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3 de octubre de 2017

La Generalitat deja sin seguridad privada a cientos de empresas tras suprimir servicios mínimos en huelga general

La locura se ha instalado en la Generalitat catalana. Los Mossos funcionan como policía política. Y, en la jornada convocada de huelga general convocada para este martes, ciento de empresas y propiedades privadas no podrán tampoco contar con la cobertura de sus servicios privados. (VER AQUÍ)

Y no podrán hacerlo porque la Generalitat busca el caos y ha retirado los servicios mínimos en un sector clave como el de la seguridad privada. Lo ha hecho la Consejería de Interior. Y lo ha hecho por orden directa del consejero Joaquím Forn.

El documento ha llegado ayer mismo a las empresas del sector de seguridad privada. Y en él se detalla la no determinación de servicios mínimos para el 80 % de los clientes de estas empresas. Es decir, para todos aquellos que no tengan una consideración de seguridad especial.

Así se decreta el 100 % de servicios mínimos para los servicios de escolta personal. ÇY del 90 % para las instalaciones consideradas críticas ( fábrica de armas, nucleares, petroquímicas, medios de transportes públicos, instalaciones de agua, gas o electricidad, bancos, instalaciones de materiales inflamables). Así, el resto de servicios, es decir el 80 % de la empresas o propiedades privadas que cuenten con este tipo de servicios de complemento de seguridad tendrán que confiar en la actuación de los Mossos. Algo que, en estos momentos, supone algo más que un acto de fe. Entre esas estructuras que se quedarán sin cobertura de servicios mínimos se encuentran, por ejemplo, los mismos hospitales.

Fuentes del sector de seguridad privada destacan que el caos puede ser de magnitudes tremendas. Y es que la huelga general ha sido agitada como ariete independentista. Así lo han usado el propio presidente de Òmnium cultura, Jordí Cuixart, y el de la ANC, Jordi Sànchez,, que ha llamado a secundar la convocatoria de La Taula de la Democràcia, que auna a la totalidad de las entidades soberanistas.

FUENTE: www.okdiario.com AQUÍ

10 consejos prácticos antes de firmar el finiquito


Recomendaciones para evitar los engaños más frecuentes en la entrega del finiquito.

El finiquito es un documento que la empresa tiene que entregar al trabajador cuando deja de prestar servicios, ya sea por despido, fin de contrato temporal, empezar una excedencia, etc.


En ese documento se incluirán todas las cantidades que la empresa le deba hasta ese momento al trabajador: salarios, vacaciones pendientes de disfrutar,pagas extra no recibidas, etc.

El finiquito es un concepto diferente a la indemnización por dejar de trabajar, aunque ambos se entreguen en el momento de finalizar la relación laboral Normalmente el momento de firmar el finiquito no es agradable y el trabajador puede estar nervioso, por lo que damos algunos consejos a seguir:

-Pide copia de todo lo que te pidan firmar. Siempre tiene que haber dos copias , una para la empresa y otra para el trabajador. Hay que ver que ambas copias sean exactamente iguales. Además es muy importante que la copia que se queda el trabajador tenga el sello de la empresa o la firma del empresario. Esa copia no se tiene que devolver a la empresa.

-Comprueba todo lo que está incluido en el finiquito. Revisa que todo lo que te debe la empresa está incluido y que está todo correcto. Es necesario comprobar que este correcto tanto los conceptos (salario, vacaciones, pagas extra…) como las cuantías.

-Indica los conceptos/cantidades que faltan. Si falta algo, indícalo para que lo incluyan. Si la empresa no lo cambia y no lo incluye, indica los conceptos que no hayan incluido. Por ejemplo “faltan horas extra”.

-Pon “pendiente de cobro”. Si no te dan el dinero en metálico en el mismo momento de la firma, hay que poner esta coletilla. Si simplemente se firma, la firma implica haber cobrado el dinero indicado en el finiquito. Si se entrega un cheque, indicar “pendiente de cobrar cheque”, si se entrega un justificante de una transferencia poner “pendiente recibir transferencia”.

-Pon “no conforme”. Salvo que estés 100% seguro, sin ningún margen de duda, de que están incluidas todas las cantidades que te debe la empresa, pon esta coletilla. Puedes poner “pendiente de revisión”, que suena menos agresivo. Indicar esto no significa que se vaya a demandar, pero en el caso de tener que hacerlo facilita mucho la situación.

-Pon la fecha del día que te entregan el finiquito. Hay veces que la empresa pone otra fecha o no la pone. De esta forma queda constancia de cuando se firma ese documento, que contará para ver algunos plazos, o para ver si la empresa ha cumplido con todos los preavisos.

-Lo último es la firma. Primero, lee bien el documento. Firma siempre al final, después haber tenido la copia del finiquito, haberla leído y puesto las anotaciones que fueran necesarias. Sin haber eso hecho antes, no se debe de firmar.

-No te pueden obligar a firmar. En caso de que la empresa no deje poner todo lo anterior, no se debe de firmar, y la empresa no puede obligar al trabajador a firmar, ni amenazar para que firme.

-Puedes pedir la presencia de un representante de los trabajadores. Si en tu empresa hay representantes, puedes pedir que haya uno presente. En el finiquito se tiene que indicar si se ha solicitado o no su presencia. En el caso de que se pida y el empresario no permita la presencia, conviene indicarlo poniendo “solicité presencia de un representante de los trabajadores y ha sido denegada”.

-Si es necesario, graba la reunión. Si la empresa ha presionado al trabajador y hay amenazas o engaños, intenta grabar la reunión en la que te den el finiquito. De esta forma habrá pruebas . No es necesario avisar que se está grabando.


¿Mejor firmar o no firmar? ¿Qué pasa si no firmo el finiquito? Si la empresa entrega copia del finiquito y deja escribir los consejos indicados anteriormente (pendiente de cobro, no conforme, fecha) es mejor firmar el finiquito. De esta forma se tiene la información de qué conceptos y cantidades reconoce la empresa y se puede revisar. Además facilitará el poder reclamar en el caso de que la empresa no pague.

En el caso de que la empresa no entregue copia o no deje escribir las coletillas, es mejor no firmar. Muchas empresas intentarán que el trabajador simplemente ponga su firma en el finiquito, sin poner nada más y sin entregar copia, y en ese caso conviene no firmar. La empresa puede pedir a dos testigos que firmen el finiquito, poniendo sus nombres y DNI, como demostración de que se ha intentado entregar el finiquito, por lo que existe un mecanismo para cuando el trabajador no quiere firmar, y de esta forma el trabajador tiene la opción de no firmar si no quiere.

2 de octubre de 2017

02/10/17 Acta Nº 13 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Sectorial de Seguridad Privada


CEUTA: Los 15 vigilantes del Hospital Militar siguen trabajando pero no saben para quién


La empresa había conseguido la vigilancia del Museo de las Murallas Reales, por lo que esa adjudicación también queda en un limbo.


Los vigilantes del Hospital Militar siguen trabajando pero no saben quién les pagará a final de mes, ni si Marsegur les pagará las nóminas atrasadas. Se baraja la posibilidad de que la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, Grupo Suroeste, pueda hacerse cargo del servicio de vigilancia, algo que “sería muy bueno para los trabajadores ya que esta empresa paga según se establece en el convenio nacional de seguridad privada.

Los 15 vigilantes de seguridad del Hospital Militar no saben para quién trabajan. La empresa que hasta ahora les pagaba “mal y a destiempo” ha desaparecido. Ellos continúan con los uniformes de Marsegur y en sus puestos de trabajo pero con la incertidumbre de si el próximo mes cobrarán. Antonio Acedo, del sector de limpieza y seguridad de la Federación de UGT, ha explicado que nadie ha notificado a estos trabajadores “absolutamente nada” y cifra la deuda con los vigilantes en 5.000 euros. Nada se sabe de la empresa, excepto que ha cambiado de nombre, una treta, según Acedo, para poder optar a nuevos concursos públicos sin pagar las deudas. Se baraja la posibilidad de que la empresa que quedó en segundo lugar en el concurso, Grupo Suroeste, pueda hacerse cargo del servicio de vigilancia, algo que “sería muy bueno para los trabajadores ya que esta empresa paga según se establece en el convenio nacional de seguridad privada.

En este mismo estado se encuentran los dos trabajadores de Marsegur que iban a comenzar a trabajar como vigilantes en el Museo de las Murallas Reales una vez que esta empresa se hiciera cargo del servicio pero ahora esa empresa no existe. “Lo natural es que la empresa que actualmente presta servicio de vigilancia en el museo sea prorrogada y estos dos trabajadores entren a trabajar con ellos, por lo menos hasta que todo esto se aclare”, solicita Acedo, para quien todo este asunto encierra demasiados interrogantes “mientras muchas familias temen perder un sueldo, a veces el único sueldo”.

CIUDAD REAL: Viriato Seguridad se hace con el contrato de seguridad privada de dependencias municipales

Resultado de imagen de viriato seguridadEl Ayuntamiento contrata seguridad para varios centros sociales y el Museo del Quijote. La portavoz del Ayuntamiento de Ciudad Real ha informado de los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local

El Ayuntamiento de Ciudad Real además, en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado la compra de vehículos para los servicios de Medio Ambiente y Arquitectura El Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes, en la Junta de Gobierno Local, la adjudicación del contrato para la vigilancia con seguridad privada de diversas dependencias municipales, entre las que se encuentran los centros sociales de Pío XII y Juan de Ávila, además del Museo del Quijote. El contrato se ha adjudicado a Viriato Seguridad por un importe mensual de 6.990 euros más IVA y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local la portavoz municipal, Sara Martínez, quien ha indicado también que se ha adjudicado el contrato para la ampliación de instalaciones semafóricas, antenas de comunicaciones y cámaras de vigilancia del tráfico en distintos puntos de la ciudad a Tecnologías Viales Aplicadas (Teva SL) por 33.242,93 euros más IVA. Además, se ha dado luz verde al contrato para la prestación del servicio de creación y diseño, gestión y mantenimiento del portal web municipal de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de la que se encargará la empresas Unigest 3 SL por 11.900 euros más IVA.

El 26 de Octubre Juicio por impugnación de Convenio Colectivo de la empresa Grupo Control

El próximo 26 de Octubre a las 10 de la mañana, tendrá lugar en las instalaciones judiciales del edificio Noga de Sevilla, el juicio por impugnación del convenio colectivo de Grupo Control empresa de seguridad S.A. 

Nuestro apoyo y aliento a los compañeros que están batallando desde hace tiempo para que se haga justicia es este caso, máximo exponente, junto con otras empresas de su mismo corte, de mercantiles que suben como la espuma en el sector, a base de precarizar las condiciones de trabajo de sus asalariados a través de convenios de empresa.

Empresas 'low cost', cuando el ahorro público lo pagan los trabajadores

Todo empezó a finales del siglo XX con la recogida de basura. Hoy apenas quedan municipios que recojan los residuos de sus ciudadanos con medios propios. Una tendencia a la externalización de servicios públicos a empresas del sector privado que ha ido avanzando hasta llegar a nuestros días.

Hoy resulta noma que empresas privadas asuman la limpieza de edificios públicos o su vigilancia. Grandes empresas que pujan a la baja por contratos públicos a costa de contratos precarios. La eficacia, la creación de empleo y, sobre todo el ahorro de fondos públicos en nombre de la austeridad justificaban. Un ahorro público que básicamente pagan los trabajadores, en sueldo y en derechos.

Bien lo saben los vigilantes de Marsegur del Hospital Militar, que han visto como su empresa, la misma que les debe seis meses de sueldo, cambiaba de nombre sin previo aviso, mientras ellos siguen cobrar y vistiendo el uniforme de una empresa que ya no existe. “El beneficio es cada vez mayor porque cada vez se respetan menos los derechos de los trabajadores y cada vez la administración interviene menos en su papel fiscalizador de que ese servicio se ejecuta en los términos que se han pactado en el pliego de condiciones”, explica Ramón del Valle Inclán (CCOO). “Detrás de todo estoy hay grandes empresas multiservicios que son afines al partido en el Gobierno, sea el que sea, este invento no es nuevo. Son empresas donantes del partido, unas veces en la caja A y otras en la B, como están demostrando los jueces”.

La clave de la impunidad La clave de esta impunidad está en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que libra de responsabilidad subsidiaria a la Administración contratante que, con la nueva Ley, ha contratado el servicio y la consiguiente gestión de recursos humanos y no tiene responsabilidad alguna. Y todo por un módico precio. Eso sí, para la adjudicación es necesario estar libre de mácula, al día con impuestos y Seguridad Social. Un control, alerta Valle Inclán que tiene muchas grietas. “El papel lo aguanta todo”, ironiza, detallando como muchas de estas empresas obligan a firmar las nóminas antes de cobrarlas para cumplir con los controles, “diciendo a los trabajadores que si no firman la administración no les paga y ellos no pueden cobrar”. Una “dinámica perversa” que, alertan desde CCOO suele acabar en un bucle de meses sin cobrar.

Trabajadores zombies Una situación que tiene además un ingrediente muy injusto. El trabajador que no cobra no puede marcharse de la empresa automáticamente y cobrar la prestación por desempleo sino que tiene que instar la extinción de la relación laboral por causa justa -el plazo mínimo para iniciar accciones son tres meses- y ese proceso puede durar meses, incluso años con lo que el trabajador tiene que seguir yendo trabajar sin cobrar.

Menos empleo y por servicio Empresas low-cost, empresas piratas, según a quien se le pregunte que no son solo tóxicas para los trabajadores, también para la Administración, advierte Paco Lobato (UGT) que no descarta que cualquier día se empiece a hablar de externalizar, por ejemplo, las cocinas de los colegios lo que a buen seguro supondrá una merma de la calidad del servicio y la nutrición adecuada para los chavales quedaría supeditada a licitaciones a la baja y ampliaciones del contrato. Una externalización que ya ha llegado a la educación infantil, apunta Lobato recordando el caso de la guardería de Arasti Barca, envuelta en polémicas sindicales y ampliaciones del contrato inicial. Todo ello lleva a una preocupante merma de la calidad de los servicios públicos, denuncia Lobato, en nombre de un ahorro de fondos públicos con un precio muy alto y sin garantía de que ese servicio se preste con la calidad debida. “Y el pato lo pagan siempre los trabajadores”, lamenta Lobato.

Destrucción de empleo Sin olvidar la primera víctima de estas externalizaciones: el empleo público. Puestos de trabajo sencillos pero codiciados que ahora son trabajo basura, contratos precarios en manos muchas veces de empresas pirata, sin apenas derecho laborales y casi por la mitad de sueldo, con contratos que desprecian el convenio colectivo . Y todo no en la pérfida empresa privada, sino en el sector público.

SPV felicita a la Policía Nacional en la festividad de los Angeles Custodios, patrones del Cuerpo Nacional de Policía


El Delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, destaca compromiso de Policía Nacional con la legalidad y la democracia


El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha subrayado el compromiso de la Policía Nacional en la defensa de la legalidad, la seguridad y los derechos democráticos y ha destacado la profesionalidad de los agentes como garantes de igualdad en "difíciles circunstancias como las actuales".

Sanz ha hecho estas consideraciones durante su intervención en los actos para conmemorar al patrón de la Policía, acto en el que ha rendido homenaje a los policías nacionales asesinados por el terrorismo, casi medio centenar de ellos andaluces. Ha puesto en valor el compromiso y el sentido de responsabilidad de este cuerpo armado "aun en difíciles circunstancias como las actuales" y ha resaltado que la Policía Nacional demuestra cada día su defensa de la legalidad vigente, de la seguridad de todos los ciudadanos y de los derechos democráticos". "Son un ejemplo de profesionalidad", ha destacado Sanz durante la celebración del día de los Santos Ángeles Custodios, y en el que se han impuesto 38 cruces al Mérito Policial con distintivo blanco a policías, militares y civiles.

El delegado del Gobierno en Andalucía ha defendido que el trabajo de los agentes de este cuerpo es "intachable" y ha pronosticado que lo seguirá siendo en estos momentos, "actuando desde la serenidad, profesionalidad, respetando escrupulosamente las normas del Estado democrático y favoreciendo la igualdad entre todos los ciudadanos". "La respuesta a aquellos que hoy amenazan el Estado de Derecho está en la ley, la Constitución y la democracia", ha apuntado Sanz, que ha apuntado que los policías nacionales serán, junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "protagonistas indispensables para el cumplimiento de la legalidad". Ha agradecido la labor policial y ha destacado la importante contribución de los agentes para que España y Andalucía sean "una tierra cada vez más segura".

Más allá de la coyuntura actual, Sanz también ha puesto en valor el trabajo que la Policía Nacional realiza en diferentes ámbitos, como las labores de investigación y prevención de la nueva amenaza que representa el terrorismo yihadista, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, el control de la inmigración irregular y el combate cotidiano con la delincuencia. Sanz ha valorado la labor de "atención y recepción" que realizan los agentes con las personas que tratan de llegar en pateras a las costas andaluzas, especialmente ante el repunte experimentado en lo que va de año, con 6.184 personas rescatadas y atendidas desde enero en las zonas costeras de Andalucía oriental, un aumento del 265 % respecto al mismo periodo del año pasado.

Sobre la amenaza yihadista, Sanz ha afirmado que el mundo afronta ahora un nuevo terrorismo que fuerza a mantener las alertas y mejorar la coordinación policial a nivel internacional. Ha homenajeado a los 188 policías nacionales que murieron defendiendo la libertad ante el terrorismo, 49 de ellos andaluces, ha pedido que la memoria de los agentes asesinados y su valor y la entrega sirva de acicate y referencia a sus compañeros. EFE

1 de octubre de 2017

CEUTA: MARSEGUR desaparece sin resolver las cuentas con los trabajadores

MARSEGUR, empresa encargada de la seguridad privada en el Hospital Militar, ha desaparecido sin pagar a los trabajadores. Tanto Caballas como MDyC, han expresado su apoyo a las familias afectadas y han pedido al Gobierno que no se mantenga pasivo ante esta situación.

MARSEGUR, empresa encargada de la seguridad privada en el Hospital Militar y a la que también se había adjudicado la seguridad del Museo de las Murallas Reales, ha desaparecido. La compañía ha pasado a llamarse Novo Segur, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Nada se sabe sobre lo que pasará con los sueldos de los empleados del Hospital Militar, que llevan sufriendo irregularidades en los pagos desde el mes de mayo y que, a pesar de las numerosas quejas y denuncias, e incluso de llevar a cabo una huelga, aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

Desde Caballas, Mohamed Alí ha expresado su preocupación por la situación de estos trabajadores. El político considera que, a pesar de las denuncias, la Ciudad ha hecho caso omiso y ha actuado de forma pasiva en una situación en la que tendría que asumir responsabilidades, ya que el Gobierno debe garantizar que las empresas privadas que contrata cumplan con sus obligaciones con los trabajadores. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, por su parte, han declarado que “es lamentable que una empresa, aprovechándose de cualquier resquicio legal, haya dejado desamparados a los trabajadores”. Ambas formaciónes se han solidarizado con los trabajadores de MARSEGUR y han pedido a la Ciudad, que asuma sus responsabilidades y aporte soluciones a las quince familias afectadas por esta situación.

El Senado aprueba la Ley de Subcontratas que protege los convenios de empresa

Se aceptan las enmiendas del PP que relegan los convenios colectivos

El pleno del Senado aprobó este miércoles las enmiendas que el PP ha incluido en la Ley de Contratos del Sector Público y que establece como prioritarios los convenios de empresa frente a los sectoriales, siempre que se haga referencia a lo pactado en convenio colectivo, por lo que vuelve al Congreso.

El pleno del Senado, con mayoría del PP, ha ratificado el dictamen que procedía de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta y que aprobó incluir tres enmiendas del grupo parlamentario popular. De esta forma los grupos políticos en el Congreso deberán volver a debatir en el pleno estos cambios, que persiguen que los convenios de empresa pactados estén por encima de los convenios sectoriales. Las iniciativas afirman que la ley no puede hacer que una empresa cumpla con lo establecido en el convenio sectorial si cuenta con un convenio colectivo propio, ya que podrían cambiar las condiciones salariales e incluso las que marca el sectorial ser inferiores a las que marca el convenio de empresa aplicable.

Los senadores Guillermo Martínez y Javier Fernández defendieron durante su debate en la Cámara Alta que no se pretende "prejuzgar la bonanza del convenio de empresa o del sectorial, sino que, a las empresas contratadas, se les exija el convenio que legalmente sea aplicable". Martínez ha destacado el amplio consenso que ha alcanzado esta Ley a su paso por el Congreso, donde fue votada a favor por todos los grupos parlamentarios a excepción de las abstenciones del PSOE y de Unidos Podemos. Fernández, ha insistido en que es una de las leyes más importantes que se tramitan en la legislatura y ha explicado que los cambios son por "razones de seguridad jurídica, para que el texto no entre en contradicción con la actual legislación".

La senadora socialista Matilde Valentín ha acusado al Gobierno y al PP de "clavar la bandera de la reforma laboral" en la Ley de Contratos Públicos, ya que confirma la supremacía de los convenios de empresa y supone abundar en la transferencia de rentas salariales al capital "a costa de seguir incrementando la precariedad laboral". La senadora ha advertido de que estas iniciativas son un "trágala que no estamos dispuestos a apoyar" y ha recordado que la línea roja por la que el PSOE no puede votar a favor de esta Ley es la supresión del Contrato de gestión de Servicios Públicos. La nueva ley de contratación del sector público incorporó en el Congreso 975 enmiendas de las 1.081 que había registrado, protegerá a los subcontratistas y permitirá que la Administración pueda pagarles directamente, al tiempo que elimina la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago. También establecerá la obligación de la factura electrónica y una Oficina Independiente que supervise los contratos y garantice la libre concurrencia.

Pondrá un límite a los modificados en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20 % del importe contratado y obligará a las empresas concesionarias a asumir los riesgos económicos de la construcción y explotación de las obras o servicios que prestan a la Administración. Las cláusulas sociales y medioambientales estarán presentes en toda la ley, al tiempo que se reservará un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacidad.

Otro de los puntos de la nueva ley es que obligará a trocear en lotes los contratos susceptibles de fraccionamiento para que las pymes puedan acceder a la contratación pública y las empresas de nueva creación no tengan que acreditar trabajos anteriores con la administración para poder acceder a ella. Además, garantizará la posibilidad de rescindir los contratos por impago de salario a los trabajadores y dará mayor transparencia a la publicidad de los contratos menores que rebajan su cuantía.