MÁLAGA: Marbella regulará la instalación de semibarreras de seguridad en urbanizaciones

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Pablo Moro, ha informado este martes de que el Consistorio está impulsando una ordenanza para regular la instalación de semibarreras de seguridad y garitas en las urbanizaciones y comunidades de propietarios del municipio.

El edil, que ha hablado tras la junta de gobierno local, ha indicado que este reglamento "da respuesta a las peticiones de comunidades de propietarios para el cierre parcial de sus urbanizaciones con el objetivo de garantizar la tranquilidad en sus lugares de residencia", y ha precisado que son más frecuentes en los distritos de San Pedro, de Puerto Banús y Nueva Andalucía y de Las Chapas. "Hasta ahora, el reglamento en vigor y la propia normativa del Plan General de Ordenación Urbana imposibilitaba la instalación de estos elementos en la mayor parte de los casos", ha explicado Moro, quien ha subrayado que la nueva ordenanza "trata de conjugar el tránsito público en estos viales con las demandas de los vecinos".

De este modo el edil ha especificado que "se van a poder instalar semibarreras que se levanten al acercamiento de los vehículos y también se permitirá la colocación de una garita para vigilantes de seguridad que sean contratados por la propia comunidad de propietarios". Moro ha precisado que el reglamento está ahora mismo en el periodo de exposición pública y alegaciones tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tras lo cual se procederá a su aprobación definitiva.

Por otra parte, ha señalado que el Consistorio está tramitando en un total de 23 marcos de colaboración con comunidades de propietarios y urbanizaciones. Además, ha recordado que las comunidades que requieran llevar a cabo actuaciones en sus urbanizaciones serán informadas por los técnicos municipales y se les eximirá de abonar las tasas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) correspondientes. Moro ha asegurado que se trata de una herramienta "que está dando muy buenos resultados" y ha especificado que algunas de las comunidades de propietarios que han solicitado este marco de colaboración más recientemente son Los Lagos en Nueva Andalucía, La Torrecilla y el edificio Puerta del Mar.

FUENTE: laopiniondemalaga.es AQUÍ

SEVILLA: El personal de seguridad privada sofocan las primeras llamas en el incendio de las dependencias judiciales

El incendio en los juzgados de Sevilla ha afectado a archivos de la sala tres y sótano

Los Bomberos y la policía científica investigan si el fuego, originado en torno a las 14.00 horas de este martes, pudo ser intencionado al tener dos focos

Un incendio producido en los archivos de los juzgados ha obligado a desalojar en torno a las 14.00 horas de este martes el edificio de Prado de San Sebastián donde se ubican los juzgados de instrucción y el decanato. Según han informado fuentes judiciales, al parecer el fuego se ha originado en el archivo del juzgado de instrucción número trece ubicado en la tercera planta del edificio en una máquina impresora. Han sido los vigilantes de seguridad del juzgado los que han sofocado las primeras llamas hasta que han llegado los bomberos, cuyo camión ha permanecido durante un buen rato aparcado en la puerta de las dependencias judiciales.

Sin embargo, mientras apagaban el fuego han comprobado que había otro foco en los archivos del sótano, según ha confirmado el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, que ha estado pendiente de todo lo ocurrido. Según parece tanto la policía científica como los bomberos están investigando si ha podido tratarse de un suceso intencionado al tener dos focos distintos en dos plantas diferentes del edificio, la tercera y el sótano. Ahora el juzgado de guardia ha abierto diligencias previas para determinar la causa exacta del fuego y si se trató de un hecho intencionado como apunta el dato de que hubiera dos focos distintos.

El fuego ha obligado a desalojar el juzgado y entre los magistrados que se han visto obligados a abandonar el edificio estaba la juez de instrucción número seis, Mercedes Alaya que ayer se incorporó tras las vacaciones así como al resto de profesionales que trabajan en las dependencia del Prado de San Sebastián. Los bomberos han sofocado las llamas con extintores de mano y habrían resuelto el siniestro con rapidez y sin mayores complicaciones, toda vez que la Policía Científica se ha hecho cargo de las diligencias relativas a este incendio.

FUENTE: sevilla.abc.es AQUÍ

Nuevo procedimiento de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido

A la vista de que el procedimiento que regía la tramitación y resolución de las reclamaciones al Estado de los salarios de tramitación era demasiado complejo y poco eficaz, (intervenían en él diversos órganos de distinto ámbito territorial que dilataban innecesariamente la tramitación y el cobro de las cantidades reconocidas), se ha dictado el Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, que establece una nueva regulación del procedimiento, adaptada a la normativa actual, que permite la resolución de las reclamaciones y, en su caso, el abono de las cantidades en un tiempo razonable.

Para ello, se modifican tanto el Real Decreto 2725/1998, de 18 de diciembre, como el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, para atribuir, por un lado, a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno la competencia para instruir y emitir la propuesta de resolución de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación, y, por el otro, a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia la competencia para resolver y, en su caso, efectuar el correspondiente pago derivado de tales reclamaciones.

Por lo que se refiere al procedimiento en sí, estarán legitimados para presentar la reclamación, tanto el empresario que, habiendo readmitido al trabajador despedido con carácter improcedente, haya pagado los salarios de tramitación, como el propio trabajador despedido, en caso de insolvencia provisional del empresario. La reclamación podrá presentarse en cualquier registro administrativo o mediante el registro electrónico en el plazo de un año desde la firmeza de la sentencia y deberá ir acompañada de:

 - Copia testimoniada de la demanda de despido, de la sentencia que declare su improcedencia y de la resolución judicial por la que se determine la readmisión del trabajador, o comparecencia al efecto.

 - Certificación expedida por la Secretaría del órgano jurisdiccional o Tribunal Superior de Justicia correspondiente, haciendo constar la cronología del procedimiento ante el mismo a efectos del cómputo del tiempo que exceda de los noventa días hábiles.

 - Documentación que acredite fehacientemente el pago al trabajador de los salarios que se reclamen, así como certificación original de la Tesorería General de la Seguridad Social relativa a las cuotas ingresadas respecto del trabajador despedido referida al periodo comprendido entre la fecha del despido y la de la notificación de la sentencia.

 - Informe de vida laboral del trabajador. En caso de haber prestado servicios para otra empresa en el período de responsabilidad estatal, deberá aportarse documentación acreditativa de los salarios percibidos durante ese período.

 - En caso de que quien reclame sea el trabajador de una empresa declarada insolvente, copia testimoniada del auto de insolvencia provisional del empresario, con expresión de la fecha de su firmeza.

 - Si el trabajador reclamante lo fuera de una empresa en concurso de acreedores, deberá presentar certificado del administrador concursal en el que éste manifieste tener conocimiento de la reclamación formulada por parte del trabajador, y que éste no ha cobrado cantidad alguna a cargo de la masa del concurso.

La Delegación o Subdelegación del Gobierno emitirá propuesta de resolución dentro de los quince días siguientes. La propuesta de resolución, junto con la documentación exigida será remitida a la mayor brevedad posible a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, notificará la resolución que proceda en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta, resolución que pone fin a la vía administrativa, si bien, podrá el interesado demandar ante el órgano jurisdiccional que conoció en la instancia del proceso de despido. Transcurrido el plazo previsto sin que se haya notificado la correspondiente resolución, ésta podrá entenderse desestimada.

Los expedientes que estén aún pendientes de resolución definitiva a la entrada en vigor del Real Decreto se regularán conforme a lo dispuesto en esta norma, si bien, en aquellos supuestos en que el despido se produjera antes del 12 de febrero de 2012, procederá el reconocimiento de salarios de tramitación tanto en los casos de readmisión como en los que se opte por abonar una indemnización en los supuestos de despido improcedente.

FUENTE: legaltoday.com AQUÍ
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La seguridad de ADIF ante el juzgado

(José Luis Heras Celemín) ADIF es un nombre de origen hebreo que significa “el preferido”. También es el acrónimo que corresponde al Administrador De Infraestructuras Ferroviarias, una empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento que tiene como objetivos la construcción de líneas de ferrocarril en España y la gestión de su explotación.

Adif, que en 2012 tenía 13.224 trabajadores y es propietaria de la mayoría de las líneas de ferrocarril españolas, administra 13.945 kilómetros de vías de ferrocarril y tiene a su cargo el control de 1.566 estaciones. Su misión fundamental es enlazar por ferrocarril las estaciones que pueblan nuestros territorios, “Y hacerlo de forma segura”, manteniendo en perfecto estado vías, catenarias, sistemas de señalización, centros de control de la circulación y, por supuesto, las estaciones. 

“Y hacerlo de forma segura”. El entrecomillado, que nace de la información que facilita ADIF, es lo que preocupa a usuarios, gestores y políticos. A todos interesa la seguridad en las vías y estaciones de ferrocarril por las que transitan ingentes cantidades de mercancías y, lo que es más importante, millones de viajeros. Esta seguridad es la que se cita en la querella criminal que la Asociación para la defensa del Patrimonio Común y lucha contra la Corrupción (ASPACOM) ha puesto contra cinco responsables de la empresa de seguridad privada SEGUR IBÉRICA S.A., que se ocupa de la vigilancia y seguridad en la Estación de Sants de Barcelona. 

A los querellados (Enric Cabezuelo Pey, José Luis Novales Cadierno, Eduardo Gutiérrez Bueno, Miguel Carlos Luengo Vidal y Juan Manuel González Herrero) la querellante les atribuye la comisión de presuntos delitos de estafa y falsedad en documento mercantil, que dice conocer a través de los contratos de Seguridad y Vigilancia de la Biblioteca de Catalunya, por haber “tenido acceso circunstancial a información referida a los servicios de seguridad de Segur Ibérica SA a ADIF en Barcelona”.  ASPACOM cifra el fraude en 451.709,20 euros. Pero más importante que la cantidad defraudada es lo que se ha podido poner en peligro: La seguridad, que ha sufrido lo que en la querella se define como servicios no hechos según contrato y con una calidad dudosa.  La querella, que por turno de reparto llegó el 19 de diciembre pasado al juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona, fue admitida a trámite por auto de la magistrada-juez doña María Pilar Rovira del Canto, de 28 de febrero de 2014, dando lugar al Procedimiento Diligencias Previas 533/2014 Sección A. 

Al comienzo del procedimiento, en el mismo auto de 28 de febrero, se advierten dos hechos: En el apartado Segundo de los “Fundamentos jurídicos”, recogiendo lo aportado en el escrito de querella que sirve de base para que sea admitida, la magistrada cita “…un principio de prueba documental que pone de manifiesto la inclusión de datos ficticios (horas, vigilantes…) en los cuadrantes de servicios presentados para la facturación de ADIF”. Mas adelante, en la Parte Dispositiva, ordena “Hágase ofrecimiento de acciones a la Entidad Pública de ADIF, como perjudicada, librando a tal efecto exhorto a Madrid”. Con ello, además de iniciar el proceso, se abre una vía para conocer la seguridad que existe en la Estación de Sants de Barcelona; y se da la oportunidad de que ADIF tome la iniciativa para recuperar posibles pérdidas, evitar fraudes y mejorar la seguridad que debe a los usuarios del ferrocarril. 

En la querella existe información que determina el fraude y pone de relieve las deficiencias que ha tenido la seguridad: Se cita una facturación de horas no realizadas según detalle de facturas y condiciones de contratos (contratos 2.7/2000.0619/0-00800 E01 y 2.7/2000.0619/0-00800 E02 LOTE NE2). Se aportan resúmenes mensuales en los que se han aumentando las horas trabajadas. E incluso se explican las tres formas usadas para cometer el fraude: Facturar más horas que las que había en el resumen mensual (enero, febrero y agosto de 2009) por importe de 506,60 €. Facturar horas no realizadas (enero de 2009 a octubre de 2010) por importe de 144.720,30 €. Y facturar horas hechas por personal no habilitado (enero a septiembre de 2009 y enero a octubre de 2010) por importe de 306.482,30 €. También se revela dónde se han prestado los servicios con los nombres usados en los partes de trabajo (SANT, FRANCIA, GRACIA), los servicios prestados en cada lugar (SANTS: V3, SCANER, SCANER LAV), e incluso existe una información que, en medio del embrollo, produce una cierta tranquilidad: Se especifica cuáles son los VS (Vigilante sin Arma) y los VA (Vigilante Armado); y se comprueba que no se han detectado irregularidades entre los vigilantes armados. 

Pero para tener una visión de lo que, según la querella, ocurría en los Servicios de Seguridad y Vigilancia que SEGUR IBÉRICA S.A. prestaba en la Estación de Sants, más que los datos económicos, es reveladora la declaración de una de las personas que trabajaron allí. Ésta es la que hace que cunda la alarma y pone en cuestión, además de la capacidad y formación de los encargados de procurar la seguridad de todos, el control que sobre ellos tienen la empresa de seguridad privada a la que pertenecen, ADIF que paga el trabajo, y las autoridades. La declaración corresponde a don David Pérez Rubio, que dice haber trabajado en la Estación de Sants como vigilante de Seguridad, que manifiesta haber sido agredido en el servicio, y que refiere que, tras la atención de los Mossos de Esquadra, se instruyeron Diligencias Previas en el Juzgado número 2 de Barcelona por la agresión. 

Lo preocupante, lo que hace saltar todas las alarmas y pone en cuestión la seguridad en la Estación de Sants en Barcelona, no es que un vigilante haya sido agredido, que una empresa privada no cumpla sus contratos como debe, que los Mossos de Esquadra no se enteren de quienes violan contratos a su alrededor, o que se oculte al juzgado la realidad laboral de un agredido. Lo realmente alarmante, y muy peligroso por lo que implica su testimonio, es que esa misma persona, a la que se ha tomado como vigilante de seguridad, declare que aunque estaba realizando misiones de seguridad, no estaba habilitado por el Ministerio del Interior para ejercer esa labor y que no había recibido formación para velar por la seguridad de viajeros y transeúntes. 

El caso confeso no ha sido un hecho aislado y existen otras declaraciones (del ex apoderado de la empresa de seguridad J. Albuixech Riera y del delegado sindical del sindicato ATES CATALUNYA J. M. Mayo Aragundez) que confirman lo que en la querella se presenta como práctica habitual. Eso, que es la Seguridad de ADIF y que atañe a la seguridad de todos, es lo que está en un proceso que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona. De momento, son datos que sirven para considerar delitos objeto de querella, pero parece lógico que sirvan para algo más: Para que la seguridad en la Estación de Sants sea óptima. Para que ADIF y el Ministerio de Fomento vigilen que los Servicios de Seguridad y Vigilancia en las estaciones de ferrocarril sean conforme a lo contratado y legislado. Para que las autoridades se esmeren en el control. Y para que se logre que los caudales públicos destinados a seguridad sean respetados por los empresarios y políticos que los manejan.

FUENTE: diariosigloxxi.com AQUÍ

Alaya: UGT y CCOO cobraron 7 millones sin prestar "ningún servicio"

Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya al Tribunal Supremo.

Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la negociación colectiva".

Los sindicatos, mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009 habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter por importe de 7.648.815 euros. Los sindicatos emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban, según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales" realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.

Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A. La juez instructora mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora". Según un informe de la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo.

Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros, mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter. La Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición razonada. Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán" (2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.

En esta época, según datos de la Agencia Tributaria, "resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya. Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de 178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".

A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004 y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros de empresas del grupo Vitalia. En su exposición al Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones "sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno autonómico".

FUENTE: noticiasdenavarra.com AQUÍ

JEREZ: Vigilante de seguridad da protección a un joven perseguido por otro chico para robarle sus pertenencias

Detenido un joven tras asaltar a un menor con una navaja y un perro de presa

La victima emprendió la carrera perseguido por el imputado hasta refugiarse en un supermercado donde el vigilante de seguridad le ofreció protección y alerto al 091

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía integrantes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Jerez procedieron a primera hora de la tarde del pasado miércoles 20 de agosto en el distrito oeste de la ciudad a la detención de un joven menor de edad que portaba un perro de presa y que presuntamente amenazó y persiguió con un arma blanca tipo navaja a otro chico igualmente menor de edad con la intención de robarle sus pertenencias así como de apropiarse de las zapatillas de deporte que calzaba la víctima.

Según el relato de los hechos, el joven agredido consiguió huir a la carrera mientras era perseguido por el agresor hasta conseguir refugiarse en un supermercado del barrio donde pidió ayuda al vigilante de seguridad de la superficie comercial quién le ofreció protección y llamó inmediatamente al 091 para poner los hechos en conocimiento de la policía. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente dos radio-patrullas cuyos integrantes se entrevistaron con el vigilante de seguridad y con el joven asegurándose de que se encontraba bien físicamente aunque todavía en un estado agitado de nerviosismo, pero que pudo relatar a los agentes cómo habían ocurrido los hechos así como la descripción del presunto agresor. El vigilante de seguridad por su parte pudo indicar a los policías la dirección de huida que había tomado el presunto autor. Los agentes comenzaron en esos momentos una búsqueda del sospechoso por el distrito oeste de la ciudad a la que se unieron con un coche camuflado los integrantes del Grupo de Reclamados que en esos momentos se encontraban por las inmediaciones.

Minutos después los policías localizaban al arrestado en las inmediaciones de la barriada de La Plata portando un perro de raza pitbull, mientras varios agentes se ocupaban del can otro policía procedió a realizar un cacheo al joven encontrando entre sus ropas una navajaque coincidía plenamente con la descrita por la víctima. Por este hecho, junto con otros indicios recabados en el lugar, los agentes procedieron a la detención del menor como presunto responsable de un delito de robo con violencia siendo trasladado inmediatamente hasta las dependencias de la Comisaría de Policía de Jerez donde los hechos fueron puestos en conocimiento del Fiscal de Menores de la ciudad. El perro que portaba el detenido fue requisado mediante acta de intervención y entregado a su propietario quién se trataba de una tercera persona ajena a lo ocurrido.

FUENTE: diariodejerez.es AQUÍ

HUELVA: Provoca incendios en supermercados para distraer a la seguridad y poder huir sin abonar la compra

La acusada prendía fuego para distraer al vigilante de seguridad y huír con el carrito lleno

Funcionarios de la Comisaría Provincial de Huelva han detenido a C.B.S., de 51 años, con antecedentes policiales, por supuestamente provocar hasta dos incendios en el interior de supermercados, del que se marchaba sin abonar el carro de la compra.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, los hechos ocurrieron en el transcurso de una semana en dos distintos supermercados de la misma cadena de la capital. De este modo, han indicado que el objetivo era distraer al vigilante de seguridad y cajeras del establecimiento para crear la confusión «y, así, poder salir sin abonar la abundante compra».

Según el relato policial, el incendio era provocado por la autora de los hurtos. Uno de ellos, en el pasillo interior del recinto, con el peligro que podía suponer para las personas que se encontraban allí, tanto clientes como personal. Ante esto, se generaba pánico durante unos minutos y así, acudía el vigilante de seguridad y demás personal. Las llamas alcanzaron más de un metro y medio. Por su parte, los agentes, en la inspección realizada, encontraron pastillas ignifugas que aceleraban el incendio.

Los daños ascienden en uno de los supermercados a 600 euros y en el otro a 1.500 euros. Además, un establecimiento tuvo que permanecer cerrado al público durante dos horas. En el primero de los casos, la mujer pudo abandonar el local con el carro lleno, pero en el segundo, pese a ser más espectacular, no consiguió su propósito, pero salió huyendo. Así las cosas, los agentes especializados, y tras numerosas pesquisas, consiguieron identificar a la presunta autora y su posterior detención. La detenida, junto con el atestado instruido, ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial.

FUENTE: lavozdegalicia.es AQUÍ

MURCIA: Deniegan incapacidad a un vigilante de seguridad al no estar en activo 6 meses tras la baja

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por un vigilante de seguridad contra la sentencia de un Juzgado que respaldó la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de no concederle la incapacidad temporal por no haber estado en activo 6 meses después de otra baja.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que este trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal como consecuencia de una operación de hernia inguinal, y el INSS, en febrero de 2011, le denegó la pensión de incapacidad permanente por no encontrarse en ninguno de sus grados, según el dictamen del equipo de valoración. En julio de ese mismo año, causó nueva baja médica con el diagnóstico de "hernia inguinal reintervenida", y, sometido a reconocimiento médico, los evaluadores determinaron que presentaba una patología similar a la que había dado origen a su primera baja.

Así, el INSS acordó que la baja médica de julio no tiene efectos económicos, "al tratarse de la misma o similar patología y, por tanto, se ha agotado y extinguido la prestación de incapacidad temporal que percibió". El Juzgado de lo Social de Murcia que primeramente entendió del asunto dio la razón al citado organismo, decisión que ahora se ve ratificada por la Sala de lo Social del TSJRM. La Sala dice que "no es posible acceder a otro proceso de incapacidad temporal por la misma patología que dio lugar al primero de ellos hasta que hayan transcurrido más de seis meses de actividad entre el cese del anterior proceso y el inicio del nuevo".

FUENTE: abc.es AQUÍ

BADAJOZ: Vigilante de seguridad de comercio descubre intento de sustración de móviles valorados en 1.200 euros

El vigilante de seguridad de un establecimiento comercial situado en la avenida de Elvas de la capital pacense, alertó de la presencia de un varón en el local que había intentado sustraer varios teléfonos móviles

El vigilante manifestó que "a través de las cámaras de seguridad había observado a un hombre que, tras sacar de dos cajas teléfonos móviles, los había escondido bajo una estantería, con la clara intención de sustraerlos a la salida del establecimiento", por lo que alertó a la Policía y retuvo al presunto autor.

Los policías comprobaron la veracidad de lo manifestado y fueron informados del precio de dichos terminales, ascendiendo a 1.208 € procediendo a la inmediata detención del supuesto autor. El detenido, un varón de 42 años de edad, fue trasladado a dependencias policiales a fin de tramitar el correspondiente atestado.

FUENTE: hoy.es AQUÍ

ALICANTE: La llamada de una empresa de seguridad a la policía frustra el asalto a la cámara acorazada de un banco

Cavan un túnel de 150 metros para asaltar una sucursal del  Banco Popular de la localidad de Elx

La policía nacional frustra el asalto a la cámara acorazada, mientras que los ladrones logran escapar

La Policía Nacional de Elx frustró ayer por la mañana el robo de una céntrica sucursal bancaria del Banco Popular. Una llamada de la empresa de seguridad privada realizada desde Madrid a la Comisaría alertó a los agentes de que algo extraño estaba ocurriendo en la oficina de la calle Jorge Juan, una de las más importantes de la ciudad alicantina. Al parecer, un haz de luz detectado a través de las cámaras de seguridad y procedente de una linterna dio la voz de alarma. Cuando los agentes de la Policía Nacional entraron en la sucursal bancaria, cerrada ayer el público, descubrieron un enorme agujero en una pared situada en la segunda planta del sótano, por donde los ladrones pretendían acceder hasta la cámara acorazada ubicada en la planta superior.

Al inspeccionar el agujero comprobaron que se trataba del acceso a un túnel, de más de un metro de altura y cerca de 150 metros de longitud, que desembocaba en una vieja vivienda unifamiliar de dos plantas situada en la calle Calderón de la Barca, a dos manzanas de la sucursal bancaria. Además estaba realizado a dos plantas de profundidad. Supuestamente la amplitud del túnel se debía a la necesidad de introducir por el mismo la maquinaria necesaria para hacer volar la cámara acorazada.

Según fuentes cercanas a la investigación, todo hace pensar que el asalto iba a tener lugar este fin de semana, aprovechando que muchos vecinos están de vacaciones, ya que la infraestructura estaba finalizada. Los investigadores piensan que, dada la magnitud de la operación, los ladrones pertenecen probablemente a una banda organizada y especializada en este tipo de robos, y que llevaba alrededor de un mes preparando la operación. Entre otras cosas, además de cavar el túnel, estudiando la cartografía y comprobando las tuberías de alcantarillado y telefonía para evitar roturas. Dentro de la vivienda fueron acumulando los escombros.

Vía de escape Los agentes creen que los ladrones estaban en el interior del banco y que, alertados de la presencia policial por una tercera persona que se encontraba en la calle vigilando, emprendieron la huida por el túnel hasta escapar. Cuando los agentes encontraron el butrón accedieron al mismo, pero no lograron localizan a los delincuentes, a los que se buscó incluso por las alcantarillas de los alrededores, así como por comercios y viviendas cercanos.

El plan trazado por los ladrones no había dejado lugar a la improvisación. La casa que habían ocupado para iniciar la construcción del túnel estaba vacía y en venta. Los agentes de la Policía Nacional interrogaron a los vecinos de la zona que aseguraron no haber sospechado nada. Al parecer los ladrones habían estado cavando durante cerca de un mes sin levantar sospechas. Los agentes de la Policía Nacional estuvieron toda la jornada en la zona tomando muestras e intentando localizar las herramientas, que pensaban podrían haber sido dejadas en un coche en la zona.

FUENTE: levante-emv.com AQUÍ