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El contrato de vigilancia y escoltas incluye el control de 72 edificios públicos de la Comunidad autónoma
El Gobierno aragonés se gasta cada año más de 10 millones de euros en seguridad privada. Es el precio del dispositivo de vigilancia de edificios oficiales, control de accesos y seguridad de altos cargos que cuentan con servicio de escolta.El coste anual estimado asciende a 8,5 millones de euros al año más IVA, según consta en el pliego de condiciones que acaba de publicar el Gobierno regional para adjudicar el nuevo contrato de seguridad privada, que entrará en vigor en febrero del próximo año.
El grueso de este coste corresponde a la vigilancia y seguridad de edificios oficiales. Según esta licitación, ese operativo de seguridad privada abarca a un total de 72 edificios de la Comunidad autónoma, 15 en la provincia de Huesca, 16 en la de Teruel y 41 en la de Zaragoza. La lista de sedes que son objeto de vigilancia privada incluye la sede central del Gobierno aragonés (el zaragozano edificio Pignatelli), los hospitales públicos repartidos por la región, las sedes administrativas oficiales y las sedes judiciales de toda la Comunidad autónoma. También los edificios donde se ubican organismos y empresas públicas del Gobierno aragonés, caso de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). El contrato abarca tanto los medios humanos (vigilantes) como los técnicos, caso de los circuitos de videovigilancia o los equipos de escaneado en controles de acceso.
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