29 de abril de 2014
28 de abril de 2014
MÁLAGA: Denuncian a Eulen por no formar a personal de seguridad en hospitales
El sindicado CC OO ha denunciado que la empresa Eulen Seguridad, que da servicio al complejo hospitalario regional de Málaga lleva tres años sin formar a sus trabajadores y, por tanto, incumpliendo la normativa vigente y el contrato de arrendamiento con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Desde la sección sindical de Comisiones Obreras de Eulen Seguridad se ha dirigido un escrito a la gerencia del Hospital Regional, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga, donde exige «que se ejerzan las medidas disciplinarias» precisas contra Eulen para obligarle a cumplir el contrato y que forme a los vigilantes de seguridad asignados a todos los centros sanitarios de la provincia. Se trata de una plantilla de 112 vigilantes distribuidos entre el hospital regional universitario de Málaga (antiguo Carlos Haya), el Virgen de la Victoria (Clínico), el hospital de Antequera, las áreas de gestión sanitaria del Norte de Málaga, Este, Axarquía y Serranía y el distrito sanitario Málaga.
Comisiones también pregunta en dicho escrito a la administración si se va a exigir a Eulen que devuelva el dinero público que se ha ahorrado supuestamente al no facilitar los cursos de formación a sus trabajadores, y que según los cálculos del sindicato rondan los 80.000 euros. Según la denuncia, el actual reglamento de Seguridad Privada establece, en su artículo 57 sobre Formación permanente, que para mantener «la aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada», las empresas, a través de los centros de formación autorizados, deben garantizar la asistencia de su personal para su «actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especialización».
Se recoge además que los cursos de actualización o especialización «tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior». Desde la dirección del complejo hospitalario y sanitario de Málaga confirmaron a este periódico la recepción del escrito, pero esgrimieron que se trata de un «conflicto de la empresa con sus trabajadores», aunque el hospital se compromete a «solicitar a sus responsables información relacionada con el plan de formación destinado a estos trabajadores, en base a la normativa vigente en esta materia». Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que el rendimiento de esta empresa «se encuentra dentro del contrato establecido, sin que haya habido ninguna incidencia hasta el momento en el desempeño de sus funciones».
No obstante, la obligación de la formación de los empleados -con 20 horas anuales por vigilante- queda recogida también en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por el SAS al señalar que la adjudicataria «deberá garantizar en todo momento que su personal posee el adecuado nivel de formación y capacitación específico para desarrollar el servicio en óptimas condiciones físicas, psíquicas y de entrenamiento». Además, se especifica que los vigilantes «deberán superar los cursos de reciclaje contemplados en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones, así como los cursos de formación permanente previstos en el artículo 57 del vigente Reglamento de Seguridad Privada». También el Pliego de Prescripciones Técnicas alude, en el apartado del marco jurídico, a dicho reglamento.
Es decir, las bases del contrato de la empresa con el complejo hospitalario incluyen por tanto las mencionadas atribuciones, y según el sindicato, «el SAS, o la gerencia en este caso, debe velar por que se cumpla», no sólo por la importancia que tiene la formación de los trabajadores de seguridad, sino por «la exigencia del cumplimiento de los contratos con la administración, al tratarse de dinero público que debe invertirse en la ejecución del contrato». Sin embargo, desde CC OO insistieron en que el único curso que realizó la plantilla de seguridad del Complejo Carlos Haya de Málaga y, en su mayoría, los referidos centros sanitarios, se remonta al año 2010", por lo que han transcurrido al menos tres años.
La empresa de seguridad Eulen inició contrato con los hospitales de Málaga, áreas de gestión sanitaria y distrito en septiembre de 2009. Dicha compañía continúa el servicio, ya que resultó adjudicataria del contrato actual con una duración de dos años, por un total de 8.042.303,50 euros, pudiendo prorrogar dos años más según las bases del mismo.
TENERIFE: Los vigilantes de seguridad de Los Rodeos amenazan con ponerse en huelga
Los trabajadores vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Los Rodeos le presentarán en las próximas fechas un preaviso de huelga a la empresa Seguridad Ibérica, titular del servicio, debido al continuo agravamiento de sus condiciones laborales.
Denuncian el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo y del Estatuto de los Trabajadores, con un trato arbitrario hacia un sector de los vigilantes, a los que se castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral (filtros de seguridad). La empresa al impedir la rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad. En el caso de las mujeres trabajadoras el problema se agrava aún más, al ser su número inferior al de hombres; realidad heredada que podría mejorarse llevando a cabo un control exhaustivo de las rotaciones, pero la desidia y dejadez de la empresa impide poner las soluciones ofertadas en marcha, originando una situación crítica en el servicio.
Lejos de aplicar medidas que favorezcan el buen clima laboral y, por lo tanto, la eficacia en el trabajo, la empresa hace justamente lo contrario: somete a los trabajadores y trabajadoras a una sistemática y permanente vigilancia e inspección de su actividad, con niveles de persecución y control que raya en el acoso, originando, además, una situación de estrés laboral que termina repercutiendo a nuestra principal función que es velar por la seguridad de los pasajeros. El Comité de Empresa exige que se rectifique en esa actitud de menosprecio a los derechos laborales y se proceda a la destitución inmediata del jefe de servicio, al ser quien permite y tolera esta lamentable situación, siendo, además, el máximo causante de la misma.
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA: reforma al rescate de un lobby herido por la crisis
Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio
La oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad", como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del servicio, según los sindicatos policiales
Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen conexiones políticas con el PP
El fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008
27 de Abril del 2014
“Un sector en pleno auge”. Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios yse ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.
Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese “auge” en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendo ‘solamente’ 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.
Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.
La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.
La crisis también afecta a la prevención de riesgos laborales
Sindicatos, afectados y especialistas reclaman un mayor esfuerzo en el Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo
Hoy se celebra el Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo, una iniciativa con la que la Organización Internacional del Trabajo trata de concienciar a Gobiernos, trabajador
En 2013 en España se registraron 1.1 millones de accidentes laborales en los que 540 personas perdieron la vida. Uno de esos accidentes fue el que sufrió Marín Bladulesku, un ciudadano rumano que desde hace 10 años vive y trabaja en España. Era junio y Marín trabajaba en un almacén en Madrid cuando le cayó encima un arcón de más de 110 kilos que le provoco importantes lesiones en la espalda. Marín tenía una minusvalía, y sabía que ese trabajo era peligroso para él, tal y como le contaba esta mañana a Gemma Nierga: "Mi encargada me dijo que si no movía los arcones me despedía". Este trabajador rumano denunció a la empresa porque ni llevaba el equipamiento adecuado, "lo tenía para baja temperatura pero no para el agua así que me metía en un saco de plástico" ni la compañía ha actuado tras el accidente de forma correcta: "No puedo trabajar y no me paga el 100% del sueldo que dice el convenio" explica.
Pero no es un caso excepcional. Eso piensa Carlos Martínez, director del Máster Oficial de Prevención en Riesgos Laborales en el IMF Business School que asegura que "con una buena previsión se podrían reducir hasta un 70% este tipo de accidentes". Y es que la crisis económica también afecta a la prevención de riesgos laborales. Según Martínez, ya no hay dinero para esas campañas que veíamos en televisión para concienciar sobre la necesidad de buenas prácticas en el trabajo. Y a esto se une la actitud de muchos empresarios "que piensan que la prevención es un gasto en lugar de una inversión" y de los trabajadores "que no se dan cuenta que los primeros damnificados son ellos". Todo a pesar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que el Congreso aprobó en 2003 casi por unanimidad: "El tema está hiperregulado. Pero si no se cumplen, las leyes no sirven de nada" asegura el también director de esta escuela de recursos humanos.
Si la ley no se cumple, si los empresarios no facilitan las medidas de seguridad necesarias, ¿qué puede hacer el trabajador? "En las empresas existe la figura del delegado de prevención" ha explicado Carlos Martínez esta mañana a Gemma Nierga. "Lo primero que tiene que hacer un trabajador es ponerse en contacto con ese delegado y si no poner una denuncia anónima la inspección laboral". Otro frente se abre cuando es el trabajador el que decide no utilizar el material necesario para su protección, por supuesta incomodidad. Eso le pasa a Narciso, un empresario del sector de los platos precocinados que nos ha llamado para denunciar la actitud de sus trabajadores.
Pais Vasco, la Comunidad Autónoma con mayor índice de siniestralidad Según un informe elaborado por Randstad, Euskadi encabeza la lista de comunidades autónomas con mayor siniestralidad laboral con 3.218 siniestros por cada 100.000 trabajadores en 2013, cifras que se tradujeron en 34 fueron mortales y 157 graves. Ante estos datos, los principales sindicatos vascos han elegido el 'Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo' para reivindicar mayores políticas acticas que palien esta cadena de muertes. En Bilbao, los delegados de ELA, el sindicato mayoritario, se reunían esta mañana en asamblea en el frontón 'La Esperanza' tras la cual estaba prevista una manifestación hasta la sede del Gobierno vasco que ha sido suspendida por la lluvia.
27 de abril de 2014
MÁLAGA: El aeropuerto instala un sistema para identificar a los viajeros por rasgos faciales
El dispositivo permite comprobar de forma automática si el DNI o el pasaporte se corresponden con las características biométricas del pasajero
Los viajeros que vayan a coger un vuelo en el aeropuerto de Málaga no se encontrarán a partir de ahora con un policía encargado de comprobar si su documentación está en regla. Desde el pasado jueves, el aeródromo de la Costa del Sol cuenta con un dispositivo electrónico capaz de identificar a los pasajeros por control biométrico. El sistema ABC, que está dentro del proyecto europeo de fronteras inteligentes, combina la lectura automática del carné de identidad o el pasaporte con un chequeo de los rasgos físicos de los viajeros, lo que permite verificar si la persona que pretende coger el vuelo se corresponde con la que figura en el documento.
El sistema permitirá agilizar «enormemente» el control fronterizo, ya que evita que los agentes tengan que comprobar uno a uno cada pasaporte, según explicó el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez Vázquez, que se reunió el viernes en Málaga con el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, y varios mandos policiales para conocer de primera mano el estado de ésta y otras infraestructuras de la provincia. La verificación automática de los documentos, similar a los puestos de 'check-in' que ya existen en muchos aeropuertos españoles, se realiza a través de los dos perfiles biométricos grabados en el pasaporte o el DNI del titular, la huella dactilar y la fotografía digitalizada. El sistema, no obstante, está limitado a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo (EEE). El resto tendrá que pasar el control tradicional de la policía.
El dispositivo abre automáticamente la barrera si no se detectan anomalías entre el documento y el usuario. En caso de que se produzca alguna discordancia, la barrera permanece cerrada y el dispositivo emite un aviso a un funcionario para una comprobación más exhaustiva, ya que el control biométrico estará supervisado desde una cabina operada por agentes de las Fuerzas de Seguridad. El sistema se estrenó el jueves pasado y en estos momentos se encuentra en fase de formación para que los agentes que trabajan en el control fronterizo aprendan a utilizar esta tecnología de escáner facial, que también es capaz de detectar los pasaportes falsificados.
Durante el primer día de pruebas, el dispositivo no detectó discordancias en más del 90% de los viajeros que utilizan el filtro de control biométrico. En el 10% restante caben multitud de posibilidades, desde una falsificación a un cambio de 'look' del pasajero. «Puede ocurrir que se haya dejado barba y en documento salga sin ella, y por eso el sistema no lo reconozca», aclara el secretario de Estado.
Tercero en España El aeropuerto de Málaga se convierte en el tercero de España -después de Madrid y Barcelona- en incorporar este sistema de fronteras inteligentes. Martínez Vázquez avanzó que el Gobierno pretende extender esta tecnología a los aeródromos de Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife y Gerona, que son los que tienen un mayor tráfico aéreo. Entre este año y el que viene se instalará también en el puerto de Algeciras.
La terminal malagueña es actualmente la cuarta de España por volumen de viajeros con 12,9 millones de personas en 2013, que la convirtieron en la que más creció de toda la red de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El aeródromo está preparado para atender en un futuro hasta 30 millones de pasajeros, siendo uno de los que cuentan con el privilegio de tener dos pistas. La tendencia también se ha mantenido este año. El aeropuerto ha cerrado el primer trimestre con un crecimiento que multiplica por más de tres la subida media de pasajeros en el conjunto de la red y por nueve el aumento de movimiento de aeronaves. La terminal malagueña ha ganado un 6,6% de pasajeros, frente a la media nacional del 1,8%.
26 de abril de 2014
Mónica de Oriol (Seguriber) se forró con la protección a cargos del PP vasco y está ‘tocada’ por el Madrid-Arena
La empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol Icaza, que ha insultado grave y gratuitamente a un millón de jóvenes españoles “porque no tienen formación y no sirven para nada”, pasa por ser una de las mayores beneficiadas de las contratas públicas de seguridad privada. Su empresa era además la responsable de la seguridad del pabellón del Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas y asfixiadas la noche del 1 de noviembre de 2012, debido al exceso de aforo y a un insólito fallo como fue el cierre de las vías de evacuación.
La señora De Oriol, de 52 años, llegó a la presidencia del principal lobby empresarial hace dos años, en sustitución de Claudio Boada. Perteneciente a la dinastía de los Oriol (su bisabuelo fundó la compañía ferroviaria Talgo), alcanzó la presidencia del Círculo de Empresarios desde su puesto de presidenta de Seguriber, una de las empresas de seguridad que, por circunstancias históricas y de otro tipo, mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA.
Conectada al presupuesto del Ministerio del Interior durante décadas para dar protección a cientos de altos cargos y dirigentes el PP vasco que no se fiaban de la Ertzaintza, la empresa de la señora De Oriol se alió con Umano, también de capital vasco, para ampliar el negocio de la seguridad privada y abrir nuevos frentes de actividad cuando ya la banda terrorista había renunciado a atentar contra políticos y a extorsionar a empresarios. Finalmente, en octubre de 2011, renunció definitivamente a los secuestros y asesinatos.
No obstante, para facilitar la transición empresarial, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012. Y puesto que ETA se resistía a entregar las armas y disolverse –todavía no lo ha hecho formalmente–, el ministro Jorge Fernández Díaz le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, el titular de Interior le abrió otra línea de negocio: un “plan piloto” para controlar la seguridad de la prisión de Zaragoza, por un importe de 879.338,46 euros y con la previsión de extenderlo a todas las cárceles de España, menos las catalanas, que dependen de la Generalitat.
La empresaria De Oriol Icaza, a la que se le termina el mandato de dos años como presidenta del Círculo de Empresarios, y desea ser renovada en el cargo, reclamando ahora la rebaja o supresión del salario mínimo –congelado desde que el PP llegó al Gobierno– para los jóvenes sin formación, se beneficia directamente de la enseñanza y preparación que las Fuerzas Armadas proporcionan a los jóvenes. Cientos de ellos pasan a las empresas de seguridad privada cuando terminan sus contratos como soldados profesionales. Para algunos cometidos de seguridad “externalizados” o subcontratados en sustitución de la Policía y la Guardia Civil, los empleados de esa y otras empresas reciben formación complementaria de los funcionarios públicos de interior. Con ello se significa los favores formativos por cuenta del erario públio a la empresaria Oriol.
Casada en segundas nupcias con el naviero Alejandro Aznar, también propietario de las Bodegas Marqués de Riscal, tal vez debamos atribuir el profundo conocimiento de esta mujer sobre el sector de la construcción, que la ha llevado a repetir la cantinela de que miles de jóvenes abandonaron los estudios para ganar dinero en el ladrillo y carecen de cualificación, al hecho de que su padre sea arquitecto, Miguel Oriol, y haya diseñado la torre Europa, en el complejo Azca de Madrid, frente a la torre Picasso. De lo que nadie puede dudar es de que doña Mónica –del griego mónos– es, como su nombre significa, “única” para ejercer el “monismo”, que no es otra cosa que “llamar la atención”, aunque sea insultando a los jóvenes en paro.
La polémica que han provocado sus declaraciones ha llevado a De Oriol a disculparse públicamente. Ayer viernes, en la web del Círculo de Empresarios, hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, dice: “siento haber utilizado una expresión inadecuada con la que yo misma estoy en desacuerdo, porque todas las personas son valiosas con independencia de su cualificación profesional”
FUENTE: cuartopoder.es AQUÍ
FUENTE: cuartopoder.es AQUÍ
El Grupo Eulen invirtió el pasado ejercicio cuatro millones de euros en la formación de sus empleados
En 2013 se impartieron 1.409 cursos dirigidos a más de 27.500 empleados
El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas, invirtió el pasado ejercicio 4,05 millones de euros en materia de formación para sus empleados. Esta política, enmarcada en la filosofía de empresa orientada a formar empleados para ofrecer al cliente unos servicios profesionalizados y de calidad, la lleva a cabo el Instituto EULEN de Formación del Grupo.
Así, este departamento se ocupa del diseño, desarrollo e impartición de distintos programas de formación dirigidos a los diferentes empleados, áreas, departamentos y líneas de negocio tanto en España como en el resto de países donde tiene presencia la compañía. De esta forma, en 2013 se impartieron 1.409 cursos dirigidos a más de 27.500 empleados de todas las zonas geográficas donde desarrolla su actividad la compañía, lo que supuso más de 274.000 horas lectivas. La previsión para 2014 es que con un presupuesto similar y los mismos recursos se incremente la formación con nuevas modalidades (elearning, vídeos...), con formación interna, en el puesto de trabajo y, en general, rentabilizando al máximo las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.
De esta manera, el Instituto EULEN de Formación, integrado en el área corporativa de RRHH del Grupo, se presenta como una unidad especializada en la formación del personal de empresas de servicios.
¿Conoces la nueva Ley de Seguridad Privada?
Hace unos días se publicó en el BOE la nueva Ley de Seguridad Privada, pero ¿sabes qué modificaciones incorpora? ¿a quien afecta? ¿cuáles son los perfiles profesionales de seguridad privada? ¿qué tareas y funciones desempeñan? ¿Cómo se complementan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿quieres trabajar en el sector? ¿qué formación se requiere para acceder a estas profesiones? ¿quien puede impartir formación y/o ser empresa de seguridad privada?
¿Qué modificaciones incorpora? El texto de la nueva Ley de Seguridad Privada justifica la derogación de la antigua ley (Ley 23/1992 de Seguridad Privada) en base a los cambios tecnológicos, la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral y a la insuficiente regulación de las actividades de investigación privada y los detectives privados. En su exposición de motivos asegura que "la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro".
La objetivo de esta nueva Ley de Seguridad Privada, tal y como indica en su artículo 1 es « Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas las actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública»
¿A quien afecta? En su ámbito de aplicación, esta ley afecta a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en este ámbito.
¿Quien puede impartir formación y/o ser empresa de seguridad privada? El Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio de Interior inscribirá las autorizaciones, declaraciones responsables, habilitaciones o acreditaciones, de personal de seguridad privada, empresas de seguridad privada o despachos de detectives privados, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio (cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas). Así como las sanciones impuestas cuando los servicios se presten en un ámbito distinto al de una comunidad autónoma.
Por su parte los Registros Autonómicos inscribirán las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio, así como las sanciones impuestas. En ambos registros, nacional y autonómicos, se anotarán los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática.
¿Cómo se complementan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Esta Ley 5/2014 señala que la Seguridad Privada tiene un papel auxiliar y especialmente colaborador con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de manera que las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tienen la obligación de colaborar en base al principio de legalidad y de comunicar cualquier hecho delictivo del que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones.
Por su parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las información en tiempo real, cuando sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.
¿Cuales son los perfiles profesionales de seguridad privada? y ¿Qué formación se requiere para acceder a estas profesiones? Para desempeñar el puesto de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta privado, guarda rural, guarda de caza o guardapesca marítimo, se requiere una formación acreditable mediante:
- Certificación acreditativa expedida por un centro de formación de personal de seguridad privada incluida en el Registro nacional o autonómico, y superar una prueba de capacitación.
- Certificado de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guardería rural y marítimo que establezca el Gobierno (a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
- Título de Formación Profesional establecido por el Gobierno a propuesta del MECD.
En relación a la prueba de capacitación, el BOE núm.6 de 7 de enero de 2014, publica las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilantes de seguridad para 2014, e indica las fechas en las que los interesados podrán inscribirse. Concretamente: del 21 al 30 de abril, del 27 de mayo al 5 de junio, del 2 al 11 de septiembre, del 21 al 30 de octubre.
¿Qué tareas y funciones cumplen estos profesionales de la Seguridad Privada? Los vigilantes de seguridad podrán ejercer tareas de vigilancia y protección, efectuar controles de identidad y evitar la comisión de actos delictivo o infracciones administrativas. Cuando estén en centrales receptoras de alarmas, prestarán los servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarma.
Los escoltas privados, realizarán tareas de acompañamiento, defensa y protección de personas o grupos determinados, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos. Los guardas rurales se equiparan en cierto modo con los vigilantes de seguridad, con la peculiaridad que realizar su labor en fincas rústicas, así como las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas. Dentro de este grupo hay dos especialidades: guardas de caza (si la vigilancia se realiza en fincas de caza) y guardapescas marítimos (si ésta se realice en establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros).
ALBACETE: El Defensor abre expediente por la reducción de vigilantes en Albaidel
La institución decide investigar la denuncia de los sindicatos respecto a futuros riesgos para internos del centro de menores y su personal si se certifica la menor presencia de seguridad
El Defensor del Pueblo ha decidido investigar la posible reducción del personal de vigilancia que trabaja en el centro de menores Albaidel después de haber recibido una denuncia de parte de los representantes de los trabajadores, donde se advertía de lo que consideran una medida que pondrá en riesgo a los internos del centro y al personal.
La reducción de personal es consecuencia del nuevo pliego de condiciones sobre el servicio de vigilancia para edificios de la Junta, donde se incluye que en Albaidel el número de vigilantes se reduzca de 20 a 15. Javier González, secretario territorial de UGT Albacete, explicó a La Tribuna que recibieron el escrito del Defensor del Pueblo este martes, «donde se nos dice que en efecto abren el expediente de queja». El texto da respuesta a la denuncia dice que el Defensor admite la denuncia «al entender que reúne los requisitos establecidos». También se explica que la institución ha iniciado ya la investigación de estos hechos y se ha dirigido a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta, a la que ha pedido información sobre estos hechos para que le sea remitida, y que informará de los trámites que se vayan siguiendo. Eso sí, al recibir la denuncia, el Defensor ya advertía que en caso, abrir una queja «no suspende la ejecución de resoluciones administrativas» , como es el caso del proceso de adjudicación de este contrato de vigilancia que aún no se ha resuelto.
ESPERANZAS. El dirigente de UGT que dirigió la denuncia mostraba su confianza en que la investigación abierta por el Defensor tenga su efecto, y recordaba que fue la misma institución la que visitó el centro de menores Albaidel en diciembre, tras el suicidio de un interno, y fueron los técnicos del Defensor los que recomendaron a la Junta aumentar el personal de vigilancia para que un caso así no se repitiera. Los vigilantes han realizado movilizaciones para protestar contra la reducción de personal, y también se han reunido con responsables de Asuntos Sociales, aunque por el momento el proceso de adjudicación y la reducción de vigilantes siguen adelante. Desde UGT y la representación de los vigilantes se subrayaba además que no es la primera vez que el personal protesta por la falta de personal, y es cierto que hay antecedentes a principios de la década anterior, en 2002, cuando había tres vigilantes. En la actualidad, con 25 menores internos en el centro, hay cinco vigilantes en el turno, aunque se reducirían a tres si el pliego de condiciones del contrato de vigilancia no sufre nuevas modificaciones.
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