Noticias Destacadas SPV Sevilla


24 de septiembre de 2014

MALLORCA: Tras ser descubierto por el vigilante, la policía arresta a un hombre por robo tras saltar la valla del astillero

La Policía detuvo ayer de madrugada en Palma a un hombre de 39 años por un presunto delito de robo con fuerza después de que este saltara la valla del astillero y deambulara por el interior en bicicleta. Según su explicación, se adentró para "comprar pescado a dos euros el kilo".

Los hechos ocurrieron a las cuatro de la madrugada.El vigilante de seguridad se percató de que un individuo había saltado la valla de tres metros. Tras activar la alarma, el guarda fue en su busca y lo retuvo hasta la llegada de la Policía. Cuando los agentes llegaron al astillero, el sujeto dijo buscar a unos supuestos vendedores de pescado. No obstante, fue detenido por robo.

FUENTE: diariodemallorca.es AQUÍ

A CORUÑA: Condenado a 4 años de cárcel por agredir a dos policías y dos vigilantes en un partido en Riazor

El procesado, que aceptó la sentencia, admitió que le rompió dos dientes al guardia de seguridad que intentó echarlo del estadio por increpar a los aficionados del Barça

La Fiscalía solicitaba siete años de prisión pero llegó a un acuerdo con la defensa del acusado

Un aficionado del Deportivo aceptó ayer ser condenado a cuatro años de cárcel por golpear a dos vigilantes de seguridad y a dos policías en Riazor. La Fiscalía reclamaba que fuese sentenciado a siete años de prisión, pero ayer llegó a un acuerdo sobre la pena con la defensa del sospechoso, que se declaró culpable y mostró su conformidad con la condena. El juicio no se celebró y el tribunal dictó sentencia oral en la sala. Contra el fallo no cabe recurso porque fue impuesto con el visto bueno de todas las partes implicadas.

El procesado reconoció que sobre las 23.15 horas del 20 de octubre de 2012, durante un encuentro contra el Barcelona, comenzó a increpar "de forma reiterada" a los hinchas catalanes. Un vigilante de seguridad se acercó a él y le instó a que cesara en su comportamiento y ocupara su butaca. El sospechoso, sin embargo, le respondió que no le daba la gana y siguió con sus provocaciones, ante lo que el guarda le ordenó que abandonase el estadio.

En un primer momento, el aficionado, que ya había sido condenado en 11 ocasiones, acompañó al vigilante hasta la puerta de Riazor, pero cuando se disponía a cerrarla para dejarlo fuera, se abalanzó sobre él, lo agarró por la chaqueta y le propinó puñetazos en la boca y en la cabeza, además de una patada en el costado derecho. La víctima, como consecuencia de la agresión, perdió dos dientes y necesitó asistencia médica. En curar de las heridas tardó 47 días, siete de los cuales estuvo incapacitada para realizar sus tareas habituales.

Otro guardia de seguridad del estadio acudió en defensa de su compañero cuando observó que el procesado lo golpeaba, pero el acusado le dio un codazo en el pecho cuando se disponía a agarrarlo por la espalda. Dos agentes de la Policía Nacional también se trasladaron al lugar de los hechos. El imputado le propinó una patada en el gemelo derecho a uno de ellos; y al otro funcionario le retorció la muñeca cuando trató de inmovilizarlo, lo que le provocó un esguince.

Los policías se vieron obligados a arrojar al suelo al condenado para inmovilizarlo, por lo que sufrió hematomas en la zona del pómulo y la nariz y varias erosiones. El aficionado del Deportivo, además de a cuatro años de cárcel, fue sentenciado a pagar una indemnización de 3.123 euros al vigilante de seguridad al que hirió; de 156 euros a uno de los policías; y de 501 al otro agente del 091 que lesionó.

El representante del Ministerio público aceptó la rebaja de los siete años que solicitaba inicialmente porque consideró que en el delito de atentado contra agentes de la autoridad no debía tener en cuenta la agravante de reincidencia, ya que la condena anterior que tiene el imputado por cometer el mismo delito es cancelable. De los cuatro años, tres fueron por incurrir en un delito de lesiones con deformidad; y el otro año, por el delito de atentado en concurso con otro de lesiones.

STS-M acusa de demagogia a CC.OO al hacer una propuesta ridícula a la patronal para el próximo convenio

(Texto publicado eb la web de stsmadrid.es AQUÍ) Todos estos SINDICALISTOS hacen una propuesta a la patronal pensando que los VIGILANTES DE SEGURIDAD somos idiotas, y no sabemos de qué trata el tema que tienen estos entre manos.

El asunto es muy claro y lo que CC.OO hace es DEMAGOGIA pura y dura, pero no es de extrañar pues el discurso POPULISTA les ha servido durante las tres últimas décadas, y piensan que esto va a seguir así toda la vida. (Ver propuesta de CC.OO AQUÍ)

Punto número uno, si no queríais que nos bajaran el sueldo en 2013 y 2014 haber hecho algo más que absteneros en las votaciones para quedar bien con la gente (todos sabemos que es de cara a la galería).

Cuando exijáis a alguien que entregue algo por escrito y debidamente firmado y sellado (como en el punto cinco) predicar con el ejemplo y hacer lo mismo porque el comunicado que sacáis no tiene firma ni sello alguno. Por cierto cuando el STS-Madrid impugnó el convenio por la ilegalidad del artículo 41, lo que teníais que hacer era adheriros a la demanda como hizo la CIG (Confederación Antisindical Gallega).

El titular de este artículo hace referencia a la ridiculez de que CC.OO pida unos derechos para los trabajadores, siempre y cuando vosotros mismos sois partícipes de la pérdida de los mismos.

23 de septiembre de 2014

Cristina López Carrasco elegida como primera coordinadora de la plataforma "Mujer Vigilante"

La compañera Cristina López Carrasco, veterana vigilante de seguridad curtida en mil batallas y con una amplia trayectoria profesional en el sector, fue elegida por un año como primera coordinadora de la plataforma "Mujer Vigilante" en el transcurso de la reunión celebrada en la sede social de SPV Sevilla en la tarde del pasado 19 de septiembre.

Una ejecutiva compuesta por 7 miembros procedentes de diferentes empresas de seguridad privada será la encargada de conducir la plataforma en esta primera fase que ha sido calificada como "periodo en construcción". Además de la configuración de la nueva ejecutiva y de la elección de la persona encargada de la coordinación, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- Servicio de Atención: La demanda de consultas y solicitud de asesoramiento se canalizará a través del correo electrónico mujervigilante@gmail.com. La ejecutiva se compromete a responder en el menor tiempo posible. Es un servicio de acceso gratuito y libre de filiación sindical alguna

- Área de Comunicación: Se acuerda crear el área de comunicación que tendrá como misión elaborar periódicamente circulares y comunicados, tanto al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector, como a los medios de comunicación sociales. Igualmente se encargarán de poner en marcha y mantener las vías de comunicación por las que se quieren hacer presente (correo electrónico, blog, facebog etc) así como cualquier otro tipo de medio que sirva para dar a conocer a la plataforma "M.V."

- Jornadas "M.V": Se valora muy positivamente la celebración de las jornadas celebradas en el pasado mes de junio y se adopta el acuerdo de convertirlo en un encuentro de carácter anual.

- Premios "Mujer Vigilante": Se acuerda la creación de unos galardones de ámbito provincial denominados premios Mujer Vigilante, que se concederán con carácter anual a profesionales del mundo de la seguridad privada que se distingan en su trabajo y a personas relevantes que trabajen por la igualdad de género en el ámbito laboral. A tal efecto se crea una comisión de trabajo para la elaboración de las bases del concurso y la formalización de todos los detalles para su celebración.

El gobierno trabaja para tener listo desde enero de 2015 la reducción del IRPF

El Gobierno trabaja para que estén listos los reglamentos de la reforma fiscal y el programa informático que se pondrá en manos de las empresas


El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha afirmado este lunes que el objetivo del Gobierno es que los efectos positivos para los contribuyentes de la reforma fiscal ya se puedan aplicar en las nóminas de enero, teniendo preparado cuanto antes el reglamento y el programa de retenciones que sirvan de guía para los responsables de las cuentas de las empresas.

En una jornada sobre la reforma fiscal organizada por la consultora EY y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), ha insistido en que "no es que España pueda permitirse bajar impuestos, es que necesita una reducción de la carga fiscal para la recuperación de la economía y el empleo". Así, ha señalado que ya hay signos de que la economía española está mejorando, como un aumento de la recaudación del IVA cercano al 7%, y ha rechazado volver a subir el IVA porque "sería dañino", a la vez que ha descartado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015 incluyan novedades fiscales.

Ha sostenido que es el momento adecuado para llevar a cabo una reforma fiscal que incida en la recuperación económica con un círculo virtuoso, y ha añadido que la reforma planteada por el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy es "perfectamente sostenible". También ha afirmado que el Gobierno central tiene la voluntad enriquecer la nueva ley de la reforma fiscal con aportaciones de otros partidos durante su tramitación parlamentaria actual, "siempre que no se pierda el objetivo fundamental".

Respecto a la incidencia de la reforma fiscal en Catalunya, ha explicado que beneficiará a sus 200.000 pymes (el 19% del total estatal), a 67.000 autónomos y a 1.200 empresas que invierten en I+D, así como a los ciudadanos (que aumentarán su poder adquisitivo por la reducción del IRPF). En el caso del IRPF, Ferre ha repasado que el Gobierno calcula que el impacto medio de ahorro fiscal para los españoles será del 12,5% de la carga fiscal, con mayores rebajas en las rentas medias y bajas: para las rentas de menos de 24.000 euros anuales, el ahorro es del 23%.

El secretario de Estado de Hacienda también ha querido destacar que, tras el elevado grado de endeudamiento público y privado que registró España antes de la crisis, la reforma fiscal incentiva la autofinanciación empresarial frente al endeudamiento, para que las empresas ahorren parte de sus beneficios para inversiones futuras a través de la reserva de capitalización, o en el caso de las pymes, en previsión de pérdidas futuras con la reserva de nivelación. En declaraciones a la prensa, también ha argumentado que la reforma fiscal simplifica las normas tributarias, por lo que posibilita que el fraude fiscal se reduzca y mejore la lucha contra esta lacra.

FUENTE: lagacetadesalamanca.es AQUÍ

MADRID: Carteristas y grafiteros principales amenazas en materia de seguridad para el suburbano


Campaña de promoción del MEH en una estación de metro de Madrid

El Metro de Madrid cuenta con 9.000 cámaras de vigilancia que el último año han proporcionado mil videos a la Policía

La principal amenaza en materia de seguridad son carteristas y grafiteros, aunque las incidencias más comunes son sanitarias

El Metro de Madrid cuenta con un total de 9.000 cámaras de videovigilancia repartidas por toda la red. Son los 'ojos' del suburbano madrileño de cuyas grabaciones el último año se han puesto a disposición de la Policía cerca de mil videos útiles para diversas investigaciones. Entre los dos millones de personas que transitan a diario estas instalaciones, carteristas y grafiteros representan la amenaza más habitual mientras que la mayoría de intervenciones las generan las asistencias sanitarias.

Fuentes de seguridad del Metro explican a Europa Press que las 9.000 cámaras tienen una función doble: vigilar incidencias que afectan a los viajeros o aquellas que afectan al propio servicio. Por ello están repartidas a través de distintos puntos de la red, tanto en vagones como en puntos fijos. A este despliegue hay que sumarle los 1.500 agentes de vigilancia privada (contando con los destinados en Patrimonio, situados en los depósitos), una Brigada Móvil de la Policía Nacional, una Comisaría en Sol y otra en Nuevos Ministerios.

A la hora de facilitar grabaciones a la Policía se cumple la Ley de Protección de Datos en virtud de la cual, las grabaciones no se conservan más de seis días salvo cuando hay una petición judicial. De los centenares de videos que se ponen a disposición de la Policía, hay muchos que no tienen relación directa con incidentes cometidos dentro de la red de Metro sino con investigaciones de toda índole, algunas de ellas de gran interés mediático.

BANDAS VIOLENTAS LATINAS Las cámaras de seguridad han servido en el pasado como pruebas de agresiones o peleas. Fue el caso del asesinato del joven antisistema Carlos Palomino, apuñalado por otro joven de ideología neonazi en un vagón de Metro. Las fuentes consultadas indican que este tipo de incidentes no son habituales, aunque recientemente ha habido casos protagonizados por integrantes de bandas violentas latinas. También se dan casos de agresiones a supervisores del Metro por parte de personas que quieren colarse o a los propios vigilantes por la misma razón. La mayor parte de las incidencias son sanitarias (desmayos, lipotimias, caídas, lesiones o incluso infartos). Cuando una cámara lo capta, se activa un protocolo de seguridad a través del 112. Lo mismo sucede en caso de incendio, que se da aviso a los bomberos, o con otras situaciones de emergencia como un ascensor que se atasque con personas dentro.

El Metro cuenta con un centro de control donde se centralizan todos los servicios del suburbano, desde lo relativo a la seguridad hasta la megafonía. Este centro de operaciones siempre cuenta con la presencia de un efectivo de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. Con diez años de antigüedad, está prevista su renovación para adaptarlo a las novedades tecnológicas del momento.

CARTERISTAS YA CONOCIDOS POR LOS VIGILANTES Desde el punto de vista de la seguridad, los carteristas y los grafiteros son el principal quebradero de cabeza de la seguridad del Metro. Hasta el punto de que son muchos a los que los vigilantes que circulan por la red ya conocen e identifican a simple vista por lo que directamente se avisa a la Policía. En muchos casos estas personas tienen órdenes de alejamiento del suburbano por su reincidencia. Las fuentes consultadas explican los carteristas pueden actuar en solitario o en grupo como era el caso del conocido como 'clan de las bosnias', que tras ser descubiertas en numerosas ocasiones finalmente se logró que un juez decretase para ellas una orden de alejamiento del Metro. Ahora se las sitúa fuera de Madrid. Afirman estas fuentes que los carteristas procuran no robar nunca más de 400 euros pues a partir de esa cantidad de dinero la acción ya se considera delito en lugar de falta.

Por su parte, los grafiteros casi siempre actúan en grupo. A diferencia de otros lugares, en cuanto un vagón aparece pintado con sprays se le retira de la circulación para retirar los desperfectos. El Metro de Madrid se persona en multitud de causas judiciales (en su mayoría juicios de faltas) con el objetivo de reclamar la responsabilidad civil por los daños ocasionados. Generalmente no se logra recuperar la compensación económica, pero a cambio sí se han logrado órdenes de alejamiento.

PALIAR EL FRAUDE Aunque aún se encuentra en fase embrionaria, los responsables del suburbano madrileño exploran fórmulas para evitar que la gente se cuele sin pagar. Los primeros estudios se inclinan por aprovechar la tecnología para dotar a los interventores de una mayor capacidad de reacción, aunque las fuentes consultadas admiten que es difícil. Indican estas fuentes que pese a los años de crisis no han detectado un incremento de fraudes de este tipo en comparación con los años previos. Añaden que movimientos como el colectivo 'Yo no pago' apenas han tenido continuidad. Aseguran que la mejor manera de combatir esta tendencia de no pagar es fomentar y ahondar en la concienciación de que esta instalación se conserva con el dinero de todos los ciudadanos.

CEUTA: Unos vigilantes de seguridad encuentran una granada junto a planta desalinizadora

El vigilante advirtió de la presencia del explosivo situado en la parte de atrás de la planta, junto a las escolleras, dando inmediatamente aviso a los TEDAX de la Policía Nacional.

La Policía Nacional de Ceuta ha abierto una investigación para esclarecer la procedencia de una granada, procedente del Ejército de Tierra, que ha sido localizada junto a la planta desalanizadora de Ceuta, situada junto al borde costero de la bahía sur del Estrecho de Gibraltar.

Según ha informado hoy a Efe un portavoz de la Delegación del Gobierno, el artefacto explosivo fue localizado en la tarde de ayer por los vigilantes de seguridad de la planta desalinizadora durante un recorrido por las inmediaciones del edificio. El vigilante advirtió de la presencia del explosivo situado en la parte de atrás de la planta, junto a las escolleras, dando inmediatamente aviso a los TEDAX de la Policía Nacional.

Los especialistas en desactivación de explosivos recogieron el artefacto y comprobaron que se trataba de una granada que no revestía peligro y que no estaba preparada para ser detonada. La granada es la que suelen utilizar los militares durante los ejercicios de entrenamiento, aunque se desconoce cómo fue a parar a ese lugar, según las mismas fuentes gubernativas.

Las primeras hipótesis apuntan a que alguien llevaba la granada en un vehículo y se deshizo de la misma en esa zona al ser frecuente por ese lugar los controles de tráfico por parte de la Guardia Civil. La planta desalinizadora es una instalación construida hace unos años que produce cada día unos 20.000 metros cúbicos de agua para el suministro a la población.

22 de septiembre de 2014

Vigilantes de Seguridad acusa al Principado de Asturias de contratar a una empresa que trata mal a sus trabajadores

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) señala que el Gobierno asturiano sólo se guía por las ofertas más baratas y que ha elegido a una compañía que está descolgada del convenio nacional

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha acusado este domingo a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias de contratar para la vigilancia de edificios a una empresa que trata mal a sus trabajadores. A través de una nota de prensa, Avispa señala que el Gobierno asturiano sólo se guía por las ofertas más baratas y que ha elegido a una compañía que está descolgada del convenio nacional de empresas de seguridad privada, con el perjuicio económico que supone para los trabajadores, que acumula impagos a sus vigilantes y que incluso otras administraciones han decidido prescindir de sus servicios por aplicar condiciones "deplorables".

Según Avispa, el Principado ha contratado a la citada empresa para que haga la vigilancia de los servicios del Sespa, del centro de menores de Miraflores, del Centro Materno Infantil y de las sedes judiciales de Mieres, Langreo, Gijón y Siero. "Esta política de adjudicaciones absurda y sin criterio técnico, por parte de la Consejería de Presidencia, aboca a los vigilantes de seguridad afectados a una delicada situación laboral, además de una discriminación manifiesta respecto de los trabajadores de otras empresas que si perciben lo pactado y estipulado en el convenio nacional", han comentado desde Avispa.

21 de septiembre de 2014

Revista Cuadernos de Seguridad Nº292 (Septiembre 2014)


Interior gasta 33 millones en un año para incorporar seguridad privada en las prisiones


El plan cubre 67 instalaciones penitenciarias y emplea a más de 800 vigilantes privados


El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados.

Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que "el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015". Esta iniciativa tiene su punto de partida en el acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo, que autorizaba a Interior a contratar el "servicio de apoyo a la seguridad" en los centros penitenciarios dependientes de la Administración central.

Abarca a 67 centros En consecuencia se preparó un expediente de contratación que cubriese los 67 centros penitenciarios, "estando previsto que el contrato tenga una duración de un año, comenzando el 22 de junio de 2014 o a partir de la fecha de la formalización, si esta fuera posterior". El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, "con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato". Por su parte, precisa que el volumen del contrato implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 vigilantes de seguridad que se emplearían.

Interior insiste en que la presencia de estos agentes de seguridad privada no va a significar un recorte del número de efectivos policiales que actualmente prestan servicio y los agentes privados desempeñan "cometidos como auxiliares de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de los centros afectados".

Argumentos del Gobierno El argumento que defiende el Gobierno es que lo que se pretendía eraliberar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que realizasen funciones para las que "resulta más apropiada su mayor cualificación y especialización". Desde el mismo mayo se puso en marcha un programa piloto sólo en algunos centros. El proyecto de dicho plan tenía como fin, que si los resultados fueran positivos, se ampliaría al resto de los Centros. "La implantación y funcionamiento del plan fueron satisfactorios, cumpliendo con los objetivos previstos, por lo que la valoración en su conjunto ha sido positiva, haciendo viable su extensión al resto de centros penitenciarios", afirma el Gobierno. Las empresas que actualmente están participando en el apoyo a la seguridad de los centros penitenciarios son nueve, que han constituido una UTE (Unión Temporal de Empresas).