El drama del desempleo esconde la realidad silenciada de la explotación laboral y el abuso, fenómenos que se recrudecen con la crisis.
Hay un drama silencioso y silenciado que convive con el drama del desempleo. Se llama explotación laboral. En muchos centros de trabajo, la gente se ha acostumbrado a tenerlo sentado a su lado. La crisis hace que prolifere una casta de empleadores sin escrúpulos que aprovechan la coyuntura para exprimir y explotar a las personas a su cargo. De cada 100 inspecciones llevadas a cabo por Trabajo a lo largo de 2012 (datos a 30 de noviembre), en un 23,9% de los casos se detectaron irregularidades (las situaciones de explotación laboral son simplemente una parte del largo catálogo de irregularidades). En el sector de la hostelería, el registro se acerca al 30%.
“En España hay un serio problema de concienciación social”, dice en su despacho del Ministerio de Empleo Juan José Camino Frías, subdirector general para la Inspección en materia de Seguridad Social, Economía Irregular e Inmigración. “Hay una excesiva tolerancia que es de extrema gravedad”, dice en referencia a las múltiples irregularidades que se producen. Se queja tanto por el atentado que suponen contra los derechos de los trabajadores, como por la cantidad de cotizaciones sociales que no son abonadas y que servirían, entre otras cosas, para poder hacer frente a los crecientes pagos en materia de prestaciones de desempleo.
La crisis alumbra una era de trabajadores cada vez más indefensos, utilizados como kleenex de usar y tirar. El drama de la explotación laboral sucede en silencio. Los trabajadores no quieren denunciar por miedo a perder esa preciada conquista, cada día más valiosa: el empleo. Casi todos los empleados entrevistados para este reportaje (menos dos) declinaron aparecer en fotografías y pidieron figurar con las iniciales. No quieren presentarse como díscolos. Por miedo a perder su trabajo. Por miedo a que en el futuro no les quieran emplear. Por miedo a estos tiempos de empleadores con la sartén por el mango.
El guardia de seguridad que no ha cobrado en seis meses Manuel Chicharro tiene 50 años y ya no aguanta más. Es guarda de seguridad desde 1988 y ha visto de todo: compañeros en empresas de seguridad que recibían cuatro euros por hora; gente trabajando sin contrato... En el puesto que ocupó hace unos años en un conocido museo de Madrid, recuerda, se tenía que llevar a su hijo durante su turno porque no le permitían librar el fin de semana (algo a lo que tenía derecho por ley; está separado). Pero nada comparado con quedarse sin cobrar durante seis meses consecutivos.
Manuel está hundido. Va camino de siete meses sin ingresar un euro, sin poder pasar la pensión de 400 euros a su exmujer, siete meses viviendo de lo que ingresa su compañera. “El drama es que no hay cobertura para el obrero”, dice cerca de una oficina del INEM en Alcorcón, a las afueras de Madrid. “Y las instituciones colaboran en este proceso que no hace otra cosa que hundir a las personas”. Su caso es extremo, refleja la indefensión de un trabajador cuando su empresa quiebra. Refleja esa era del trabajador de usar y tirar. Trabajaba como guarda en el Centro de Formación Primero de Mayo de Leganés. El 1 de enero de 2012, hace ahora algo más de un año, la empresa para la que llevaba trabajando 12 años (Ariete) le subrogó (como ocurre muy a menudo en el sector de seguridad, explica). Pasó a estar en nómina de otra empresa, ESABE, cuya cúpula directiva fue detenida el pasado 20 de diciembre, acusada, entre otros delitos, de un fraude de 30 millones de euros a la Seguridad Social.
Numerosos empleados de ESABE vivieron una auténtica pesadilla los últimos seis meses de 2012: “Imagina lo que es no cobrar, mes a mes, durante cinco meses, pero tener que ir a trabajar cada día porque si no te despiden”. Manuel aguantaba, esperando a ser nuevamente subrogado a otra empresa. Pero no fue así, a diferencia de lo que ocurrió con el resto de sus compañeros, que fueron integrados en Prosegur. A pesar de tener 12 años de antigüedad en la anterior empresa, necesitaba haber trabajado siete meses en ESABE para poder ser subrogado de nuevo, explica. Le faltaban 25 días para llegar a esos siete meses. Ahora, ni cobra lo que le deben ni trabaja, ni tiene opción. Por ahora, a cobrar el paro.
“Las Administraciones públicas recurren a empresas que les salen baratas, pero lo barato sale caro”, dice, indignado. Cita su caso, y el de Madrid Arena. “Ya no se contrata a profesionales de la seguridad, se va a lo barato y luego pasa lo que pasa”. Dice que en las Administraciones públicas contratan a empresas de seguridad para que hagan el trabajo que los policías municipales o los fijos de plantilla no quieren hacer: “Nos tienen de porteros, de conserjes, y todo para que la gente, que muchas veces nos pide que fichemos por ellos, pueda escaquearse de sus puestos”.
Accede al reportaje publicado por elpais.com AQUÍ
