LAS PALMAS: Un vigilante de seguridad reduce a un paciente que agrede a su médico al negarle unos ansiolíticos

La Policía Nacional detiene a un paciente de 44 años por agredir a su médico de cabecera del Centro de Salud de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, que se negó a recetarle un fármaco ansiolítico, que ya le había sellado unos días antes. Es el segundo caso en la provincia de Las Palmas en una semana, tras un caso anterior en Lanzarote.

El Colegio de Médicos de Las Palmas pidió ayer a la Administración "que incremente las medidas de seguridad en los centros sanitarios". En una semana se han contabilizado dos agresiones a profesionales sanitarios. El último incidente tuvo lugar en Escaleritas el miércoles, cuando el médico manifestó que un paciente acudió a la consulta y le exigió recetas de un conocido fármaco tranquilizante. "Tras negárselas, porque se las acababa de dar días atrás, el individuo le amenazó y agredió hasta que pudo ser auxiliado por un vigilante de seguridad, abandonando el autor el lugar", según la Policía Nacional, que localizó luego en los alrededores al supuesto autor. El detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su libertad con cargos. El individuo responde a las iniciales J. Q. E., tiene 44 años, cuenta con numerosos antecedentes policiales, y se enfrenta ahora a un delito de atentado a la autoridad.

Mientras, la agresión al médico del Centro de Salud de Valterra, en Arrecife de Lanzarote, se cometió el lunes 29 de agosto. El supuesto agresor, sin motivo aparente, accedió al centro sanitario y comenzó a agredir a varias personas que estaban trabajando en ese momento, entre los que se encontraba un médico, según la Policía Nacional. El Colegio de Médico hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que "rechace este tipo de comportamientos violentos hacia un colectivo cuya labor es fundamental", según informan en un comunicado, en el que pidió a la Administración "que incremente las medidas de seguridad en los centros sanitarios". En ambos casos los Servicios Jurídicos del Colegio de Médicos se están encargando de las diligencias judiciales.

La secretaria general del Colegio, Marta León, manifestó que no se está detectando una mayor incidencia en cuanto al número de agresiones, si bien recalcó que "no deben repetirse". Desde hace siete años pegar a un trabajador del Servicio Canario de Salud constituye un "delito de atentado" contra una autoridad pública, lo que podría llevar al agresor a la cárcel por un periodo de uno a tres años, ya que no solo se contemplan las lesiones.

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BARCELONA: Detenido el responsable de una empresa de vigilancia por explotación laboral

Los Mossos d'Esquadra han detenido al responsable de una empresa de seguridad, un hombre de 24 años y vecino de Cubelles (Barcelona), como presunto autor de un delito de falsificación del contrato de un trabajador y de explotarlo laboralmente.

La investigación se inició en otoño de 2015 cuando agentes de los Mossos d'Esquadra detectaron un rótulo sospechoso de una empresa de vigilancia que se encargaba de la seguridad de una obra nueva en el municipio de Cubelles (Barcelona). Tras una inspección administrativa en la obra, identificaron al vigilante y obtuvieron documentación que indicaba un presunto intrusismo en el ámbito de la seguridad privada.

Los investigadores analizaron el contrato entre la compañía de seguridad y el trabajador para determinar su validez y la Seguridad Social confirmó que los datos del contrato eran falsos y que nunca se había presentado al organismo competente. Además, el trabajador hacía jornadas de 12 horas y media por un sueldo de 500 euros mensuales y sin día de descanso desde el inicio de la obra hasta el día de la inspección, lo que contabilizaban 45 días seguidos. El detenido quedó en libertad a la espera de que lo cite el juez.

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Los dos atracadores del furgón blindado de Prosegur en Torrelavega confiesan y aceptan seis años de condena

La juez mantiene la situación de prisión del francés, en tanto que el otro condenado, que estuvo año y medio en la cárcel por estos hechos, pedirá la suspensión de la pena

‘In extremis’ y tras casi dos horas de negociaciones entre abogados y fiscal antes del juicio, los dos acusados del asalto al furgón blindado en el Mercadona de Torrelavega, perpetrado en noviembre de 2014, admitieron los hechos y aceptaron una condena que suma seis años y medio de prisión frente a los once que solicitó inicialmente el Ministerio Público. Mucho menos les costó aceptar el pago de casi 60.000 euros de indemnización a Prosegur, la empresa propietaria del camión, porque acto seguido se declararon insolventes.

La juez de lo Penal Amaya Merchán, que dictó la sentencia in voce tras el pacto, mantuvo la situación de prisión preventiva en que se encuentra uno de los dos encausados, el francés Enric Commaille Calleja. Su abogado había solicitado que quedara en libertad condicional, pero la magistrada lo rechazó por la gravedad de las penas. Su compinche y tío, Lorenzo Calleja Rodríguez, se encuentra en una situación más favorable. Detenido el mismo día del atraco tras un tiroteo con la Policía, permaneció 18 meses en prisión, una baza que piensa jugar su abogado Alberto Aldecoa para tratar de que no vuelva a la cárcel, o, al menos, reducir a seis meses su paso por la penitenciaría y obtener un tercer grado que sería su salvoconducto hacia la libertad definitiva. Pero el letrado intentará que ni siquiera pise de nuevo la celda. Para ello, en el trámite de ejecución de sentencia, pedirá la suspensión de la pena más alta a cambio de someterse a tratamiento por su toxicomanía.

Habían intentado un acuerdo días antes

El juicio estaba previsto que comenzará a las 9.30 horas en el Juzgado de lo Penal número 4. Los abogados defensores habían intentado días antes cerrar un acuerdo con la fiscal que evitara la celebración de una vista con más de una veintena de testigos citados, pero el pacto se tornó imposible. No obstante, acusación y defensas reanudaron las conversaciones antes de la vista oral. El más renuente al acuerdo era el francés, que reclamaba su salida de la cárcel como condición previa. Finalmente cedió, las posturas procesales se acercaron y, cuando se sentaron en el banquillo, los dos acusados habían asumido ya su culpa y aceptado las penas reducidas solicitadas por el fiscal.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público había pedido once años de cárcel para cada procesado por los delitos de robo con intimidación y uso de disfraz, hurto de vehículo a motor, falsificación de placas de matrícula y tenencia ilícita de armas, y una falta de hurto. Tras el pacto, la fiscal redujo la suma de condenas a seis años y medio de prisión, siendo la pena más grave de cuatro años, tres meses y un día por el robo con intimidación.

Carecen de antecedentes penales Los condenados, que carecen de antecedentes penales, admitieron que el 3 de noviembre de 2014 asaltaron a dos vigilantes de seguridad de Prosegur tras retirar los fondos del supermercado Mercadona, en Sierrapando. Provistos de chalecos antibalas y pasamontañas, y armados con escopetas recortadas, esperaron la llegada del blindado, que de manera rutinaria recogía diariamente la recaudación. En el momento que dos de los vigilantes volvían con las seis sacas y un tercero se encontraba en el interior del furgón, los enmascarados les encañonaron, les obligaron a tirarse al suelo y les desarmaron. Ya con el botín, que se elevaba a 59.837 euros, los delincuentes huyeron a pie hacia un vehículo robado y con matrícula falsa, que tenían estacionado cerca del centro comercial.

La Policía no tardó en identificar el coche, que había sido robado días antes en la localidad francesa de Noailles, y lo siguió hasta La Penilla de Cayón. Allí, los agentes localizaron a uno de los delincuentes que, al intentar huir, fue tiroteado y alcanzado por dos balas. Se trataba de Lorenzo Evaristo, de 56 años, que fue detenido y ha permanecido en prisión por esta causa hasta el pasado mes de mayo. Su sobrino, residente en Francia, logró huir pero finalmente fue arrestado por la Policía francesa en diciembre de 2014 y extraditado a España, donde se encuentra en situación de prisión provisional. Tras la condena firme, su abogado presentará en los próximos un escrito solicitando la suspensión de las penas de prisión, un asunto que la juez resolverá en ejecución de sentencia.

FUENTE: eldiariomontanes.es AQUÍ

Detenido tras agredir al vigilante de seguridad de un hospital en Fuerteventura

El hombre trató de agredir también a uno de los agentes que le identificaba en ese momento

La Policía Nacional ha detenido a C.L., de nacionalidad irlandesa, 25 años y sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de atentado al vigilante de seguridad de un centro hospitalario de Fuerteventura.

La Jefatura Superior de Policía de Canarias informa este domingo de que los hechos se desencadenaron durante la madrugada del pasado día 1 de septiembre, tras la llamada al teléfono 091 del responsable de seguridad del hospital de Puerto del Rosario, quien comunicaba que uno de los vigilantes de seguridad del mismo había sido agredido por un paciente. Los policías se entrevistaron con el vigilante, quien informó que tras repeler la agresión había conseguido reducir e inmovilizar al individuo, que mostraba una actitud violenta.

Lejos de tranquilizarse, el hombre trató de agredir también a uno de los agentes que le identificaba en ese momento. Por todo ello, los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad. Instruido el correspondiente atestado, el detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial competente, concluye la fuente.

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El Gobierno pone límites a las jornadas de trabajo nocturno

El Gobierno en funciones ha modificado la normativa sobre jornadas especiales de trabajo para fijar la jornada máxima de los trabajadores nocturnos con riesgos especiales o tensiones importantes de 8 horas en un periodo de 24 horas, según el real decreto que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La referencia del Consejo de Ministros de este viernes, donde se aprobó este cambio, dice que la nueva norma transpone correctamente al ordenamiento jurídico nacional un artículo de una directiva europea de 2003 sobre la ordenación del tiempo de trabajo. La legislación española ya establecía para los trabajadores nocturnos un límite de 8 horas diarias de trabajo, si bien de promedio en un periodo máximo de quince días. El nuevo Real Decreto incorpora plenamente al ordenamiento jurídico español ese límite absoluto de 8 horas.

Supuestos excepcionales La modificación también ha supuesto la inclusión de un nuevo artículo que remite a lo que se disponga en los convenios colectivos o, en su defecto, al acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, tomando en consideración los efectos y los riesgos inherentes al trabajo nocturno. La norma, explica el Gobierno, también prevé excepciones al límite máximo de 8 horas durante el periodo de 24 horas, en dos supuestos.

Siempre que resulte necesario para prevenir y reparar siniestros u otros daños extraordinarios y urgentes y en el supuesto de trabajo por turnos, en caso de irregularidades en el relevo de dichos turnos por causa no imputable a la empresa.

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CÁDIZ: A prisión por robar en dos negocios del centro de Jerez y causar graves destrozos

Un vigilante de seguridad de un polígono empresarial informó al 091 que había varias personas en el interior de uno de los edificios en desuso de la zona.

Un presunto delincuente ha ingresado en prisión tras ser detenido por agentes de la Policía Nacional. El detenido, de 45 años de edad y vecino de Jerez, es el presunto autor de dos robos con fuerza ocurridos en negocios ubicados en el centro histórico de la ciudad durante los últimos días del pasado mes de julio de 2016. Se han registrado otros robos que la Policía sigue investigando. El apresado perpetró los robos de madrugada y utilizó el mismo modus operandi en ambos casos: forzaba los cierres metálicos y las puertas de acceso de los locales mediante palanquetas y otras herramientas, causando grandes destrozos en el interior de los comercios.

La investigación abierta por el grupo de delitos contra el patrimonio de la Brigada de Policía Judicial ha permitido recabar indicios y pruebas sobre la identidad del presunto autor de los hechos, tras determinarse su identidad por los vestigios obtenidos por los especialistas de la Brigada de Policía Científica. Una vez conocida la identidad del presunto autor se estableció un dispositivo de seguridad para su localización y detención. 

Localizado en el interior de una nave en abandono del polígono empresarial Un vigilante de seguridad de un polígono empresarial informó al 091 que había varias personas en el interior de uno de los edificios en desuso de la zona. Hasta el lugar se desplazó un indicativo de los radio patrullas que tras identificar a varias personas localizaron al investigado en el interior de la citada nave. Así pues, una vez identificado plenamente a la persona buscada como autor de dos robos en el centro de la ciudad, fue detenido y trasladado hasta la comisaría donde ingresó en los calabozos. Una vez finalizadas las diligencias policiales y fue puesto a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia quién tras oírlo en declaración, decretó su inmediato ingreso en prisión.

El apresado ha sido detenido por la Policía Nacional en más de treinta ocasiones, siendo la última vez el pasado 15 de junio como presunto autor de un robo con fuerza realizado en la zona comercial del centro de la ciudad. La investigación continúa abierta con el fin de determinar la responsabilidad del sujeto en otros delitos de similar naturaleza perpetrados recientemente en distrito centro.

FUENTE: sevilla.abc.es AQUÍ

MADRID: CCOO denuncia la privatización de la seguridad en la sede municipal de los sindicatos

Denuncia la privatización por parte del Ayuntamiento de Madrid de la seguridad en la sede municipal de los sindicatos situada en el paseo de los Olmos. La seguridad del edificio la realizaba Policía Municipal desde que los sindicatos se trasladaron a estas dependencias.

Fuentes del sindicato han asegurado a Madridiario que el martes 16 de agosto al llegar a trabajar se encontraron que un vigilante de la empresa SEGUR IBERICA S.A. se encontraba en el edificio para realizar las funciones de seguridad sin previo aviso por parte del Consistorio y añaden que hasta el momento nadie les ha explicado este cambio. Además, CCOO ha señalado que el Cuerpo de Policía tampoco estaba informado de este cambio ya que el martes coincidieron a la apertura del edificio el policía y el vigilante. Ambos venían a ocupar su puesto de trabajo.

CCOO ha expuesto que el Ayuntamiento "alardea" mucho de remunicipalizar los servicios y de repente "nos encontramos" con la privatización de la seguridad. "Es un sin sentido", añaden las mismas fuentes. El sindicato pide que vuelva la Policía Municipal a desempeñar esta función. Fuentes municipales han informado a este medio digital que la línea del Ayuntamiento es la desprivatización de la seguridad para ello tienen un proyecto de reestructuración de la seguridad de edificios. Éste establece la prioridad de tratar de reducir al máximo el número de edificios municipales vigilados con seguridad privada y para ello se utiliza a policías adaptados (segunda actividad).

Además de la prioridad ya mencionada, hay otra que es la de optimizar a los policías operativos para que estén en las sedes de las áreas de gobierno y de las juntas municipales. En el caso de este edificio, al no ser una prioridad, se han retirado agentes en activo, necesarios para otros servicios y se ha sustituido por una contrata de seguridad, han concluido dichas fuentes.

FUENTE: madridiario.es AQUÍ

Revista Gaceta Securitas Nº 81 Agosto 2016

Accede a la publicación en securitas.es AQUÍ

BARCELONA: La Guardia Civil persigue a los vigilantes de seguridad para que se pongan la placa en castellano

Desde hace unas semanas agentes de la Guardia Civil del aeropuerto de Barcelona piden a los vigilantes de seguridad que se cambien la placa del uniforme que llevan en catalán por una en castellano, según ha podido saberEl Nacional. La placa lleva el número identificativo de cada agente y la inscripción "Vigilante de seguridad".

Las empresas de seguridad privada hicieron hacer las placas nuevas en catalán a sus trabajadores hace unas semanas basándose en la orden INT/14/2012, del 17 de enero de la Ley de Seguridad Privada que regula, entre otras cuestiones, las características de los distintivos de los vigilantes. Pero hace unos días que los agentes de la Guardia Civil que trabajan en el aeropuerto, que son los que tienen las competencias de la seguridad, están pidiendo a los vigilantes de diferentes empresas de vigilancia privada que se cambien las placas y se las pongan en castellano. Argumentan que hay un reglamento que los obliga a llevar la placa en castellano y que si no lo cumplen los pueden multar o incluso inhabilitar. Poco a poco, los vigilantes se han ido cambiando, de nuevo, las placas. Se las compran ellos. Cuestan 12 euros. Se las encargan y pagan los mismos agentes de seguridad. Algunos las compran por Internet.

Fuentes de la Guardia Civil explican a El Nacional que aunque el mencionado nuevo reglamento no existe, sí que está la sentencia judicial que anula la orden de la Generalitat que obligaba a los vigilantes a llevar la placa en catalán. La sentencia, sin embargo, estaba pendiente del recurso que había presentado a la Generalitat. Se ha resuelto este año. Y el Tribunal Supremo da la razón a la Delegación del Gobierno Español que es quien pidió anular la orden. Y por lo tanto, la Guardia Civil la intenta hacer cumplir persiguiendo a los vigilantes que llevan la placa en catalán para que se la cambien al castellano.

Con todo, fuentes policiales aseguran que "no hay ninguna instrucción de la Guardia Civil" para ordenar a los vigilantes que se cambien las placas. También aseguran que no han recibido ninguna queja de las diferentes compañías de seguridad privada que operan en el aeropuerto. "La relación entre Guardia Civil y empresas es muy buena", aseguran. Las diversas compañías de seguridad privada que operan en el Aeropuerto del Prat admiten que tienen conocimiento de los hechos. "Acatamos la sentencia" dicen en declaraciones a El Nacional, pero también reconocen que en ningún momento han comunicado a su personal que se ha derogado la orden que establecía que las placas se tenían que llevar en catalán y que se las tienen que cambiar. Por lo tanto, los vigilantes que trabajan en el Aeropuerto codo con codo con la Guardia Civil no saben nada.

Algunos de los vigilantes de seguridad se han encontrado en plena operación de las vacaciones de verano, con las largas colas en los controles de pasajeros, y con la Guardia Civil en la nuca pidiéndoles que se cambien la placa bajo la amenaza de ser expedientados sin que nadie de su empresa les haya comunicado cuál es la legislación vigente y que ya hay sentencia firme sobre la disputa lingüística entre la Generalitat y el Estado.

Cuatro años esperando la sentencia La decisión sobre si las placas de los vigilantes de seguridad tienen que ser en catalán o castellano ha acabado en el Tribunal Supremo. El Supremo ha anulado la orden porque argumenta que la Generalitat "pretende desplazar el uso del castellano". El año 2012 la Generalitat modificó la ley y aprobó una nueva orden donde se establecía que los vigilantes de seguridad tenían que llevar la identificación en catalán, porque esta es la lengua oficial de Catalunya. Pero la Delegación del Gobierno Español en Catalunya recurre a la Abogacía del Estado y presenta un recurso. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya resuelve en el 2013 que la identificación tiene que ser en castellano.

Ante la sentencia la Generalitat presenta un recurso de casación y el caso se eleva al Supremo. El Gobierno catalán alegó que el Estatut d'Autonomia de Catalunya "habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingüística para la adopción de las disposiciones encaminadas a promover la normalización lingüística entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y el fomento del uso de la lengua propia de Catalunya, corrigiendo una situación histórica de desigualdad con respecto al castellano".

Justo este mes de abril, tres años después del inicio de la disputa, el alto tribunal ha resuelto que las placas tienen que ser en castellano. Argumenta, a pesar de que el catalán es la lengua oficial de Catalunya, "el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestación de los servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149, 1 29 de la Constitución". La sentencia del Supremo también remarca que "Los vigilantes de seguridad privada ni se tratan de una actividad administrativa ni una empresa pública o concesionaria de un servicio público, sino de una actividad complementaria y subordinada respecto de las de seguridad pública prestada por empresas privadas". Con eso argumenta que la Generalitat no tiene competencias "sectoriales para regular la actividad de seguridad privada" y tampoco puede incidir en materia lingüística y menos "para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulación que pretende desplazar el uso del castellano".

Catalán lengua oficial La Generalitat tiene competencias en materia de seguridad privada. Así lo establece el artículo 163 del Estatut d'Aautonomia de Catalunya, con respecto a la autorización de las empresas de seguridad privada que tienen su domicilio social en Catalunya y cuyo ámbito de actuación no rebasa este territorio; la inspección y la sanción de las actividades de seguridad privada que se cumplen en Catalunya, la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía de la Generalitat y las policías locales de Catalunya. Además, el Decreto 272/1995, de 28 de septiembre, también regula el ejercicio de competencias que corresponde a la Generalitat de Catalunya en materia de seguridad privada.

El Estatut, además, concreta que la lengua propia de Catalunya es el catalán y que, por lo tanto, es la lengua oficial. Igual que también lo es el castellano, porque de hecho, lo es a todo el Estado Español.

FUENTE: elnacional.cat AQUÍ

Canjea tu TIP

SPV ha realzado una consulta al departamento de UCSP, para saber si las TIP´S se pueden canjear por las nuevas donde ya no figura el DNI.

Ya somos todos conocedores la sentencia de 2013 de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de 25 Abril de 2016 la sala de lo Contencioso-Administrativo, sección Tercera, delTribunal Supremo, dicto la sentencia Nº 905/2016, firme y no recurrible.

CANJEA LA TIP que contiene el dato del DNI, y que OBLIGATORIAMENTE debe canjear todo agente de seguridad privada afectado por una nueva SIN el dato del DNI.