Noticias Destacadas SPV Sevilla


4 de noviembre de 2015

SEVILLA: Jornadas Formativas de la Unidad Central de Seguridad Privada para vigilantes de Seguridad

Los días 4, 5 y 6 del presente mes de Noviembre la Unidad Central de Seguridad Privada ha organizado en la ciudad de Sevilla unas jornadas formativas dirigidas para vigilantes de seguridad. El lugar de celebración de las mismas será el salón de actos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, sita en Avda. Blas Infante, núm. 2.

Según consta en una nota reciente remitida por la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Sevilla, la asistencia a las jornadas se contabilizará como horas lectivas, dentro del programa anual de cursos de actualización y perfeccionamiento de este personal. Para la inscripción cualquier trabajador se dirigirá a los mandos operativos de su empresa o directamente en los teléfonos de atención seguridad privada. El horario y los días de impartición serán los siguientes:

- 04/11/2015, de 17:00 horas a 21:00 horas.
- 05/11/2015, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
- 06/11/2015, de 10:00 a 14:00 horas.

En la nota enviada también se reseña que todo aquel vigilante de seguridad interesado en recibir esta formación asistirá a uno de los turnos de cuatro horas, dejándose constancia de asistencia al curso en su cartilla profesional correspondiente, que será sellada por la Unidad Provincial de Seguridad Privada.

Desde nuestra organización sindical apoyamos esta iniciativa de la UCSP y animamos a todos los vigilantes de seguridad que operan en la provincia de Sevilla a participar de ella, al ser un espacio de alto interés formativo y donde se podrá recibir información de nuestra profesión de manos de responsables de seguridad privada. Para más información pueden contactar por los cauces habituales con la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Sevilla o bien llamar al teléfono de atención permanente de nuestra organización 609097766 donde le intentaremos completar la información.

Accede a la circular de SPV Sevilla AQUÍ

3 de noviembre de 2015

Boletín Informativo Nº 55 de la Asociación Española de Empresas de Seguridad AES (Octubre 2015)


Grupo Ralons ficha como dircom al ex portavoz del Gobierno de Canarias


El que fuera viceconsejero de Comunicación y portavoz del Gobierno de Canarias en la pasada legislatura, Martín Marrero, acaba de incorporarse a la plantilla del Grupo Ralons como dircom.

Su labor pasará por las relaciones con los medios y ‘por coordinar las estrategias de Comunicación y Marketing de las empresas del Grupo con criterios de máxima eficiencia aunando la acción de los departamentos relacionados con esta materia’, aseguran desde la compañía. Así, a las obligaciones del nuevo director de Comunicación se une la potenciación de imagen corporativa de las empresas del Grupo y su presencia en las redes sociales.


Licenciado en Periodismo y Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, Martín Marrero inició su carrera profesional en 1983 en la Agencia Efe. Posteriormente, ese mismo año, comienza en ‘Canarias 7’ como reportero colaborador, un año después pasa a incorporarse a su plantilla como redactor y hasta 1987 se dedicó, principalmente, a la información política y de investigación. El nuevo dircom de Grupo Ralons pasó en esa fecha al ‘Diario de Las Palmas’ y dos años después vuelve a ‘Canarias 7’ como responsable de la sección de Local. Tras otro periodo en este diario consigue obtener el cardo de redactor jefe de Política, Investigación y Reportajes, Sociedad, Economía, Deportes y, ya durante 1995, como responsable periodístico de la delegación de Tenerife.

En 1996 volvió a Gran Canaria como subdirector de ‘La Gaceta de Las Palmas’, desde 1997 hasta mediados de 2000 fue el delegado de ‘Marca’ en Las Palmas y posteriormente, fue nombrado director de ‘La Tribuna’ y director de informativos de ‘Canal 9 Las Arenas’. Ya en febrero de 2002 fue director de la edición regional conjunta del periódico nacional ‘El Mundo’ con ‘La Gaceta de Canarias’. En 2007 asume el cargo de viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios del Gobierno de Canarias. En su faceta como escritor, el nuevo dircom de Grupo Ralons es autor del libro ‘Carta blanca: del romanismo al adanismo’, publicado por ediciones Idea.

2 de noviembre de 2015

TENERIFE: Cae una red de títulos falsos con los que se accedía a puestos de seguridad privada

Foto: (www.seguridadintegralcanaria.com)El propietario de una academia falsificaba el diploma y el sello del Ministerio de Educación y los vigilantes de seguridad compraban el título, que les servía para ser jefes, por 1.000 euros

El Juzgado de lo Penal número 4 de Tenerife ha condenado a una docena de responsables de seguridad privada, entre los que destacan dos directivos de la empresa Seguridad Integral Canaria, por falsificar y adquirir títulos de Bachillerato, que eran necesarios para concurrir a la categoría de director de seguridad, nivel requerido para instalarse de manera legal en los puestos que ocupaban. Los acusados han sido condenados a entre tres y diez meses de prisión.

Uno de los directivos adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” En concreto, los directivos de la compañía insular son Francisco Javier L. F., jefe de Calidad de la mercantil, y Leonardo C. S., gerente en Tenerife de la sociedad presidida por Miguel Ángel Ramírez. El juez les atribuye a ambos un delito continuado de falsedad en documento oficial. Según la resolución, el primero adquirió el título de bachiller a un falsificador “cuando realmente nunca lo obtuvo ni se presentó a examen alguno” y, una vez que lo tuvo bajo el brazo, lo mostró para obtener la habilitación como jefe de seguridad y director de seguridad ante la Comisaría de Policía de Tenerife en mayo de 2009. El título de bachiller fue configurado con fecha 17 de mayo de 2002 a pesar de que había sido confeccionado siete años después.

El segundo, Leonardo C. S., compró el título de bachiller falso por entre 700 y 1.000 euros a la misma persona a la que se lo adquirió Francisco Javier. Con su nuevo título, solicitó a la Comisaría Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía de Tenerife la habilitación como director de seguridad también en mayo de 2009, así como el acceso a las pruebas para jefe de seguridad, categoría que le fue concedida en noviembre de ese mismo año. Fuentes de la compañía de seguridad canaria indicaron a este periódico que "estas dos personas no tenían la obligación de tener título para los puestos que ocupaban. La empresa nada tiene que ver en este asunto, ya que se trata de una responsabilidad personal".

Ambos directivos de Seguridad Integral Canarias compraron su título, como ellos mismos admiten en la sentencia emitida por conformidad entre las partes, a la misma persona, Julián Manuel F. H., a quien también se lo habían comprado otros 10 falsos responsables de seguridad. Este ciudadano había creado una red de venta de títulos falsos a través de su empresa legalmente constituida, Multiservicios Broker, que tenía como objeto social la gestión de una academia que impartía cursos para obtener la categoría de vigilante de seguridad.

Según la sentencia, Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de FP Según la sentencia, en febrero de 2009 Julián Manuel se hizo con 500 diplomas en blanco, 250 que simulaban el título de bachiller y otros 250 que falsificaban el diploma de Formación Profesional. Asimismo, el condenado fabricó unos tampones que falsificaban el sello de la exministra Pilar del Castillo y de su secretario de Estado de Educación, ambos en el cargo entre 2000 y 2004. Con estas herramientas, confeccionó los falsos títulos y “se dedicó a vender diplomas”, tanto de Bachillerato como de Formación Profesional. En concreto, el falsificador ofertaba los primeros por 1.000 euros y los segundos por 800. La Policía Nacional comenzó a investigar la trama en mayo de 2010. Cuando dio con el cabecilla de la trama, le interrogó y este entregó un 'pendrive' con documentación que reflejaba claramente cómo había estado elaborando los títulos de modo fraudulento.

La empresa de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas como el Ministerio de Defensa, el Metro de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social o el Palacio Real,contratos que en total superan los 100 millones de euros. El empresario fue indultado por el Gobierno tras ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Supremo-, debido a la relación de amistad que Ramírez mantiene con el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Por otro lado, Hacienda tiene claro que el propietario de Seguridad Integral Canaria ha maquillado la contabilidad de su empresa para presentar como si fueran dietas y kilometraje -exentos fiscalmente- otros conceptos salariales sujetos a retención y evitar así tributar por estos últimos gastos. Así lo puso en evidencia el informe que presentó el pasado junio la Agencia Tributaria ante la jueza de Las Palmas Victoria Rosell -que investiga al empresario por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social superior a los 20 millones de euros-, ratificado la pasada semana ante la magistrada por el inspector que lo redactó.

Durante su comparecencia judicial, el perito aseguró haber detectado que Seguridad Integral Canaria ha estado ocultando la realidad contable y presentando como si fueran dietas conceptos que no lo eran. En concreto, dijo que los vigilantes han ingresado una media de 4.000 euros al año en concepto de medias. Algunos trabajadores, asegura, han recibido más del 28% de su salario en forma de dieta, un porcentaje que se encuentra muy por encima de la media de las empresas del sector, que se sitúa entre el 2,8 y el 3%.

La mitad de empresas reconoce que despedir ahora es más fácil que antes de la reforma laboral


Un tercio de las empresas entiende que es más sencillo ahora que hace unos años ajustar los salarios de los nuevos trabajadores.
Ocho de cada diez no contratan más indefinidos por la incertidumbre económica y los costes laborales y del despido.

Ahora es más fácil despedir por causas económicas de lo que lo era en 2010, antes de las últimas reformas laborales de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Así lo considera casi la mitad de las empresas, frente al 10,8% que opina que es más difícil, según un estudio realizado por el Banco de España entre 26 países europeos recogido en su boletín económico de octubre. Además, un tercio de las empresas entiende que es más sencillo ahora que hace unos años ajustar los salarios de los nuevos trabajadores y una de cada cuatro piensa que es más fácil ajustar los sueldos de los trabajadores en ejercicio. En España, la encuesta –en la que participaron casi 2.000 empresas– se realizó entre septiembre y diciembre de 2014.

Casi el 50% de las empresas entiende que ahora es más fácil realizar despidos individuales que en 2010 y más del 40% considera que ahora es más sencillo acometer despidos colectivos que en 2010, frente a menos del 10% que lo ve más complicado. Asimismo, la encuesta refleja que casi el 30% de las empresas considera que ahora es más fácil ajustar las horas por empleado o modificar las tareas de los trabajadores de lo que lo era en 2010. El Banco de España explica que detrás de estos cambios en las percepciones de las empresas sobre sus posibilidades de ajuste se encuentran diferentes razones, desde las reformas laborales introducidas en los últimos años hasta el impacto de la crisis en la actitud de las empresas y los trabajadores a la hora de fijar las condiciones laborales. En cualquier caso, la mayoría de las empresas perciben que las reformas laborales han jugado un papel relevante en la mayor facilidad que encuentran para utilizar distintos mecanismos de ajuste, aunque al mismo tiempo entienden que la actitud de los trabajadores también es un factor muy importante para explicar la mayor flexibilidad en ajustes salariales, horario y movilidad funcional y laboral.

La encuesta revela además que más de la mitad de las grandes empresas, de más de 200 empleados, observan ahora una mayor facilidad para aplicar descuelgues que en 2010, especialmente aquellas que tienen convenio de empresa, frente a sólo el 20,5% de las empresas pequeñas. Por su parte, el 48% de las empresas cree que el procedimiento legal es aún demasiado complicado, y tres de cada cuatro se resiste a aplicar descuelgues por el impacto negativo que podría tener sobre la motivación de los trabajadores o sobre su reputación. En el estudio se señala además que cerca del 80% de las empresas apuntan a la incertidumbre sobre las condiciones económicas como un obstáculo para contratar trabajadores indefinidos, si bien más del 60% mencionan también como problemas para realizar contratos fijos los altos costes de la mano de obra y de las indemnizaciones por despido.

Recortar empleo, la principal respuesta a los problemas En la encuesta se analizan las medidas de ajuste a las que recurrieron las empresas para afrontar el deterioro de la economía entre 2011 y 2013, cuando tuvo lugar la segunda fase de la crisis. El principal instrumento de ajuste fue la destrucción de empleo, tanto fijo como, especialmente, temporal. Pero no fue el único medio. De hecho, el componente variable de los salarios proporcionó a las empresas una importante herramienta de ajuste a lo largo de estos años, ya que casi el 40% de las empresas entrevistadas lo recortaron. En cambio, la disminución del salario base fue bastante infrecuente (apenas afectó al 6,3% de las empresas), mientras que en la mayoría de los casos el salario base se mantuvo sin cambios (41,4%) o se incrementó moderadamente (41,4%). Asimismo, sólo el 14,7% de las empresas redujeron las horas de sus trabajadores como medio para ahorrar costes. La encuesta refleja además que casi una de cada cinco empresas congeló salarios entre 2011 y 2013 y sólo el 3,3% afirma haberlos rebajado. Lo que sí se ha reducido notablemente es el porcentaje de empresas que vinculan la evolución salarial a la inflación: del 50% anterior a 2010 se pasó al 37,2% en 2013.

Las empresas españolas respondieron a las perturbaciones económicas del periodo 2011-2013 (caída de la demanda, dificultad para acceder al crédito o problemas para refinanciar su deuda) congelando los salarios y reduciendo el empleo temporal en mayor medida que la media de los 26 países participantes en este estudio, pero aplicando en menor medida recortes salariales y del empleo indefinido.


OVIEDO: Los vigilantes de seguridad llevan al alcalde de Laviana a los tribunales por la feria del stock

El colectivo profesional Avispa acusa a Adrián Barbón y a los organizadores de contratar personal sin titulación La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) interpondrá una denuncia contra el alcalde de Laviana y contra la Asociación de Autónomos de Laviana y la empresa Chapó por la contratación de vigilantes no titulados para los eventos Food Truck y La carpa de los Chollos. Avispa les acusa de cometer una infracción muy grave de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, el reglamento que la desarrolla y la Ley 8/2002, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas del Principado de Asturias y el resto de normativa reguladora en vigor para la prestación de servicios de seguridad privada.

El colectivo profesional explica que la madrugada del sábado la Guardia Civil identificó, a raíz de una denuncia de Avispa, a varias personas que estaban ejerciendo funciones de vigilancia y seguridad ilegalmente, sin la habilitación administrativa exigible ni la capacitación y formación como Vigilante de Seguridad obligatoria para prestar dicha actividad. De la misma manera, asegura que los trabajadores tampoco contaban con la autorización administrativa de la Delegación del Gobierno.

Integrantes de la asociación de vigilantes observaron a una serie de personas que estaban vigilando el interior y exterior de la carpa instalada en la plaza de Ayuntamiento. Ante esta situación, solicitaron "la presencia de una patrulla de la Guardia Civil para que verificara los hechos descritos y procediese a la identificación de los individuos que desarrollaban sus funciones de manera ilegal, el paso previo a la interposición de la correspondiente denuncia por intrusismo profesional y usurpación de funciones".

Avispa recuerda que "el ejercicio de las mencionadas funciones, especialmente en horario nocturno y en el interior de los establecimientos, corresponde en exclusiva a las empresas y personal de seguridad privada para la prevención de hechos delictivos y compete únicamente a dicho personal". Apunta además que "el ejercicio de funciones de seguridad privada para terceros, sin la requerida habilitación o acreditación necesaria, supone una infracción muy grave, cuya comisión puede suponer multas de 6.001 a 30.000 euros, independientemente de las responsabilidades civiles o penales".

1 de noviembre de 2015

El Gobierno adjudica contratos por 37 millones a la empresa de seguridad que presidió Morenés

El importe de las adjudicaciones del Gobierno a las empresas de seguridad y servicios del Grupo Segur crece un 77% durante la etapa de Morenés // El Ministerio de Defensa ha firmado nueve contratos con el grupo que antes presidió el actual ministro // Morenés se vio obligado a abstenerse en la compra de fragatas por su vínculo con este grupo de empresas, según publicó El BOE nuestro de cada día

El Gobierno ha adjudicado en esta legislatura contratos por valor de 37,3 millones de euros al grupo de empresas que Pedro Morenés, ministro de Defensa, presidió justo antes de entrar al cargo. En total, las empresas del Grupo Segur (Segur Ibérica, Segur Control y Consorcio de Servicios) se han llevado 64 contratos con la Administración central desde que Morenés es ministro, a la luz de los datos de la Plataforma de Contratación del Estado recogidos y analizados por eldiario.es. El importe de las adjudicaciones a las empresas del grupo aumentaron un 77% durante los primeros tres años de Rajoy, con Morenés en el cargo, frente a los tres precedentes. Entre 2012 y 2014, el Grupo Segur resultó adjudicatario de contratos por valor de 35 millones de euros. En el trienio anterior (2009-2011), presidido por el Gobierno socialista, las adjudicaciones del Ejecutivo a estas empresas se quedaron en 20 millones.

El Grupo Segur es la tercera empresa de seguridad más importante de España, según reza la propia página web oficial de la sociedad. La Administración General del Estado ha contratado a las empresas del grupo para vigilar sedes de RTVE, Defensa, Renfe, Hacienda, Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o los museos de El Prado y Reina Sofía. Las adjudicaciones para la seguridad de las sedes de Renfe, RTVE y los museos del Prado, el Reina Sofía han sido las más cuantiosas de esta legislatura, sumando casi 28 millones de euros. Morenés presidió el consejo de administración de Segur Ibérica entre el 29 de noviembre de 2011 y el 30 de enero de 2012, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil. El 22 de diciembre, cuando todavía presidía la matriz del grupo Segur, fue nombrado ministerio de Defensa. Desde entonces, su Ministerio ha firmado nueve contratos por valor de 360.000 euros a su antigua empresa.

En este caso, los importes de las adjudicaciones directas de Defensa a Segur Ibérica han caído desde la llegada de Morenés. En 2009 y 2010, con la socialista Carme Chacón al frente a la cartera, Segur Ibérica firmó contratos por valor de más de tres millones de euros para la vigilancia de la Dirección General de Armamento y Material y las residencia de las Residencias Militares Alcázar y Don Quijote. Cifras muy superiores a las adjudicadas directamente por el actual ministro. Precisamente, el ministro tendrá que abstenerse en la compra de fragatas por sus vínculos con una empresa de misiles y con Segur Ibérica, tal y como adelantó El BOE nuestro de cada día. El Ministerio de Defensa adjudicó 9 contratos al grupo durante la etapa que Morenés era máximo responsable de la cartera.

Sin embargo, no es el único vínculo de Morenés con empresas del sector. Además de Segur Ibérica, también fue consejero en otras empresas relacionadas con la industria de defensa en los años anteriores a su etapa como ministro. El caso de Instalaza, empresa dedicada a la fabricación de las granadas Alhambra, las únicas homologadas por el Ministerio de Defensa, es el más destacado. Una investigación de El Confidencial demostró que la cartera de Morenés ocultó compras de Defensa por 30 millones de euros al Congreso. Aunque no fue la única. Entre 2009 y 2011 presidió Construcciones Navales del Norte, dedicada a la construcción de buques con alto valor añadido. Desde junio de 2010, fue nombrado presidente de MBDA en España, una multinacional dedicada al diseño y fabricación de misiles. Su nombramiento se debió a la necesidad de la compañía de reforzar su posición en España, según explicó en un comunicado. Un año y medio después, fue nombrado ministro de Defensa.

En 2012, primer año de Morenés al frente de Defensa, el Grupo Segur obtuvo la peor cifra de facturación entre 2007 y 2015, según se especifica en los datos que el grupo publica en su web. Sin embargo, ese mismo año se llevó contratos del Gobierno por más de 14 millones de euros, la mayor cifra desde 2009. En proporción, el porcentaje de contratos frente a las ventas de la empresa fue del 1% en 2011 frente al 6% el siguiente año. Estas cifras no tienen en cuenta las adjudicaciones en las administraciones autonómicas y locales. Por ejemplo, las adjudicaciones por la vigilancia del Parlamento de Andalucía o de algunas sedes de la Generalitat de Catalunya que se ha llevado Segur Ibérica.

A pesar de ello, muestra la escasa importancia de las adjudicaciones en la cuenta de resultados de las empresas del Grupo Segur. Para Instalaza, la otra empresa en la que estuvo Morenés antes de ser ministro, las compras de Defensa supusieron el 84% de todas las ventas que declaró la empresa en 2012, según la investigación realizada por El Confidencial.

Las adjudicaciones a Segur Ibérica, cada vez más opacas En 2010, el año que más adjudicaciones del Gobierno socialista se llevó el Grupo Segur, solo el 15% de los contratos se hicieron a través de procedimiento negociado sin publicidad. A través de este procedimiento, se pueden hacer adjudicaciones sin concurso y negociando directamente con las empresas. Entre 2012 y 2014, con Morenés, la tendencia se invirtió. Durante ese periodo, más de la mitad de las adjudicaciones al grupo fueron a través de procedimientos opacos: negociado sin publicidad, restringido o a través de normas internas.

Entre ellos, los contratos para la vigilancia de las sedes de Renfe, que se hizo a través de procedimiento restringido, donde la Administración escoge qué empresas se presentan, y la seguridad del Museo del Prado, adjudicado por negociado sin publicidad. Ambos contratos suman 12 millones de euros.

FUENTE: eldiario.es AQUÍ

Prosegur y Securitas diseñan el futuro de la seguridad privada en sus centros de innovación

Laboratorios contra el crimen

El vigilante de seguridad armado solo con porra ya no es suficiente.Las empresas de seguridad privada se renuevan para aumentar la eficiencia de un mercado cada vez más exigente. “El sector se transforma, y el vigilante evoluciona hacia un especialista de seguridad con más herramientas. Hoy lleva un smartphone con las aplicaciones de control, pronto llevará wearables, y el terminal de gestión de los drones que vigilarán espacios inaccesibles para él. Hemos desarrollado sofisticados sistemas basados en la tecnología para aumentar la seguridad, pero por sí solos no suplantarán a la personas”, cuenta Zacarías Erimias, consejero delegado de Securitas España. Se trabaja con drones que, por ejemplo, vigilarían las líneas AVE para evitar atentados en las vías.

“Las empresas privadas de seguridad vigilamos las infraestructuras críticas de los países. Somos la primera barrera de los aeropuertos, los puertos, los trenes, las centrales de energía y los depósitos de agua, y para ello trabajamos coordinados con las fuerzas de seguridad de los países. Además, damos ciberseguridad, recogemos y gestionamos el efectivo de las oficinas bancarias, los centros comerciales y las empresas, y ponemos las alarmas en los hogares y los negocios”, cuenta José María Pena, director general de Soluciones Integrales de Seguridad de Prosegur España, la única empresa del sector que da todos los servicios en España y también en Latinoamérica.
Liderazgo europeo

La industria de la seguridad privada facturó 3.384 millones de euros en 2014 El cambio se produce en toda Europa, y los representantes sectoriales de los países sientan las bases para hacerlo en el seno de la Confederación Europea de Servicios de Seguridad. “Europa lidera la seguridad privada global. El gigante español Prosegur (factura 3.783 millones de euros en 17 países) es la tercera compañía del mercado mundial, tras la sueca Securitas (7.647 millones de euros en 53 países) y la británica G4S (8.621 millones de euros en 100 países). Ellos diseñan el futuro en sus laboratorios de I+D”, asegura el portavoz de Aproser, la asociación española de las grandes empresas. Freedonia explica la importancia de un mercado que “crece por encima del 7% y llegará a 193.0000 millones de euros en 2016, impulsado por la creciente urbanización, el crimen y el terrorismo”.

La seguridad privada española está dominada por dos de los tres líderes mundiales, son Prosegur y Securitas, que suponen el 38% de la facturación del mercado. Securitas Direct y Eulen son los otros dos gigantes, y la suma de los cuatro es el 60% del sector. La razón de su tamaño es la investigación realizada en sus laboratorios de I+D. Gracias a ello, “el mercado de la seguridad española en un modelo europeo, junto con los países nórdicos y los del Benelux. Su respuesta a la crisis fue desarrollar sistemas más seguros y eficientes, y eso ha acelerado la transformación del negocio de la seguridad en España”, afirma el portavoz de Aproser. El mercado de la seguridad privada facturó 3.384 millones de euros en 2014, y tiene tres grandes áreas: vigilancia es la mayor (2.121 millones de euros), sistemas y alarmas (973 millones), y transporte de fondos (290 millones). Hay 75.650 vigilantes de seguridad en activo.

El sector, pese a las abultadas cifras, acumula una caída de la facturación del 24% desde 2008. Han cerrado empresas, sobre todo las pequeñas (hay 1.539 firmas, el 83% no llega a 50 trabajadores, son instaladores, y solo 12 tienen más de 5.000). Además de competir con nuevos servicios, las grandes han aguantado el tirón gracias al recorte de las plantillas, dado que los contratos de trabajo van subrogados a los contratos de los clientes. Es la explicación por la que ni Prosegur, ni Securitas ni Securitas Direct han llegado a números rojos, y Eulen solo los ha sufrido en 2012 y 2013.

José Luis Illana, director de Soluciones Integrales de Valores y Efectivo de Prosegur en España lo explica: “El número de servicios solicitados por los clientes y el cierre de oficinas bancarias ha caído. Para paliarlo, hemos desarrollado nuevos servicios como la gestión integral de los cajeros automáticos, soluciones integrales de control, o la recaudación y gestión del efectivo en nuevos sectores”. El esfuerzo ha dado sus frutos. El mercado ha rebotado en 2015, y se prevé que el año cierre con un crecimiento del 1,25%. Aunque ha pasado el calvario, Prosegur, Securitas y Eulen mantienen la investigación para multiplicar los ojos de los vigilantes y conservar su liderazgo. De forma paralela, dan cursos de formación a sus vigilantes, y contratan a personal muy cualificado, incluso ingenieros.

Nueva vigilancia Los principales cambios se producen en el área de vigilancia. Prosegur, Securitas y Eulen ya ofrecen drones equipados con cámaras de vídeo y de fotos con visión nocturna, tienen una autonomía de 50 kilómetros. Las cámaras de videovigilancia y los sensores son activos, saltan a las pantallas de los vigilantes cuando detectan cambios. “Las empresas pueden dedicarse con tranquilidad a su negocio, y dejar su seguridad en otras manos. La tecnología alimenta las amenazas terroristas, pero a nosotros nos sirve para ser más eficientes. Damos soluciones integrales, y esto es gracias a la coordinación de las labores de vigilancia. En los centros de seguridad convergen la ciberseguridad y la inteligencia, la central receptora de alarmas, la videovigilancia y los controles de acceso (hasta por huella o reconocimiento facial)”, explica Luciano Valladares, director de Eulen Seguridad.

Incluso los sistemas de alarmas caseros y de los pequeños negocios han evolucionado. Securitas Direct, que con unas ventas de 397 millones de euros tiene casi el 40% de este segmento de mercado, no ha parado de crecer en la crisis. “Invertimos 17 millones de euros en desarrollar la red UNB, basada en tecnología militar, que es inviolable hasta para los inhibidores de frecuencias. Incorpora cámaras de alta resolución para guardar en la nube las imágenes de los intrusos”, cuenta Ángel Piorno, director de I+D de Securitas. Un problema es “la inseguridad jurídica, la competencia desleal y el intrusismo, rebajan los precios hasta llevar al límite la rentabilidad. Cambiar esta situación es imprescindible para mantener la investigación que nos tiene en el liderazgo mundial”, pide el portavoz de Aproser.

JAÉN: Más de veinte pueblos cubren con 'vigilantes municipales' el trabajo de policías locales

Asumen prácticamente las mismas funciones sin tener la consideración legal de autoridad, patrullan sin armas ni defensas y salen más baratos a los municipios

Más de veinte pueblos de la provincia de Jaén tienen a personal con categoría de 'vigilante municipal' haciendo funciones de policía local. No es lo mismo, aunque es parecido. A simple vista, los dos parecen agentes de la autoridad. Los uniformes son prácticamente iguales. Pero uno patrulla sin armas ni defensas, y lleva escrito en algún lugar de la vestimenta la leyenda 'vigilante' en vez de Policía Local. En toda la provincia son 39 trabajadores, según datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno. Los vigilantes, que se están constituyendo en una asociación, denuncian que sufren una situación «discriminatoria».

La ley de coordinación de Policías Locales de Andalucía de 2011 establece que «en los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos». En la práctica, los vigilantes municipales asumen funciones de seguridad ciudadana, tráfico ... Los propios de un policía local. «Estamos dos grupos administrativos por debajo de un policía local, o sea que ganamos menos, estamos indefensos, nos obligan a hacer otro tipo de tareas como notificaciones, reparto de correspondencia, recaderos, etc. Debemos cumplir funciones de Policía, pero no tenemos derecho como a la segunda actividad», asegura Pablo Herrera, promotor de la Asociación de Vigilantes Municipales de Andalucía.

Herrera indica que «los vigilantes municipales debemos asumir esas funciones con lo puesto (uniformidad), no tenemos un equipo básico asignado, y no podemos utilizar defensa o grilletes porque la mayoría de municipios donde trabajan vigilantes no los han inscrito en el curso obligatorio de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), imagino que para no pagar sueldos durante el tiempo que dura el curso. Como solemos trabajar en municipios pequeños, lo normal es que nos movamos en servicios unipersonales, sin medios y sin la formación básica necesaria».

Presupuesto A juicio de Herrera, esta situación se da porque los pequeños Ayuntamientos «manejan presupuestos bajos. Pero no recuerdo otro caso igual: dos figuras administrativas de la misma comunidad autónoma con las mismas funciones pero diferentes medios, derechos y formación». Ejercer la autoridad -poner multas, por ejemplo- sin ser oficialmente autoridad tiene un coste personal: «La labor de los Vigilantes Municipales es de aplaudir, porque la inmensa mayoría cumple con sus obligaciones, se mantiene al día en legislación de forma autodidacta, ya que la ESPA no nos permite participar en sus cursos, aunque pagamos un coste muy alto debido a la presión que supone llevar acabo nuestras funciones en estas condiciones, genera ansiedad y sensación de desamparo total», indica Herrera.

Los casos de problemas con los vecinos que reciben multas y amonestaciones con poco agrado son recuentes. Lo cuenta uno de los vigilantes municipales de la provincia. «Sufrí una agresión. Estaba solo, tuve que reducir al agresor y esperar con él en el suelo 15 minutos hasta que llegó la Guardia Civil. En otro juicio por amenazas que tuve el año pasado el juez me preguntó que 'qué era eso de vigilante municipal'». No hubo condena por atentado contra un agente de la autoridad en ninguno de los casos, algo que probablemente hubiera ocurrido si el agredido, en idénticas circunstancias, hubiera sido agente de la Policía Local.

No son casos aislados: «A un compañero el año pasado le destrozaron su coche particular con un hacha y hace unas semanas también fue agredido en el ejercicio de sus funciones. Que alguien me explique cómo se puede soportar esa situación», dicen los vigilantes. En la asociación tienen constancia de que «hay compañeros que llevan 20 años como interinos y que en otras comunidades autónomas ya se está eliminando la figura del Vigilante Municipal, pasándolos a Policías Locales una vez reúnan los requisitos y pasen el pertinente curso de la Escuela de Seguridad Pública. Como se va a estudiar próximamente la reforma de la Ley 13/2001, es la oportunidad perfecta para reivindicar, al menos igualdad de condiciones, pero la meta es la conversión de todos los Vigilantes Municipales de Andalucía a Policías Locales».

El mercado español de la seguridad privada con sus cuatro grandes empresas


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