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4 de marzo de 2016

Un vigilante logra desarmar a un atracador en Valencia

"Cuando vi que cargaba el arma pensé que me pegaba un tiro", relata este vigilante de 31 años



David, de 31 años y con experiencia como militar en misiones en el extranjero, logró con sangre fría desarmar a su asaltante y una vez inmovilizado esperó la llegada de la Policía Local.

"¿Intentándome atracar a mí? Te parto el cuello como no te estés quieto", decía a su atracador mientras lo tenía inmovilizado entre las rodillas con una llave de judo. Así mantuvo retenido durante ocho largos minutos un vecino de Torrent, que trabaja como vigilante de seguridad, a un peligroso delincuente que, armado con una pistola, lo encañonó amenazándole con disparar después de que éste lo sorprendiera saltando una valla para acceder a una finca. 

"Cuando vi que cargaba el arma pensé que me pegaba un tiro", reconoce David, quien en ese momento ni siquiera era consciente del peligro que corría. "Armó la pistola y se le quedó la corredera detrás", relata. Fue entonces cuando de forma instintiva "le di una patada en la mano y le hice un barrido". "Sabía que tenía unos segundos para actuar y los aproveché. Ahora lo pienso en frío y sé que podía haberme salido mal, pero en esosmomentos de adrenalina no lo piensas", asegura un día después de lo ocurrido en su barrio de Torrent, donde todo el mundo lo considera ya un héroe.

Los hechos ocurrieron en torno a las cuatro y media de la tarde del miércoles cuando David, vecino de Torrent y que trabaja como vigilante de la empresa Prosegur, se dirigía al colegio a recoger a sus hijas. Un vecino se le acercó y le dijo que alguien estaba intentando saltar una valla para entrar en una finca de la calle Mare de Déu del Bon Consell. Al ver que era cierto y que podría tratarse de un ladrón, Davidle recriminó su acción. "No sé si tenía que haberlo hecho, pero en ese momento no sabía que llevaba una pistola", confiesa.

El presunto delincuente, al verse descubierto, se encaró con él y sacó una pistola del calibre 22. "Se veía que era real, he montado y desmontado muchas armas como para saber diferenciarlas", explicaba. De hecho, a sus 31 años cuenta con cinco de experiencia como policía militar en Bétera y en misiones en Pakistán y Kosovo. Además, de conocimientos de defensa personal, David asegura que en esos momentos, en los que no sabes si va a disparar o no, puso en práctica todo lo que le han enseñado en el club de judo al que pertenece. "Me pidió que le diera todo el dinero pero en verdad me di cuenta que no llevaba nada encima", recuerda. Además, se percató de que el vecino que le había avisado había desaparecido. Luego supo que había ido a llamar a la policía. "En la calle solo estábamos yo y él. Pensé que si me quiere disparar y tiene el mono lo va a hacer, así que intenté estar sereno", relata.

Una llave de judo Cuando su asaltante se le acercó a poca distancia y tras ver que cargaba el arma y se le quedaba atascada, David no se lo pensó dos veces y aprovechó los tres o cuatro segundos que tenía para desarmarlo con una llave de judo e inmovilizarlo con su cuerpo. "Con las piernas le presionaba, es una llave de inmovilización y estrangulación, pero mi intención era tenerlo allí inmóvil hasta que llegara la policía", explica.

El delincuente "me gritaba que lo soltara, que no le apretara tanto, que lo estaba ahogando", pero David se mostró decidido y en ningún momento cedió al miedo. Incluso mientras esperaba a la policía y sujetaba con sus rodillas al sospechoso, cogió su teléfono móvil y llamó a su mujer. "Le llamé para decirle que recogiera a las chiquillas del colegio, que yo iba a llegar tarde", confiesa. Pasados unos ocho minutos un motorista de la Policía Local de Torrent, que se encontraba en las inmediaciones, llegó al lugar y procedió a engrilletar al detenido. Asimismo los agentes le intervinieron la pistola, de fuego real. El arrestado, de unos 30 años y nacionalidad rumana, cuenta con numerosos antecedentes, como ya adelantó este periódico ayer. La policía investiga ahora si el arrestado trataba de asaltar una vivienda para robar o portaba la pistola por otros motivos.

FUENTE: laprovincia.es AQUÍ

Los vigilantes denuncian: Carmena hace lo mismo que Botella en el Madrid Arena

Denuncian en la Policía que los responsables municipales siguen dando órdenes a los vigilantes de seguridad, aunque mediante 'walkie-talkies' para evitar ser interceptados

Los vigilantes de seguridad vuelven a llamar la atención del Ayuntamiento de Madrid e incluso de la Policía Nacional sin éxito. 

El Sindicato Libre de Seguridad, que aglutina a la mayor parte de profesionales del sector que operan en tareas de control de accesos en sedes judiciales y recintos municipales de la Comunidad de Madrid, denunció el pasado noviembre ante la Policía que los responsables de Madrid Destino -la empresa municipal que gestiona las instalaciones dedicadas a albergar grandes concentraciones (Palacio de Cristal, Caja Mágica, Madrid Arena, etc.)- siguen cometiendo los mismos errores en los que incurrieron la trágica fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012.

En concreto, los vigilantes denunciaron mediante una misiva dirigida a la Unidad de Seguridad Privada de la Policía que los jefes de producción de Madrid Destino continúan dando órdenes a los miembros de seguridad privada, extremo que los profesionales consideran "irregular", dado que se trata de "personal no cualificado para gestionar la seguridad". Así funcionaban también la noche del Madrid Arena, como ha quedado acreditado en las diferentes declaraciones realizadas por imputados y testigos de Seguriber a lo largo del juicio por la muerte de las cinco chicas que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Madrid. Y, de hecho, así lo advierten los vigilantes. "Esto crea un conflicto (entre ambas partes), ya que se dan órdenes directas a los vigilantes de seguridad que estos se ven obligados a cumplir", advirtieron a la Policía desde el Sindicato Libre de Seguridad. "El hecho -continuaron en la nota que aún no ha sido contestada por la Unidad de Seguridad Privada- crea inquietud, porque eso mismo ocurrió en la tragedia del Madrid Arena".

Las comunicaciones entre los responsables de Madrid Destino y los vigilantes, sin embargo, tienen un elemento diferenciador respecto a como se hacían en aquel momento. Los miembros de la empresa de seguridad trasladan ahora sus órdenes a los profesionales privados vía 'walkie-talkie'. Fuentes del sector aseguran que tratan de este modo de evitar la interceptación de sus comunicaciones, después de que muchas de las que intercambiaron ambas partes la noche del 1 de noviembre de 2012 mediante sus teléfonos móviles fueran intervenidas, utilizadas en el proceso judicial y conocidas públicamente.

El pasado 18 de enero, Securitas sustituyó a Alerta y Control en la gestión de la seguridad privada de los recintos, con lo que consecuentemente también cambió el coordinador de seguridad responsable de los eventos que se realicen en los recintos gestionados por Madrid Destino. El nuevo coordinador, Manuel G. L., es el tercero que hay en un año, después de Iván S. y Amador P. Madrid Destino, por su parte, también tiene un nuevo director de Seguridad y Emergencias. Se trata de Javier Guerrero, quien sustituye a Raúl Varela, responsable hasta ahora y nombrado por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer. Antes de él, estaba Mauricio López, y antes,Rafael Pastor, uno de los acusados en el juicio del Madrid Arena que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid.

Tras la tragedia de 2012, han sido mínimos los cambios que se han implementado en la seguridad del Madrid Arena, tanto por parte del anterior Gobierno municipal, dirigido por Ana Botella, como por el vigente de Manuela Carmena. Siguen los contadores manuales, prácticamente el mismo número de cámaras de vídeo, sistema de recuento, continúa el ordenador del centro de control que había hace cuatro años y que funciona a trompicones, etc.

A CORUÑA: Detenidos dos hombres por robar en un supermercado y atropellar al vigilante

El incidente que tuvo lugar el 16 de febrero en Pocomaco podía haber quedado reducido a un simple hurto en supermercado, como pasa a menudo en la ciudad, si no fuera porque, en su huida, los sospechosos hirieron a un vigilante, al aplastar uno de los neumáticos de su coche el pie de la víctima.

Consiguieron escapar, aunque les sirvió de poco: el martes, agentes de la Policía Nacional localizaban y detenían a los dos sospechosos, de 37 y 40 años de edad, que resultaron ser viejos conocidos de las autoridades, y los pusieron a disposición judicial como autores de robo con violencia o intimidación, lesiones y delito contra la seguridad vial. 

El incidente tuvo lugar a las nueve de la noche de un martes. A esa hora, en el supermercado había bastante gente haciendo sus compras, pero el personal se dio cuenta de que dos sujetos estaban recorriendo los pasillos y ocultaban varios paquetes entre sus ropas, lo más disimuladamente que podían. Una vez se hicieron con lo que se interesaban, se encaminaron a la línea de cajas, pero lejos de hacer cola para abonar la compra, quisieron pasar de largo. Sin embargo, como se ha dicho, los empleados estaban prevenidos, y un vigilante de seguridad actuó, apoyado por varios trabajadores. 

forcejeo Éstos recriminaron a los dos hombres lo que estaban haciendo, y les conminaron a devolver todo lo que habían robado. En un principio, al verse rodeados, y comprender que su intento había fallado, los sospechosos sacaron los productos de su ropa y los pusieron sobre las cajas pero, cuando les dijeron que iban a llamar a las autoridades. Su actitud cambió. Uno de ellos, según fuentes de la Jefatura Superior, comenzó a mostrarse “agresivo, profiriendo insultos y amenazas”. Llegó incluso a forcejar con el vigilante. 

A pesar de la provocación, este no perdió la calma, y cuando los dos presuntos ladrones salieron al exterior, los siguió. Ya en el aparcamiento, uno de los varones se montó en un vehículo que tenían estacionado y lo arrancó. El vigilante intentó retener al restante, que era el que se había mostrado más agresivo, pero no lo consiguió, ya que no paraba de mover los brazos, insultándole y amenazándole. Entonces dieron marcha atrás para salir de la plaza de aparcamiento, pero tenían que pasar por el lugar donde estaba el vigilante para salir de allí.

Los autores iniciaron la marcha hacia delante. El vigilante de seguridad intentó esquivar el coche, pero la rueda delantera le pasó por encima de su pie y la parte delantera derecha del vehículo le golpeó en la rodilla mientras los responsables lograban huir del lugar a gran velocidad. Los perjudicados denunciaron lo ocurrido y se inició la investigación de los hechos, que agilizó la circunstancia de que ambos sujetos acumulaban mucha infracciones al patrimonio.

3 de marzo de 2016

JAÉN: Detenido por amenazar a un vigilante con un cuchillo cuando intentaba sustraer combustible de un camión

El agente le sorprendió cuando intentaba sustraer combustible de un camión estacionado en un aparcamiento

La Policía Nacional ha detenido en Jaén a un hombre acusado de amenazar con un cuchillo jamonero a un vigilante de seguridad que le sorprendió cuando intentaba sustraer combustible de un camión estacionado en un aparcamiento.

Los hechos, según ha informado la Policía Nacional, han sucedido este martes cuando el vigilante de seguridad observó como un hombre merodeaba por el aparcamiento donde se encontraba aparcado un camión. Ante las sospechas de que pudiera estar intentando sustraer combustible del vehículo, le llamó la atención. Fue en ese momento cuando el presunto agresor se dirigió directamente al lugar donde se encontraba el vigilante de seguridad y sin mediar palabra alguna le propinó un puñetazo en el rostro, causándole diversas lesiones de las que tuvo que ser atendido.

Posteriormente, el arrestado regresó portando en sus manos un cuchillo jamonero de grandes dimensiones con el que amenazó al vigilante de seguridad para posteriormente darse a la fugo. La víctima realizó una llamada a la Sala Operativa del 091 solicitando presencia policial y facilitó la descripción del presunto agresor que finalmente pudo ser localizado e interceptado por los agentes.

2 de marzo de 2016

Prosegur, en el punto de mira de Hacienda y de Competencia

La presidenta de Prosegur compró la sede de la compañía en diciembre por 12,7 millones; recibirá 7 millones en diez años por alquilarla al grupo.

La presidenta del grupo compra el edificio que la compañía emplea como sede y recibirá un alquiler anual de 0,7 millones durante la próxima década. Prosegur afronta en España en el presente ejercicio reclamaciones fiscales por 20 millones de euros y una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Competencia por presunta práctica irregular.

La compañía ha recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo reclamación de la Agencia Tributaria relacionada con el Impuesto sobre Sociedades y asegura que estima “una resolución favorable”. En junio de 2013 se iniciaron actuaciones de inspección de los ejercicios 2008, 2009, y 2010 por los conceptos de Impuesto sobre Sociedades, Retenciones a Cuenta del Impuesto de No Residentes y Retenciones a cuenta del Capital Mobiliario, así como inspecciones parciales sobre Retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo.

La empresa ha firmado en conformidad actas relacionadas con algunas de esas retenciones, entre ellas con el Impuesto sobre Sociedades por 3,5 millones. Y en disconformidad sobre la reclamación de los 20 millones y otra por retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo por 0,55 millones. Prosegur sólo ha provisionado el acta firmada en disconformidad referida a las retenciones del Impuesto sobre la Renta del Trabajo, ya que sobre la otra cuestión estima una resolución favorable. “Los asesores externos de la sociedad estiman que no es probable que se produzca un quebranto”, apunta la compañía en las cuentas de 2015 depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Prosegur también advierte en sus últimas cuentas sobre la existencia de “riesgos fiscales” en Brasil y Argentina por valor de 54,6 millones; los riesgos de mayor cuantía están asociados al mercado brasileño por reclamaciones de impuestos municipales y estatales y provisiones por combinación de negocios. En el último trimestre de este año previsiblemente la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMV) comunicará las conclusiones de una investigación sobre Prosegur iniciada a principios de 2015. En febrero del pasado año funcionarios del organismo inspeccionaron la sede en Madrid del grupo de seguridad por “posibles acuerdos para el reparto de mercado, la fijación de precios, la fijación de condiciones comerciales, así como cualquier otra conducta que por su naturaleza pudiera contribuir a la distorsión de la competencia en el mercado de servicios de transporte y manipulación de fondos en España”.

En abril, la CNMC incoó expediente sancionador por posibles prácticas restrictivas de la competencia contra Prosegur y Loomis (la sede de esta otra empresa de seguridad también fue inspeccionada); desde entonces Competencia dispone de un periodo de hasta 18 meses para resolver. El organismo considera que existen indicios racionales de que ambas compañías acordaron reparto de clientes y actividades, fijación de precios, intercambio de información comercial sensible y otras condiciones comerciales. Prosegur ha tratado de evitar la entrega de documentación reclamada por Competencia sobre rutas de transporte y distribución de fondos, pero el organismo denegó el pasado mes de diciembre la confidencialidad de esos datos.

La presidenta, casera de Prosegur De acuerdo a las cuentas de 2015 de Prosegur, el pasado mes de diciembre la presidenta de la compañía, Helena Revoredo, adquirió el edificio que el grupo emplea como sede en Madrid, en la calle Pajaritos, por 12,7 millones de euros. La operación la realizó la primera accionista de la empresa a través de su sociedad Proactinmo, a su vez controlada por Gubel. Revoredo cuenta con 309 millones de acciones de Prosegur mediante las sociedades Gubel y Prorevosa, una participación valorada en 1.421 millones de euros. Según las mismas cuentas, ese mismo mes de diciembre Prosegur firmó con Proactinmo “un contrato de arrendamiento del edificio ubicado en la calle Pajaritos de Madrid”, por diez años prorrogables durante un año. La empresa explica que el gasto anualizado será de 0,7 millones (siete millones de euros en total por diez años de alquiler).


Más de 200.000 clientes en España tienen instalados sistemas de Securitas Direct sin homologar


no cumplen las funciones más básicas de una alarma

Las Órdenes Ministeriales entraron en vigor el 18 de agosto de 2011 y, a día de hoy, siguen sin efecto. Los clientes cuentan con 10 años para cambiar sus alarmas, mientras que las empresas cuentan con numerosas prorrogas de gracia para homologar sus sistemas que siguen instalando a pesar de que no cumplen la normativa europea

El jueves 19 de diciembre de 2013, la peletería compostelana My Piel se quedaba en carne viva para soportar el crudo invierno. El motivo, un robo de 200 abrigos de piel valorados en 80.000 euros más una limosna de 500 euros que yacía en la caja registradora. El saqueo, al haberse producido en la etapa fuerte de ventas, dejaba a los dueños de la tienda en una situación más que delicada. Los causantes, un grupo de ladrones que, mediante la técnica del butrón, consiguieron acceder al establecimiento y llevarse cuanto producto de valor había en el recinto. La alarma no saltó. El domingo 6 de diciembre de 2015, una nave de alimentación sita en la localidad madrileña deArganda del Rey, veía como los ladrones se llevaban un camión lleno de productos, valorados en 100.000 euros. A los cacos les dio tiempo incluso de elegir los víveres más cotizados. El modus operandi fue de lo más clásico: forzaron el portalón de entrada e inhibieron unas alarmas que tampoco saltaron.

Y como estos casos hay decenas: 80.000 euros en bicicletas en la tienda Serial Bikes o dos camiones de cobre de la sociedadGamarra Recuperaciones. Casos en los que las alarmastampoco emitieron ninguna señal. Muchas muestras más que evidentes de que las alarmas no están instaladas a prueba de bombas. Ni de butrones, alunizajes o forzamientos. Las alarmas son falibles y ese es el peor merchandising que puede tener una Compañía de seguridad. Máxime si esta se hace llamarSecuritas Direct y presume de ser “la alarma número 1 en Europa”. Según los datos de Intersindical-STSP (Sindicato de trabajadores de Seguridad Privada), a día de hoy, al menos 200.000 clientes tienen sistemas de seguridad de Securitas Direct, instalados entre el 18 de febrero de 2011 y agosto de 2015, que no están homologados y que no cumplen ni las funciones más básicas de un sistema de alarma.

Leyes de obligado cumplimiento Pero, ¿qué requisitos deben de cumplir estos sistemas? El 18 de febrero de 2011, a través del Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba, se publicaron en el Boletín Oficial del Estadonº 42 las siguientes Órdenes Ministeriales, que entraron en vigor el 18 de agosto de 2011: “Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de Seguridad Privada; Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada; y Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada”. En concreto, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre el funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, recoge que “cualquier elemento o dispositivos que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor. Los productos deberán estar ricados con arreglo a las Normas UNE o UNE EN anteriormente mencionadas y contar con la evaluación de la conformidad de Organismo de Control acreditados, por las Entidades de Acreditación autorizadas en cada uno de los países de la Unión Europea, de acuerdo con la Norma EN 45011”.

Esta aplicación era y es de obligado cumplimiento para aquellos sistemas de seguridad -intrusión, control accesos, CCTV, sistemas alarma social, sistemas y equipos de transmisión de alarmas, sistemas combinados o integrados- que se pretendiesen conectar a una central receptora de alarmas, centro de control o de videovigilancia a partir del 18 de agosto de 2011 y sobre nuevas instalaciones. En detalle, estas normas adaptadas al marco europeo se enumeraban en la detección de la manipulación del panel de control y de los detectores; la detección de los fallos en los detectores y sistemas de transmisión de alarma; la detección de las señales de intrusión, inhibición y fallo de las comunicaciones; que el panel de control y los detectores de intrusión tengan medios para detectar la manipulación; que el período máximo permitido para detectar una inhibición no sea superior a los 120 minutos; que se procesen las señales de fallo cuya presencia sea superior a los 10 segundos; y que las incidencias queden registradas en la CRA o por el propio panel de control.

La treta de Securitas Direct La treta de Securitas Direct, según la documentación que obra en poder de Extraconfidencial.com, descansa en no asumir estos requisitos como obligaciones, sino como servicios añadidos a la instalación de las alarmas. La protección contra lainhibición de señales es un requisito indispensable para todo sistema de seguridad que quiera contar con la oportuna homologación. Si nos dirigimos a la página web de Securitas, respecto a este servicio se dice: “La alarma de Securitas Direct es la única del mercado que protege a sus clientes en caso de inhibición de señales o cortes de línea, ya que detectan estos intentos de sabotaje y siguen transmitiendo señales mediante un canal de emergencia: la red de Transmisión de Señales de Alarma ATN”. Securitas Direct se aprovecha de esta situación para mandar un ataque a la línea de flotación de las empresas de la competencia (al asumir que ofrece un servicio que nadie tiene) y enriquecerse a costa de un extra que, además de funcionar erróneamente, debería de ser un servicio obligatorio para conseguir la homologación.

La defensa de Securitas Direct Preguntado por Extraconfidencial.com, la opinión de Securitas Direct es diametralmente opuesta a esos hechos. La multinacional sostiene que todos sus clientes “disponen de equipos homologados y certificados conforme a la legislación vigente y cumplen correctamente con las funciones básicas de seguridad para las que son contratados”. Intersindical-STSP(Sindicato de trabajadores de Seguridad Privada), discrepa abiertamente en este punto, alegando que cuando entraron en vigor las Órdenes Ministeriales (18 de agosto de 2011) no tenían certificado ni un solo componente siendo los primeros certificados datados en noviembre de 2011 y junio de 2012. “A pesar de no tener certificado ningún componente a los clientes les certificaban el cumplimiento de las Órdenes Ministeriales, no solo antes de la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales, sino incluso cuando todavía no tenían certificados la mitad de los componentes que instalaban”, ahonda Intersindical.

Securitas Direct va más allá y afirma con vehemencia que las acusaciones que recaen sobre ellos están denunciadas “en múltiples instancias, y en todas ellas se ha considerado que cumplimos estrictamente”. A pesar de ello, en marzo de 2014, la UCSP publicaba una resolución que rezaba que los certificados aportados por Securitas Direct en el año 2012 no se podían dar por válidos “porque no acreditaban, en la evaluación de conformidad, el cumplimiento de los esquemas de certificación contemplados en el sistema 3 o superior de la ISO 67”. O lo que es lo mismo, que no se cumplían los requisitos mínimos de calidad que se exigen en España. Según la información facilitada por Intersindical, “ningún juzgado, a fecha de hoy, ha dicho que los sistemas de seguridad de Securitas cumplan normativa”. En abril de 2012, Securitas Direct no disponía de certificados de la sirena modelo ES700ISN y el magnético modelo ES700MGLS. La norma UNE 50131-1, considerada como “la norma madre de la seguridad”, no aparece aplicada en los certificados Telefication, siendo aplicada por vez primera en noviembre de 2013. Por ello, Intersindical insiste en queSecuritas engaña a sus clientes “haciendo constar que cumplen la Orden Ministerial 316/2011 y que esta norma está aplicada”.

Respecto a la inhibición, Securitas Direct pretende evadir la obligatoriedad de la detección de esta eventualidad apuntando que “no hay ningún precepto de la normativa que obligue a detectar la inhibición”. Sin embargo, acudiendo a la norma50131-1 en el punto 8.1.4, se fija que “la detección de fallos en los sistemas de transmisión de alarma, son obligatorios”. En los puntos 8.8 y 8.9 aparece toda la información relativa a las inhibiciones que generan fallos de comunicación y que, por tanto, la central receptora de alarmas tiene que detectar obligatoriamente.

10 años para los clientes, toda una vida para Securitas Parece ser que el único propósito de estas Órdenes Ministeriales era contar con la conformidad de instalar productos homologados para que los usuarios tuvieran que modificar sus sistemas de seguridad y así provocar un mayor lucro de las empresas del ramo. Poco duró la vigencia de esta normativa, porque tras entrar en vigor las Órdenes el 18 de agosto de 2011, tan solo 12 días después, el 30 de agosto de 2011, el Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara Trueba, a pesar de no tener competencia para ello, dejaba sin efecto las nuevas normas hasta el 30 de enero de 2012, en lo que se describió como un“período de carencia extraordinario ante la imposibilidad temporal de contar con productos ensayados y certificados”.

¿En qué lugar se fundamenta entonces la campaña de marketing que escondían las nuevas Órdenes ministeriales? Cuando éstas entran en vigor, el 18 de agosto de 2011, se exige a los clientes cambiar sus sistemas de seguridad en un plazo de 10 años. Una inmejorable vía para amarrar el negocio de las multinacionales de la Seguridad Privada, laboratorios, organismos de control y distribuidoras. Lo curioso es que ante la imposibilidad y consiguiente inexistencia de productos certificados conforme a las exigencias de la nueva normativa, las Unidades de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía ajustaron sus actuaciones de control al cumplimiento de unos criterios mínimos de seguridad. Los clientes seguían obligados a cambiar sus alarmas en diez años, mientras que las empresas de seguridad ganaban tiempo para adaptar sus sistemas y garantizaban a sus clientes el cumplimiento de la Orden INT/316/2011.

Una moratoria engañosa No contentos con establecer esta moratoria, en detrimento del cliente y en favor de las empresas del sector, de nuevo la UCSPestablecía un segundo período de carencia, esta vez, hasta el 30 de junio de 2012. Mientras tanto, y gracias a la connivencia de laUCSP, multinacionales como Honeywell aseguraban que sus productos estarían certificados antes del fin del segundo período de carencia, admitiendo de una forma velada que sus sistemas no estaban adaptados a la normativa y su instalación incurría en ilegalidad. De hecho, una vez terminado el segundo período de carencia, el 95 % del sector de la seguridad privada sigue incumpliendo la normativa.

El culebrón de las Órdenes Ministeriales y de las alarmas se cierra con dos hechos pasmosos. Por un lado, el 31 de octubre de 2011 la UCSP deja sin efecto las exigencias normativas en lo que respecta a los aparatos de grabación digital. Por otro lado, se modifican las Órdenes otorgando mayor margen de maniobra a las empresas por considerar “largo y costoso” el proceso de fabricación, certificación y acreditación de los nuevos productos y de los ya existentes al objeto de ser válidos y aptos para su comercialización. De este modo, la UCSP regala al sector un tercer período de carencia de 30 meses para que cumplan las Órdenes Ministeriales que supuestamente entraron en vigor el 18 de agosto de 2011 y que nunca han tenido efecto sobre los ciudadanos, ni sobre las empresas. En todo este tiempo de prórrogas y carencias, el sector ha instalado miles de componentes de seguridad sin homologar. Unas instalaciones nuevas, que en algún momento -probablemente cuando la hucha de las empresas de seguridad esté lo suficientemente boyante-, tendrán que ser cambiadas para adecuarse a la norma europea. Posiblemente, cuando se atisbe una nueva crisis en el ámbito de la seguridad y sea necesario iniciar otra campaña de merchandising. Por aquello de mantener vivo el sector. ¿O quizás algo más? ¿Intereses creados?

Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados al Gobierno de Melilla

Eulen cobró más de 380.000 euros por servicios no prestados a la Administración. El sumario de la ‘operación Tosca’ revela que en el año 2013 la empresa de seguridad y vigilancia cobró del Gobierno de Melilla más de 22.000 horas de servicios no prestados. Una vez más, los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados.

El sumario de la instrucción judicial de la ‘operación Tosca’ revela nuevas irregularidades en la contratación entre Eulen y la Ciudad Autónoma de Melilla. En esta ocasión, el pago con dinero público de servicios que la empresa no habría prestado en realidad. Más de 22.000 horas de trabajos no ejecutados que suponen más de 380.000 euros pagados en el año 2013.

Emails que certifican los trabajos no ejecutados La Guardia Civil detalla que los emails entre directivos de Eulen certificarían la existencia de estos cobros por trabajos no ejecutados. La instrucción ha permitido conocer la existencia de un posible concierto entre la Administración local y directivos de Eulen para “distraer fondos públicos facturando servicios ficticios”. 

El desvío de fondos públicos se habría realizado gracias al consentimiento de Francisco Javier Calderón, consejero de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo, director general, y un inspector jefe de la Policía Local. Ellos firmaron las certificaciones de los trabajos que habrían servido para abonar los fondos por trabajos no realizados. La Guardia Civil no descarta que los implicados en los hechos obtuvieran beneficios económicos.

Un archivo de Excel Por su parte, los directivos de Eulen en Madrid y Melilla intercambiaron por correo electrónico un archivo Excel que reflejaba las horas de servicios realmente prestados y la teórica facturación inflada. Junto a esos emails, los investigadores encontraron en el registro de la sede de Eulen un documento manuscrito que decía: “Poner mayor número de horas que las que vamos a realizar”. El desvío de fondos públicos se une a la utilización fraudulenta del contrato menor, el retraso injustificado en la celebración de concursos públicos y su posterior amaño, según la investigación judicial.

1 de marzo de 2016

VALENCIA: Justicia apoya a los trabajadores de la empresa de vigilancia de los juzgados ante los impagos

El secretario autonómico se ha comprometido a «acelerar» la puesta en marcha de medidas para solucionar esta situación, con la rescisión del contrato con CECA

El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la adjudicataria de la vigilancia de edificios judiciales de la Comunitat Valenciana, ante los "sucesivos impagos" de las nóminas por parte de la empresa, que afectan a más de 80 vigilantes de seguridad. Puchades se ha reunido con el comité de empresa de CECA Seguridad, la empresa que presta el servicio, que está prorrogado hasta 2017, y les ha transmitido su "solidaridad" y "pleno apoyo" a sus reivindicaciones ante la "situación de indefensión creada por los constantes retrasos en el pago de las nóminas que se vienen produciendo desde finales de 2013".

El secretario autonómico se ha comprometido a "acelerar" la puesta en marcha de medidas para solucionar esta situación, con la rescisión del contrato con CECA Seguridad, SL. Justicia ha remitido este martes un requerimiento a la empresa en el que recuerda que, como adjudicataria de un contrato público con la Generalitat, "está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo". Por ello, señala que "podrá considerarse como causa específica de resolución contractual el incumplimiento de las obligaciones laborales y de Seguridad Social del contratista con sus trabajadores". El mismo escrito constata que la empresa ha "incumplido" otros aspectos del contrato subscrito con la conselleria como "una reiterada reducción del número de vigilantes que tendría que prestar el servicio, con el consiguiente riesgo para los edificios e instalaciones y, en especial, para los usuarios y personas que trabajan en ellos".

En ese sentido, Ferran Puchades ha explicado que la Conselleria de Justicia ya está trabajando en la redacción del nuevo pliegue de condiciones para licitar nuevamente el contrato con el objetivo de que una nueva empresa se encargue de la tarea de vigilancia de todos los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana. Puchades se ha comprometido a informar "puntualmente" al comité de empresa de las gestiones que se desarrollan desde la conselleria sobre esta cuestión.

SICUR 2016 recibió la visita de 42.294 profesionales

El pasado 26 de febrero cerró sus puertas SICUR 2016, después de congregar durante cuatro días a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de la seguridad, en el marco de una edición caracterizada por la importante representación sectorial y el crecimiento general de la convocatoria en todos sus parámetros. 

Así lo revela la visita de 42.294 profesionales de 76 países registrados este año y que representan un aumento del 8%, en referencia a los datos de SICUR 2014. También ha sido mayor la oferta reunida en esta edición, que ha mostrado las propuestas, novedades y últimas soluciones en seguridad de 1.350 empresas, con la participación directa de 572 expositores que han supuesto un crecimiento del 14%.

Otro dato a subrayar ha sido la capacidad de convocatoria de SICUR en el ámbito nacional que se ha saldado con la presencia de visitantes de toda España, y en la que el 51,7% de los profesionales procedían de fuera de Madrid, con especial acento en las Comunidades de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco. En el capítulo internacional, que ha significado el 8% del total, la mayor presencia registrada corresponde a los profesionales de Portugal, seguida de los países del área Iberoamericana.

La oferta de SICUR se completó con la presentación de la Galería de Nuevos Productos, el espacio dedicado a reconocer el esfuerzo en I+D+i de las empresas, que en esta ocasión destacó 41 propuestas de vanguardia, así como con el desarrollo de un programa de exhibiciones de rescate llevadas a cabo por el Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid; demostraciones operativas de las unidades caninas del Consorcio de Bomberos de Málaga, de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, de la UME, de los Mossos d´Esquadra y de la Ertzaintza; una pista de demostraciones de RPAS (drones) en vuelo, una instalación que mostró las técnicas de formación para trasladar conceptos básicos de autoprotección a la sociedad, en el Parque de la Prevención, y la exposición de vehículos antiguos de policía RETROPOL VI, entre otras actividades.

MELILLA: Eulen inflaba las cifras de cursos para hacerse con “el total” de la subvención


El informe de la UCO recoge correos de dirigentes de la empresa mostrando el supuesto amaño de contratos.


El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso El Faro, sobre la ‘Operación Tosca’, cuyo secreto de sumario se levantó precisamente esta semana, además de hacerse eco de la adjudicación presuntamente “ilegal” de contratos de servicios de seguridad privada a Eulen, también recoge presuntas irregularidades en la concesión de cursos de formación a esta misma compañía por parte de la empresa municipal Proyecto Melilla S.A. (Promesa). 

En concreto, el documento de la Benemérita pone sobre la mesa que la empresa de seguridad privada “incrementaba algunos gastos y facturaba otros indebidos” para abarcar “con el total de las partidas de cada curso el importe de la subvención”, es decir, 50.000 euros. Según la UCO, por tanto, se llevaba a cabo un “lucro indebido para la empresa adjudicataria y un gasto también indebido para la entidad pública”. Para ejemplificar esta presunta trama, el documento de la investigación hace referencia a cómo “el beneficiario del alquiler de las aulas pasaba de un coste real de 4.000 euros a otro ficticio de 6.950 euros”, lo que suponía un incremento del gasto de la Administración de 2.950 euros.

“Una composición” En el informe elaborado durante la investigación de esta operación judicial también se recogen correos electrónicos de directivos de Eulen. En uno de ellos, el técnico de Producto de dicha compañía, V.M.R.M., pedía al director provincial de dicha empresa que se hicieran “una composición” con documentos que, supuestamente, les habría enviado el director gerente de Promesa, José Eduardo Gallardo. El asunto que motivaba este correo electrónico era “convocatoria alumnos FP y otros”. Para la UCO, este tipo de mensajes servían para que la empresa conociera los criterios de adjudicación de antemano y así “justificar las cantidades gastadas en cada uno de los cursos y poder percibir el total íntegro de cada uno”.

“Con lo que mandaste y lo que ya tengo de la Administración he cuadrado lo que ya podemos justificar y lo que nos falta. Todavía queda bastante, aunque es cierto que también hay costes pendientes de recibir”, reza uno de los mensajes de uno de los directivos de Eulen sobre la organización de los cursos de formación de FP sobre seguridad para la empresa municipal, siempre según el documento de la Benemérita.

La empresa quería eludir el “run run del pucherazo” “Lo ideal sería, como te he comentado, que aunque Prosegur y Securitas nos sacaran dos puntos en la económica, en la técnica sacáramos 5-6. No hace falta más para evitar el run run del pucherazo”. Éstas son las palabras recogidas de un correo de V.G.G., directivo de Eulen, referente al contrato de vigilancia de dependencias de la Ciudad Autónoma del 2013. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que investiga la conocida como ‘Operación Tosca’ por presunta adjudicación irregular de contratos, principalmente, a esta compañía de seguridad privada.

Otro de los mensajes de este directivo de Eulen que recoge el documento de la UCO es en el que V.G.G. asegura que los pliegos de dicha licitación son “perfectos”. “Parece que los directivos tendrían en su poder el contenido de los pliegos con anterioridad a su publicación. En este mismo correo, dice al responsable de la Ciudad que él tiene “la clave” para que Eulen se lleve el contrato.