el caso del jefe de seguridad y un vigilante de un importante centro comercial de Huelva, cuya colaboración con la Guardia Civil fue crucial para la detención de dos individuos que intentaron estafar 6.000 euros a una persona mayor a través del conocido como timo del negativo.
24 de junio de 2017
Concentraciones en REPULSA del bloqueo de la negociación del Convenio Colectivo de Seguridad Privada
Estimados/as Compañeros y Compañeras de lucha: Tras la invitación realizada recientemente, la Plataforma Social de Seguridad Privada PSSP, de la que SPV forma parte, quiere hacer pública su adhesión a las acciones reivindicativas convocadas por UGT, CC.OO y USO para el próximo 28 de Junio en todo el territorio nacional. Estas movilizaciones están motivadas por las imposiciones que pretenden las patronales en la negociación colectiva del convenio estatal de seguridad privada, que menoscaba de forma alarmante derechos y salarios.En concreto, el Comité Ejecutivo de SPV Sevilla llama a movilizar a sus afiliados y simpatizantes en la concentración a celebrar en la Ciudad de Sevilla, en el entorno de la Plaza Nueva frente a la Sede del Ayuntamiento, el citado 28 de Junio de 10.00 a 12.00 horas.
Entendemos, junto a las entidades convocantes, que es que es indignante las propuestas presentadas por parte empresarial para llevar a cabo en la negociación del convenio colectivo. Una vez más, la patronal se planta en una actitud inflexible e intolerante, intentando deliberadamente dilatar los tiempos de negociación e imponer unilateralmente las indignantes propuestas que ha presentado en la mesa de negociación, que pasan por la congelación de la antigüedad, reducción complementos de IT, y seguir recortando derechos a los trabajadores y trabajadoras del Sector.
Ahora más que nunca es necesario el actuar en unidad de acción para plantarle cara a las pretensiones de la patronal y apostando por un convenio de recuperación tanto de derechos sociales como de salarios. Ha llegado el momento de apostar por recuperación de salarios y derechos sociales que durante estos últimos años se les ha venido negando a los asalariados. No podemos permitir que las empresas del sector de seguridad privada sigan enriqueciéndose descaradamente a costa de los trabajadores y trabajadoras.
Después de una semana con convocatorias reivindicativas de todo tipo, nuestra organización, de acuerdo con la plataforma que engloba a una buena parte de las entidades sindicales profesionales del sector, se ha decantada por sumarse a la iniciativa del 28 de Junio, al entender que es la que plantea con más fuerza la unidad de la parte social frente a la postura inmovilista de una patronal insensible. TE ESPERAMOS.
ARAGÓN: La seguridad privada y las fuerzas públicas intervinieron conjuntamente en 1.550 acciones en 2016
Los trabajadores de la seguridad privada aragonesa han celebrado este jueves su día destacando la buena cooperación con las fuerzas públicas. De hecho, este último año se han llevado a cabo más de 1.550 colaboraciones entre ambos cuerpos. También se ha lamentado el intrusismo en el sector, problema que trata de frenarse con la nueva ley.
Zaragoza.- Los trabajadores de la seguridad privada en Aragón han celebrado este jueves su día con un acto en el que se ha reconocido el trabajo de los profesionales del sector y se ha destacado la buena colaboración con los cuerpos de seguridad pública. Solo en el último año se han llevado a cabo más de 1.550 colaboraciones entre ambos cuerpos.
A la ceremonia han asistido el delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde; la directora de Justicia del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez; el presidente de la Comisión de Seguridad Privada de Aragón, José Manuel Cuadrado; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, José Hermida Blanco, y el jefe superior de Policía en Aragón, José Ángel González. Todos ellos han destacado los avances en cooperación entre la seguridad privada y pública en los últimos años.
En este sentido, Hermida ha asegurado que "la colaboración público-privada es necesaria como eje vertebrador de un nuevo enfoque de la seguridad", por lo que "hay que mantener y potenciar la coordinación operativa entre ambos sectores". En esto ha coincidido la directora de Justicia, que ha señalado que "el peor de los equipos es mejor que el mejor de los individuos".
Asimismo, durante el acto también se ha hecho referencia a lo que se considera el principal problema de la seguridad privada: el intrusismo de personal no habilitado. Cuadrado ha afirmado que las empresas que realizan prácticas desleales "caerán" y que "el personal que lo consiente se equivoca; cuando alimentamos un monstruo lo único que hacemos es que crezca y después se convierte en peligroso". A este respecto, durante el último año se han realizado 900 inspecciones a empresas y personal de seguridad privada para comprobar que se cumple con la normativa adecuada, en el marco de la lucha por erradicar el intrusismo.
Por su parte, Gustavo Alcalde ha sostenido que "el Gobierno es consciente de los problemas y quejas del sector y la nueva ley [de seguridad privada] está enfocada a terminar con las prácticas ilegales que puedan cometerse". Ha añadido que "ya comienzan a verse los avances, aunque aún queda mucho camino por recorrer". En su intervención, que ha clausurado el acto, el delegado del Gobierno también ha querido reconocer la importancia del trabajo de los cuerpos de seguridad tanto públicos como privados en estos momentos en los que Europa se encuentra amenazada por el yihadismo y ha manifestado que "con el buen saber hacer" de ambos cuerpos "acabaremos con la amenaza terrorista, como ya hemos hecho en España con otro tipo de bandas armadas".
Durante la ceremonia se ha hecho entrega de diversos reconocimientos y menciones a personal y empresas para reconocer su valor. Entre ellos, ha destacado la condecoración entregada al zaragozano Alfonso Magaña, el vigilante de seguridad que recibió una paliza al tratar de evitar una agresión machista el pasado 27 de mayo.
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