El pleno de la Eurocámara ha reclamado regular a nivel europeo las compañías de seguridad privadas (CSP) y restringir su uso en zonas de combate tras recordar que algunas de ellas han estado implicadas en violaciones de los Derechos Humanos, al tiempo que ha reclamado que la Comisión Europea elabore una lista de contratistas que "cumplen los estándares de la UE" y no tienen antecedentes penales para priorizar su contratación en una resolución no vinculante aprobada por 530 votos a favor, 147 en contra y 19 abstenciones.
Más de 1,5 millones de contratistas de unas 40.000 empresas de seguridad fueron contratados en Europa en 2013 según las últimas cifras disponibles, que demuestran que sólo ese año las empresas de seguridad privadas ganaron en Europa 35.000 millones de euros. El sector generó 200.000 millones de dólares en 2016 a nivel mundial. En total, existen unas 100.000 empresas de seguridad privadas con 3,5 millones de empleados. Los eurodiputados exigen que las compañías de seguridad respeten "unos requisitos mínimos" para que rindan cuentas y poder controlar su personal y restringir su uso en zonas de conflicto después de que algunas de ellas hayan sido acusadas de violaciones de Derechos Humanos y muertes.
En el texto, piden que no participen en misiones que requieran el uso de la fuerza o en combates y limitar su tarea a prestar apoyo logístico y la protección de edificios e infraestructuras. Además, reclaman que únicamente compañías de seguridad privadas radicadas en Europa sean contratas para labores de protección en el extranjero y reclaman la elaboración de una lista de contratistas que cumplan los estándares europeos, no tengan antecedentes penales, las licencias necesarias, el control "estricto" en el reclutamiento de su personal y se adhieran a un código de conducta internacional.
En la actualidad, diferentes países recurren a las compañías de seguridad para tareas de apoyo al combate, apoyo logístico, como fuerza de protección o para operar prisiones entre otros y también se recurre a ellas para proteger las delegaciones de la UE y las bases de sus operaciones en el exterior. Los eurodiputados justifican la necesidad de regular su actividad a nivel europeo tras denunciar el impacto negativo de los abusos cometidos por las empresas de seguridad privada para la política exterior de la Unión.
"Es tiempo de regular para qué pueden utilizarse las compañías de seguridad privadas, qué pueden hacer y dentro de qué marco pueden operar. Queremos estándares adecuados y robustos relacionados con sus actividades", ha resumido la responsable en la Eurocámara del asunto, la eurodiputada liberal belga, Hilde Vautmans.
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