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6 de octubre de 2014

Dimiten los líderes de UGT y CC OO de Madrid por el uso de tarjetas «opacas»

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, anunció hoy que el miembro de la Ejecutiva Confederal Rodolfo Benito ha presentado su dimisión tras conocerse que utilizó una de las tarjetas “opacas” de Caja Madrid cuando fue miembro de su consejo de administración.

En una comparecencia ante los medios para valorar este asunto, Fernández Toxo, acompañado del secretario de Comunicación, Fernando Lezcano, ha dicho que agradece el gesto de Benito y que este fin de semana convocará a la Ejecutiva del Comité Confederal para abordar el asunto. Según Toxo, Benito le ha comunicado que dimite, si bien no cree que haya actuado de manera ilegal ni en beneficio propio.Según Toxo, Benito le ha comunicado esta mañana que presentaba su dimisión, pese a creer que no actuó de manera ilegal ni en beneficio propio. Además, Benito le ha transmitido que dimitía por el daño que estaba generando el escándalo de las tarjetas ‘opacas’ “a su persona y a la organización”. También ha dicho que explicará por escrito los motivos de su decisión.

Toxo, que ha dicho que en el Consejo de Administración de Caja Madrid había seis afiliados a CCOO, ha querido dejar claro que el sindicato “no tenía constancia alguna” de la existencia de estas tarjetas y ha asegurado que será “absolutamente riguroso” en el tratamiento de este asunto, “sin ninguna condescendencia si se ha producido un uso inadecuado o en beneficio propio”. El secretario general de CCOO ha insistido en que el sindicato no permitirá ninguna práctica que no sea conforme a la legalidad. “Hay fronteras que no se pueden atravesar, sea quien sea y la persona que las atraviese tendrá que rendir cuentas”, ha dicho.

El responsable de CCOO ha avanzado que en el caso de que se detecte un uso “ilegal, inapropiado o no acorde con las normas éticas del sindicato”, CCOO tomará las medidas disciplinarias que sus estatutos establecen. Ha considerado que el uso de la tarjeta “opaca”, que aparenta ser un sobresueldo, “es absolutamente reprobable e inaceptable”. Toxo también ha añadido que CCOO investiga si estas prácticas se empleaban en otros lugares.

Fernández Toxo ha dicho que para la organización ha sido una “desagradable” sorpresa conocer que había una franja de opacidad importante en este asunto, dado que los afectados han dicho desconocer cómo contabilizaban esas tarjetas al fisco. El responsable de CCOO también ha señalado que a la vista de lo sucedido sigue pensando que la participación de los sindicatos en la vida de las empresas es “sensiblemente mejorable” en España. Toxo ha dicho que ha propuesto una discusión sobre si mantenerse o no en los consejos de administración, y ha comentado que él es partidario de salir pero, además, hay que buscar una fórmula que le sustituya. Finalmente ha abogado por que la justicia ponga luz sobre este asunto, ha dicho estar a su disposición y confía en que no se ponga en riesgo al sindicato, si bien ha admitido que afecta a su prestigio.

Pocas horas antes, el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, también ha dimitido a consecuencia del informe de Bankia que revela que gastó algo más de 44.000 euros con la tarjeta “opaca” que tenía de Caja Madrid por su condición de consejero de la entidad. Así lo ha anunció hoy en Mérida el líder nacional de UGT, Cándido Méndez, que explicó que a última hora del día de ayer aceptó la dimisión de Martínez, después de que el líder sindical madrileño le comunicara que hacía firme su decisión de dimitir.

Méndez, que asiste a unas jornadas en Mérida, ha precisado que esta dimisión responde, tal y como ha expresado José Ricardo Martínez, al hecho de que “hay una dimensión legal que tendrán que dilucidar los jueces, pero en un responsable político hay una dimensión ética a la que hay que hacer frente”. Para Cándido Méndez, con su decisión de dimitir, Martínez hace frente a esta dimensión ética de “una manera muy digna”.

El secretario general de UGT ha señalado, por otra parte, que ahora la organización en Madrid entra en un proceso de renovación, por lo que la dimisión se hará efectiva en los próximos días en el órgano correspondiente, donde se procederá a la convocatoria de los mecanismos democráticos del sindicato para proceder al relevo. Méndez ha aclarado que de la decisión de dimitir de José Ricardo Martínez “no se puede, en ningún caso, deducir que haya hecho un uso reprobable” de la tarjeta de Caja Madrid.

En ese sentido, ha precisado que desde UGT se ha abierto “un proceso de investigación con carácter general para las personas afiliadas” a esta organización que pudieran estar relacionadas con el caso Bankia, ya que el único cargo político que era consejero de Caja Madrid era Martínez . Cándido Méndez ha destacado la “predisposición de las personas afectadas por esta situación pertenecientes a la UGT es total” y están dispuestos a “aportar toda la documentación” para “comprobar y tomar las decisiones oportunas en el ámbito del sindicato”. Ha insistido en resaltar el “relieve” que, a su juicio, tiene el hecho de que José Ricardo Martínez haya decidido presentar su dimisión de forma voluntaria y “prácticamente en 24 horas después” de que se conociera el gasto que supuestamente realizó con la tarjeta “opaca” de Caja Madrid.

A preguntas de los periodistas sobre si los otros consejeros de la entidad madrileña tendrían que seguir los pasos de Martínez en sus respectivos cargos públicos, Méndez ha dicho que no quiere “enseñar caminos” ni “dar lecciones a nadie”. Ha recordado que hay personas afectadas en este caso de otros sindicatos, partidos políticos o instituciones y ha instado a cada uno a “reflexionar” sobre cual debe de ser ahora su actuación.

Por otra parte, el secretario general de UGT ha insistido en que la Comisión de la Ejecutiva Federal del sindicato desconocía lo que estaba ocurriendo en Caja Madrid. En ese sentido, ha recalcado que tendrán que ser la Agencia Tributaria y el Banco de España los que tengan que aclarar esta situación, si como afirmó el ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, estas instituciones conocían la existencia de las tarjetas opacas.


La Otra Seguridad: A cada cerdo le llega su San Martín


Dimiten los líderes de UGT y CC OO de Madrid por el uso de tarjetas «opacas»

Programa 352 A cada cerdo le llega su San Martin "A cada cerdo le llega su San Martín" es un refrán que alude a que cada cual recibirá en su momento la respuesta por los actos cometidos. Si alguien ha actuado incorrectamente, tarde o temprano le llegará el momento de pagar su culpa.  Fuente: http://laotraseguridad.jimdo.

5 de octubre de 2014

BURGOS: La seguridad privada también destruye empleo

Donde había dos o tres entidades financieras ahora hay una, producto de las fusiones. La empresa que antes demandaba una vigilancia 24 horas ahora se apaña con personal propio y ha reducido los turnos. La administración se apaña con menos, aun a riesgo de dejar edificios y dependencias públicas más desprotegidos. Y al final todo redunda en que las empresas de seguridad privada han sufrido un tijeretazo en los últimos años que ha mermado en casi un 10% el empleo en el sector.

La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) estima que en la provincia de Burgos hay una veintena de empresas y que se han perdido 75 puestos de trabajo en los dos últimos ejercicios. En 2012 había 750 vigilantes de seguridad y 75 técnicos de sistema (los que se ocupan de la instalación y mantenimiento de las alarmas), mientras en la actualidad quedan 685 vigilantes y 65 técnicos. En total, la caída supone pasar de 825 empleos directos a 750. Y en cuanto a facturación, el montante total ha descendido de 27 a 24 millones de euros en el mismo periodo.El representante de APROSER en Burgos, Alfonso Tapia, explica que una de las principales razones para la caída de empleo deriva de una reducción en «el porcentaje del negocio procedente del sector público con respecto al privado». Los recortes de las administraciones han bajado «tanto la asignación presupuestaria como los servicios contratados».

Así, el segmento de industria y energía se ha convertido en la principal fuente de facturación del sector a nivel nacional, con un 16,80 por ciento, seguido de las infraestructuras de transporte con un 15,86%. El comercio ocupa el tercer lugar, con un 15,73%. Las entidades financieras representan un 15,66%, seguidas por las administraciones públicas, con un 13,84%. A continuación se encuentran los segmentos de servicios (9,21%), residencial (4,18%), salud (1,78%) y educación (1,49%). El 5,44% restante se agrupa en el apartado «otros.

Estrecha colaboración con lo público. Pese a la bajada, las empresas de vigilancia siguen colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y cada vez más. Según los datos que ofrecieron en el último Día de la Seguridad Privada, celebrado en mayo, el sector desarrolló durante el pasado año más de 360 colaboraciones directas con la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil en Burgos, una relación calificada por las partes como «muy positiva». Se mencionaba entonces que ese trabajo conjunto derivaba de la vigilancia en entidades de crédito, joyerías, estaciones de servicio, administraciones de lotería o diversos emplazamiento en el medio rural, industrial o empresarial.

Ahora Tapia añade que «con nuestra amplia experiencia contamos con la profesionalidad y la formación necesarias para llevar a cabo nuestras actividades en cualquier tipo de actividad y sector». Menciona como ejemplos «los escoltas, la custodia de los cuarteles o los vigilantes de atuneros en alta mar, así como las infraestructuras críticas y las centrales nucleares». Siempre en subordinación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la vigilancia privada es capaz de complementar o incluso sustituir casi completamente su labor en áreas tan críticas como algunas de las mencionadas. 

Una y otra parte confían en que esa colaboración se intensifique y mejore con la entrada en vigor de la normativa de la pasada primavera. El 5 de junio empezó a aplicarse una nueva normativa que, tal y como recuerda APROSER, está pendiente de desarrollo en reglamento. Para ello está convocado el Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se celebrará a mediados de noviembre en Madrid, y allí pretenden «ayudar con nuestras aportaciones al mejor desarrollo reglamentario posible».

Vigilantes del aeropuerto de Málaga se unen contra la falta de seguridad y el déficit de personal

CSIF, USO, CCOO, UGT y Alternativa Sindical exigen a AENA que atienda las graves deficiencias registradas en materia de seguridad y que ponen en riesgo a trabajadores y usuarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, de Málaga, CCOO, UGT, USO y Alternativa Sindical se han reunido este viernes para exigir a AENA que atienda las alarmantes deficiencias en materia de seguridad a las que están expuestosvigilantes y usuarios del aeropuerto de Málaga. Así, los cinco sindicatos han remitido un escrito a la dirección de AENA en Málaga alertando de las irregularidades en materia de seguridaddetectadas en el aeropuerto. Esta Central Sindical denuncia que la postura que está manteniendo Visagren Trablisa, la empresa encargada del servicio en el aeropuerto de Málaga, supone una imprudencia en materia de seguridad, ya que son numerosas las denuncias de los representantes de los trabajadores reclamando que se atienda su situación.

A este respecto, CSIF Málaga subraya que la empresa adjudicataria presiona a los trabajadores de seguridad para que atiendan al mayor número de pasajeros en el menor tiempo posible, debido a los recortes que impone la sociedad gestora AENA. De esta manera, en ocasiones pueden poner en riesgo la seguridad tanto en los vuelos como en tierra. La necesidad de tratar dedescongestionar las zonas de acumulación de pasajeros puede llevar a provocar errores por la celeridad en las acciones y operativos, de los que sería responsable cada trabajador encargado de ese puesto de control.

Esta Central Sindical recuerda que la sobrecarga laboral para los alrededor de 220 vigilantes que cubren el servicio se ha incrementado notablemente en el último año debido al aumento de viajeros que registra el aeropuerto, mientras la empresa, que hace apenas unos años contaba con 350 trabajadores, continua sin cubrir las bajas y vacantes que se dan. Así, se han llegado a registrar una veintena de puestos de seguridad descubiertos en el aeropuerto de Málaga, ya que, en lugar de cubrir las vacantes, Trablisa recurre a horas extra y al traspaso de personal entre servicios, generando más descubiertos. Esta situación obliga a los trabajadores a un exceso de jornada que, en alguna ocasión, ha llegado a alcanzar las 16 horas al día, sobre todo, en el caso del personal eventual, presionado con contrataciones mensuales. El déficit de personal también obliga a los trabajadores de los controles de seguridad a permanecer hasta cinco horas sin descanso en el escáner.


CSIF Málaga, que insiste en que las condiciones laborales de la plantilla son insostenibles desde que la Trablisa se hizo cargo del servicio, denuncia que se han reducido los derechos laborales de este colectivo hasta mínimos insostenibles, demostrando que el ahorro prima sobre el servicio que presta. Esta Central Sindical, junto al resto de formaciones, no descarta ninguna medida de protesta por el indudable incremento de los niveles de riesgo para los usuarios y los propios trabajadores.

4 de octubre de 2014

15 horas de formación extra y 33 millones para la seguridad privada de las cárceles

Cursos de un mínimo de diez horas presenciales de formación específica (en Internet pueden encontrarse fácilmente anuncios para estos cursos regidos por una orden de Interior y una Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad), otras cinco en el propio centro y unas prácticas que se hacen directamente trabajando.

Son los requisitos extra que han de cumplir los800 vigilantes de seguridad privados que, desde el pasado miércoles, intervienen en la seguridad de todas las prisiones que dependen de la Administración del Estado, junto a Guardia Civil y Policía. Su llegada a las cárceles supone la implantación en 67 centros penitenciarios de una medida -nacida de la Ley de Seguridad Privada- que comenzó el pasado año, como experiencia 'piloto', en una veintena de prisiones, y que pese a los resultados "satisfactorios" que dice haber tenido el Gobierno, ha suscitado el rechazo de funcionarios, Policía y Guardia Civil. Las razones, variadas: económicas, de seguridad, de privatización. 

Las funciones de estos vigilantes (algunos de ellos podrán llevar armas) serán el control del perímetro de los centros, de las personas, vehículos y mercancías en los accesos y de los sistemas de videovigilancia, lo que permitirá, según el Gobierno, que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hasta ahora desempeñaban esas funciones realicen otras más apropiadas "a su mayor cualificación y especialización". Efectivamente, incluso "los niveles inferiores del personal de instituciones penitenciarias y Guardia Civil cuentan con unas prácticas de 18 meses", según explica Adolfo Fernández, presidente de la sección de Prisiones del sindicatoCSI-F-, y, por otro lado, ¿es este un trabajo 'menor' que pueda ser encomendado a personal menos cualificado? "No es lo mismo el principio de autoridad que tiene un guardia civil, por ejemplo, que puede actuar directamente si alguien monta un cisco en la entrada porque se le deniega el acceso, que un guardia que tiene que llamar y avisar a otros", asegura Fernández.'.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -58 de los 67 centros están bajo su responsabilidad- añaden otro aspecto que no parece menor: "La información que manejan es muy sensible. Quien trabaja en la zona de monitores sabe, por ejemplo, qué alarmas están averiadas en un centro. Y en esta segunda fase del proyecto, ha habido ya vigilantes que se han quedado en el paro. El riesgo es muy grande". Fuentes de la AUGC hablan, además, de unas adjudicaciones hechas mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por motivos de seguridad: "Les preocupa la seguridad en ese aspecto, pero no que las prisiones estén en manos de trabajadores que mañana puedan ir al paro. Es curioso"

Más de 33 millones Desde el pasado miércoles, el Ministerio de Interior ha dibujado con esta medida un peculiar mapa de España: Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla componen el lote 1, con un coste para el Estado de 9.853.429 euros, adjudicado a una Unión Temporal de Empresas formada por Ombuds, Eulen, Vinsa, Prosetecnisa, Sabico, Garda y Cacesa; Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja componen el lote 2, de 8.551.283 euros, adjudicado a Securitas; Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid conforman el lote tres, de 7.671.805 euros y adjudicado también a Ombuds; Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, el lote 4 (7.311.224 euros) ha recaído en Coviar y Seguribérica. En total, el gasto es de 33.387.743 euros, calificado de "dispendio" por la Agrupación de Cuerpos de la Administración en Instituciones Penitenciarias (Acaip).

Desde la AUGC hablan de los "importantes intereses económicos" que hay detrás de esta medida, nacida, para ellos, menos, como se dijo en su día, de la necesidad de recolocar a los escoltas privados que trabajaban para Interior en El País Vasco -muchas de las empresas adjudicatarias prestaban esos servicios, pero "la proporción de exescoltas entre quienes han entrado en las cárceles es mínima"- que de las presiones del "lobby" de empresas de seguridad: "La Ley de Seguridad Privada va a aumentar más el negocio. Ya están anunciando la seguridad privada en edificios públicos, incluso de Defensa", recalcan esas mismas fuentes.

"Auxiliares" de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Interior ha insistido en que estos agentes de seguridad desempeñarán cometidos "como auxiliares" de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero la Dirección General de la Guardia Civil ya ha comunicado a los centros que en una tercera fase realizarán sus funciones en solitario. Hoy por hoy, de hecho, hay controles en el que comparten un espacio exiguo un guardia civil, un funcionario de prisiones y uno de estos agentes, y en otros, según la AUGC, se ha dejado ya solos a estos últimos. 

Por ahora, ninguno de los guardias civiles ha perdido destino, pero se les está recolocando. Y se les ha anunciado ya una tercera fase en la que teóricamente se ampliará el número de agentes llegados de la seguridad privada y se reducirán sus plantillas. "La vigilancia del perímetro de los centros es esencial. Al menos para que el funcionario de prisiones, con la falta de personal que hay, no tenga que estar también pendiente de lo que pasa en el muro. En el CSI-F pensamos que estamos más seguros con la Guardia Civil", resume, Adolfo Fernández, que pone en relación esta inversión en seguridad privada con la situación "dramática" de los empleados de prisiones, que con más de 300 jubilaciones cada año y una oferta de empleo de 84 personas en tres años, no pueden "garantizar la integridad de los internos ni la nuestra". Nacho Gutiérrez, portavoz de ACAIP, añade: "La seguridad exterior de prisiones es parte de la Seguridad del Estado y como tal no puede terminar en manos de las empresas privadas".

3 de octubre de 2014

Tensa espera en la negociación colectiva.


Capítulo 5: Reuniones "de relleno"


Entre el impacto que tuvo en los trabajadores el pre-acuerdo entre UGT,CC.OO, USO y las patronales APROSER y UAS el pasado 25 de septiembre, y  la espera de la asambleas que vayan ratificando el principio de consenso alcanzado entre ambas partes, había un encuentro en medio, casi de relleno, incómodo y hasta engorroso, que hace las veces de periodo de transición mientras van llegado noticias "gota a gota" de las asambleas territoriales.

En este impás de espera se celebró el 5º encuentro de la comisión negociadora para el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad privada de fecha 2 de octubre. Un encuentro de poco más de tres horas celebrado en sesión matutina y resuelto en un acta de apenas media cuartilla. La representación de la parte social se redujo a la mínima expresión, pues quedaba claro que hasta que no se refrendaran los acuerdos no eran posibles avances significativos. Incluso las centrales CIG y ELA optaron por no asistir a una reunión casi sin contenido.

La asociación empresarial FES, tras el pertinente debate interno en el seno de su organización, aprovecho la ocasión para adherirse a los términos del pre-acuerdo de fecha 25-S, aunque dejo claro que los términos pactados no satisfacen plenamente a sus asociados. También lanzaron, ahora de acuerdo con APROSER, dos propuestas relativas al ajuste del texto del convenio a la normativa laboral vigente. El documento fue recepcionado por la parte social sin mayor avance. Dieron carpetazo al encuentro corrigiendo un error de redacción recogido en el Acta Nº4.

Mientras tanto, y al margen de esta reunión express, van llegado los ecos de las provincias con el pronunciamiento de los delegados al texto del pre-acuerdo. Tal y como se respiraba en el ambiente, los representantes sindicales de CC.OO se empiezan a decantar por rechazar lo firmado por sus compañeros sentados en la mesa negociadora. Ver AQUÍ Y AQUÍ. Veremos a ver como queda finalmente la respuesta de la parte social a los términos del acuerdo. Habrá que esperar a la próxima reunión de la negociación colectiva fijada para el 16 de octubre.

CC.OO Servicios Privados de Madrid rechaza el pre-acuerdo de la mesa negociadora del convenio de seguridad privada



Monica de Oriol dice que prefiere contratar a mujeres que no queden embarazadas

La presidenta del Círculo de Empresarios y dueña de Seguriber, Mónica Oriol, ha afirmado este jueves que prefiere contratar "a una mujer de más de 45 o de menos de 25 años" para evitar "el problema" de que se quede embarazada. Oriol, cabeza visible de esta patronal desde abril 2013, ya desató la polémica nada más llegar al cargo al pedir rebajar el salario mínimo a las personas sin formación.

"Estamos generando tal cantidad de regulación en este país o en Europa para favorecer a la mujer que lo que estamos es aislarla de una carrera profesional", ha declarado esta empresaria durante su participación en una mesa redonda en la XXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL), celebrada este jueves en Madrid. Oriol ha reconocido que sus ideas no son políticamente correctas. "Esa es una idea que quiero soltar aquí, también políticamente incorrecta, pero yo lo único que os digo es que prefiero una mujer de más de 45 o de menos de 25, porque como se quede embarazada, nos encontramos con el problema”, ha añadido la empresaria antes de dar su particular consejo a las mujeres que quieren llegar a ser directivas: "El sacrificio para llegar a un puesto directivo tiene un precio: o te casas con un funcionario o tienes un marido al que le encantan los niños".

Oriol ha compartido esta mesa redonda con la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan; la vicepresidenta de Eulen, María José Alvarez; la vicepresidenta ejecutiva y jefa de operaciones del Banco Iberamericano de Desarrollo (BID), Julie Katzman, y la secretaria de Estado de la Comunicación, Carmen Martínez de Castro. En su anterior polémica, Oriol criticó que el salario mínimo "te obliga a pagar un sueldo a estos jóvenes aunque no valgan nada". "Hay que darles un dinero que no producen", denunció. Por esta razón, sostuvo que es necesario "dar a gente desigual un trato desigual", de manera que el SMI solo se aplique a los trabajadores con una "cierta formación". Así, no se aplicaría el salario mínimo "hasta que no produzcan lo que cuestan". Tras el revuelo, pidió perdón por estas declaraciones.

Este verano también arremetió contra los sindicatos CC OO y UGT y a la patronal CEOE de "funcionar como casta", ya que "defienden lo sectorial, no la competitividad", y ha añadido que "son la herencia de los sindicatos verticales del franquismo". La presidenta del Círculo de Empresarios, cuyo nombre completo es Mónica de Oriol y de Icaza, es nieta del empresario eléctrico del franquismo, José María de Oriol, hija del arquitecto Miguel de Oriol y de la empresaria Carmen de Icaza y sobrina del que fuera presidente de Iberdrola, Íñigo de Oriol. El Círculo de Empresarios nació como alternativa a la CEOE en los 70.

El secretario general de UGT Madrid, a punto de dimitir por el escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid

El secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, ha reconocido este jueves que su dimisión es una “posibilidad muy razonable” después de que su nombre haya salido entre los consejeros de Caja Madrid que habrían usado fraudulentamente tarjetas de la entidad para gastos privados por valor de 15 millones de euros.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Martínez ha aclarado que desde la Ejecutiva Confederal de UGT no ha recibido ninguna petición de dimisión pero que se lo está planteando desde el punto de vista “personal” y que en los próximos días, la semana que viene, comunicará su decisión a los órganos de su sindicato.

“Estoy reflexionando de manera muy profunda sobre la posibilidad de presentar mi dimisión, no porque considere que hay motivos objetivos, pero hay sinceramente una presión injustificada sobre mi organización en base de una actuación y de una presencia mía en el consejo de Caja Madrid y estoy valorando la posibilidad de presentar mi dimisión”, ha asegurado. Sobre los gastos que ha tenido con la supuesta 'tarjeta b', Martínez ha explicado que están relacionados con actividades de su papel como consejero en el Consejo de administración y que no la ha utilizado para tener a su disposición efectivo. “He hecho un uso de tarjeta razonable y razonado como consejero de Caja Madrid”, ha aseverado.

Tras indicar que él personalmente no estaba de acuerdo con el uso de tarjeta y que veía “más razonable” justificar los gastos en base a las facturas, ha explicado que el salario que percibía como consejero terminaba todo en la organización. “La transparencia es algo que intentamos que prime y lo conseguimos sinceramente a nivel general”, ha apostillado. Preguntado por si usó la tarjeta para comprar objetos personales, Martínez ha indicado que cree que “no”, o al menos, no tiene “conocimiento ni conciencia”. Todos los gastos, ha insistido, tenían que ver con cuestiones o compromisos institucionales.

En todo caso, y volviendo a su posible dimisión, ha indicado que es una “posibilidad muy razonable” porque, en su opinión, el sindicato “no tiene que verse sometido a ningún tipo de presión más allá del trabajo habitual” y si él está “en el ojo del huracán,” hay que blindar” al sindicato “necesariamente del funcionamiento normal”.

La vigilancia privada en prisiones levanta ampollas


Fuerte malestar entre los guardias civiles por la entrega de la seguridad exterior a manos privadas.

“Es una desvergüenza que en plena crisis se permitan el lujo de gastar 33 millones de euros implantando un servicio innecesario a todas luces porque ya lleva muchos años cubierto por guardias civiles”. Así lo señala en GACETA.ES Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), respecto a la privatización de la seguridad exterior de las cárceles.

Esta medida se extenderá a las 67 prisiones de competencia estatal y conlleva la integración de 800 vigilantes de seguridad. El coste del contrato asciende a 33.387.743 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015, según ha informado el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita. Frente a ello Rodríguez destaca que cuando los guardias civiles solicitan un aumento de sus retribuciones o la recuperación de las nóminas perdidas en 2007, sin embargo, les hacen mención a la difícil situación económica que atraviesa el país. Además, advierte de que “cada vigilante de seguridad va a salir por 41.000 euros al año, una cifra muy superior a lo que gana un guardia civil”.

Estas competencias eran exclusivamente de la Benemérita hasta que en los últimos meses se ha venido instaurando un proyecto piloto en 21 centros y a los agentes se han sumado entre cuatro y 10 vigilantes. Desde entonces, el control de accesos y la vigilancia de cámaras lo desempeña la seguridad privada. “No pueden ejercer más funciones porque la propia Ley de seguridad privada no se las permite. No obstante, extraoficialmente nos han dicho que se encargarán también del traslado de los reclusos a juzgados, hospitales, a otros centros penitenciarios, por lo que tendrán que hacer una modificación de la ley”, informa Ramón Rodríguez. Por su parte, los guardias civiles ejercen otras labores que no pueden hacer los vigilantes como, por ejemplo, el cacheo de alguna visita de los internos y el control de las mismas.

Los agentes sienten que se les está relegando de sus funciones y temen que una vez que se implante este servicio se acometan reestructuraciones de plantilla. “La Dirección General del Cuerpo ha dicho que hasta 2016 no pasará nada con nosotros, pero no aclara en qué situación quedaremos después”, denuncia Rodríguez Prendes. “Tememos que se produzca el traslado de buena parte de los 2.000 agentes que desempeñan estas funciones a otros puestos”, añade.

Frente a este “dispendio” recuerda que el gremio no tendrá ningún tipo de subida salarial para 2015, ni se va a producir oferta pública de empleo en condiciones porque no hay partida presupuestaria. El sindicato recuerda que en los últimos siete años la plantilla de la guardia civil ha descendido aproximadamente en 7.000 agentes. Interior tampoco prevé modernizar el parque móvil de la Guardia Civil, en el que más del 30% son vehículos que superan los 200.000 km o los diez años, por falta de partida presupuestaria, pero para esto si se haya habilitado una partida presupuestaria.

“Quizás el interés personal ha facilitado esta actuación”, señala Ramón Rodríguez y dice que “desde el Ministerio del Interior ya se ha hecho efectiva la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas OMBUDS, también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés y Segur Ibérica, a la que perteneció Morenés hasta que fue nombrado ministro”. Según se desprende de Informa, el ministro desempeñó la presidencia de esta mercantil desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012. 

Por último, UniónGC también resalta que el colectivo no quiere “menospreciar la labor de los vigilantes de seguridad, que es en el sector privado en donde deberían realizar su actividad”, sino que “alertar de que este tipo de intromisiones en el sector público claramente están dirigidas por intereses económicos concretos que olvidan la gran crisis que estamos pasando o a sabiendas de la mismapasan por encima de ella para su propio enriquecimiento”.

FUENTE: gaceta.es AQUÍ