Las guías de orientación provisionales de RCP abordan los desafíos de proporcionar reanimación durante el COVID-9

El objetivo de la nueva orientación consiste en proporcionar una RCP oportuna y de alta calidad, además de resguardar la seguridad del profesional que la realice

Debido al aumento exponencial actual de la incidencia del COVID-19 en todo el mundo, el porcentaje de paros cardíacos con el COVID-19 tiene una gran probabilidad de aumentar. El creciente y cambiante brote de los casos de COVID-19 crea desafíos con respecto a los esfuerzos de reanimación y demanda posibles modificaciones a los procesos y las prácticas establecidos.

La American Heart Association, la organización sin fines de lucro líder mundial centrada en la salud del corazón y el cerebro para todos, ha compilado guías provisionales de RCP para ayudar a los reanimadores a tratar a las víctimas de un paro cardíaco con sospecha o confirmación de contagio por COVID-19. La Asociación, en colaboración con la American Academy of Pediatrics, la American Society of Anesthesiologists, la American Association of Respiratory Care, The Society of Critical Care Anesthesiologists y el American College of Emergency Physicians, publicó la “Guía provisional para soporte vital avanzado y básico en adultos, niños y neonatos con sospecha o confirmación de contagio por COVID-19”. Esta publicación se realizó el día de hoy en Circulation, la revista insignia de la Asociación. El objetivo es garantizar que aquellos pacientes que sufran un paro cardíaco, con o sin el COVID-19, tengan las probabilidades más altas de supervivencia sin comprometer la seguridad de los reanimadores.

“La RCP sigue siendo un componente fundamental de la atención de muchos de nuestros pacientes, particularmente durante esta pandemia, pero aumenta el riesgo de exposición al COVID-19 de nuestros reanimadores”, afirmó Dana P. Edelson, M.D., M.S., directora médica ejecutiva de Rescue Care de la University of Chicago y autora correspondiente del grupo voluntario de redacción. “Esta guía gira en torno a la ciencia en constante evolución y la opinión de expertos, y, de este modo, se busca ayudar a los sistemas de salud y los proveedores a mitigar aquel riesgo con las esperanzas de mantener las probabilidades de supervivencia logradas ante un paro cardíaco a lo largo de las últimas dos décadas”. Además de la declaración, la Asociación lanzó un curso de aprendizaje en línea gratuito (actualizado el 4/9 para retirar una referencia al curso de 10 minutos) y así ayudar a los proveedores del cuidado de la salud a comprender el impacto de las guías de reanimación. En la declaración, entre los principios de reanimación de pacientes en caso de sospecha o confirmación de contagio por COVID-19, se incluye lo siguiente:

-Reducir la exposición del rescatista al COVID-19. Limitar el personal en la sala o en la escena solo a aquellos que son esenciales para el cuidado del paciente.

-Priorización de estrategias de oxigenación y ventilación con menos riesgo de aerosolización. Se puso énfasis en el uso de filtros de aire de alta eficiencia (HEPA, del inglés High Efficiency Particulate Air) para todo tipo de ventilación e intubación anticipada y correcta con intubación mecánica para así minimizar la propagación por vía aérea del virus.

-Considerar la idoneidad de iniciar y continuar con la reanimación. Los sistemas de cuidado de la salud y las agencias de servicios de emergencias médicas deben instruir políticas para guiar a aquellos en la primera línea. De este modo, serán capaces de determinar la idoneidad de cuándo iniciar y finalizar una RCP en pacientes con COVID-19, teniendo en cuenta los factores de riesgo del paciente para estimar la probabilidad de supervivencia.

-Seguir fomentando la RCP realizada por un testigo presencial y la desfibrilación para aquellos con la disposición y la capacidad, especialmente si son familiares que ya han estado expuestos a la víctima en el hogar. En el caso de un paro cardíaco fuera del hogar, el uso de una mascarilla facial o un pañuelo que cubra tanto la boca como la nariz del reanimador o de la víctima puede reducir el riesgo de contagio de los testigos durante una RCP usando solo las manos.

FUENTE: newsroom.heart.org AQUÍ

La CEOE pide más flexibilidad para despedir y recortar salarios en la recuperación

Estima que el PIB podría caer este año entre un 8% y un 15,5% del PIB y exigen poder recuperar a sus trabajadores de forma paulatina y exenciones en las cotizaciones sociales.

Los empresarios quieren alzar su voz sobre cómo ha de reactivarse la economía para salir de esta crisis sanitaria. Para ello, la CEOE publicó este lunes su informe 'Estrategia para la Recuperación Económica de España tras la crisis del Covid-19', realizado en colaboración con Deloitte y ESADE, en el que recogen un conjunto de medidas -de corto, medio y largo plazo- para afrontar la recuperación y para sentar las bases de un nuevo modelo económico. «A corto plazo, el proceso de vuelta a la normalidad no va a ser sencillo, ni rápido, y será desigual entre unos sectores y otros», advierte la patronal, que empeora sus previsiones económicas y augura que la caída del PIB será este año entre un 8%, en el mejor escenario, y un 15,5%, en el peor, aunque se decanta porque lo más probable sea un recorte medio en el entorno del 12%, contando con que haya un rebrote en otoño, lo que supone una merma superior a la que estima el Gobierno y a la que ellos mismos hicieron hace unas semanas.

Las principales demandas que hacen giran en torno a dotar de más liquidez a las empresas, ya que los 100.000 millones dispuestos a través de las líneas ICO no serán suficientes, y, principalmente, darles una mayor flexibilidad para poder reincorporar a los trabajadores en función de la paulatina recuperación de la actividad. Reclaman, una vez más, eliminar el requisito de mantener el empleo durante seis meses si se han acogido a un ERTE y piden además recuperar la potestad de despedir a sus empleados por las causas de extinción que establece la ley «como medida de salvaguarda de la pervivencia de las empresas». El Gobierno prohibió estos despidos poco después de decretarse el estado de alarma, por lo que, en caso de extinción de contrato, las empresas deberán pagar la máxima indemnización. En esta misma línea, demandan «simplificar los procesos de modificaciones de las condiciones de trabajo, movilidad geográfica y descuelgue de convenio», lo que podría conllevar recortes de sueldo a sus plantillas o evitar subidas salariales pactadas previamente.

«A las empresas hay que darles las mayores flexibilidades posibles para poder adecuarse a la nueva realidad», explicó en rueda de prensa el vicepresidente de CEOE y director del Departamento de Asuntos Económicos de la organización, Íñigo Fernández de Mesa, quien defendió que «si no queremos destruir todo el tejido productivo, es importante que todas las medidas que se han ido diseñando para hacer frente a la crisis se vayan acompasando al proceso de recuperación». «Si se eliminaran antes de recuperar la normalidad, se producirá un impacto negativo», alertó.

Menos cotizaciones Por ello, abogaron porque los ERTE se mantengan una vez levantado el periodo de alarma, porque no tiene sentido que la hostelería tenga que tener en plantilla a todos sus trabajadores este verano. Así, apostaron por que se les dé flexibilidad para dar entrada y salida a los trabajadores afectados por un expediente de empleo en función de la variación de la actividad. De igual manera, ven «fundamental» suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en caso de ERTE (ahora las empresas de más de 50 trabajadores pagan el 25%) y reducir las cuotas sociales para aquellas compañías que se comprometan a mantener el empleo en condiciones y plazos claramente delimitados. «La recuperación debe recaer sobre las empresas, por lo que la peor medida que puede haber es una subida de impuestos», aseguró Fernández de Mesa, quien se mostró contrario a implantar en esta situación nuevas cargas fiscales como la tasa digital. Además, la CEOE pide que sean las CC AA y ayuntamientos los que marquen la pauta en este proceso de desescalada.

Potenciar la industria Por otro lado, el informe precisa que ahora más que nunca es momento de reactivar la industria, como motor fundamental de la economía y elemento tractor de los sectores auxiliares, así como un sector básico para generar empleo de calidad. En este sentido, es necesario retomar el objetivo de lograr que su peso sobre el PIB pase del 14% actual al 20%.

FUENTE: www.elcorreo.com AQUÍ

ZARAGOZA: Absuelven a un vigilante condenado por agredir a una incapacitada

La sentencia dice que el guardia actuó en defensa propia y debe ser indemnizado por la DGA, responsable del centro psicogeriátrico y de la tutela de la paciente.

La Audiencia Provincial acaba de anular la condena que un juzgado de Zaragoza impuso el pasado mes de febrero a un vigilante de seguridad por agredir a una paciente de 64 años de un centro de rehabilitación psicogeriátrico de la capital aragonesa.

La sentencia considera que lo único que hizo Javier L. C. fue intentar defenderse del ataque de una mujer que sufre varios trastornos y que arrastra "numerosos antecedentes" de actuaciones violentas, algunas de ellas contra agentes policiales. De hecho, un juez declaró su incapacidad total en 2011 y se encuentra bajo la tutela del Gobierno aragonés. Y es precisamente a este a quien se obliga ahora a indemnizar con 150 euros al vigilante por las lesiones que le provocó la denunciante durante el forcejeo.

Como explica el abogado Enrique Esteban Pendas, encargado de la defensa del guardia, tanto las de su cliente como las de la paciente fueron heridas leves que precisaron de una única asistencia médica. "A ella la declararon inimputable por su enfermedad y la absolvieron. Y al vigilante lo condenaron a una multa de 240 euros. Puede parecer una tontería, pero nos vimos obligados a recurrir ante la Audiencia Provincial porque unos antecedentes de este tipo en una persona cuyo trabajo es dar seguridad hipotecan su futuro profesional", señala el letrado. "Además –añade–, este caso pone de manifiesto el problema que supone obligar a los encargados de seguridad de los centros psiquiátricos a asumir funciones que no les corresponden y que son propias de los profesionales sociosanitarios".

Los hechos que dieron lugar a estas actuaciones judiciales se remontan al 11 de octubre de 2018. Como recoge la sentencia, sobre las 18.30, la paciente se encaró con el guardia de seguridad y empezó a insultarlo con expresiones como "hijo de puta, cabrón, ojalá se mueran tus padres". El hombre trató de tranquilizarla, pero al ver que no lo hacía, trató de pararla colocando las manos sobre los reposabrazos de la silla de ruedas de la mujer. En ese momento, ella le arañó con fuerza provocándoles varios hematomas y excoriaciones. Según la sentencia que condenó en primera instancia al vigilante, este reaccionó golpeando en la cara a la paciente con las llaves que portaba. "No puede considerarse que la agresión fuera fortuita o en defensa de una agresión anterior, en cuanto con haber retirado los brazos, echándose hacia atrás, hubiera repelido la agresión", decía el juez.

Falta de verosimilitud

A la hora de resolver el recurso interpuesto por la defensa, la Audiencia Provincial no solo deja claro que no comparte la interpretación de los hechos del jugador, sino que le reprocha también la "insuficiente" argumentación con que despachó la condena contra el vigilante. Para el magistrado Juan Alberto Belloch, ponente del fallo, se dan al menos dos de los requisitos que exige la eximente de legítima defensa: "La falta de provocación en el defensor y la existencia de una agresión ilegítima (por parte de la paciente)". "Este magistrado entiende que la escasa verosimilitud de las declaraciones efectuadas por la paciente y la falta de corroboración suficiente por el informe médico-forense deben conducir a la conclusión de que la prueba de cargo existente es insuficiente para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia del acusado", concluye la sentencia. En cuanto al arañazo que presentaba en el rostro la incapacitada, la Audiencia Provincial entiende que se produjeron "en el curso del incidente", sin poder precisar la autoría.

Como recuerda la defensa, cuando se produjo el incidente, su cliente informó a su empresa pero, dadas las característica del centro donde estaba destinado, optó por no denunciar la agresión sufrida. De ahí su sorpresa posterior al ser citado como acusado por un delito de lesiones. No hubo denuncia expresa por parte de la paciente o la DGA, como responsable de su tutela, sino que fue el médico del centro psicogeriátrico quien remitió el parte médico de la paciente al juzgado de guardia. "Afortunadamente, se ha hecho justicia", dice Pendas.

FUENTE: www.heraldo.es AQUÍ

HUELVA: La estación de Renfe-Huelva se queda sin vigilancia privada de madrugada

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera en Huelva (FTSP-USO Huelva) ha denunciado “una reducción del número de horas de vigilancia en la estación de viajeros ADIF Huelva o, lo que es lo mismo, la jornada laboral de los vigilantes de seguridad allí empleados a través de la empresa Grupo Eulen Seguridad”.

Esta medida se hará efectiva a partir de este próximo lunes, día 1 de junio. Disminuyendo la seguridad privada de 24 a 16 horas de vigilancia, suprimiendo de esta forma el turno de noche (23:00 a 07:00 horas). Un criterio tomado por ADIF, “que pone en riesgo la seguridad y la salud de usuarios, trabajadores e instalaciones, la cual tiene como gran objetivo la llegada del Ave a Huelva, todo esto es más agravante cuando dicho servicio está considerando como esencial para la sociedad, en esta crisis sanitaria y económica del COVID-19 (R D. 14 MARZO) y se ve reducido de manera drástica atendiendo a motivos meramente económicas”. Para USO, es “algo difícil de creer, pues ADIF es una empresa líder mundial en construcción y gestión de infraestructuras ferroviarias con un beneficio millonario y sin embargo no tiene el menor reparo en poner en riesgo la seguridad de sus empleados, ciudadanos e instalaciones”.

“A más abundamiento este hecho se produce en plena ‘reconstrucción’ del país, reduciéndose servicios de seguridad privada por parte de las Administraciones Públicas y en este caso por parte de ADIF que supone en Huelva un recorte en tiempo efectivo de trabajo en vigilancia de 240 horas mensuales y afecta a dos de cinco compañeros, desatendiendo además las políticas del propio Gobierno de España basadas en no dejar atrás a ningún trabajador en esta situación de crisis sanitaria y económica”, añade Esaú Salguero, responsable provincial de FTSP-USO de Huelva. Salguero, por último, asegura que se está “incumpliendo posiblemente con el Reglamento de Seguridad Privada, pues la misma es una infraestructura crítica, y sin olvidar que actualmente, España mantiene un nivel 4 de alerta antiterrorista, lo que supone el segundo grado de alarma más extremo, un riesgo alto de que el país sea objeto de un atentado terrorista como ya ocurrió desgraciadamente el 11 de marzo de 2004 lo que agrava más la situación”.

FUENTE: huelvaya.es AQUÍ

La crisis del coronavirus en la seguridad privada

Una Federación Empresarial como FES formada por empresas y asociaciones empresariales, no ha estado ajena a esta crisis del Covid 19. La estrategia y misión de FES durante esta crisis sanitaria se ha dirigido a analizar los problemas planteados por sus asociados y en procurar buscar soluciones jurídicas para que los mismos continuaran prestando sus servicios de seguridad a sus clientes, dada la condición de servicios esenciales con motivo del Estado de Alarma.

Sin duda alguna, que las dificultades que nos hemos encontrado han sido máximas, y que dicha crisis nos ha hecho replantearnos muchísimas de las acciones e iniciativas que deben emprenderse desde la Federación los próximos meses y en el año 2021. Los escenarios en que se han visto inmersos, tanto el personal como las empresas de Seguridad, no han encontrado respuesta adecuada en la actual normativa laboral y de seguridad social. Hemos presenciado dificultades a nivel económico procedentes del cierre de los usuarios de los servicios de seguridad y ante todo percibido la dificultad de poder seguir desarrollando sus actividades tanto nivel comercial como en la ejecución de los servicios obligados. Ello provocó en muchos casos la clara necesidad para las empresas de seguridad de tener que recurrir a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal.

A nivel operativo, las empresas de seguridad han tenido que improvisar en la organización del trabajo para frenar el contagio de su personal y evitar que los servicios que prestan se vieran interrumpidos con lo que ello hubiera implicado a nivel de reprobación por la normativa de la Seguridad Privada ante una posible infracción administrativa. El recurso al teletrabajo ha planteado igualmente un problema para las empresas de seguridad dadas las limitaciones impuestas por la normativa de seguridad privada a los efectos de su uso.

FES desde el inicio de esta crisis y ante la declaración del Estado de Alarma destinó sus esfuerzos en realizar propuestas ante nuestras autoridades competentes, dirigidas a obtener protocolos y procedimientos sanitarios a nivel sectorial que adaptaran sus actividades a sus obligaciones como empresa de seguridad. FES sin duda alguna, considera que ha adoptado una postura responsable en liderar a la pequeña y mediana Empresa de Seguridad en España, y como muestra clara de dicho liderazgo han sido sus acciones a nivel de medios de comunicación social, defendiendo el importante papel de las empresas y personal de seguridad en esta crisis sanitaria, y particularmente asumiendo como propias las políticas colectivas de cumplimiento normativo de la normativa de seguridad privada. Ante un escenario de crisis económica como el que nos avecina, FES va a poner todo su esfuerzo y dedicación en convertir dichas dificultades en oportunidades para nuestros asociados.

FUENTE: cuadernosdeseguridad.com AQUÍ

La seguridad privada pide asumir la vigilancia de playas de Andalucía

El sector rechaza el plan de empleo de la Junta para la incorporación de 3.000 auxiliares de playas y solicita que se cuente con ellos al estar formados y habilitados para ejercer esta labor.

La seguridad privada alza la voz contra los tres mil contratos de vigilantes de playa anunciados por la Junta de Andalucía para apoyar a los municipios en el control de aforo de litoral andaluz. Y lo hacen contraponiendo la formación de los inscritos en la bolsa única de empleo de de la que la Administración autonómica hará la selección, que incluso tendrán que hacer un curso telemático en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, frente a unos profesionales «con una formación y desempeño profesional habilitados por la policia, sujetos a un convenio colectivo estatal y capacitados para la prevención de infracciones».

Así lo han advertido desde la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) y desde la Federación de Limpieza y Seguridad del sindicato UGT, donde recuerdan que la Ley de Seguridad Privada regula los requisitos de autorización y prestación de servicios en los espacios públicos de forma subsidiaria de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poniendo como ejemplo el control en los accesos a supermercados durante el estado de alarma.

Lo hacen las empresas y también la Asociación Marea Negra que representa a los vigilantes de seguridad privada. «Malestar es poco. No estamos en contra de que se contrate a desempleados, pero poner a personas sin formación a hacer nuestro trabajo es intrusismo puro y duro», denuncian desde este colectivo, donde destacan que dos de cada tres habilitados como vigilantes en España se encuentran en el paro. En este sentido, se amparan en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, que recoge entre sus funciones las de ejercer la vigilancia y protección de bienes tanto públicos como privados, efectuar controles de identidad, evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas e incluso en el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner al infractor a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según la información facilitada por la Junta de Andalucía, los auxiliares de playa realizarán labores de información del control de acceso y aforo del litoral, y velarán por el cumplimiento de las medidas de prevención que adopte cada ayuntamiento. En el desarrollo de su trabajo, pondrán en conocimiento de la Policía Local cualquier incidencia que se produzca.

FUENTE: www.diariosur.es AQUÍ

INTERNACIONAL Prosegur en Latinoamérica se refuerza con el mayor Centro de Gestión Operativa en la región

Su CGO en Sao Paulo permite controlar las operaciones en tiempo real

Es el resultado de combinar los mejores recursos humanos con la última tecnología disponible

Hoy, más que nunca, cobra sentido el propósito de una compañía como Prosegur. Hacer del mundo un lugar más seguro, cuidando a las personas y a las empresas y manteniéndose siempre a la vanguardia de la innovación. Solo así se puede garantizar la estabilidad de las organizaciones y de la sociedad en su conjunto, y proteger lo que las personas más valoran. Los equipos que integran Prosegur combinan las mejores capacidades humanas y tecnológicas para hacer que el trabajo de sus clientes sea lo más eficiente posible. Ello pasa por la mejora continua de sus procesos y la incorporación de la tecnología al conocimiento que Prosegur tiene del comportamiento humano, fruto de más de 40 años de experiencia.

Con esta aspiración, Prosegur ha inaugurado recientemente su Centro de Gestión Operativa (CGO) en Sao Paulo. El proyecto es emblemático para la multinacional de la seguridad privada porque este CGO es el más grande en el sector de la seguridad en América Latina. De este modo, la compañía ofrece más proximidad a los clientes a través de herramientas para monitorear y controlar las operaciones en tiempo real. La nueva estructura está en línea con la estrategia de la empresa de tener en un solo lugar la visión, el control y el soporte de su operación en el país carioca, tanto física como tecnológica. Con este objetivo, los equipos están estratégicamente divididos y distribuidos de modo que se obtiene la mejor integración y el mejor desempeño de sus actividades.

Prosegur se embarcó hace años en combinar los mejores recursos humanos con la última tecnología disponible. En este sentido, los centros de control de la compañía se han convertido en verdaderos referentes dentro del sector de la seguridad privada, ya que permiten una gestión centralizada y más ágil desde la que abordar su propuesta de seguridad integrada, tanto tecnológica como humana. Entre los servicios ofrecidos destaca el control de acceso, monitoreo de cámara y alarma, control de acceso remoto, monitoreo de escolta, interacción remota de los más de 26.000 vigilantes de seguridad, asesoría en control de riesgos, entre otros.

El nuevo CGO -que cuenta con más de 150 profesionales en 1.250 metros cuadrados de estructura- permite a Prosegur prestar un servicio totalmente personalizado para cada cliente en función de sus necesidades y ámbito de operación. En el CGO se centralizan, gestionan y supervisan los servicios de seguridad y protección, las actividades del negocio del cliente y sus instalaciones. De esta manera, la empresa de seguridad optimiza y da apoyo a la actividad de sus 26.000 guardias de seguridad asignados en las casi 4.000 ubicaciones de servicio que Prosegur tiene en Brasil. Otro aspecto cada vez más relevante es la vigilancia móvil. Se trata de un servicio, con una fuerte demanda, mediante el cual un vigilante de seguridad realiza visitas periódicas, en horario aleatorio o fijo, para comprobar el correcto estado de las instalaciones, así como la verificación de los diferentes accesos y puntos de interés. Desde el CGO se planifican las rutas y se coordinan los vigilantes que están en todo momento geolocalizados.

Las capacidades del CGO de Prosegur en Sao Paulo incorporan también el Centro de Control. De esta manera, en esta instalación se integran 31 estaciones que monitorean los sistemas de aproximadamente 350 clientes las 24 horas del día, todo en un entorno con acceso restringido y controlado con actividad 24x7. La capacidad de customización de este servicio es total, de manera que hay clientes de la compañía que disponen de un espacio exclusivo para monitorear su operación. Como el resto de las actividades de Prosegur, la tecnología juega un papel vital en el Centro de Control. Para garantizar la continuidad del servicio, toda la operación del Centro de Control se replica en la nube. Además, Prosegur también tiene la posibilidad de operar desde cualquiera de sus instalaciones, tanto dentro como fuera de Brasil, garantizando así la continuidad de los servicios en cualquier contingencia.

Soluciones para una nueva era El nuevo edificio cuenta, además, con un espacio totalmente dedicado a los clientes, un showroom en el que conocer las nuevas tecnologías aplicadas en seguridad, especialmente relevante en el contexto actual. Y es que en un escenario como el actual, donde la pandemia de coronavirus ha impactado en todos los países, la sociedad se enfrenta a un cambio de prioridades, donde garantizar la seguridad y fortalecer la gestión de los posibles riesgos es sin duda la más importante de todas. La progresiva apertura de establecimientos públicos y privados; lugares al aire libre, como parques, playas o piscinas; así como la reanudación de la actividad en aeropuertos y estaciones plantea muchos interrogantes en lo que a garantizar la seguridad se refiere.

Bajo este marco, desde el área de Tecnología de Prosegur Seguridad están centrando sus esfuerzos en ofrecer las mejores soluciones y ayudar, de este modo, a una vuelta a la normalidad con los estándares de seguridad y de protección más altos posibles. En la progresiva vuelta a normalidad que se empieza a producir en algunos países, una de las grandes inquietudes de los empresarios es controlar la afluencia continua de personas en sus instalaciones. Es necesario disponer de sistemas que garanticen la seguridad de los clientes, evitando aglomeraciones que puedan causar contagios.

En este sentido, Prosegur Seguridad está implementando en los controles de acceso con sistemas de termografía que auditan la temperatura de varias personas a la vez. Si bien, la toma de temperatura solo detecta un posible síntoma de contagio, el control de la temperatura con cámaras termográficas se puede realizar al mismo tiempo que se realiza la verificación de la identidad o el uso de equipos de protección individual. La capacidad de poder realizar varias acciones de manera simultánea en este procedimiento hace que su uso se esté extendiendo rápidamente. Por su parte, en lo relativo al control de aforo, desde Prosegur Seguridad están adaptando las cámaras integradas dentro de los circuitos cerrados de televisión ya existentes a los sistemas de control de aforo. De este modo la compañía puede aplicar analíticas de vídeo para controlar la distancia social y generar una alerta que es gestionada por el Centro de Control.

Para evitar aglomeraciones, cobra especial protagonismo la aplicación de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) capaz de alertar acerca de comportamientos no habituales como, por ejemplo, en aquellos casos en los que no se cumple la distancia social. Asimismo, Prosegur está implantando aplicaciones que rastrean en todo momento la localización de empleados y visitas, y que detectan a las personas que están por debajo de la mencionada distancia social. En el caso de grandes espacios abiertos, incluso se plantea la posibilidad de incorporar drones a las tareas de vigilancia. El dron realizará rondas cada poco tiempo capturando imágenes que se enviarán al centro de control, donde se realizará el visionado. De esta forma, se podrán dar instrucciones para el envío de los agentes, o bien generar un mensaje de voz lanzado desde el dron a una distancia prudente hacia las personas que incumplan la distancia social. Por todo ello, los centros de gestión operativa y los centros de control, como el recién inaugurado en Sao Paulo, se convierten en el epicentro de toda la operativa de Prosegur, aportando valor al servicio que la compañía despliega en sus clientes.

FUENTE: www.eleconomista.es AQUÍ

La Agencia Española de Protección de Datos recuerda que reconocimiento facial está prohibido en vigilancia privada

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recordado hoy que la utilización de técnicas de reconocimiento facial por parte de las empresas que prestan servicios de seguridad privada está, "en principio", prohibida por la legislación española.

Esas técnicas, ha recordado este organismo, implican el tratamiento de los datos biométricos de una persona, unos datos que según el Reglamento General de Protección de Datos están catalogados dentro de las categorías "especiales" porque permiten identificar de una manera "unívoca" a una persona. La Agencia Española de Protección de Datos ha realizado un informe en el que analiza varias cuestiones sobre la seguridad privada, entre las que se encuentra la licitud de incorporar sistemas de reconocimiento facial en los servicios de videovigilancia proporcionados por empresas de seguridad privada.

El informe corrobora que la instalación de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, que captan y graban imágenes y sonidos, podría ampararse en el "interés público", pero que si se trata de categorías especiales de datos, como es el reconocimiento facial, debe existir un "interés público esencial” para que pueda ser legítimo, con el objetivo de asegurar una mayor protección de los datos personales. Según la Agencia, la aplicación del interés público esencial requiere de una norma con rango de ley que justifique en qué medida y en qué supuestos se puede utilizar la biometría , una norma que en la actualidad no existe en el ordenamiento jurídico español y que si se tramitara tendría que justificar en qué supuestos se podrían utilizar ese tipo de tecnologías de reconocimiento facial.

La Agencia ha rechazado que la legitimación reconocida para los sistemas de videovigilancia que sólo captan y graban imágenes y sonidos pueda abarcar otras tecnologías "mucho más intrusivas para la privacidad", como el reconocimiento facial u otras medidas biométricas como el reconocimiento de la forma de andar o el reconocimiento de voz. La regulación actual, ha concluido este organismo, es insuficiente para permitir la utilización de técnicas de reconocimiento facial en sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada. La AEPD sí considera que existen supuestos "excepcionales" en los que podría quedar justificado el empleo de sistemas de reconocimiento facial, y cita el caso de las infraestructuras críticas. Pero insiste en que la autorización, con carácter general, del empleo de sistemas de reconocimiento facial en los sistemas de videovigilancia empleados por la seguridad privada carece de base jurídica "y sería desproporcionada, dada la intrusión y los riesgos que supone para los derechos fundamentales de los ciudadanos".

FUENTE: www.elderecho.com AQUÍ

El papel de la seguridad privada en una crisis sin precedentes

Este sector ha cobrado un papel importante en materia asistencial, convirtiéndose en un pilar fundamental. Pongámoslo en valor

"El sector ha contribuido a que todos nos sintamos mejor y más protegidos en un momento convulso e inestable como el que estamos atravesando" *Rosa Rodríguez Rico es directora de Asesoría Jurídica de Securitas Direct Iberia & Latam.

En los momentos de mayor complejidad y dificultad para nuestra sociedad se hacen patentes los pilares más importantes sobre los que se asienta nuestro estado de bienestar. Estamos viviendo una crisis sin precedentes. Una crisis que no podemos calificar solo de sanitaria, porque abarca también los ámbitos social, familiar, económico y empresarial. Una situación excepcional que nos ha traído una nueva realidad, en la que las prioridades prevalecen, pero se hacen mucho más presentes.

Estamos en la quinta prórroga del segundo estado de alarma decretado en democracia, vigente desde el pasado 14 de marzo. Un periodo prolongado en el que velar por la seguridad y la protección de las personas se ha convertido en una función primordial para el Estado, las instituciones públicas y privadas. Para ello, contamos con la excelente labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, una vez más, con su actuación han demostrado que España dispone de una de las mejores estructuras de seguridad del mundo. Hemos visto cómo estos organismos se esfuerzan cada día por mantener el orden, por ayudarnos a cumplir las normas, con el fin de proteger nuestra seguridad y salud.

Pero en esta tarea, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no están solos. Cuentan con el complemento del sector de la seguridad privada y, en ese binomio imprescindible, la seguridad y vigilancia privada no solo contribuye a la protección de personas y bienes, sino también a hacer cumplir con las medidas de higiene y salud en los establecimientos y servicios públicos y privados abiertos al público, para minimizar el riesgo de contagio. No es su única tarea. Las empresas de seguridad privada ofrecen sistemas de protección de hogares y negocios conectados a una central receptora de alarmas que permiten, por un lado, garantizar la continuidad y el servicio de establecimientos indispensables, y, por otro, proteger aquellos negocios que han tenido que cerrar, así como las segundas residencias, para garantizar que no sufren ningún asalto u ocupación indebida, monitorizando de manera constante y actuando en consecuencia ante cualquier incidencia.

Las compañías del sector de la seguridad privada hemos adquirido una enorme responsabilidad durante esta época convulsa. La continuidad de nuestras actividades y su calificación como servicios esenciales ha resultado fundamental para seguir colaborando estrechamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el objetivo común de perseverar la seguridad del país. Esto nos ha permitido seguir atendiendo a todos nuestros clientes, protegiendo y monitorizando todas sus instalaciones y respondiendo ante saltos de alarma, todo ello cumpliendo los protocolos de prevención y salud para nuestros trabajadores. La seguridad privada también ha cobrado un papel importante en materia asistencial, convirtiéndose en un pilar fundamental para contribuir en esta labor que está siendo crítica en estos momentos. Así lo reflejan los números: en Securitas Direct, la gestión de emergencias médicas se ha incrementado un 34% de febrero a marzo. La interacción con los servicios de emergencia de manera más eficiente en esta crisis ha conseguido evitar su colapso.

Este sector, en definitiva, ha tenido su papel protagonista durante la crisis y por eso debemos ponerlo en valor, así como a los profesionales que lo están llevando a cabo. Todo ha contribuido a que nos sintamos mejor y más protegidos en un momento convulso e inestable como el que estamos atravesando.

FUENTE: elconfidencial.com AQUÍ

La Guardia Civil reanuda la atención al público de las Intervenciones de Armas y Explosivos, con cita previa

La Guardia Civil de Cantabria reactivará desde junio la atención al público, a través del sistema de cita previa, para trámites relacionados con las armas, explosivos, cartuchería y pirotécnia.

La atención presencial a ciudadanos llevaba cancelada desde que se decretó el estado de alarma, aunque no se ha dejado de atender de manera tanto telemática como presencial todos aquellos trámites de empresas del sector. A partir del día 1 de junio las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Cantabria, ubicadas en los acuartelamientos de, Torrelavega, San Vicente de la Barquera, Santoña, Laredo y Reinosa, en el caso de Santander, abrirá el día 2 de junio, al ser el día uno festivo.

Tendrán los siguientes horarios de atención al ciudadano:

-Los días laborables en horario 8.30 a 14.30 horas y los jueves de 16.00 a 18.00 horas. Además, la Intervención de Armas de Santander atenderá también los sábados de 09.00 a 13.00 horas.

-En julio y agosto la atención se prestará los días laborables en horario de 8.00 a 15.00 horas.

La obtención de cita previa es a través de Internet, en la dirección http://run.gob.es/citagc o en la web de la Guardia Civil http://www.guardiacivil.es . De manera excepcional se puede solicitar esta cita en el teléfono 942321400. Para llevar a cabo estos trámites deberá acudir únicamente el interesado, manteniendo las distancias de seguridad y con mascarilla de protección, a la hora fijada en la cita previa y con el justificante de la misma.

Los exámenes de licencias, o ejercicios de tiro de licencias o seguridad privada quedan suspendidos durante el primer semestre. Así mismo, desde el 1 de junio se reanudarán los procedimientos administrativos de conformidad con el Reglamento de Armas, Reglamento de Explosivos y Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.

FUENTE: www.eldiariomontanes.es AQUÍ

CÁDIZ: Denuncian que Prosegur sustituye a vigilantes de seguridad por auxiliares de servicio en la planta de Cepsa

Comisiones Obreras ha dirigido un escrito a la Subdelegación del Gobierno en la Provincia de Cádiz alertando de que desde el pasado día 1 de mayo se ha reducido el dispositivo de seguridad privada del centro productor de Gas y GLP ubicado en las instalaciones de Cepsa en el Campo de Gibraltar y denuncian que Prosegur «ha sustituido a vigilantes de seguridad por auxiliares de servicio, mucho menos capacitados y con menor grado de competencia en la materia».

El sindicato hace constar que esta instalación surte de energía a gran parte de Andalucía, zona de Levante e Islas Canarias, tratándose de un Subsector Energético que estaría dentro de las Infraestructuras Estratégicas por su volumen y el alcance de su producción. Los representantes de los trabajadores añaden igualmente, y como factor de riesgo, la ubicación de la instalación, que se encuentra anexa a la Refinería Gibraltar, «una infraestructura considerada crítica, la cual surte a la planta de materia prima por un circuito de tuberías donde circula el producto en ambas direcciones».

“Entendemos que su función es indispensable y que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales; siendo por ello que resulta inaceptable cualquier merma en la seguridad de las instalaciones”, afirmaba presidente del comité de empresa de Prosegur en el Grupo Cepsa, Fernando Budiño.  CCOO ha recordado que las funciones a realizar por el personal de seguridad en estos servicios son las derivadas de un control de acceso, además de custodia de llaves, teléfonos, material, anotación de datos personales, dar a conocer y hacer cumplir las normas de seguridad para su acceso y dentro de las instalaciones, etc. «Sin menospreciar, el Vigilante de Seguridad está integrado en el plan de emergencias con la finalidad de restringir el acceso y dirigir el tráfico y todas estas funciones no pueden recaer en la figura de un auxiliar».

Por todo ello, desde CCOO han solicitado la intervención de la Subdelegación del Gobierno y del mismo modo, que esta cuestión se ponga en conocimiento del departamento correspondiente dentro del Ministerio del Interior para su evaluación por los responsables de Seguridad Privada.

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Impacto de la Covid-19 en los centros hospitalarios

Sin duda, los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad cambiarán la seguridad en todos los ámbitos y áreas que nos podamos imaginar, añadiendo más elementos a los ya incorporados en la anterior revolución de la seguridad, que se produjo con los atentados de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Es difícil resumir en unas líneas el impacto que la Covid-19 ha dejado, está dejando y dejará en la seguridad en centros sanitarios y hospitalarios, al igual que en otras áreas como la sanidad en general, administraciones, convivencia, economía, política, etc., pero intentaré realizar un breve resumen de las que consideramos más importantes.

El mayor impacto, y uno de los más evidentes, es el efecto que el virus ha tenido sobre la organización y gestión de hospitales, centros sanitarios y de todo tipo de material o equipamiento de los que se abastecen para realizar su labor asistencial. Ha quedado patente, como OSICH advirtió y defendió en su día, que estas instituciones son infraestructuras críticas, tal vez no individualmente, pero sí como un todo, pues la debilidad en cualquiera de sus eslabones conlleva una rotura por saturación en muchos otros, afectando a un volumen ingente de población. Lamentablemente, el CNPIC y sus asesores no lo consideraron de tal manera, sufriendo ahora toda la población de España dicha decisión.

Profesionales sanitarios, vigilantes de seguridad… Casi de igual importancia, e incluso mayor, es el impacto que el virus ha tenido sobre las personas y nuestra sociedad. Y cuando me refiero a las personas hablo de profesionales sanitarios y no sanitarios, vigilantes de seguridad y personal de empresas externas que trabajan en los diferentes entornos e instituciones sanitarias, pacientes, familiares… y, en definitiva, la población en general, que somos quienes hacemos uso de este magnífico sistema de salud con el que contamos. Durante estos meses hemos podido ver y vivir desde dentro de los centros sanitarios cómo no se puede garantizar la protección total de los profesionales que se exponen de forma directa o indirecta al virus debido a una deficiente y poca previsión – prevención, para afrontar un problema que venía avisando desde diciembre de 2019.

Los vigilantes de seguridad que prestan servicio en estos centros también se han visto afectados por el virus, incrementando su riesgo de contagio por el entorno en el que se encuentran, lo que provocó que fuese complicado mantener los servicios al nivel y calidad que ya presentaban, pues exigía la sustitución de las bajas por contagio con personal de seguridad que no estaba acostumbrado a trabajar en el sector salud y, además, acudían con el miedo provocado por la presión mediática, comentarios de compañeros, etc.

Entorno hospitalario, con riesgos propios Tal vez esto último sea un error de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de las empresas de seguridad, pues parece que valoran los riesgos de todos los vigilantes como si todos trabajaran en el mismo entorno, y desde OSICH consideramos que el entorno hospitalario (e incluso el de los centro de salud), es diferente, con otros riesgos propios y distintos de la mayoría de los centros e instalaciones donde se puede ver a vigilantes de seguridad trabajando. Por todo ello, es frustrante ver cómo en determinadas escalas, direcciones y mandos de la administración no son capaces de aprender del personal especializado en seguridad del que disponen, integrando su forma, metodología y asesoramiento en el trabajo del día a día.

Creo que en estos momentos queda demostrado que sin una correcta gestión del material sanitario (garantizando suministro de proveedores, incluso en momentos de crisis) y, por supuesto, una mayor protección de éste -aunque por parte de los sanitarios implique un esfuerzo adicional- no se puede conseguir una función asistencial adecuada a las circunstancias. No nos olvidemos que, por desgracia, con el virus no se han eliminado las otras amenazas de seguridad a las cuales están sometidas nuestras organizaciones (que son muchas y variadas), teniendo que realizar un esfuerzo bastante considerable para tener todo bajo control.

Agradecemos la cooperación y colaboración que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército, han prestado en los hospitales, y más concretamente con los servicios de seguridad y sus demandas. Esta colaboración amortigua los efectos de la Covid-19, aunque si se hubiera planificado antes mediante sus correspondientes planes de protección específicos estaríamos en otro escenario, seguramente, más beneficioso. Quiero aprovechar estas líneas para agradecer el gran esfuerzo y sacrificio que mis compañeros están realizando y realizan en todos los hospitales y centros de salud de España ante la crisis sanitaria. Espero que este esfuerzo y sacrificio no se olvide por parte de instituciones, administración y ciudadanía en general cuando esta situación termine, ya que se trata de las mismas personas que respondieron en su momento.

hFUENTE: cuadernosdeseguridad.com AQUÍ

Empresas y sindicatos acorralan a Díaz por mirar a otro lado en el lío de los ERTE

Parte del ala sindical acusa a Trabajo de maquillar la magnitud del problema y eleva a medio millón los beneficiarios con prestaciones pendientes.

"Más del 98% de las prestaciones por ERTE recibidas desde el inicio de la crisis han sido reconocidas y pagadas", se defendía el pasado lunes en su comparecencia en el Senado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante los ataques de la oposición por las dificultades del Gobierno para ejecutar de forma efectiva las coberturas prometidas a los trabajadores. Días antes, ante preguntas sobre el mismo asunto, deslizó que si había casos que no se habían resuelto era por las lagunas en la información que habían remitido las empresas al SEPE ya fuera de forma directa o a través de sus gestorías.

Resumen: se ha pagado casi todo y lo que no se ha pagado ha sido porque las empresas han remitido mal la información. Resultado: los afectados se quejan a los funcionarios del SEPE porque si se ha pagado al 98% "¿por qué no se me ha pagado a mí?" y a las empresas porque "¿no será que has enviado mal la información?".

Sindicatos y empresarios andan severamente inquietos con el asunto. Consideran que la ministra de Trabajo está echando balones fuera en relación a un problema que dos meses después todavía existe y tienen la intención de aprovechar la Ejecutiva del SEPE de este miércoles para trasladar sus quejas de manera formal al Ministerio. Trabajo se defiende con datos, con los suyos, los que apuntan que el porcentaje de beneficiarios con prestación reconocida que ya han cobrado se sitúan por encima del 98% y que el número de afectados por problemas de diversa índole que no les han permitido cobrar está en torno a unos 20.000.

En el frente sindical se barajan otras cifras. En una carta dirigida al director general del SEPE por el portavoz en ese organismo del sindicato CSIF, a la que ha tenido acceso La Información, se estima en 470.387 el número de potenciales beneficiarios que todavía no han percibido la prestación que les corresponde por ley a partir de la información disponible en el servidor a través del que se están tramitando estos expedientes. CSIF cuestiona incluso a la luz de esa misma fuente el número de personas acogidas a un ERTE, que eleva desde la cifra oficial de 3.334.202 con la que trabaja el Gobierno a otra de 4.055.068.

El sindicato sugiere que ni el mismo Ministerio conoce la cifra real de afectados con el argumento de que los ERTE se contabilizan una vez tramitados y hasta que eso sucede la cifra real de beneficiarios es una incógnita. Un contexto, explican fuentes del sindicato, que no permite realizar afirmaciones tan contundentes en relación al número de situaciones resueltas como las vertidas por la ministra, que vinculan con la situación de tensión social generada en torno al impago de algunas prestaciones.

Apertura de la atención al público A los sindicatos les preocupa que los episodios de tensión que ya se han percibido en las redes sociales del SEPE se trasladen a las oficinas si éstas abren la atención al público antes de resolver las prestaciones pendientes. Muchas oficinas carecen de servicios de seguridad privada, cuya habilitación o no depende de los servicios regionales de empleo con los que se comparten las oficinas. Tanto el sindicato CSIF como los mayoritarios UGT y CCOO ya han advertido de manera formal a la Dirección General del SEPE de los riesgos de reactivar la atención al público en este contexto de tensión y de su intención de rechazar esa medida si el SEPE decide adoptarla de manera unilateral.

"Por supuesto que nos preocupa el asunto. Lo hemos trasladado en reuniones previas y también lo trasladaremos en esta. No se pueden reabrir las oficinas de atención al público si no es en condiciones de seguridad", recalca la portavoz confederal de Empleo de CCOO, Lola Santillana. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de SEPE ya ha tomado la iniciativa y ha contactado con las delegaciones y subdelegaciones territoriales del organismo para que en caso de reapertura cuenten en la medida de lo posible con la cobertura de una patrulla policial. En la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional está intentando conseguir lo mismo en todas las oficinas de la región. Los empresarios no están mucho más contentos. Afean a Yolanda Díaz el haber atribuido públicamente a errores en la información remitida desde las empresas las dificultades a la hora de sustanciar el pago de las prestaciones, después de asegurar en un principio que el Ministerio realizaría ese trámite de oficio y de endosarles después la obligación de trasladar esa información una vez fue consciente de que los recursos del SEPE no daban ya para más.

Fuentes empresariales admiten su indignación con el papel de la ministra de Trabajo en este embrollo. "Todo nace del compromiso que adquirió de que a principios de abril todos los potenciales beneficiarios estarían cobrando su prestación. Luego ha visto que ese compromiso era imposible de cumplir y ha endosado la obligación a las empresas y además en unas condiciones que van a traer problemas". Se refiere, por ejemplo, a la exigencia de que las empresas proporcionen a la Administración información protegida como los números de cuenta bancaria donde sus trabajadores reciben la nómina, que, auguran, va a traer problemas jurídicos en el futuro.

Los empresarios se quejan de que Trabajo haya evitado expresamente el que sean las empresas las que abonen la prestación especial, "como se ha hecho en otros países y que sería mucho más sencillo de aplicar", y haya creado un sistema extraordinariamente enrevesado, que ha tenido que modificar sobre la marcha hasta en tres ocasiones y al que atribuyen los problemas que se están dando para abonar las prestaciones. Problemas como no haber tenido en cuenta la situación familiar de los beneficiarios que el personal del SEPE ya ha detectado y que auguran que las quejas de los afectados se prolongarán durante bastante tiempo más.

FUENTE: lainformaciom.com AQUÍ

Polémica: La toma de temperatura en los centros comerciales bajo sospecha

La polémica está servida. Muchos centros comerciales españoles han decidido comenzar a tomar la temperatura a los visitantes a la entrada e incluso a los empleados en otros casos para detectar posibles síntomas de coronavirus. Esta medida no convence a algunos juristas que ya advierten que esta práctica puede no estar ajustada a derecho porque podría violar la intimidad de las personas.

El problema surge con la legalidad de esta medida, que por algunos juristas es considerada una intromisión en la intimidad. De hecho hace unas semanas la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias (AIMCSE) envió una carta al ministerio de Sanidad preguntando "la conveniencia o no de la toma de temperatura en los controles de accesos y en el caso de verlo procedente, sobre qué parámetros de temperatura corporal consideran preocupantes a la hora de acceder un ciudadano al trabajo o a locales públicos"

La AIMCSE es una asociación que cuenta entre sus filas con miembros de Protección Civil, Seguridad Privada, Policias y Guardias Civiles, Militares, Funcionarios de Prisiones, Bomberos, Sanitarios de Emergencias, Formadores en Seguridad y Emergencias, Comunicadores en Seguridad y Emergencias y Técnicos del sector en Calidad, Legal y Prevención de Riesgos Laborales PRL. La polémica se puso sobre la mesa después de que entre las medidas de desescalada se estimase como una posibilidad real que se tomase la temperatura a personal laboral y clientes que accedan a locales públicos, como ya ocurre en algunos países asiáticos. Por eso el pasado 30 de abril la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió un comunicado en el que mostraba su preocupación por "la paulatina retirada de las medidas de confinamiento y limitación de la actividad económica y social está determinando la implantación de medidas encaminadas a prevenir nuevos contagios de COVID–19". Se refería la AEPD a "la toma de temperatura de las personas para determinar la posibilidad de que puedan acceder a centros de trabajo, comercios, centros educativos u otro tipo de establecimientos o equipamientos".

Comunicado de la AIMCSE. La Agencia Española de Protección de Datos ha destacado "su preocupación por este tipo de actuaciones, que se están realizando sin el criterio previo y necesario de las autoridades sanitarias". El problema es el tratamiento de los datos personales que debería ajustarse a la legislación en esta materia. Desde la AEPD explican que "esta normativa contiene apartados específicos que contemplan situaciones como la actual, al tiempo que permiten seguir aplicando los principios y garantías que protegen el derecho fundamental a la protección de datos" y advierten de que la "toma de temperatura supone una injerencia particularmente intensa en los derechos de los afectados. Por una parte, porque afecta a datos relativos a la salud de las personas, no sólo porque el valor de la temperatura corporal es un dato de salud en sí mismo sino también porque, a partir de él, se asume que una persona padece o no una concreta enfermedad, como es en estos casos la infección por coronavirus".

Muchas empresas toman la temperatura a sus empleados. Respecto al espacio de aplicación de la medida también hay controversia, ya que se llevaría a cabo en espacios públicos, "de forma que una eventual denegación de acceso a un centro educativo, laboral o comercial estaría desvelando a terceros que no tienen ninguna justificación para conocerlo que la persona afectada tiene una temperatura por encima de lo que se considere no relevante y, sobre todo, que puede haber sido contagiada por el virus", dice la AEPD.

Además, la aplicación de esta medida y su posible denegación de acceso a un local en concreto "pueden tener un importante impacto para la persona afectada", añade la AEPD y continúa diciendo que "la aplicación de estas medidas y el correspondiente tratamiento de datos requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente, que en estos momentos es el Ministerio de Sanidad, de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados".

En ese sentido, debe tenerse en cuenta, entre otras cuestiones, que según las informaciones proporcionadas por las autoridades sanitarias, hay un porcentaje de personas contagiadas asintomáticas que no presenta fiebre, que la fiebre no siempre es uno de los síntomas presentes en pacientes sintomáticos, en particular en los primeros estadios del desarrollo de la enfermedad, y que, por otro lado, puede haber personas que presenten elevadas temperaturas por causas ajenas al coronavirus.

Las cámaras termográficas podrían ser una solución.

Unas declaraciones del abogado Rubén Herrero a elcierredigital.com daba las claves de este problema. Herrero, profesor asociado del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid, explicaba: "Pongamos un ejemplo. Imaginemos que un ciudadano quiere entrar en un comercio. Al realizársele la toma de temperatura obtiene un resultado positivo, y por ende, incompatible con el acceso autorizado por parte de dicho comercio, siendo una interpretación plausible que la persona se encuentra infectada. Dicha información, (habida cuenta de la existencia de terceras personas en la entrada), sería conocida por las mismas, y en este sentido, se vulneraría su derecho a la intimidad (datos y posible estado de salud), máxime cuando dichos terceros no poseen legitimidad para conocer dicho dato. Sin perjuicio de lo anterior, es importante no perder de vista que existen ciudadanos contagiados y asintomáticos, circunstancia esta que hace que el resultado e injerencia de esta medida sea inservible e insuficiente para el sacrificio de los derechos en conflicto".

Derechos del ciudadano La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sostiene que "debieran considerarse, entre otras, medidas relativas a la información a los trabajadores, clientes o usuarios sobre estos tratamientos (en particular si se va a producir una grabación y conservación de la información), u otras para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo, justificando que su temperatura elevada obedece a otras razones). Para ello, el personal deberá estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso".

Es igualmente importante establecer los plazos y criterios de conservación de los datos en los casos en que sean registrados. En principio, y dadas las finalidades del tratamiento, este registro y conservación no debieran producirse, salvo que pueda justificarse suficientemente ante la necesidad de hacer frente a eventuales acciones legales derivadas de la decisión de denegación de accesos.

El profesor Herrero añade que "la Constitución Española (CE), reconoce como derechos fundamentales, el derecho a la igualdad y a la no discriminación (art. 14 CE), el derecho a la intimidad (art. 18 CE), el derecho a la libertad de expresión e información (artículo 20.1 a) y d) CE), entre otros. Todos estos derechos inciden en el campo de actuación de todos los ciudadanos, en los diferentes ámbitos y roles que desempeñan, y concreta y especialmente en el “estado” en el que nos encontramos".

Rubén Herrero también ponía ejemplos: "Los derechos de quienes están o no contagiados y su ejercicio e incidencia en relación con la salud de terceros; la injerencia de medidas gravosas en la intimidad de los ciudadanos, no sólo en el ejercicio de sus derechos como consumidores o usuarios (al acceder a un supermercado o en una peluquería) sino también en aras a evidenciar su estado de salud para colmar la exigencia de la empresa en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) y el respeto al resto de trabajadores y terceros".

FUENTE: elcierredigital.com AQUÍ

El Grupo Ralons y sus filiales entran en concurso de acreedores

El accionista mayoritario asegura que en los últimos años se han cerrado los contratos

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas de Gran Canaria declara el concurso voluntario de acreedores del Grupo Ralons y sus filiales y nombra como administrador concursal a Pluta Abogados. El accionista mayoritario de la compañía en concurso, que comenzó su andadura en 1995 y ha llegado a emplear a unos 2.000 trabajadores, sostiene que hace años dio órdenes al administrador único de la empresa para disolver el grupo. Un proceso, apunta, que se ha llevado a cabo de forma ordenada, de tal manera que se han ido cerrando todos los contratos de servicio que el conglomerado tenía abiertos.

Las distintas empresas de la compañía abarcan la gestión de centros deportivos y escuelas infantiles, los servicios de limpieza, lavandería, jardinería, logística, auxiliares, sociosanitarios y los sistemas de alarmas, así como la formación y el asesoramiento empresarial, según se recoge en la propia web del grupo, donde también se indica que la entidad mantiene participaciones en empresas de servicios radicadas en América.

Una decena El grupo empresarial, que comenzó a desarrollarse a partir de una compañía especializada en seguridad privada, está formado por una decena de empresas. Entre ellas TDMS, que nació en 2017 como entidad de servicios de vigilancia, instalación de sistemas de seguridad física y electrónica y central receptora y de gestión de alarmas. Ralons sigue así el mismo camino que Seguridad Integral Canaria (SIC), empresa que en diciembre de 2017 también presentó de forma voluntaria el concurso de acreedores para, según informó entonces, afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible. La empresa de seguridad expuso en aquel momento en un comunicado que recurría a esta fórmula para lograr desbloquear los embargos de sus cuentas corrientes, ya que consideraba que impedían el normal funcionamiento de la entidad.

FUENTE: www.laprovincia.es AQUÍ

MADRID: Seguridad privada colabora a salvar la vida con un desfibrilador a un pasajero de Metro con parada cardiaca

Un vigilante del grupo que controla la afluencia de viajeros (GAV) de Metro de Madrid ha salvado la vida esta mañana a un pasajero de 50 años que entró en parada cardiorrespiratoria gracias al uso de un desfibrilador semiautomático, han informado a Europa Press fuentes de la empresa que gestiona el suburbano.

A las 7 de la mañana de este martes, el Puesto Central de Metro ha recibido una llamada desde la estación de Principio Pío, de la patrulla de vigilantes y el inspector de Metro que forman este grupo, solicitando una dotación sanitaria para un hombre, que se había desplomado delante de ellos en el andén, y se encontraba tumbado en el suelo con las pupilas muy dilatadas y con dificultades respiratorias. El Puesto de Control de Seguridad de Mando, de manera inmediata, les ha informado a su vez de la ubicación exacta del desfibrilador y ha avisado al Samur-Protección Civil, indicando una posible parada cardiorrespiratoria.

Mientras el inspector de Metro ha comenzado a realizar al hombre un masaje cardiaco, los vigilantes han corrido a por el desfibrilador, sustituyendo luego uno de ellos al inspector con el desfibrilador y efectuando una sola descarga, gracias a la que el viajero comenzaba a respirar de nuevo. Una vez finalizada la incidencia, el hombre ha sido estabilizado y trasladado al hospital por efectivos del Samur, que se han llevado desfibrilador para sacar las lecturas realizadas de las constantes del paciente durante la asistencia.

El grupo que ha salvado la vida a este hombre forma parte de uno de los dispositivos que Metro puso en marcha ayer para supervisar la afluencia de viajeros en al menos 14 de las estaciones que registran mayor número de viajeros en la red: Atocha Renfe, Opera, Príncipe Pío, Sol, Moncloa, Méndez Alvaro, Pacífico, Conde Casal, Nuevos Ministerios, Avenida América, Puerta de Arganda, Gregorio Marañón, Tres Olivos y Plaza Elíptica, entre otras. 271

Desfibriladores en la red El suburbano madrileño cuenta con 271 desfibriladores instalados para poder atender este tipo de situaciones, de cara a actuar de forma rápida en este tipo de emergencias sanitarias. Dichos dispositivos se conectan además con los servicios de emergencia. La supervisora de guardia del Samur, Natividad Ramos, ha destacado la importancia de saber usar este tipo de desfibriladores para salvar vidas. Así, ha recordado que Samur ha dado formación a la ciudadanía, incluido personal de Metro, sobre esta herramienta. Solo el año pasado a 20.000 ciudadanos, que se suman a los que la han recibido en los últimos 20 años, por lo que calculan que entre el 10 y el 15 por ciento de la población madrileña es capaz de actuar ante un caso de parada cardiaca, algo "vital" para el futuro pronóstico del paciente.

FUENTE: www.telemadrid.es AQUÍ

Junta de Andalucia ignora la Ley de Seguridad Privada en su proyecto de vigilancia de playas

La Junta de Andalucía presidida por el popular Juanma Moreno ha anunciado la puesta en marcha urgente de un plan de empleo para contratar a casi 3000 personas que garanticen el control y la aplicación de las medidas de protección y seguridad ante el Covid19 en las playas andaluzas durante el verano 2020.

El proyecto será aprobado en la próxima reunión del Consejo de Gobierno andaluz, y según afirma su presidente «con este plan damos a los ayuntamientos la posibilidad de contar con recursos humanos suficientes para ordenar y planificar el disfrute de las playas en todo el litoral este verano». La labor de las personas contratadas «va a consistir en garantizar la seguridad de los bañistas con tareas de vigilancia y organización de las distancias de seguridad».

También detalló que «asumirán el control del acceso y aforo a las playas, además de informar y comunicar con la policía local para cualquier incidencia, ya que su misión será la de auxiliar, informar y coordinar el uso del espacio con garantías en las playas, siempre con la sujeción a disposiciones legales correspondientes y tras recibir una adecuada formación» El presidente Moreno olvida, quizá muy a propósito, quizá persiguiendo un objetivo promocional-político, que para este tipo de funciones ya existe la figura del Vigilante de Seguridad. Personal que ya dispone de la formación y la experiencia necesaria para desarrollar este tipo de trabajos. Un trabajo especializado cuyo desempeño está regulados en la Ley de Seguridad Privada, que también ha sido completamente ignorada por el gobierno andaluz. A este efecto, el sindicato UGT y la asociación Aproser, han emitido un comunicado solicitando que la Junta de Andalucia reconsidere la decisión adoptada, y valore la contratación de personal acreditado y formado legalmente para la vigilancia de las playas.

FUENTE: www.soyseguridadprivada.com AQUÍ

Cuando el vigilante está vigilado

Se han hecho “virales” estos días atrás dos vídeos en los que se observa perfectamente la triste realidad en la que vive (vivimos) el colectivo de la seguridad privada en este país. Uno es un altercado provocado por una clienta en una tienda de una conocida cadena de supermercado, y otro es la supuesta agresión por parte de dos vigilantes de seguridad a un usuario del tren. En ambas grabaciones, hechas por personas con su teléfono móvil, se pone en evidencia un problema muy grave y no es otro que la falta de consideración de autoridad al Vigilante en la Ley 5/2014, de 4 de Abril, de Seguridad Privada.

La mayoría de las miles de personas que han compartido las escenas por las redes sociales, lo han hecho con el ánimo de reírse de la delirante actuación de la clienta en el supermercado, y de compartir la indignación (también morbo) por el supuesto trato vejatorio sufrido por el pasajero del tren, pero yo quiero ir un poco más allá de si la clienta se desnuda en un arrebato de ira o de si hay agresión por parte de los vigilantes o la lesión es producida por un forcejeo inevitable. Me gustaría, cuando reabran las academias que forman al personal de seguridad privada, que estos vídeos se analizaran desde el punto de vista jurídico y técnico-profesional.

Desde el punto de vista jurídico, quiero saber por qué el Vigilante de Seguridad del Supermercado amaga con ponerle los grilletes cuando ya está reducida la agresora y finalmente no lo hace. El audio, que no tiene desperdicio, es clarificador al respecto. ¡Ponle los grilletes! ¡Dejadla, si está loca! Grita la gente entre risas en una especie de circo romano, presionando a un trabajador mal pagado y probablemente mal descansado. Tengo una teoría al respecto. El Vigilante teme estar incurriendo en un delito de detención ilegal. Así de sencillo y así de demoledor. Son cientos los compañeros que se ven inmersos en costosísimos procesos judiciales, denunciados por detención ilegal como dudoso resquicio legal de abogados sin escrúpulos para salvar a sus clientes de la acción de la Justicia. Desnudar a un santo para vestir a otro.

Igual pasa con los Vigilantes del tren (agredidos a diario). Al verse en una situación de resistencia grave por parte del pasajero, y grabados por otro que les recuerda que “que se están colando” optan por no proceder a la detención claramente pensando en el infierno legal que se les viene encima. Resultado, expedientados por Renfe, apartados del servicio con una segura pérdida de empleo y con una probable pérdida de licencia. La solución a esta inseguridad jurídica que te obliga a actuar dónde ni los NAVY SEALS se atreverían y cuando actúas, te castiga por no ser policía “y colarte”, es la consideración de autoridad pública. Esto que digo espero que no suene a osadía, el profesorado y el personal sanitario ya lo son. Pegarle al Vigilante es más barato que pegarlo al maestro o a la enfermera. Que nadie se enfade, estoy de acuerdo con que determinadas profesiones tenga una consideración especial, pero clama al cielo que la Seguridad Privada no sea una de ellas. Cosas de este país.

Desde el punto de vista técnico profesional, es todavía más sangrante si cabe la escasez de medios con la que nos enfrentamos a situaciones tan embarazosas como las de los vídeos, especialmente el Vigilante del supermercado. Ha de enfrentarse con una defensa, que solo puede usar en determinados y muy restringidos casos. No puede llevar chaleco protector de ningún salvo autorización expresa en una maraña legal inviable, los guantes anticorte los lleva si se los ha comprado él, y si lleva spray defensivo, que cualquiera puede llevar en el bolso, será expedientado. Absurdo. Una vez que parece controlada la situación, llega la policía. Concretamente cuatro agentes (igual hay más y no salen), dotados con chalecos antibala y pistola semiautomática 9 mm parabellum. Misma presunta agresora, misma situación pero asumida con distintos medios. Injusto, ¿verdad?

Hace muy poquitos días, el 21 de Mayo, celebrábamos el día de la Seguridad Privada. No ocupó grandes titulares en los periódicos ni en los informativos. Cuando salíamos a los balcones a las ocho de la tarde nadie piensa en el Vigilante que te salva la vida con un desfibrilador o detiene al que quiere secuestrar a tu hijo en un parking. Tampoco lo pedimos, lo hacemos por vocación, pero ya es hora de una dignificación seria del sector. A día de hoy se están abordando leyes de calado en la sociedad española, Ley de Transición Ecológica, derogación de la reforma laboral, pacto estatal por la educación, etc. Espero y deseo que haya un huequito para la nuestra. Veremos.

*Juan Carlos Higueras Piedra es Jefe y Director de Seguridad, posee las licencias de Vigilante de Seguridad y Escolta Privado y es formador de Vigilantes, Escoltas y Guardas Rurales. Presta sus servicios en la empresa de Seguridad Privada Sansegur S.L

FUENTE: lacontradejaen.com AQUÍ