Noticias Destacadas SPV Sevilla


21 de septiembre de 2015

CÁDIZ: Reclaman más seguridad en el Hospital de Jerez tras la agresión a un matrono


La Policía Nacional tuvo que desplazarse hace una semana al Hospital de Jerez para intervenir ante la agresión que sufrió un matrono en el área de partos.

Una vez allí, los agentes identificaron a los presuntos agresores, un hombre y una mujer, y derivaron el atestado a la autoridad judicial, sin que se produjera ninguna detención. No obstante, teniendo en cuenta que para este personal este tipo de acciones son consideradas como delito de atentado, el juez podría imputar a estos sujetos por los hechos cometidos.


Según confirmaron a este periódico desde el Sindicato de Enfermería (Satse), la agresión se produjo el pasado sábado cuando tras un parto complicado que “no se debió a una mala praxis”, el bebé tuvo que ser trasladado a Cádiz. Unas circunstancias que motivaron que familiares de la madre “se pusieran nerviosos” y agredieran presuntamente a un matrono que no atendió el parto pero que “pasó por allí en esos momentos”. Además de agredirle, según el sindicato, también le profirieron amenazas verbales, dándose aviso inmediatamente a las fuerzas de seguridad.

El matrono, que está de baja por ansiedad y se encuentra muy afectado por lo ocurrido, ha denunciado los hechos en Comisaría Nacional de Policía , mientras que desde el sindicato de enfermería ya se han quejado de la falta de control que hay en la entrada a la zona de partos pese al considerar que “no deja de ser una vía de entrada de urgencia” en la que confluyen muchas personas a la espera de que se produzcan los alumbramientos. Por ello, reclaman la presencia de un vigilante de seguridad, al igual que existe en la unidad de Urgencias, donde la pasada Semana Santa también hubo un intento de agresión a una médico residente durante la madrugada, que afortunadamente no pasó a mayores. Desde el Satse condenan este tipo de actos y reclaman más seguridad en el ejercicio de sus funciones.

19 de septiembre de 2015

OVIEDO: Los conductores de los búhos de Oviedo viajarán con un vigilante o un policía

El compromiso llega tras la denuncia del comité al Ayuntamiento del incumplimiento «reiterado» del acuerdo por parte de la empresa

El compromiso de la concensionaria llega 'in extremis' después de que el comité anunciara su intención de evitar que estas líneas circularan ya este fin de semana. Actualmente hay un servicio que sale desde Cuatro Caños y llega a San Claudio.

La concesionaria del servicio de transportes (TUA) se comprometió ayer con el comité de empresa a que los trabajadores que prestan el servicio nocturno (búhos) viajen acompañados por un vigilante de seguridad o un policía local, según aseguraron fuentes sindicales. El anuncio llega tan solo días después de que los trabajadores reclamaban una solución. Tras ponerse en contacto con la empresa para trasladar su malestar, el comité envió un escrito al Ayuntamiento (concretamente a la concejala de Transportes, Ana Rivas, y al responsable de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández) el pasado viernes. Y es que según explican los trabajadores, el acuerdo firmado con el comité de empresa (es del año 2001) obliga a que los conductores de estos servicios estén acompañados por vigilantes de seguridad o policías locales y que además sea voluntario. Cuentan que, hasta ahora, no cumplía ninguno de los dos. La puesta en marcha del servicio de vigilancia supondrá, alcaran, un cambio «sustancial» para los conductores.

La idea inicial de los representantes sindicales era reunirse mañana por la noche en el polígono del Espíritu Santo (desde donde inician ruta los autobuses) para evitar que saliera el servicio si no se cumplía el acuerdo. Al margen de lo que suceda de ahora en adelante, fuentes sindicales quieren dejar claro que, tanto en el escrito enviado al Ayuntamiento como a la empresa, su «total disponibilidad para buscar soluciones siempre consensuadas con el comité de empresa y no al antojo de la empresa». En este sentido, el responsable de Seguridad Ciudadana, se puso en contacto con el comité y la empresa para señalar una reunión «a tres bandas» de cara a buscar una solución definitiva.

Independientemente de lo que suceda mañana (el primer servicio sale desde Cuatro Caños en La Corredoria a las 24.10 de la noche), si finalmente van a contar o no con acompañante, los trabajadores insisten en que los incumplimientos afectan a todos los servicios especiales (como en partidos de fútbol) y no solo a los nocturnos.

18 de septiembre de 2015

VIGO: Dos vigilantes de ILUNION salva la vida a una anciana en un supermercado

La celeridad, la calma y la profesionalidad con las que intervinieron fueron claves para salvarle la vida. Dos vigilantes de ILUNION Seguridad han salvado la vida de una anciana que sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando esperaba su turno para pagar en la caja del hipermercado de Alcampo Vigo

Según informó ILUNION Seguridad en una nota, los hechos se produjeron el pasado día 12, a las 11:45 horas, cuando la mujer, de unos 80 años de edad y que se encontraba en una de las cajas para abonar su compra, comenzó a encontrarse mal.  "Ante esta situación, uno de los clientes avisó a la vigilante de seguridad de ILUNION María Duarte, que en esos momentos estaba cerca".

Al llegar, la vigilante encontró a la anciana en el suelo, sin conocimiento y con una brecha en la cabeza consecuencia de la caída. Tras comprobar que la mujer se encontraba en parada cardiorrespiratoria, dio aviso a control de seguridad y comenzó a realizarle un masaje cardiaco hasta que llegó su compañero José Luis Paz con un desfibrilador. Tras aplicar a la anciana una descarga y recuperar sus constantes vitales, la colocaron en posición de seguridad. Asimismo, después de frenar la hemorragia de la brecha en la cabeza, ambos vigilantes permanecieron con la mujer hasta la llegada de los servicios de urgencia.

La rápida actuación de María Duarte y José Luis Paz, así como la calma y la profesionalidad con las que intervinieron, fueron claves para salvarle la vida. De hecho, desde el 061 telefonearon al citado centro de Alcampo para felicitarles por la intervención de estos vigilantes.

17 de septiembre de 2015

CÁDIZ: El Comité de Empresa de EULEN cursa denuncia ante la Inspección de Trabajo por falta de información

EULEN en la provincia de Cadiz ha sido denuncia por su comité de empresa, ya que la empresa hace caso omiso a la advertencia del comité por la falta de información recibida por la empresa. Según detalla el comité de empresa en su denuncia la empresa:


-No publica el escalafón de los trabajadores desde hace tres años. (Art. 33) del convenio.
-La empresa no entrega al comité los cuadrantes de trabajo (Art. 41) del convenio.
-La empresa no hace entrega del calendario Laboral (Art. 41) del convenio.
-La empresa no entrega la uniformidad establecida a los trabajadores (Art. 75) del convenio.
-La empresa no entrega en resumen mensual de horas extras y horas complementarias de los parciales.
-La empresa no entrega las copias básicas de los contratos.
-La empresa no entrega los TC1 y TC2
-La empresa no respeta el acuerdo firmado para los cursos de formación de los trabajadores.
-La empresa no entrega los cuadrantes anuales a los servicios fijos y estables (Art. 41,2) del convenio.
-La empresa no entrega los EPI a los trabajadores del servicio de Aduanas.
-Los compañeros de sotogrande no dispones de agua en garita ni tampoco de aseos. Establecido todo esto el la ley de PRL.

Todo esto y un sinfín de irregularidades comete EULEN SEGURIDAD EN CADIZ, como si de una empresa pirata se tratara.

16 de septiembre de 2015

La asociación "Marea Negra por la Seguridad Privada" protesta contra el intrusismo en el sector

La seguridad privada ya 'aplica' la Ley de Seguridad Ciudadana

El incumplimiento de la normativa por parte de las empresas no sólo está causando la pérdida de puestos de trabajo, sino también está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana

'Marea Negra por la seguridad privada' ha alertado del crecimiento del intrusismo laboral debido a la utilización de personal no acreditado que se produce en este sector. Esta actividad ilegal sigue in crescendo durante los últimos 4 años, debido principalmente a la crisis económica, que hace que las empresas busquen ahorros de costes y contraten a una persona, bajo el paraguas de otro cargo, pero realizando el servicio de vigilancia.

La asociación está desempeñando la labor que no realizan algunos sindicatos y predican la unión y la dignidad para el sector, la lucha contra el abandono legal que genera precariedad profesional, y sobre todo la negación del falso estereotipo que oculta que los vigilantes son un pilar básico de la seguridad de este país, que salvan vidas humanas y que rara vez los condecoran por ello.

Para ejercer labores de seguridad, el Ministerio del Interior exige carecer de antecedentes penales, poseer graduado escolar o superior, aptitud psicofísica certificada por una empresa privada, no haber sido condenado por la violación de los derechos fundamentales -al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen-, no haber sido sancionado por infracción grave o muy grave en materia de seguridad privada, no haber sido separado del servicio en las FFCCSSEE en los dos años anteriores y poseer el diploma o certificación acreditativa de haber superado el curso correspondiente. Es por ello por lo que un vigilante de seguridad está preparado para hacer frente a situaciones que otra persona no podría enfrentar.

El constante incumplimiento de la normativa por parte de las empresas -contratan a un auxiliar en lugar de a un vigilante- no sólo está causando la pérdida de multitud de puestos de trabajo, sino también está poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana. Para luchar contra este problema, 'Marea Negra' ha comenzado areivindicar el trabajo de los vigilantes de seguridad "aplicando" la Ley de Seguridad Ciudadana, que otorga a este colectivo competencias más amplias, como la posibilidad de identificar y detener a ciudadanos -hasta ahora esta posibilidad solo se permitía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-.

Por ejemplo, según una denuncia a la que ha tenido acceso GACETA.ES, un vigilante que se encontraba fuera de servicioauxilió a la dependienta de un establecimiento a la que otra mujer que intentaba robarle tenía amenazada con un cuchillo en el cuello. El vigilante, que recibió un golpe en el rostro, logró finalmente reducir a la agresora y ponerla a disposición de la Policía. Pero esta es sólo una de las muchas situaciones de riesgo en las que se implican estos trabajadores para demostrar que estas únicamente pueden ser enfrentadas por profesionales cualificados y no por personal no acreditado.

4 de septiembre de 2015

SORIA: La Asociación de Vigilantes de AVISO denuncia un nuevo caso de intrusismo

Podría conllevar una sanción de 130.000 euros, 30.000 para el operario y 100.000 ​para el contratista.

La Asociación de Vigilantes de Soria (Aviso) ha presentado una denuncia por intrusismo que podría conllevar una sanción de 130.000 euros, 30.000 euros para el operario y 100.000 euros para el contratista de un servicio de seguridad prestado por personal no habilitado.

Tal y como ha informado la asociación, la denuncia ante la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional, "con prueba fotográfica" donde se observaba a un individuo que realizaba funciones propias de seguridad privada en la ampliación del polígono industrial de Almazán. "Los hechos fueron constatados por funcionarios de la Policía Nacional, quienes instruyeron el pertinente procedimiento en vía administrativa", ha apuntado Aviso.

Al parecer, estos hechos son "reiterados", ya que el pasado mes de abril la Guardia Civil imputó a un individuo -por vía penal- que prestaba servicios de guarda rural sin serlo, así como a su contratista -por vía administrativa-. Tanto la Asociación de Vigilantes de Soria como la Asociación Profesional de Guardas Jurados de Cazar pretenden realizar un "seguimiento exhaustivo de estos procesos" e instar otros nuevos, para"poner coto" a una práctica ilegal, que puede provocar "indefensión y menoscabo" en los derechos del ciudadano.

2 de septiembre de 2015

SEVILLA: Securitas lleva al SAS a los tribunales por el concurso de un contrato de 20 millones

«Quis custodiet ipsos custodes?». Traducida del latín: ¿Quién vigila a los vigilantes? La respuesta a la pregunta en este caso no podría ser la Junta de Andalucía sino otros vigilantes. La empresa Securitas Seguridad España SA ha llevado a los tribunales de justicia al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por las irregularidades que considera que se han producido en la adjudicación de un contrato de casi 20 millones de euros y 24 meses de duración, destinado a ofrecer el servicio de vigilancia y seguridad en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, a la unión temporal de empresas (UTE) que conforman Vigilancia Integrada SA y V2 Complementos Auxiliares S.A.

Securitas denuncia que durante el proceso se añadieron elementos secundarios a los criterios descritos en los pliegos con posterioridad al plazo de presentación de ofertas y que éstos se aplicaron de manera «arbitraria, subjetiva y no uniforme», provocando que en determinados apartados sólo la oferta de la adjudicataria fuese valorada, lo que resulta «completa y absolutamente improcedente». Pero sus alegaciones no fueron atendidas por el Tribunal Administrativo de la Junta de Andalucía, lo que llevó a la entidad a interponer un recurso contencioso-administrativo y de cuyo anuncio se dio traslado el pasado 10 de agosto a las partes interesadas para que puedan personarse.

Fue el 8 de julio de 2014 cuando el SAS adjudica este contrato por un valor de 19.568.987,09 euros y en los días siguientes Securitas recurre solicitando su anulación, retrotayendo las actuaciones al momento de producirse la valoración de las ofertas y se dicte una resolución nueva a su favor. La base del recurso se sustenta en que, a su juicio, dos criterios técnicos de evaluación automática recogidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares no han sido aplicados de conformidad con su naturaleza, lo que desvirtúa las puntuaciones resultantes de las ofertas de los licitadores. Así, Securitas ofertó 3.294 equipos de transmisión pero la comisión técnica sólo le valoró 171 equipos, el número de trabajadores adscrito al servicio. Su oferta fue rebajada, por tanto, obteniendo una puntuación muy inferior y un incremento proporcional de la puntuación de la adjudicataria. Un argumento que, según la recurrente, no se aplica de forma uniforme al resto de criterios. Así sí se valoran 105 unidades contra incendios a pesar de resultar innecesarias más de 20 y 76, atendiendo al número de centros que ya contaban con dichas prestaciones; o se valoran hasta cien unidades nuevas de videograbación ofertadas por otro licitador pese a no especificar a qué centros se destinan.

El órgano de contratación niega trato discriminatorio pues al recurrente se le otorga en el apartado medios de comunicación la puntuación más favorable posible en el sentido explicitado. Al respecto, la UTE adjudictaria acusó a Securitas de obrar con «picaresca» porque la oferta de teléfonos y walkie-talkie era «un brindis al sol con la única finalidad de obtener la máxima puntuación en dicho criterio sin más». Con posterioridad, el Tribunal Administrativo concluyó que Securitas ofertó «equipos de transmisión innecesarios» con el fin de conseguir la mayor puntuación en ese criterio y, dada la fórmula de valoración del mismo, situar las ofertas del resto de licitadores muy por debajo.

La segunda alegación, también rechazada, incide en las consideraciones tenidas en cuenta a posteriori y se refieren al número de horas de formación ofertadas. Así, en el pliego se recoge que se otorgará la mayor puntuación a la oferta con mayor número de horas/año y el resto de ofertas de valorarán mediante proporcionalidad directa. Sólo fue valorada la oferta de la UTE adjudicataria. El resto entendió que bastaba con ofertar un determinado número de horas y la comisión técnica y, posteriormente el Tribunal Administrativo, concluyó que se solicitaba un plan de formación, no una «mera mención de un dato numérico» sin criterio formativo alguno. Desestimado el recurso el pasado 21 de abril de 2015, el 15 de mayo se firmó con la UTE ganadora el contrato con fecha de inicio 1 de junio de este año y por una duración de 24 meses. Ese mismo día Securitas interpone el recurso contencioso administrativo y la Sala Primera del TSJA requiere el emplazamientos de cuantos interesados pudiera haber.

La UTE adjudicataria la conforman Vigilancia Integrada SA y Complementos Auxiliares SA, empresas que forman parte de Ilunion y cuyo administrador único es el grupo empresarial de la ONCE y su fundación. Esta compañía comenzó también en enero de 2015 a gestionar la seguridad de los 27 museos y conjuntos culturales dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Ahora, además, lo hace en la Plataforma Logística Sanitaria de Sevilla.


1 de septiembre de 2015

GIRONA: Dos detenidos por robar cableado eléctrico en una empresa de Sarrià de Ter

Los vigilantes de seguridad alertaron a la Policía Local por el robo de cableado eléctrico

La Policía Municipal de Girona detuvo, alrededor de las cinco de la tarde del pasado domingo, día 23 de agosto a Mohammed L., de 30 años, vecino de Girona, y Samir B., de 28 años y vecino de Sarrià de Ter, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron alrededor de media de la tarde cuando la central de coordinación policial recibió una llamada al 092, en el que el vigilante de seguridad de una empresa ubicada en Sarrià de Ter alertaba de la entrada en el recinto de dos presuntos ladrones.

Inmediatamente se desplazaron hasta el lugar tres patrullas con agentes uniformados. Allí los esperaban dos vigilantes que estaban de servicio que explicaron que mientras uno de ellos hacía la ronda de vigilancia por el recinto de la fábrica, al llegar a la zona de la depuradora había escuchado unos golpes muy fuertes que la habían alertado. Los policías iniciaron una búsqueda por la zona que culminó más tarde cuando encontraron, en la zona de la depuradora, a dos personas que estaban intentando llevarse cables eléctricos y que al ver a los policías se escondieron. Los agentes identificaron a ambos y después de las gestiones detuvieron a Mohammed L., de 30 años, y Samir B., de 28 años, ambos con antecedentes penales, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

HUELVA: Tres vigilantes de seguridad de la prisión, de baja médica por agresiones y amenazas

Los incidentes se remontan varios meses atrás entre el propio personal de la empresa de seguridad Temen que se repitan episodios más graves.

Tres vigilantes de seguridad privada que prestan su servicio en el centro penitenciario de Huelva se encuentran de baja médica en estos momentos por las secuelas físicas y psicológicas de varios episodios de amenazas y agresiones en los que se ha visto envuelto el propio personal de la empresa adjudicataria. Según el testimonio de fuentes cercanas al caso, recabado por Huelva Información, los incidentes que han originado la situación actual se produjeron en los últimos meses y han provocado una gran preocupación entre los trabajadores de la prisión, que expresaron a este diario su temor de que se vuelvan a repetir dejando graves consecuencias. 

Los sucesos referidos se produjeron siempre entre el propio personal de la empresa de seguridad privada, aunque han tenido repercusión en todo el centro, dada la gravedad de los mismos. En uno de ellos, según cuentan las fuentes, dos de los vigilantes se agredieron mutuamente hace unos meses en el puesto del control de acceso al recinto de la prisión, donde el personal tiene a su cargo un arma de fuego que uno de los implicados intentó utilizar. La intervención de agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio del centro evitó males mayores, aunque los dos protagonistas del incidente arrastran secuelas físicas que les mantienen fuera de servicio por baja médica. 

En otro de los episodios referidos, más reciente, se vieron implicados otros dos vigilantes privados de la prisión, esta vez en el camino de acceso al recinto. Según narraron a este diario personas conocedoras del caso, uno de los trabajadores esperó el paso de un compañero con el que había tenido disputas previas y le embistió con su vehículo, echándole fuera de la carretera. El agredido se encuentra todavía de baja por las secuelas psicológicas del suceso. Además de las dos agresiones relatadas, aseguran que se han producido en repetidas ocasiones disputas y amenazas entre el personal privado que realiza labores de vigilancia en la prisión desde que el Ministerio del Interior externalizara parte del servicio hace dos años en las penitenciarías de todo el país. Las mismas fuentes que han denunciado los hechos a este periódico, y que prefieren mantener el anonimato para evitar represalias, aseguran que el origen de los conflictos es básicamente laboral. Sostienen que las condiciones de trabajo que sufren los vigilantes de seguridad privada superan muchas ocasiones lo conveniado y que la presión y tensión que soportan por estas circunstancias es palpable en el centro. 

La empresa Ombuds Compañía de Seguridad SA, con sede en Madrid, tiene adjudicado el servicio de seguridad privada en el centro penitenciario de Huelva desde marzo de 2013. Fue la primera adjudicataria en todo el país, para las prisiones de Huelva, Alicante, Logroño, Topas (Salamanca), Castellón y Dueñas (Palencia), tras la medida adoptada poco antes por el Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy. De esta forma, los vigilantes privados se encargan de controlar los accesos al centro, las cámaras de vigilancia y las patrullas en el perímetro del recinto, parte de las funciones que tenía encomendada la Guardia Civil previamente. El personal de Ombuds adscrito de esta forma a la vigilancia en las prisiones procede en su mayor parte del servicio de escolta prestado en el País Vasco a cargos públicos, que se recicló a partir de 2013 con los nuevos cometidos en la vigilancia exterior de los centros penitenciarios. 

En Huelva hay asignados siete vigilantes para estas funciones desde entonces y, según denuncian fuentes próximas, sufren condiciones adversas en la prestación del servicio que han provocado roces entre los propios trabajadores. Esto ha desencadenado episodios de violencia verbal y física que no han sido, aseguran, debidamente tratados por la empresa. En la prisión, insisten, se teme que se repitan los incidentes y que alguno pueda tener fatales consecuencias, después de la gravedad de los ya ocurridos. Huelva Información ha tratado de conocer el caso por parte de la empresa Ombuds, pero desde la sede principal ningún responsable ha querido atender la llamada por mantener su política de "no hacer declaraciones a la prensa". El Ministerio del Interior, hasta el momento, ha eludido pronunciarse también sobre el tema, al igual que la Comandancia de la Guardia Civil, mientras que fuentes sindicales vinculadas a la prisión reconocieron la existencia de "determinados problemas entre vigilantes" aunque evitaron ofrecer una valoración más detallada.