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7 de agosto de 2017

BARCELONA: Los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion también convocan huelga en El Prat

Se encargan de la inspección de equipaje de bodega, el control de acceso de empleados, suministros y vehículos, y la vigilancia en terminales e instalaciones aeroportuarias

Los vigilantes de seguridad de la empresa Ilunion (dependiente de la ONCE) también han convocado una huelga indefinida en el Aeropuerto de El Prat a partir del 16 de agosto, que consistirá en el paro total de lunes a viernes, según han explicado fuentes sindicales.

Ilunion Seguridad se encarga de la inspección de equipaje de bodega, el control de acceso de empleados, suministros y vehículos, y la vigilancia en terminales e instalaciones aeroportuarias, que incluyen consignas, rondas y patrullas. En el documento de convocatoria de huelga que se ha registrado a la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, el comité de huelga alega que los paros responden a la "negativa de la empresa para equiparar las condiciones de trabajo y económicas entre la plantilla del Aeropuerto de El Prat", y después de varias reuniones sin llegar a un acuerdo.

Los objetivos de la huelga son conseguir un plus de 350 euros para los vigilantes del aeropuerto; la equiparación de los pluses de toda la plantilla; el pago del parking "como se venía haciendo antes de la subrogación", y el pago en su totalidad del plus de escáner aeroportuario. Los trabajadores también piden ampliar la plantilla "según necesidades del servicio" y que los nuevos empleados estén formados adecuadamente, y que todos los contratos sean indefinidos.

Fuentes de Aena han asegurado que "no tienen constancia" de esta nueva huelga porque que de momento no han recibido convocatoria pero han llamado a la calma, ya que los servicios de los que se encargan estos trabajadores no afectan apenas a los pasajeros. Las mismas fuentes han negado que Ilunion intervenga en el proceso de carga de maletas en las bodegas de los aviones, por lo que si se confirma la huelga esto no se tendría que traducir en un nuevo caos para los viajeros.

Eulen gestiona la seguridad en 21 aeropuertos por 19 millones al año

La empresa, nació en 1974, como central de limpieza. Hoy factura 1.500 millones y cuenta con 86.000 trabajadores en todo el mundo

Eulen es una empresa de multiservicios que emplea a más de 86.000 trabajadores a nivel mundial y factura 1.500 millones de euros. La compañía gestiona los controles de seguridad de más de una veintena de aeropuertos españoles. Entre ellos, el de El Prat (Barcelona), donde los trabajadores están en huelga porque le reclaman mejoras laborales. Los principales negocios que tiene, tanto en España como en el exterior, son de limpieza, seguridad, servicios sociosanitarios, trabajo temporal, mantenimiento de instalaciones y medioambiente. Ofrece también servicios de mantenimiento, jardinería, logística y telemarketing entre otros.

La firma está en el negocio de la seguridad desde 1974 y, según destaca en su página web, "se mantiene a la vanguardia gracias a la calidad de su trabajo y al compromiso de sus trabajadores y directivos”. La compañía fue fundada por el empresario leonés David Álvarez Díez en 1962, cuando constituyó Central de Limpiezas El Sol. Eulen creció de forma rápida y amplió los servicios que ofrecía. Tras la muerte de David Álvarez, sus hijos se enfrentaron para lograr el control de la empresa. El patriarca, en los últimos años de vida, dejó la empresa en manos de su hija María José Álvarez, que tiene el 60% de Eulen, y apartó al resto de los vástagos del control. Los cinco hijos díscolos, mientras, se hicieron fuertes en otra sociedad patrimonial de la familia, El Enebro, que controla las bodegas de Vega Sicilia.

Eulen está presente ya en 14 países (España, Portugal, EE UU, Colombia, Costa Rica, Chile, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Libia, Omán y Catar) y se ha embarcado en un proceso de internacionalización para los próximos cinco años. Con esto pretende convertir al grupo de servicios a empresas en una multinacional que trascienda el mercado, el español, ya maduro para su negocio.

El grupo ofrece cerca de 50 servicios específicos diferentes en nueve líneas de negocio y cuenta con propuestas específicas como limpieza y desinfección de hospitales, ciberseguridad, seguridad a bordo de buques, logística en zonas de riesgo, servicios escolares, gestión de instalaciones deportivas e incluso la valoración de procesos de adopción o el control del absentismo escolar.

6 de agosto de 2017

Cospedal gasta 420.000 euros en simular un barrio árabe, mientras permite la explotación laboral de vigilantes

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, junto a un tanque.La empresa contratada por la ministra de Defensa para vigilar el Museo del Ejército ha sido condenada dos veces por la Audiencia Nacional

No es broma. La ministra de Defensa, diputada nacional por Toledo, presidenta del PP en Castilla-La Mancha y secretaria general de la misma formación, María Dolores de Cospedal, se va a gastar 420.000 euros del erario público en la construcción de un barrio árabe en el Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla (Albacete), que se utilizará como escenario para el adiestramiento de los ejércitos en combate.

La noticia no dejaría de encuadrarse dentro del esperpento nacional si no fuera porque, paralelamente a esta delirante construcción, la lideresa permite que la empresa que ella misma contrató para vigilar el Museo del Ejército, sito en el emblemático edificio del Alcázar de Toledo, continúe prestando estos servicios a pesar de haber sido condenada hasta en dos ocasiones, a instancias del Ministerio de Trabajo, por aplicar políticas laborales “contrarias a derecho y no reunir los requisitos de legitimación recogidos en el Estatuto de los Trabajadores”, señala la sentencia de la Audiencia Nacional a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM.

No tiene permiso para armas De ahí que CCOO inste al Ministerio de Defensa a rescindir de inmediato la contrata con Marsegur, que tampoco tiene permiso del Ministerio de Interior para acceder a las armas del armero de la seguridad del Alcázar. Según el sindicato, sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de forma flagrante el pliego de condiciones de la contrata. Además, la empresa está empleando como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior, incurriendo en intrusismo laboral ya denunciado por CCOO ante la Delegación del Gobierno (en manos de un fiel servidor de Cospedal) y ante el departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional.

Condenada a costas por mala fe En este sentido, Carlos García, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción, asegura que “asombra que el Ministerio de Defensa concediera la contrata de la vigilancia del Museo del Ejército a una empresa cuyos dos últimos convenios colectivos fueron impugnados por el Ministerio de Trabajo y anulados por la Audiencia Nacional”. Y es que la última sentencia de la AN, del pasado 5 de mayo, no sólo declaró contrario a derecho el convenio colectivo que Marsegur pretendía que sustituyera al que ya le fue declarado nulo un año antes, sino que además impuso a la empresa una sanción de 6.000 euros y la condenó a costas por mala fe y temeridad.

“El capo de la seguridad privada” Pese a las sentencias, la empresa continúa aplicando el convenio colectivo anulado por la AN, con la considerable merma salarial y grave deterioro laboral de los vigilantes, que también pretendió aplicar en las dependencias del Gobierno de Castilla-La Mancha, organismo que cuando comprobó que la empresa cambió a la baja los salarios y las condiciones de los vigilantes que venían prestando ese servicio decidió rescindir de inmediato la contrata con Marsegur, empresa que al igual que Sinergias pertenecen a la órbita patronal de Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y conocido como el “capo de la seguridad privada en España”, subraya el sindicato.

“Báñez tiene calada a la empresa” CCOO denuncia que los bajos sueldos y las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores permiten a estas empresas acudir a los concursos “tirando los precios”, dice García Montoya, al mismo tiempo que pide a Cospedal que compruebe todos estos hechos y rescinda de inmediato el contrato con Marsegur. “Parece mentira que, con lo calada que tiene a esta empresa la ministra Báñez, la ministra Cospedal la siga favoreciendo con sus concesiones”, añade, “parece mentira que el ministro Zoido no tenga habilitada a Marsegur para coger las armas del armero del Alcázar y que a Cospedal le dé lo mismo que incumpla así el pliego de condiciones; parece mentira que Marsegur emplee como vigilantes a personas no habilitadas por Zoido, y que Cospedal siga pagando todos los meses a esta empresa; con el dinero de todos nosotros, claro, no con el suyo”.

Construir para luego destruir Pero la ministra tiene otras preocupaciones “más importantes” que proteger los derechos laborales de los trabajadores. Y una de esas preferencias hay que localizarla en Albacete donde el Ministerio de Defensa ya ha licitado por valor de 421. 421.696 euros la construcción de un barrio árabe que contará con un centro comercial, un edificio de tres plantas, una zona nueva con cinco viviendas, además de una mezquita. Ninguna de estas construcciones contará con suministro de agua o luz ya que su función última será la de la formación militar, o lo que es lo mismo, será el escenario para el adiestramiento de los ejércitos en combate que recogen, entre otros ejercicios, prácticas de tiro, maniobras con explosivos, lanzamiento de granadas de mano y ejercicios tácticos de actividades y fuego real. Es decir, Cospedal construirá estas instalaciones para luego destruirlas.

“Recrear el bombardeo de civiles” Construcción que ya ha recibido su primera crítica de la mano del coordinador de IU de Albacete, Cristian Ibáñez, que considera que dicho campo de tiro conlleva “recrear la invasión y bombardeo de zonas civiles”, además de ser “una auténtica provocación xenófoba y fomentar el enfrentamiento entre civilizaciones”. Ibáñez cataloga de “insultante y provocación” que se planee levantar un “centro comercial, un edificio de tres plantas, una mezquita y una nueva zona de edificios con cinco viviendas”, y se pregunta si entre las misiones del ejército español está “el arrasar zonas llenas de civiles inocentes".

El coordinador de la coalición de izquierdas lo tiene claro: “este parece ser el único tipo de inversión que es capaz de atraer a Albacete la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien de embajadora de los recortes de todo tipo de servicios públicos ahora ha pasado a planificadora de la invasión militar de zonas civiles”, concreta.

AENA paga ahora el contrato de baja temeraria en el aeropuerto de Barcelona

El caos crece y pone en evidencia al gestor, que adjudicó la seguridad a Eulen con un presupuesto ralo. Y provoca también un daño reputacional a Eulen, marcada por las fricciones familiares, que gestiona otros 18 aeropuertos.

La muerte del patriarca, el empresario leonés David Álvarez, agudizó el conflicto por la herencia, con años en los tribunales. Las colas en las zonas de embarque aumentan y no ha llegado lo peor: el paso de paros parciales a totales. Y si AENA no lo remedia, como hasta ahora, los pasajeros seguirán perdiendo sus vuelos. 
Eulen, la contrata de seguridad del aeropuerto de Barcelona-El Prat, se ha convertido en foco de atención tras el caos en las zonas de embarque en forma de largas colas de espera. No sólo eso: también ha puesto al descubierto la falta de reflejos de AENA, el gestor, y la ausencia de una ley de huelga, que contemple también, entre otras cosas, las de celo como la que están llevando a cabo los trabajadores de Eulen. Cosas de las lagunas en la legislación laboral, que esta vez afecta al aeropuerto de Barcelona, emblemático epicentro turísitico. Y se repite también un hecho: que un puñado de trabajadores pone en un brete al país, del mismo modo que ha ocurrido otras veces con otros colectivos: controladores, estibadores, pilotos y empleados de limpieza. En el caso que no ocupa, con daño colateral flagrante: el perjuicio para cientos de pasajeros, muchos de los cuales pierden su vuelo atrapados en interminables filas.

Las colas en los controles de seguridad (en la imagen), de hasta hora y media, se repiten ahora por los paros parciales de una hora (a las 5:30, 10:30, 16:30 y 18:30) los viernes, domingos y lunes, y que pasará a ser de 24 horas, en el corazón de este mes, si no se arregla el conflicto laboral con los trabajadores, rebotados por la condiciones laborales. El daño para Eulen es sobre todo reputacional -es el único de los 18 aeropuertos españoles en los que gestiona la seguridad donde sus trabajadores se han alzado- pero lo compartirá también con el gestor que preside José Manuel Vargas, incapaz de poner remedio al caos. En el trasfondo, late el presupuesto de salida del concurso, de 23,6 millones por dos años (como consta en el BOE), que se adjudicó, hace un año, Eulen, y perdió Prosegur.

La razón del conflicto laboral en el Prat está precisamente en ese presupuesto, muy escuálido, lo que ha provocado el recorte de sueldos y de efectivos. Fue el motivo porque el que a Prosegur (responsable también de la seguridad en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) le importó lo justo perder la contrata (incluso fue multado en varias ocasiones por un servicio deficiente). Eulen, en paralelo, se agarró a ese contrato de baja temeraria, porque en esa tarta se juega parte de su cuenta de resultados, que no van mal: beneficio de 24 millones el año pasado con una facturación de 1.520 millones.

Una historia empresarial y familiar compleja El episodio de El Prat lesiona a su vez, como señalábamos, la reputación de la compañía, vinculada a su vez a otra, El Enebro, propietaria desde 1982 de Bodegas Vega Sicilia, con un tronco común: el empresario leonés David Álvarez Díaz, fallecido hace dos años, noviembre de 2015. Su pericia empresarial empezó en 1962 con la creación de Central de Limpiezas El Sol, germen de lo demás, un grupo internacional de 84.000 empleados.

¿Problemas?: los clásicos de herencia familiar para el control posterior del patrimonio que dejó, lo que provocó un enfrentamiento entre los siete hijos de Álvarez Díaz. El deseo del patriarca, expresado en su testamento, fue que asumiera las riendas de la gestión su hijaMaría José Álvarez, pero el resto de hermanos llevó el caso a los tribunales. El conflicto había comenzado bastante antes, cuando el empresario retomó, con 82 años (dos veces viudo, se casó por tercera vez a esa edad), el control de Eulen, apartando a cinco de ellos de la empresa.

Según los trabajadores de Eulen en El Prat, la razón del conflicto laboral está precisamente en el presupuesto, muy escuálido, que presentó y AENA aceptó, lo que ha provocado el recorte de sueldos y de efectivos. Eulen, en España, no sólo está en el aeropuerto de Barcelona. En 2015, ganó el concurso para adjudicarle la seguridad de 18 aeropuertos españoles, con menos de medio millón de pasajeros anuales, por 8,9 millones y dos años. Y no sólo de seguridad. También gestiona servicios de información o mantenimiento en otros aeropuertos.

5 de agosto de 2017

Doble sanción a Eulen de hasta 300.000 euros por las huelgas de El Prat

Aena abre dos expedientes sancionadores a la concesionaria de la seguridad en Barcelona por la "merma de calidad" que ha ocasionado el conflicto

Doble sanción a Eulen de hasta 300.000 euros en total por la retahíla de huelgas en la concesionaria de los filtros de seguridad del aeropuerto de El Prat de Barcelona, que el 14 de agosto se convertirán en un paro indefinido. Aena ha abierto dos expedientes sancionadores a la multinacional de la familia Álvarez por la "merma de calidad" que ha sufrido el servicio debido al conflicto. Según han informado fuentes del sector de la seguridad a Crónica Global, el gestor aeroportuario ha incoado la doble vía sancionadora que, sumada, podría acabar con multas de 300.000 euros a la empresa encargada de gestionar los controles de pasajeros y equipajes del hubaéreo barcelonés.

Las mismas fuentes han precisado que la doble medida "ya está en marcha", por lo que llega un día antes de que Eulen sufra los primeros paros parciales de sus 354 empleados y once días antes de que esta misma plantilla inicie una huelga del 100% el 14 de agosto.

PARTIDA EXTRA DE 425.000 EUROS Las mismas fuentes han recalcado que Eulen dispone de músculo financiero suficiente para reforzar la plantilla que opera los arcos detectores. "La concesionaria pactó con Aena una partida presupuestaria extra de 425.000 euros para cubrir el incremento de tráfico en verano. La dotación de fondos es efectiva desde el pasado 1 de julio", han subrayado. "La partida debía asegurar que todo quedara garantizado en los arcos detectores. Se enmarca en el incremento de recursos para operativa que moviliza El Prat para cubrir la temporada alta. Ello incluye limpieza o agentes de atención al pasajero, entre otros aspectos", han indicado las mismas voces.

"INTENCIÓN DE NEGOCIAR"

La noticia de que la concesionaria será multada pese a que disponía de fondos extra para cubrir la operación verano en El Prat coincide con la última versión aportada por la firma que preside María José Álvarez. "Hasta en tres ocasiones la empresa ha acudido a las reuniones convocadas por la autoridad laboral con intención de negociar y ofrecer propuestas", ha indicado el grupo en un comunicado el jueves. "El comité de huelga --continúa la nota-- o no ha comparecido o cuando lo ha hecho, no ha manifestado ninguna intención de negociar". Además de afear a la plantilla su escasa voluntad negociadora, Eulen ha lamentado que "el 75% de trabajadores no asistiera" a la asamblea que decidió convocar una huelga indefinida para mitad de agosto. "Sólo una cuarta parte de los que asistieron votó sí", ha agregado la enseña.

BASSA HURGA PERO NO RESUELVE Ante la escalada del conflicto de la seguridad de Eulen, la consejera catalana de Trabajo, Dolors Bassa, también ha querido aportar su versión. La republicana ha publicado un tuit desde su cuenta oficial que reza: "¡Mañana huelga en el aeropuerto! Trabajo ya mediamos, pero, ¿dónde está Aena? ¿Dónde está Enric Millo [en referencia al delegado del Gobierno en Cataluña]? ¿Dónde está el Gobierno? Necesitamos competencias". Pese a la vehemencia de su mensaje, la titular de Trabajo ha soslayado que Aena no puede mediar en el pulso, pues es parte en el mismo y carece de atribuciones en materia de relaciones laborales. Asimismo, Bassa tampoco ha mencionado las tres reuniones celebradas en Trabajo entre Eulen y los huelguistas que han acabado sin acuerdo.

4 de agosto de 2017

HUELVA: El Concurso de Acreedores de Segur Ibérica golpea a los vigilantes del Mercado del Carmen y Electroquímica

El juzgado mercantil número 3 de Madrid ha aprobado los despidos de los vigilantes delMercado del Carmen y Electroquímica Onubense, que continúan sin adjudicataria que sustituya a Segur Ibérica, que era la empresa que realizaba el servicio.

Así lo ha denunciado en una nota de prensa la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (USO), que asegura que una vez se han aprobado los despidos en Segur Ibérica, esta empresa de seguridad ha solicitado la resolución del contrato con ambos clientes: el mercado del Carmen y Electroquímica Onubense.

Desde finales de la semana pasada, Segur Ibérica ha comenzado a comunicar los despidos a los trabajadores afectados por Expediente de Regulación de Empleo de la compañía, que incluye a los Vigilantes de Seguridad del Mercado del Carmen y Electroquímica Onubense, una vez el juez autorice la finalización de los contratos de seguridad.

Estos vigilantes de seguridad –según el sindicato USO– podrían haber sido subrogados por otra empresa de seguridad de no ser por dilaciones por parte de los responsables de ambos centros en realizar una nueva contratación, por lo que “este conflicto acabará con los dos centros sin vigilancia y los trabajadores en la cola del paro de no buscarse una solución in extremis”. Desde USO anuncian el inicio de acciones sindicales hasta encontrar una salida al conflicto.

3 de agosto de 2017

FERROL: Los vigilantes de Segur Ibérica de FIMO y Porta Nova podrían iniciar un encierro en breve

El conflicto de los vigilantes de seguridad que el Concello tiene adjudicado a Segur Ibérica en FIMO y Porta Nova se ha acelerado desde que el juzgado Mercantil de Madrid aprobó hace dos días la disolución definitiva de la empresa con el consiguiente despedido de todos sus empleados.

El conflicto de los vigilantes de seguridad que el Concello tiene adjudicado a Segur Ibérica en FIMO y Porta Nova se ha acelerado desde que el juzgado Mercantil de Madrid aprobó hace dos días la disolución definitiva de la empresa con el consiguiente despedido de todos sus empleados. Una situación que apremia al Concello para conseguir que alguna empresa se haga con estos servicios y subrogue a los doce vigilantes que trabajan en estas instalaciones municipales. El gobierno local ya abrió dos procedimientos, uno abierto –que quedó desierto– y otro negociado en el que tampoco se pudo llegar a un acuerdo con ninguna firma por un desajuste de última hora en el número de personal subrogable.

Una tercera vía que se intentó desde el consistorio fue la cesión de las unidades productivas por parte del administrador concursal a otras empresas, pero la propuesta tampoco pudo llevarse a cabo por las cargas que Segur Ibérica pudiese tener con la Seguridad Social o Hacienda, tal y como explicó el portavoz del gobierno local Álvaro Montes. “A unidade de Contratación e a de Intervención están a traballar para buscar unha saída”.  El edil de Ferrol en Común señaló que en conversaciones con responsables de la empresa y con el administrador único, se baraja que sea el 10 de agosto cuando Segur Ibérica deje de prestar cualquier tipo de servicio de forma definitiva. 

Protestas Esto deja al ejecutivo ferrolano un margen de apenas 5 o 6 días hábiles para conseguir que una empresa se haga cargo del servicio de forma temporal, pues la intención del gobierno es sacar un procedimiento abierto y armonizado para que una sola empresa de seguridad se haga cargo de todas las dependencias municipales. Mientras tanto, los afectados han decidido llevar a cabo medidas de presión para que los responsables del Concello agilicen los trámites. 

En una asamblea celebrada en el centro comercial Porta Nova, una parte de los vigilantes acordaron realizar un pequeño encierro y repartir octavillas en las instalaciones, así como llevar a cabo una concentración delante del palacio municipal. Además, como último recurso, explicaron ayer representantes sindicales, los trabajadores están dispuestos a realizar un encierro en el propio consistorio.

2 de agosto de 2017

BARCELONA: Las aerolíneas piden medidas urgentes para acabar con las colas en El Prat

La Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo (ACETA) ha expresado hoy su preocupación por los embotellamientos en los filtros de seguridad del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y ha exigido la adopción urgente de medidas que eviten que esta situación se agrave en agosto.


ACETA, asociación de la que forman parte las aerolíneas Air Europa, Air Nostrum, Binter Canarias, Canair, Evelop, Iberia, Iberia Express, Naysa y Vueling, considera que el conflicto entre los trabajadores y la dirección de la empresa Eulen Seguridad está causando "un grave perjuicio" a los pasajeros de El Prat y proyecta una "imagen negativa de España en el exterior". Asimismo, las largas colas en los controles de seguridad están impactando en la operativa de las compañías aéreas, que en muchos casos han de retrasar su salida para esperar a los pasajeros atrapados en los controles.

"Compañías como Vueling, líder en el aeropuerto de El Prat, se están viendo obligadas a retrasar más del 30 % de sus vuelos porque en algunos de ellos faltan hasta 50 pasajeros", asegura ACETA, que calcula que, pese a los retrasos en los despegues, unas mil personas no han podido embarcar desde que el 24 de julio se empezaron a registrar estas incidencias. La entidad que preside Antonio Pimentel advierte que estos problemas se pueden agravar a partir del 4 de agosto, fecha en la que está previsto que se inicien paros parciales los viernes, domingos y lunes por parte de los trabajadores de Eulen Seguridad, concesionaria de los controles de seguridad de El Prat.

"Estos problemas pueden tener un impacto muy negativo en la imagen y la actividad turística del país, ya que cuatro de cada cinco turistas optan por el avión como medio de transporte para visitar España, siendo Barcelona uno de los destinos preferidos", subraya ACETA. La asociación hace un llamamiento a todas las partes implicadas para que sea posible recuperar cuanto antes la normalidad en el aeropuerto barcelonés. "Se debe poner fin de manera inmediata a las esperas y aglomeraciones de pasajeros en las instalaciones de El Prat", insiste la entidad, que considera que esta situación no se puede prolongar "ni un día más". EFE

FUENTE: www.lavanguardia.com AQUÍ

1 de agosto de 2017

Piden a Cospedal que le pare los pies al "capo de la seguridad privada" en Toledo

Miguel Ángel Ramírez, conocido como "el capo de la seguridad privada en España"

El Sindicato de CCOO en Castilla-La Mancha ha instado al Ministerio de Defensa a rescindir "de inmediato" la contrata con Marsegur, empresa encargada de la vigilancia del Museo del Ejército del Alcázar de Toledo, porque esta adjudicataria continúa "pese a haber sido condenada ya dos veces por la Audiencia Nacional a instancias del Ministerio de Trabajo, que en ambas ocasiones instó y logró la anulación del convenio colectivo de esta empresa".

Según ha informado CCOO en nota de prensa, esta empresa "también está utilizando como vigilantes a varias personas que carecen de la habilitación correspondiente del Ministerio del Interior", por lo que CCOO ha denunciado a la empresa por "intrusismo laboral" ante el departamento de Seguridad Privada de la Policía Nacional y ante la Delegación del Gobierno. Asimismo, denuncian que Marsegur "tampoco tiene permiso del Ministerio de Interior para acceder a las armas del armero de la Seguridad del Alcázar" y que "sus vigilantes prestan servicio desarmados, incumpliendo así de forma flagrante el pliego de condiciones de la contrata".

"Asombra que el Ministerio de Defensa concediera la contrata de la vigilancia del Museo del Ejército a una empresa cuyos dos últimos convenios colectivos fueron impugnados por el Ministerio de Trabajo y anulados por la Audiencia Nacional", ha señalado el responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios de la región, Carlos García Montoya. La última sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado 5 de mayo, "no solo declaró contrario a derecho el convenio colectivo que Marsegur pretendía que sustituyera al que ya le fue declarado nulo un año antes, sino que además impuso a la empresa una sanción de 6.000 euros y la condenó a costas por mala fe y temeridad".

Y pese a ello, continúan desde este sindicato, escudándose en que la sentencia no es firme y que la han recurrido ante el Tribunal Supremo, está aplicando el convenio colectivo anulado por la Audiencia a los vigilantes del Museo del Ejército, que han sufrido una considerable merma salarial y un grave deterioro del conjunto de sus condiciones laborales". Así, han reiterado su petición de rescindir la contrata con Marsegur, "tal y como ya ha hecho la Junta con Sinergias Vigilancia y Seguridad tras comprobar que, en cuanto esta empresa se hizo con la contrata de la vigilancia de los edificios del Gobierno regional , cambió a la baja los salarios y las condiciones", ha afirmado García Montoya.

Conocido como "el capo de la seguridad privada" Tanto Marsegur como Sinergias pertenecen al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, "conocido como el 'capo de la seguridad privada en España'". "Aprovechando la Reforma Laboral del PP, las empresas del entorno de Ramírez aplican a sus empleados convenios colectivos propios, muy por debajo en salarios y derechos de lo establecido en el convenio estatal de Seguridad Privada. Los bajos sueldos y las pésimas condiciones laborales de sus trabajadores permiten a estas empresas acudir a los concursos tirando los precios", critican.

La empresa Eulen releva a Prosegur en la seguridad privada del ‘Tarajal II’

El operativo empezará el próximo martes, después del parón por las Fiestas Patronales. El sistema de tarjetas seguirá vigente.

Antonio Borrego vuelve a tomar los mandos de la seguridad privada en el paso de mercancías hacia Marruecos. Con la desaparición de Seguriber en Ceuta, su hasta ahora responsable se hará cargo de la vigilancia en la infraestructura del Organismo Autónomo de Servicios Tributarios de Ceuta (OAST) pero bajo la marca Eulen, de la cual él se encarga en la ciudad. Esta empresa se ha llevado el gato al agua por unos 199.000 euros, como estimó Borrego, y comenzará su actividad en el ‘Tarajal II’ el próximo 8 de agosto. Ese mismo martes tendrá lugar la reapertura del paso de mercancías después de la interrupción de 11 días acordada por España y Marruecos con el fin de facilitar la llegada de turistas y el tránsito en la Operación Paso del Estrecho (OPE).

El operativo se encargará de las actuaciones de verificación del tamaño de los bultos que transportan los porteadores y que deben de llevarse a cabo en la instalación habilitada al efecto por Servicios Tributarios además de ser ejecutada por la empresa de seguridad privada adjudicataria del contrato –servicio de vigilancia, seguridad y control de acceso a personas y mercancías así como a la asistencia al personal de la Ciudad Autónoma en el ‘Tarajal II’–. Además de comprobar que los bultos se ajustan a las medidas de 60x60x40 centímetros, la empresa concesionaria deberá de realizar la organización de los accesos a la misma por parte de los porteadores, el control y organización, en su caso, de personas que accedan a la instalación y la seguridad de la propia instalación, así como del recorrido existente entre la misma y la salida del ‘Tarajal II’.

La experiencia acumulada por la puesta en marcha del punto de inspección económica llevada a cabo por Servicios Tributarios mediante la contratación de la empresa Prosegur (previo concurso público de contratación) mostró cuáles son las necesidades a cubrir por la nueva empresa de seguridad y el precio de las mismas, aconsejando igualmente que dicha contratación se llevase a cabo mediante bolsa de hora de vigilantes. El contrato adjudicado a Eulen es de 12.000 horas. Esto conlleva que cuando el acceso al ‘Tarajal II’ se encuentre cerrado por decisión de la instancia competente, “esto no suponga un gasto innecesario para las arcas públicas, abonándose únicamente las horas realmente necesarias”, según figura en el pliego de condiciones de la Ciudad.

Eulen continuará con el sistema de control de accesos, tanto de entrada como de salida, consistente en la entrega y retirada de las tarjetas de la Delegación del Gobierno a los porteadores. Estas tarjetas tienen que ser “irreproducibles evitando su falsificación y garantizar el control numérico de entradas y salidas”.

Experiencia de un año en la “época más dura” del BiutzBorrego acumula un año de experiencia en el operativo de la “época más dura” del Biutz. Para el contrato del servicio de vigilancia, seguridad y control de acceso a personas y mercancías así como a la asistencia al personal de la Ciudad Autónoma en el ‘Tarajal II’, Eulen dispone en principio de diez profesionales, a los que se sumará Borrego, además de contar a modo de apoyo con una bolsa de vigilantes en caso de que la situación requiriese de refuerzo. La empresa se ha quedado con dos efectivos que conocen el funcionamiento del paso de mercancías –un esporádico y una de las vigilantes– porque Prosegur se habría comprometido a reubicar a nueve trabajadores. Las nuevas incorporaciones han sido seleccionadas por Borrego y uno de los vigilantes ya trabajó en el Biutz.