VIGO: Dos vigilantes de ILUNION salva la vida a una anciana en un supermercado

La celeridad, la calma y la profesionalidad con las que intervinieron fueron claves para salvarle la vida. Dos vigilantes de ILUNION Seguridad han salvado la vida de una anciana que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando esperaba su turno para pagar en la caja del hipermercado de Alcampo Vigo

Según informó ILUNION Seguridad en una nota, los hechos se produjeron el pasado día 12, a las 11:45 horas, cuando la mujer, de unos 80 años de edad y que se encontraba en una de las cajas para abonar su compra, comenzó a encontrarse mal.  "Ante esta situación, uno de los clientes avisó a la vigilante de seguridad de ILUNION María Duarte, que en esos momentos estaba cerca".

Al llegar, la vigilante encontró a la anciana en el suelo, sin conocimiento y con una brecha en la cabeza consecuencia de la caída. Tras comprobar que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria, dio aviso a control de seguridad y comenzó a realizarle un masaje cardiaco hasta que llegó su compañero José Luis Paz con un desfibrilador. Tras aplicar a la anciana una descarga y recuperar sus constantes vitales, la colocaron en posición de seguridad. Asimismo, después de frenar la hemorragia de la brecha en la cabeza, ambos vigilantes permanecieron con la mujer hasta la llegada de los servicios de urgencia.

La rápida actuación de María Duarte y José Luis Paz, así como la calma y la profesionalidad con las que intervinieron, fueron claves para salvarle la vida. De hecho, desde el 061 telefonearon al citado centro de Alcampo para felicitarles por la intervención de estos vigilantes.

FUENTE: teinteresa.es AQUÍ

CÁDIZ: El Comité de Empresa de EULEN cursa denuncia ante la Inspección de Trabajo por falta de información

EULEN en la provincia de Cadiz ha sido denuncia por su comité de empresa, ya que la empresa hace caso omiso a la advertencia del comité por la falta de información recibida por la empresa. Según detalla el comité de empresa en su denuncia la empresa:

-No publica el escalafón de los trabajadores desde hace tres años. (Art. 33) del convenio.

-La empresa no entrega al comité los cuadrantes de trabajo (Art. 41) del convenio.

-La empresa no hace entrega del calendario Laboral (Art. 41) del convenio.

-La empresa no entrega la uniformidad establecida a los trabajadores (Art. 75) del convenio.

-La empresa no entrega en resumen mensual de horas extras y horas complementarias de los parciales.

-La empresa no entrega las copias básicas de los contratos.

-La empresa no entrega los TC1 y TC2

-La empresa no respeta el acuerdo firmado para los cursos de formación de los trabajadores.

-La empresa no entrega los cuadrantes anuales a los servicios fijos y estables (Art. 41,2) del convenio.

-La empresa no entrega los EPI a los trabajadores del servicio de Aduanas.

-Los compañeros de sotogrande no dispones de agua en garita ni tampoco de aseos. Establecido todo esto el la ley de PRL.

Todo esto y un sinfín de irregularidades comete EULEN SEGURIDAD EN CADIZ, como si de una empresa pirata se tratara.

Mas información en sindicatoprofesionalvigilantes.blogspot.com AQUÍ

La asociación "Marea Negra por la Seguridad Privada" protesta contra el intrusismo en el sector

La seguridad privada ya 'aplica' la Ley de Seguridad Ciudadana

El incumplimiento de la normativa por parte de las empresas no sólo está causando la pérdida de puestos de trabajo, sino también está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana

'Marea Negra por la seguridad privada' ha alertado del crecimiento del intrusismo laboral debido a la utilización de personal no acreditado que se produce en este sector. Esta actividad ilegal sigue in crescendo durante los últimos 4 años, debido principalmente a la crisis económica, que hace que las empresas busquen ahorros de costes y contraten a una persona, bajo el paraguas de otro cargo, pero realizando el servicio de vigilancia.

La asociación está desempeñando la labor que no realizan algunos sindicatos y predican la unión y la dignidad para el sector, la lucha contra el abandono legal que genera precariedad profesional, y sobre todo la negación del falso estereotipo que oculta que los vigilantes son un pilar básico de la seguridad de este país, que salvan vidas humanas y que rara vez los condecoran por ello.

Para ejercer labores de seguridad, el Ministerio del Interior exige carecer de antecedentes penales, poseer graduado escolar o superior, aptitud psicofísica certificada por una empresa privada, no haber sido condenado por la violación de los derechos fundamentales -al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-, no haber sido sancionado por infracción grave o muy grave en materia de seguridad privada, no haber sido separado del servicio en las FFCCSSEE en los dos años anteriores y poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso correspondiente. Es por ello por lo que un vigilante de seguridad está preparado para hacer frente a situaciones que otra persona no podría enfrentar.

El constante incumplimiento de la normativa por parte de las empresas -contratan a un auxiliar en lugar de a un vigilante- no sólo está causando la pérdida de multitud de puestos de trabajo, sino también está poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana. Para luchar contra este problema, 'Marea Negra' ha comenzado areivindicar el trabajo de los vigilantes de seguridad "aplicando" la Ley de Seguridad Ciudadana, que otorga a este colectivo competencias más amplias, como la posibilidad de identificar y detener a ciudadanos -hasta ahora esta posibilidad solo se permitía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-.

Por ejemplo, según una denuncia a la que ha tenido acceso GACETA.ES, un vigilante que se encontraba fuera de servicioauxilió a la dependienta de un establecimiento a la que otra mujer que intentaba robarle tenía amenazada con un cuchillo en el cuello. El vigilante, que recibió un golpe en el rostro, logró finalmente reducir a la agresora y ponerla a disposición de la Policía. Pero esta es sólo una de las muchas situaciones de riesgo en las que se implican estos trabajadores para demostrar que estas únicamente pueden ser enfrentadas por profesionales cualificados y no por personal no acreditado.

FUENTE: gaceta.es AQUÍ

SORIA: La Asociación de Vigilantes de AVISO denuncia un nuevo caso de intrusismo

Podría conllevar una sanción de 130.000 euros, 30.000 para el operario y 100.000 ​para el contratista.

La Asociación de Vigilantes de Soria (Aviso) ha presentado una denuncia por intrusismo que podría conllevar una sanción de 130.000 euros, 30.000 euros para el operario y 100.000 euros para el contratista de un servicio de seguridad prestado por personal no habilitado.

Tal y como ha informado la asociación, la denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, "con prueba fotográfica" donde se observaba a un individuo que realizaba funciones propias de seguridad privada en la ampliación del polígono industrial de Almazán. "Los hechos fueron constatados por funcionarios de la Policía Nacional, quienes instruyeron el pertinente procedimiento en vía administrativa", ha apuntado Aviso.

Al parecer, estos hechos son "reiterados", ya que el pasado mes de abril la Guardia Civil imputó a un individuo -por vía penal- que prestaba servicios de guarda rural sin serlo, así como a su contratista -por vía administrativa-. Tanto la Asociación de Vigilantes de Soria como la Asociación Profesional de Guardas Jurados de Cazar pretenden realizar un "seguimiento exhaustivo de estos procesos" e instar otros nuevos, para"poner coto" a una práctica ilegal, que puede provocar "indefensión y menoscabo" en los derechos del ciudadano.

FUENTE: heraldodesoria.es AQUÍ

SEVILLA: Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones

«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y 24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2 Complementos Auxiliares S.A.

Securitas denuncia que durante el proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para que puedan personarse.

Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.

El órgano de contratación niega trato discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad, el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.

La segunda alegación, también rechazada, incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno. Desestimado el recurso el pasado 21 de abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.

La UTE adjudicataria la conforman Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.

FUENTE: larazon.es AQUÍ

GIRONA: Dos detenidos por robar cableado eléctrico en una empresa de Sarrià de Ter

Los vigilantes de seguridad alertaron a la Policía Local por el robo de cableado eléctrico

La Policía Municipal de Girona detuvo, alrededor de las cinco de la tarde del pasado domingo, día 23 de agosto a Mohammed L., de 30 años, vecino de Girona, y Samir B., de 28 años y vecino de Sarrià de Ter, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron alrededor de media de la tarde cuando la central de coordinación policial recibió una llamada al 092, en el que el vigilante de seguridad de una empresa ubicada en Sarrià de Ter alertaba de la entrada en el recinto de dos presuntos ladrones.

Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar tres patrullas con agentes uniformados. Allí los esperaban dos vigilantes que estaban de servicio que explicaron que mientras uno de ellos hacía la ronda de vigilancia por el recinto de la fábrica, al llegar a la zona de la depuradora había escuchado unos golpes muy fuertes que la habían alertado. Los policías iniciaron una búsqueda por la zona que culminó más tarde cuando encontraron, en la zona de la depuradora, a dos personas que estaban intentando llevarse cables eléctricos y que al ver a los policías se escondieron. Los agentes identificaron a ambos y después de las gestiones detuvieron a Mohammed L., de 30 años, y Samir B., de 28 años, ambos con antecedentes penales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

FUENTE: lavanguardia.com AQUÍ

HUELVA: Tres vigilantes de seguridad de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas

Los incidentes se remontan varios meses atrás entre el propio personal de la empresa de seguridad Temen que se repitan episodios más graves.

Tres vigilantes de seguridad privada que prestan su servicio en el centro penitenciario de Huelva se encuentran de baja médica en estos momentos por las secuelas físicas y psicológicas de varios episodios de amenazas y agresiones en los que se ha visto envuelto el propio personal de la empresa adjudicataria. Según el testimonio de fuentes cercanas al caso, recabado por Huelva Información, los incidentes que han originado la situación actual se produjeron en los últimos meses y han provocado una gran preocupación entre los trabajadores de la prisión, que expresaron a este diario su temor de que se vuelvan a repetir dejando graves consecuencias. 

Los sucesos referidos se produjeron siempre entre el propio personal de la empresa de seguridad privada, aunque han tenido repercusión en todo el centro, dada la gravedad de los mismos. En uno de ellos, según cuentan las fuentes, dos de los vigilantes se agredieron mutuamente hace unos meses en el puesto del control de acceso al recinto de la prisión, donde el personal tiene a su cargo un arma de fuego que uno de los implicados intentó utilizar. La intervención de agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio del centro evitó males mayores, aunque los dos protagonistas del incidente arrastran secuelas físicas que les mantienen fuera de servicio por baja médica. 

En otro de los episodios referidos, más reciente, se vieron implicados otros dos vigilantes privados de la prisión, esta vez en el camino de acceso al recinto. Según narraron a este diario personas conocedoras del caso, uno de los trabajadores esperó el paso de un compañero con el que había tenido disputas previas y le embistió con su vehículo, echándole fuera de la carretera. El agredido se encuentra todavía de baja por las secuelas psicológicas del suceso. Además de las dos agresiones relatadas, aseguran que se han producido en repetidas ocasiones disputas y amenazas entre el personal privado que realiza labores de vigilancia en la prisión desde que el Ministerio del Interior externalizara parte del servicio hace dos años en las penitenciarías de todo el país. Las mismas fuentes que han denunciado los hechos a este periódico, y que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, aseguran que el origen de los conflictos es básicamente laboral. Sostienen que las condiciones de trabajo que sufren los vigilantes de seguridad privada superan muchas ocasiones lo conveniado y que la presión y tensión que soportan por estas circunstancias es palpable en el centro. 

La empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, con sede en Madrid, tiene adjudicado el servicio de seguridad privada en el centro penitenciario de Huelva desde marzo de 2013. Fue la primera adjudicataria en todo el país, para las prisiones de Huelva, Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón y Dueñas (Palencia), tras la medida adoptada poco antes por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy. De esta forma, los vigilantes privados se encargan de controlar los accesos al centro, las cámaras de vigilancia y las patrullas en el perímetro del recinto, parte de las funciones que tenía encomendada la Guardia Civil previamente. El personal de Ombuds adscrito de esta forma a la vigilancia en las prisiones procede en su mayor parte del servicio de escolta prestado en el País Vasco a cargos públicos, que se recicló a partir de 2013 con los nuevos cometidos en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. 

En Huelva hay asignados siete vigilantes para estas funciones desde entonces y, según denuncian fuentes próximas, sufren condiciones adversas en la prestación del servicio que han provocado roces entre los propios trabajadores. Esto ha desencadenado episodios de violencia verbal y física que no han sido, aseguran, debidamente tratados por la empresa. En la prisión, insisten, se teme que se repitan los incidentes y que alguno pueda tener fatales consecuencias, después de la gravedad de los ya ocurridos. Huelva Información ha tratado de conocer el caso por parte de la empresa Ombuds, pero desde la sede principal ningún responsable ha querido atender la llamada por mantener su política de "no hacer declaraciones a la prensa". El Ministerio del Interior, hasta el momento, ha eludido pronunciarse también sobre el tema, al igual que la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que fuentes sindicales vinculadas a la prisión reconocieron la existencia de "determinados problemas entre vigilantes" aunque evitaron ofrecer una valoración más detallada.

FUENTE: huelvainformacion.es AQUÍ

El sector de la seguridad se encomienda a las alarmas para intentar superar la crisis

Ese apartado es el único que creció el año pasado y por segundo año consecutivo, mientras que la vigilancia sigue cayendo

La seguridad privada sufre todavía los rigores de la crisis que desde 2009 ha precipitado al sector a una caída acumulada del 24,08% pero tiende a estabilizarse. Así lo constata el informe de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) de 2014 al que ha tenido acceso El Confidencial, un documento que deja entrever las primeras esperanzas de recuperación con el apartado de sistemas y alarmas como motor.

De acuerdo con esta asociación, que aglutina a 12 empresas que representan el 70% del negocio y funciona como patronal, la seguridad privada española facturó el año pasado 3.384 millones de euros, lo que supuso un descenso del 0,24% con respecto al año anterior, cuando entraron en caja 3.392 millones de euros. Aunque aún está lejos de los niveles de 2006 y 2007, cuando el sector crecía a ritmos cercanos al 7%, el descenso es mucho más tenue que el registrado entre 2012 y 2013, cuando cayó en un 6,87 %. La perspectiva de crecimiento para 2015 es del 1,25%, que sería la primera mejora en cinco años.

Estabilización y primeros brotes En su resumen ejecutivo, Aproser observa que “el conjunto del sector podría estabilizarse e incluso comenzar una tímida recuperación”, aunque de las tres áreas que lo componen –transporte de fondos, sistemas y alarmas y vigilancia- esta última, que es la que más factura, parece estar destinada a pagar la peor parte dentro del sector. Aunque sigue siendo el área que más negocio genera, pues factura 2.121 millones de euros, la vigilancia presenta el mayor nivel de contracción y tiene previsiones de cierre negativas de cara a 2015. En 2014, la vigilancia cedió un 1,77% con respecto a 2013, cuando con 2.159 millones de euros había caído un 7,99% desde 2012.

La mayor demanda de vigilancia proviene del comercio y representa un 19% de los servicios, seguida por la industria y la energía (17%), entidades financieras (16%), edificios e instalaciones públicas (12%) e infraestructuras de transporte (11%). Completan el total menores porcentajes que se reparten entre el sector servicios, residencial, salud y educación. Mientras, el área de transporte de fondos facturó 290 millones de euros, con un descenso del -1,11%, y los sistemas y alarmas alcanzaron 973 millones ysube un 3,56% en comparación con el anterior ejercicio, en el que este apartado comenzó a despegar con otro ascenso del 1,23%.

Menos vigilantes en activo En 2014 se registraron 1.539 empresas de seguridad privada, de las que 1.304 fueron habilitadas por el Ministerio del Interior, 200 por la Generalitat de Catalunya y 35 por el Gobierno Vasco. Pero según el Instituto Nacional de Estadística (INE) hay una tendencia a la atomización, pues el 83% de estas empresas tienen menos de 50 trabajadores. Además, el personal en activo bajó de los 77.100 en 2013 a los 75.650 en 2014, con una presencia masculina prioritaria. El nivel de rotación de personal se mantiene en un 14% y el 84% de los trabajos son indefinidos. El país sigue por debajo de la media europea en el ratio de fuerzas de seguridad privada, pues la proporción comunitaria es de 1 vigilante por cada 264 personas y en España es de 1 por cada 614 habitantes.

En 2014 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía entre otros fines reducir el intrusismo y ampliar las competencias de los vigilantes privados, no ha impedido que Aproser siga detectando como un problema la incursión de agentes externos en el sector. Otros desafíos que identifica son “la competencia desleal, los bajos precios de licitación, la escasa rentabilidad y la inseguridad jurídica”.

FUENTE: elconfidencial.com AQUÍ

Interior retira a los últimos escoltas del País Vasco y Navarra ante la nula amenaza de ETA

El Ministerio remite una orden a la única empresa que hoy realiza los servicios de guardaespaldas en la zona -Ombuds- para que reduzca el número de operativos hasta apenas una docena por región

ETA ya no es una amenaza para nadie. Así lo entiende el Ministerio del Interior, que durante los últimos años viene reduciendo paulatinamente el número de escoltas que se dedican a la protección de personalidades que hasta el momento estaban amenazadas por la banda terrorista. En el País Vasco y Navarra, donde hace apenas diez años había más de mil profesionales a nómina del Ministerio, quedaban apenas dos centenares antes de que comenzara el verano fruto del plan de disminución.

Este ya de por sí reducido número se ha recortado aún más este mes de agosto hasta prácticamente eliminar del mapa a un colectivo que fue fundamental para el mantenimiento de la democracia en España. En concreto, según un oficio enviado el pasado 15 de junio por el Ministerio del Interior a la única empresa que presta todavía servicios de protección de personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra -Ombuds-, desde el pasado 1 de agosto el número de efectivos queda reducido a apenas una docena en cada comunidad autónoma.

Este residual grupo se encargará de la protección de los principales líderes políticos regionales y alguna otra personalidad. El resto de cargos públicos, empresarios y jueces que hasta el momento se beneficiaban del servicio dejarán de contar con él y pasearán sin sombra a partir de ahora como un ciudadano más. Los pocos que conservan la escolta, además, la mantendrán pero mermada en número y horas de atención por parte de los escasos guardaespaldas que se quedan sobre el terreno. A partir de ahora, por lo tanto, más de 40 guardaespaldas que trabajaban en Navarra y otros 100 que actuaban en el País Vasco se quedarán sin empleo. De hecho, Ombuds ya ha comenzado a negociar el expediente de regulación de empleo que expulsará a estos profesionales de la empresa debido a la falta de trabajo. En las negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la compañía, esta última está prometiendo la recolocación de los escoltas en puestos de vigilantes de seguridad en las prisiones dentro del plan de privatización puesto en marcha por el Gobierno y pendiente de pasar a su tercera fase.

El Gobierno ya prometió a los escoltas cuando comenzó la presente legislatura que éstos serían recolocados como vigilantes en los centros penitenciarios. Sin embargo, en la actualidad, apenas un 10% de estos profesionales trabaja en la seguridad de las cárceles, lo que ha provocado el descontento del sector, que se siente engañado por el Ministerio del Interior, que ahora niega tener capacidad para recolocar al colectivo en las prisiones y argumenta que eso está en manos de las empresas. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. (EFE) La orden del Ministerio que obliga a Ombuds a reducir escoltas –remitida por el director del Gabinete de Coordinación y Estudios de Interior, Diego Pérez de los Cobos, al responsable de la compañía, Rodrigo Cortina López– implica también la retirada de los dispositivos de inhibición de frecuencia, aparatos que deberán ser entregados por la empresa a la Secretaría de Estado de Seguridad, y del resto de herramientas electrónicas utilizadas para desactivar explosivos.

En la práctica, esta reducción de efectivos de seguridad implica la nula amenaza que en este momento supone la existencia de la banda terrorista ETA, ya que las personalidades que durante años han estado bajo la mirilla de los asesinos ahora se encuentran sin protección por orden expresa del Ministerio del Interior. El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz toma esta decisión después de realizar un exhaustivo análisis de riesgos de las circunstancias de cada una de las autoridades a las que se les ha retirado la protección. La banda terrorista ha provocado la muerte a más de 800 personas en sus más de medio centenar de años de existencia. Durante décadas, más de 3.000 guardaespaldas han trabajado en la protección de personas amenazadas por ETA en España. Más de la mitad de estos profesionales estaban destinados en el País Vasco y Navarra.

FUENTE: elconfidencial.com AQUÍ

ALMERÍA: Se refuerza la seguridad con tres vigilantes en el cementerio de San José tras los últimos robos.

Refuerzo de la vigilancia en el cementerio de San José con motivo de los robos que ha venido sufriendo en los últimos meses. Si bien en un principio el concejal de Salud, Consumo y Servicios Urbanos descartó la idea de ampliar el personal de seguridad y se decantaba más por instalar videovigilancia, finalmente se ha optado, tras la reunión que mantuvo con la empresa concesionaria de la gestión de los cementerios, de añadir tres personas a las tareas de vigilancia de las inmediaciones. 

La idea de instalar cámaras de seguridad en los pasillos del camposanto ha sido descartada por el elevado coste, ya que sería necesario realizar obras para el cableado en todo el cementerio. Además el servicio de videovigilancia implica otras limitaciones a consecuencia de la Ley de Protección de Datos y al tratarse, además, de un camposanto. "No se puede poner cámaras enfocadas directamente a los nichos por respeto a la intimidad, por lo que estamos planteando reforzar la seguridad con alguna cámara general pero, antes de tomar una decisión definitiva, queremos mantener esa reunión con los responsables de la empresa a nivel andaluz", indicó Sánchez antes de que se celebrase dicha reunión. Se ha optado finalmente por el refuerzo del personal porque la instalación de cámaras en los alrededores no se veía como una medida eficaz. 

Todos los robos, según el concejal, se están produciendo en nichos adquiridos por personas de etnia gitana, "lo que puede tener como explicación un mayor gasto de dinero en elementos con los que honrar a sus familiares fallecidos", comentó.  Aunque el Ayuntamiento asegura que no puede hablarse de una oleada sino de robos puntuales en las lápidas de los nichos, el equipo de gobierno pretende poner freno a esta situación con esta medida de más personal controlando las inmediaciones del camposanto. Una solución que se espera actúe como medida disuasoria para los delincuentes y cuyo objetivo es poner fin a este lamentable episodio de robos.

FUENTE: elalmeria.es AQUÍ