Noticias Destacadas SPV Sevilla


9 de mayo de 2014

Boletín Informativo AES Nº 51 (Mayo 2014)


OVIEDO: La asociación asturiana de vigilantes de seguridad denuncia intrusismo en ExpoEnergía (Langreo)

La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) ha interpuesto una denuncia en la comisaría de Policía de Langreo por intrusismo laboral en el recinto donde se celebra ExpoEnergía, en La Felguera.

A través de una nota de prensa, desde Avispa explican que en el interior del recinto localizaron a dos individuos vistiendo uniformes, sin distintivos y portando defensa y grilletes. "No pertenecen a ninguna empresa de seguridad, ni están habilitados como vigilantes por parte del Ministerio de Interior, lo que supone una infracción muy grave a la normativa reguladora en seguridad privada", han argumentado desde la asociación. El coordinador general de Avispa, Jorge Cuesta, ha insistido en que la ley tipifica como infracción muy grave la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria.

A CORUÑA: Roba ropa en una tienda y la tira en la calle para huir de un vigilante

La ladrona está identificada, ya que tiene antecedentes por hechos similares

Una mujer entró el miércoles, a las cinco de la tarde, en una tienda de ropa en la zona del estadio de Riazor, en A Coruña, y se hizo con varias prendas, pero al abandonar el establecimiento no pasó por la caja y al salir sonaron las alarmas del arco detector de seguridad. Fue entonces cuando un agente de seguridad del centro comercial salió detrás de ella a la carrera, aunque le perdió la pista al meterse la ladrona en el portal de un edificio. A esa hora pasaba por la zona una patrulla del 092 de A Coruña y fue informado del robo. Los agentes realizaron una ronda de inspección y solamente encontraron la ropa robada tirada en la vía, al lado de un automóvil. La descripción realizada por el vigilante jurado coinciden con las características de una mujer que ya cuenta con antecedentes por hechos similares, por lo que fue denunciada.

SIPVS-C denuncia intrusismo laboral en el FCBarcelona

La pasada semana el SIPVS-C denunció ante el "Departament d'Interior" al Fútbol Club Barcelona, por presunto intrusismo laboral, ya que entendemos que utilizan auxiliares para realizar funciones de Ia los jugadores del primer equipo del FCB en eventos y desplazamientos a otras ciudades.

El Director de Seguridad del FCB nos comentó que no realizaban esas funciones, incluso una mascota sindical, con cargo de Secretario General de un Sindicato que no nos molestamos ni en mencionar, nos llamó diciendo que eran utilleros, él sí que hace de utillero dando esas explicaciones.

Os adjuntamos algunos vídeos que hemos aportado en la denuncia. Nos parece penoso que una institución como el FCB permita este intrusismo laboral y tenga entre sus directivos a analfabetos profesionales que no saben diferenciar entre auxiliar y escolta.


8 de mayo de 2014

ZARAGOZA:Un vigilante de seguridad de la Universidad, herido por un «piquete informativo»

Trató de frenar su entrada en un aula y acabó con un labio partido

Un vigilante de la Universidad de Zaragoza ha resultado herido tras intentar frenar el acceso a un aula de un «piquete informativo» durante la jornada de huelga convocada por los sindicatos de estudiantes para este jueves. El incidente se produjo cuando un grupo de huelguistas se dispusieron a acceder a un aula, momento en el que varios miembros de la seguridad de la Universidad intervinieron. En vez de deponer la actitud y seguir las indicaciones de los vigilantes, se produjo un forcejeo que acabó con uno de los agentes de seguridad con el labio partido.

La Universidad de Zaragoza ha emitido un escueto comunicado condenando la agresión sufrida por este miembro del servicio de seguridad. El Consejo de Dirección de la Universidad, a través de este comunicado, asegura que «condena enérgicamente la agresión», si bien fuentes sindicales estudiantiles han apuntado que la propia dirección universitaria ha mediado para que lo ocurrido no acabe en denuncia.

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, quien también preside actualmente la Conferencia de Rectores españoles (CRUE), ha dicho comprender la «inquietud» de los estudiantes por las políticas educativas y los recortes presupuestarios. Los hechos se han producido en uno de los edificios de aulas del campus de San Francisco de la capital aragonesa. En su comunicado, el consejo directivo de la Universidad afirma que «la defensa de las libertades y de los principios democráticos recogidos en los Estatutos de la Universidad son principios incompatibles con cualquier tipo de agresión».

El presupuesto de las casetas de feria de Sevilla: 800 euros para tener seguridad privada durante toda la semana

El anuncio suena bien. Magníficos adosados a pie de albero. Cocina completamente equipada hasta con tres o cuatro freidoras. Cuarto de baño de estilo minimalista pero completo y funcional. Amplio salón comedor amueblado sin escatimar. Terraza con vistas privilegiadas al paseo de caballos. Desde sólo 12.000 euros... Pero cuidado. Hay letra pequeña. Ya saben: para optar a uno, el camino es largo. Tanto como las listas de espera, de años, a las que hay que sobrevivir para aspirar a tener una caseta en propiedad. Si usted y sus amigos ya consiguieron vencer el trance, ya sólo les queda el último paso: empezar a pagar.

Saquen papel y boli: ¿Cuánto vale poner en pie una caseta en el Real con todos sus avíos? "En nuestro caso, llevamos muchos años manejando un presupuesto que siempre hemos conseguido no cambiar: 12.000 euros. Con eso lo cubrimos todo. De ahí en adelante, en todo lo que se mueve en la Feria, el límite está en lo que tú te quieras gastar", detalla el encargado de una pequeña caseta de la calle Bombita. Los gastos, puntualiza, empiezan varios meses antes, cuando hay que poner en marcha todo el papeleo. Principalmente, renovar una licencia municipal que el Ayuntamiento cobra en función de los metros que ocupe la caseta. "Las más pequeñas deben pagar unos 1.200 euros". Ésa es una de las partidas principales. Otra es la que supone la contratación de seguridad privada. Unos 800 euros por toda la Feria, que oscilarán en función de las horas contratadas. "Hoy en día casi todas las casetas disponen de portero. Por seguridad y para garantizar la comodidad de los socios", explica el responsable de la puesta en marcha de una caseta de la calle Sánchez Mejías.

Más gastos importantes. La música, que no puede faltar. Un grupito flamenco puede cobrar por toda la Feria entre 2.500 y 3.000 euros. "Y le hablo de los más económicos, ¿eh? Algunos pretenden cobrar auténticas barbaridades y hay que decirles que se bajen de la parra".Más del triple si subimos hasta el peldaño de grupos como Siempre Así, uno de los grandes reclamos de la mastodóntica caseta del Círculo de Labradores. "Uffff... Ahí estamos hablando ya deChampions League, por categoría de los cantantes y por caseta. Le doy un dato: allí ocurre al revés. Son los catering los que concursan y pagan mucho dinero por poder explotar sus barras. Eso es otro mundo". Claro que siempre queda la opción del alquiler del equipo de sonido (supone menos de la mitad que pagar a un grupoamateur). Una opción más barata pero, no lo duden, menos exitosa.

Casetas de 'Champions League' El montaje de la estructura puede suponer unos 2.000 euros si se contrata de forma aislada, cosa que ocurre en contadísimos casos. "En todas las casetas, es el Ayuntamiento quien se encarga de levantar la estructura tubular de la zona noble. La posterior sí corre por cuenta ya de la caseta". Aquí el abanico de posibilidades es infinito. Muchas acuerdan por ejemplo con algún hostelero el pack conjunto de montaje y servicio de catering, de modo que a cambio de poder explotar la barra de la caseta, el mismo bar o restaurante se encarga de preparar toda la infraestructura, acondicionar su cocina y llevar hasta allí las mesas y sillas necesarias. En caso de que esta última parte no se incluya, se deberán alquilar. Decenas de furgonetas se pasean los días previos por el Real ofreciendo su mobiliario. Eso sí, para dar las últimas puntadas, muchas casetas se reúnen durante el domingo previo al alumbrao para terminar de ultimar la decoración y celebrar una costumbre en auge: el potaje de preferia, al que los socios (que pagan unas cuotas anuales de entre 500 y 700 euros) están invitados.

Además de las grandes partidas, hay otras muchas más pequeñas. La lista es extensa: pintura, tintorería para las lonas de techo y paredes, alquiler de sanitarios o reposición de las piezas que se vayan deteriorando de un año para otro. También hay que sufragar otras gestiones menores pero igualmente imprescindibles: contratar un seguro de responsabilidad civil, que ronda los 200 euros según la compañía. Desde hace varios años, es obligatorio que además la cobertura incluya el periodo de montaje y desmontaje, para tener englobado cualquier accidente laboral que puedan sufrir los peones. También hay que pagar lo que se denomina certificado de solidez, que consiste en que un aparejador dé fe de que el chiringuito no se va a venir abajo. 115 euros vale aproximadamente, aunque no todas lo acaban sacando.

Prosegur nombra ejecutiva a la hija de su presidenta, que cobrará más de 200.000 euros al año

Chantal Gut ocupa desde noviembre un cargo de nueva creación, la dirección de Expansión Internacional del gigante español de la seguridad privada. Hija del fundador de la compañía y de su actual presidenta, es consejera del grupo desde 1997.

Relativamente joven, sobradamente preparada y perteneciente a la familia que controla algo más del 50% de Prosegur, Chantal Gut Revoredo lo tenía todo para convertirse en alta ejecutiva del gigante español de la seguridad privada, que conoce a la perfección porque lleva en su consejo de administración desde el año 1997.

Y así ha sido. Desde el pasado 21 de noviembre, Gut Revoredo es la responsable del área de Expansión Internacional de la compañía, un cargo de nueva dirección desde el que se encarga de coordinar el crecimiento exterior de un grupo al que la crisis en España ha obligado a redoblar su apuesta por los nuevos mercados. Con sus nuevas responsabilidades, la retribución de la hija de la presidenta de Prosegur, Helena Revoredo Delvecchio (máxima accionista del grupo y una de las grandes fortunas de España) va a rondar los 200.000 euros anuales, a tenor de las cifras remitidas por la compañía este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La mayor parte de esos 200.000 euros corresponde a los cerca de 140.000 euros que Chantal Gut ya se embolsaba como miembro del consejo de administración de Prosegur y por su pertenencia a las tres comisiones de ese órgano: la Ejecutiva, la de Auditoría y la de Nombramientos y Retribuciones.

Hasta ahora consejera dominical del grupo, ahora sumará a esos ingresos otros 70.500 euros anuales por sus nuevas responsabilidades como directora de Expansión Internacional de la compañía que pilota su hermano, Christian Gut Revoredo, consejero delegado de Prosegur. Lo hará ya convertida en consejera ejecutiva, un rango que hasta ahora sólo ostentaban su madre y el propio CEO del grupo.

Sin blindaje y con compromiso de no competencia En la documentación remitida este miércoles a la CNMV, Prosegur explica que “Doña Chantal Gut Revoredo dispone de un contrato especial de trabajo para personal de alta dirección con carácter indefinido en vigor desde 21 de noviembre de 2013” que “no contiene cláusulas específicas de indemnización o permanencia, ni similares”. “Por el contrario, doña Chantal deberá cumplir durante el periodo de validez del contrato, con un compromiso de no competencia” y “el plazo de preaviso para la extinción del contrato, tanto para Doña Chantal como para la Compañía, es de tres meses”. En el caso de que Prosegur no cumpla con dicho preaviso (si decidiera despedirla), Chantal Gut “tendrá derecho a percibir el importe equivalente a los salarios correspondientes a la duración del periodo incumplido”.

En el mismo documento, Prosegur explica que, desde el 21 de noviembre hasta finales del año pasado, “Doña Chantal Gut Revoredo ha recibido 6.211,43 euros en concepto de retribución por su condición de Directora de Expansión Internacional". Para el ejercicio 2014, la remuneración establecida es de los citados 70.500 euros anuales, "sin variable adicional”. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por IESE, Chantal Gut se incorporó al consejo de Prosegur al mismo tiempo que su hermano, en junio de 1997, y tras el fallecimiento en un accidente de tráfico de su padre, Herberto Gut, el fundador de la compañía. Miembro del Patronato de la Fundación Prosegur, es también secretaria y consejera de Gubel S. L., la sociedad que canaliza la participación de la familia en la compañía.

Interior contratará guardias privados para vigilar el perímetro de todas las cárceles

El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la vigilancia perimetral de esas instalaciones. Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar que en breve ejecutará una segunda fase de ese plan para que guardias privados comiencen a asumir de forma generalizada la labor de vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que hasta ahora sólo podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.

El propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta parlamentaria. “En una primera fase, el Plan se ha desarrollado como modelo en 21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios, no siendo posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán los servicios de seguridad privada”, explica el Ejecutivo en su contestación, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 24 de abril.

Esa afirmación implica un cambio relevante en el modelo de gestión de los centros penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido que la contratación de personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y que su aplicación se limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de la Administración del Estado –los centros catalanes son competencia de la Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.

Vallados, cámaras y accesos Según especifica Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”. “Se pretende que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada, siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la seguridad del centro penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a la recuperación de efectivos policiales para asumir funciones de seguridad ciudadana”, afirma el Gobierno.

En concreto, la vigilancia del perímetro de las cárceles implica el control de los vallados y muros exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los accesos reservados a familiares, entre otras funciones. Hasta mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en exclusiva por la Guardia Civil o la Policía Nacional (dependiendo de sus competencias en la zona de la prisión), y por las policías autonómicas en los territorios con las competencias de seguridad transferidas.

El aval de la Ley de Seguridad Ciudadana El Ministerio del Interior extenderá este modelo con la cobertura de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente por el Congreso el pasado mes de marzo y publicada en el BOE el 4 de abril. En su artículo 41.3, la norma habilita expresamente a los vigilantes de seguridad privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les concede la posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo requieran las circunstancias”. No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que ese trabajo se realice bajo la “dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una condición que subraya Interior para recordar que el Estado seguirá siendo el máximo responsable de ese control.

Interior no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector privado. La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal de empresas compuesta por ocho compañías del sector de la seguridad. En total, ha supuesto la contratación de 254 vigilantes de seguridad. Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han concluido que “los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada “han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.

Reorganización de las plantillas Desde la cartera de Fernández Díaz aseguran que el único objetivo de este plan es liberar para otras funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación media de entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa cifra se reduzca drásticamente con la llegada de personal privado.

La medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de prisiones, que consideran que en realidad se trata de una estrategia premeditada para que el personal privado desplace progresivamente a los funcionarios en todos sus cometidos. A su juicio, la contratación de guardias privados para la vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan. Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior. En su opinión, sólo es cuestión de tiempo que el personal contratado empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el Ministerio.

Real como la vida misma


Hay menos policías y Guardias Civiles: ¿Significa eso menos seguridad en España?

Es una pregunta de lo más pertinente dadas las circunstancias. Y es que ambos cuerpos de seguridad han perdido 5.504 efectivos en los dos últimos años, lo que significa un descenso de funcionarios de 3,54%, según datos facilitados pro el Ministerio del Interior en el Congreso de los Diputados 

España tenía a finales de 2013 un total de 149.781 policías y guardias civiles, lo que supone 5.504 efectivos menos que dos años antes. Estos datos del departamento de Jorge Fernández Díaz, enviados en respuesta a varias preguntas del portavoz del PSOE Miguel Ángel Heredia, recogen que el número de efectivos ha descendido en las dos ciudades autónomas y en todas las provincias españolas a excepción de cuatro -Teruel, Soria, Girona y Tarragona- que tuvieron incrementos muy leves.

La Policía Nacional tenía a finales del año pasado un total de 69.610 agentes, 2.983 menos que dos años antes (-4,11 por ciento); en sus Servicios Centrales había 10.126 policías, 822 menos que en 2011, un descenso del 7,51 por ciento. Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía solo aumentaron en estos dos años en tres provincias: Tarragona (5,26 por ciento), Lleida (4,97 por ciento) y Castellón (1,88 por ciento).

En lo que se refiere a la Guardia Civil, perdió 2.521 agentes entre 2011 y 2013, al pasar de 82.692 a 80.171 (3,05 por ciento menos); el descenso de los efectivos de Servicios Centrales fue del 3,29 por ciento (234 menos).Seis provincias -Girona, Barcelona, Baleares, Soria, Teruel y Madrid- y la ciudad autónoma de Melilla vieron aumentar el número de guardias. A la vista de los datos, el PSOE ha denunciado que "nunca se ha reducido tantos efectivos en tan poco tiempo" y Heredia ha manifestado su "preocupación" a la vista de que "esos recortes se traducen en un descenso en la seguridad de los ciudadanos". Además, ha lamentado que el Gobierno "apueste por la seguridad privada, como pone de manifiesto su Ley de Seguridad Ciudadana" con la que, según ha incidido, "ganan las empresas pero pierden los ciudadanos".