Noticias Destacadas SPV Sevilla


28 de febrero de 2022

MADRID: Dos Vigilantes de Seguridad del metro interceptan y detienen a un joven con cuatro escopetas y dos navajas


El detenido tiene 20 años, de nacionalidad paraguaya y estaba indocumentado.

El pasado 25 de febrero, y eran aproximadamente las seis de la mañana, la hora en la que el Metro de Madrid pone en marcha su servicio.

En la estación de Almendrales -situada en la avenida de Córdoba- solo se encontraban dos Vigilantes de seguridad y algunos trabajadores, que se encargaban de preparar las instalaciones. De pronto un joven accede al suburbano, con actitud esquiva, motivo por el cual es cual es interceptado por los Vigilantes y tras un primer registro le localizan las cuatro escopetas, procediendo entonces a su detención y dando aviso a la Policía Nacional.

Varios Agentes se personaron a los pocos minutos y se hicieron cargo del detenido, y en un segundo registro le encontraron ocultas entre sus pertenencias las dos navajas. El detenido, de 20 años y nacionalidad paraguaya, estaba indocumentado. Con el nombre que ha aportado no tenía antecedentes penales. Llevaba un total de cuatro escopetas de caza en sus respectivas fundas y dos navajas, de las que tampoco ha podido aportar su documentación o explicar su procedencia.

Los Agentes lo trasladaron a la Comisaría de Usera para realizar las comprobaciones pertinentes. Tres de las escopetas figuraban como sustraídas en España, Finlandia y Croacia. Sospechan que podría haber adquirido este arsenal en el mercado negro, por lo que será investigado por un delito de tenencia ilícita de armas. Ahora será Unidad de Balística la que tendrá que determinar la procedencia y el uso que se ha dado a estas escopetas y a las navajas y comprobar si han podido ser utilizadas en algún hecho delictivo. No descartan que el detenido pueda ser miembro de alguna banda dedicada al tráfico ilegal de armas o a una organización criminal.

Varapalo judicial a la Seguridad Social por negar una pensión a una trabajadora con graves problemas físicos y neurológicos

El Juzgado de lo Social 42 de Madrid concede a una vigilante de seguridad de 55 años la incapacidad permanente absoluta después de que el INSS le denegara durante dos años el más mínimo reconocimiento sobre su incapacitación por los trastornos en el lenguaje y la movilidad, acuciados por el estrés.

La magistrada del Juzgado de lo Social 42 de Madrid ha concedido el grado de incapacidad permanente absoluta a una vigilante de seguridad que llevaba dos años de baja laboral por graves problemas de salud derivados del síndrome cerebeloso vermiano, una afección neurológica que afecta al habla y a la movilidad.

Pese a los informes clínicos que constatan los lesiones incapacitantes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se negaba a conceder a la trabajadora, que tiene ahora 55 años, algún tipo de incapacidad, alegando que las dolencias no habían alcanzado el grado exigido para la incapacidad permanente total, es decir, aquella que impide ejercer la profesión habitual. Pero la jueza le ha concedido un grado superior de incapacidad, a la vista del diagnóstico médico, y dictamina que no puede ejercer ninguna profesión.

La trabajadora sufrió en septiembre de 2018 un repentino trastorno de la articulación del habla, que fue atendido como código ictus en un hospital madrileño. Casi dos años después, las pruebas diagnósticas confirmaron que la paciente sufría un síndrome cerebeloso, que le provocaba inestabilidad en la marcha y disartria, es decir, pérdida de la capacidad de articular las palabras con normalidad. Además la mujer sufre migrañas casi diarias, artrosis y depresión, según la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario.

"Nos encontramos ante una persona con inestabilidad en la marcha, que no sale sola de su domicilio y que precisa apoyo para andar, que además presenta lenguaje disfluente con difícil comunicación con terceros, y que padece migrañas con aura casi diarias que no responden a los tratamientos farmacológicos más agresivos que suelen dar solución a tales dolencias", indica la jueza.

Vigilante de seguridad con arma Con semejante cuadro clínico, la magistrada se pregunta qué dudas había de que la trabajadora no podía volver a ejercer su trabajo habitual de vigilante de seguridad. "Es una actividad cuya finalidad es proteger los bienes contra el robo
y vandalismo, controlar el acceso a establecimientos, mantener el orden y hacer que se respete la normativa, tareas en las que es imprescindible la comunicación oral y la deambulación y agilidad en la movilidad, y que difícilmente pueden desarrollarse con lenguaje disfluente y marcha atáxica, que además empeoran con situaciones de estrés", consta en la sentencia.

Además la jueza reprocha a la Seguridad Social que no tuviera en cuenta que la vigilante portaba un arma para realizar su trabajo, dato que constaba en el expediente administrativo del caso. También subraya la magistrada que el informe del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), es decir, el tribunal médico, no incluía todas las dolencias de la trabajadora, acreditadas en los informes de los especialistas médicos. La magistrada reprende al INSS por haber dejado pasar tanto tiempo sin dar una solución a la trabajadora, que ha sido representada en el procedimiento por la letrada Nekane Ramos, de Campmany Abogados. "Se ha agotado el proceso de incapacidad temporal (IT) y desde su inicio hasta la resolución por la que se deniega la incapacidad han transcurrido dos años, durante los cuales no ha experimentado mejoría sino, al contrario, se han ido confirmando y evidenciando más diagnósticos, todos ellos incapacitantes, sin que se haya encontrado un tratamiento efectivo respecto de ellos".

La sentencia indica que si en el futuro la mujer experimentara mejoría, se revisará el grado de incapacidad, pero en estos momentos, "transcurridos sobradamente los plazos de incapacidad transitoria, la trabajadora sigue incapacitada, no solo para su profesión de vigilante de capacidad, sino para desempeñar actividad laboral alguna". Así, obliga a la Seguridad Social a abonarle una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora, de 1.339,89 euros, con carácter retroactivo desde diciembre de 2020.

27 de febrero de 2022

GUADALAJARA: Denuncian las condiciones de los vigilantes de seguridad del Hospital Universitario

CCOO ha denunciado los incumplimientos laborales y salariales de la empresa 'Ariete Seguridad'.

CCOO Hábitat ha denunciado "una vez más" los incumplimientos laborales y salariales de la empresa 'Ariete Seguridad' y ha solicitado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que lo tenga en cuenta a la hora de redactar los pliegos para volver a sacar a concurso, en los próximos meses, la contrata de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario y de los centros sanitarios asociados, más la ampliación del hospital recientemente puesta en servicio.

Según ha informado CCOO en nota de prensa, 'Ariete Seguridad', que en la actualidad emplea a unas 25 personas en Guadalajara, ha "aprovechado" la reforma laboral del PP para "descolgarse del convenio colectivo de aplicación", en su caso el convenio estatal de empresas de seguridad, e imponer el suyo propio, para competir con salarios más bajos y peores condiciones laborales. El convenio fue denunciado por CCOO, y finalmente anulado por el Tribunal Supremo (TS), si bien cuatro años después 'Ariete Seguridad' "sigue demorando el abono de las diferencias salariales que arrastramos desde 2018", unos 1.200 euros a cada trabajador, ha denunciado el delegado sindical de CCOO Hábitat en la empresa, Juan Pérez.

"No paga la horas extra" "Tampoco paga las horas extraordinarias según lo establecido en convenio, ni facilita el registro horario, ni la relación de horas extras que se realizan, tal y como marca el último Real Decreto de 8 de marzo de 2019, y mantiene una doble escala salarial", ha agregado. Además de estas cuestiones salariales, Pérez ha añadido que "la empresa impone y dispone de forma unilateral los calendarios laborales, incumpliendo tanto la obligación de negociarlos como la de entregarlos con tiempo y en forma". Algo que supone, ha expuesto Pérez, que "los trabajadores tienen que estar siempre pendientes, incluso en sus días libres, de que la empresa les llame a incorporarse con apenas unas horas de antelación, y con la amenaza de sanciones" que está denunciado en Inspección de Trabajo y a la espera de resolución. 'Ariete Seguridad' también vulnera "sistemáticamente" el derecho a la información de la representación legal de los trabajadores (RTL) "a la que ni entrega copia básica de los contratos ni la informa de la formación que se imparte o se prevé impartir a las nuevas contrataciones", ha incidido.

Denuncias desde hace años Pérez ha recordado que CCOO Hábitat viene trasladando estas denuncias desde hace años tanto a la dirección de gestión del hospital como a la delegación de la Junta "sin que nos hayan manifestado ninguna solución" que "lleva a la plantilla a una situación de decepción, desilusión y hartazgo al sentirse abandonada por la Administración titular del servicio y responsable subsidiaria de las contratas adjudicatarias".

Por todo ello, ha vuelto a pedir a los responsables del Gobierno regional y del Sescam que, a la hora de volver a sacar a concurso la vigilancia y seguridad de los centros sanitarios de la GAI de Guadalajara, tengan en cuenta la mala praxis de esta empresa y su reiterado incumplimiento del ordenamiento jurídico en material laboral y sindical, así como del Acuerdo de Estabilidad en las contratas de la Junta.

'Ariete Seguridad', propiedad de Silvia Cruz, teniente alcalde del PP en Alcorcón (Madrid) desde 2011 a 2017 y previamente directora general de la Empresa Familiar de la Comunidad de Madrid, llegó a la GAI de Guadalajara en tiempos del Gobierno de Cospedal, sumando este contrato a los numerosos que mantiene con la sanidad madrileña. De hecho, en junio del año pasado se le volvió a adjudicar sin concurso público la seguridad del Hospital 'Enfermera Isabel Zendal'.

26 de febrero de 2022

El 7 de marzo, todos a las puertas de la Delegación Territorial de Empleo, en apoyo de los compañer@s de Mersant


Convocados por el Sindicato Único, nos adherimos junto con otras organizaciones sindicales a esta concentración prevista para el 7 de marzo a las puertas de la Delegación Territorial de Empleo (Av. de Grecia S/N) en apoyo a la difícil situación por la que están atravesando los compañer@s de la empresa Mersant y para que las distintas administraciones y poderes públicos tomen conciencia de que contratar a empresas baratas a la larga sale caro.

SIN BANDERA NI COLORES
TODOS UNIDOS POR UN MISMO OBJETIVO:

NO QUEREMOS A UNA SOLA EMPRESA PIRATA OPERANDO EN LA SEGURIDAD PRIVADA

25 de febrero de 2022

Dos años después recupera los 200 euros que encontró tirados en el suelo en Vitoria

El vigilante de Renfe encuentra los 200 euros tirados en el suelo en 2019

El protocolo municipal establece que transcurridos dos años el vigilante puede ser reconocido como nuevo propietario

El sobre con el dinero ha estado este tiempo en Objetos Perdidos


Ocurrió hace más de dos años, en octubre de 2019. El vigilante de seguridad de la Estación de Renfe en Vitoria José Ángel Calvo estaba controlando el andén cuando encontró 200 euros tirados en el suelo. Lejos de sentirse tentado a guardárselos en el bolsillo, José Ángel le entregó su hallazgo al jefe de estación. Durante un mes el dinero estuvo guardado en la estación a la espera de que el propietario acudiera a reclamarlo. Eso nunca ocurrió, así que los 200 euros acabaron en la Oficina de Objetos Perdidos de la Policía Municipal de Vitoria durante más de dos años.

Los agentes encuentran el sobre El protocolo municipal determina que transcurrido ese tiempo el vigilante podía ser reconocido como el nuevo propietario legítimo. Claro, que al parecer no es tan frecuente que dos años después alguien reclame algo que se ha encontrado. Al menos así se deduce el complicado periplo que debió afrontar este hombre para hacerse valer como nuevo propietario y recibir el dinero. Tras muchas idas y venidas José Ángel recibió la llamada de la Comisaría de Aguirrelanda. Unos agentes habían localizado el sobre con los 200 euros. Eran suyos, dos años después.

BARCELONA: Encuentran a un vigilante de seguridad muerto en una obra de Badalona

Los mossos han recibido el aviso a las 7.19 de este viernes

Mossos y Guardia Urbana investigan las causas del suceso y un presunto homicidio

Los hechos han ocurrido en una obra de la calle Antoni Bori que la policía ha acordonado desde primera hora de este viernes. La policía catalana ha recibido el aviso a las 7.19 de la mañana

 Los Mossos d'Esquadra investigan el hallazgo de un vigilante de seguridad muerto en una obra de Badalona. La policía catalana ha recibido el aviso a las 7.19 de este viernes y la unidad de investigación se ha hecho cargo de las pesquisas. Los investigadores trabajan para determinar si se trata de una muerte violenta. Los hechos han ocurrido en la calle Antoni Bori de Badalona y agentes de la Guardia Urbana de Badalona y Mossos investigan las causas.

Información de SPV a los trabajadores/as de Mersant Vigilancia Sevilla

 
SPV informa a los trabajadores/as de Mersant Vigilancia de Sevilla:

Desde SPV, después de haber interpuesto las denuncias ante la Inspección de Trabajo, vamos a proceder a las reclamaciones de cantidad en el CMAC, como paso inicial, y demandas en el juzgado de lo social para la reclamación de cantidad, a fín de adelantar los procedimientos e intentar llegar a tiempo por si podemos embargar alguna facturación. Por ello, aquellos afiliados/as que lo deseen, pueden ir enviando:

➱*Últimas nóminas* inclusive la nómina de enero y febrero que ha enviado la empresa pero que no han ingresado.
➱*Informe de vida laboral.*
➱*Contrato de trabajo o carta de subrogación.*
➱*Cuadrantes finales* de los meses adeudados, *curso de formación* si no ha sido abonado, número de *horas extras* pendientes de cobrar , o cualquier otro cobro
➱*Servicio* en el que viene prestando su servicio y *dirección completa* del mismo.

La asesoría jurídica procederá a la reclamaciones de cantidad conjunta por centros de trabajo. Para elaborar las reclamaciones judiciales envíen toda la documentación al email: *spvsevillasecre46@gmail.com* El SPV-Sevilla pone a disposición de todos los afiliados/as los servicios jurídicos del sindicato.

MURCIA: Desmantelan un grupo delictivo dedicado a robar en comercios y empresas del Guadalentín

Han sido detenidos los siete integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza

Coordinados con efectivos de Policía Local de Lorca y vigilantes de seguridad, se establecieron dispositivos de vigilancia en las zonas más afectadas por los robos para con el objetivo de prevenir que se cometieran más o, en su caso, intentar frustrarlos.

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en la comarca del Guadalentín la operación ‘POINSA’, una investigación establecida para esclarecer una serie de robos con fuerza en sedes de empresas y comercios, que se ha saldado con la desarticulación de un grupo delictivo integrado por siete personas. Tras la operación, que se encuentra enmarcada en el ‘Plan de lucha contra la delincuencia’, la Guardia Civil ha detenido a los siete integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza, y ha esclarecido más de veintena de delitos. Las actuaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil detectó un incremento de delitos contra el patrimonio en sedes de empresas de la comarca del Guadalentín, unos hechos que habían generado cierta alarma social en el sector.

Los primeros pasos de la operación se planificaron en dos sentidos. Por un lado la realización de inspecciones técnico-oculares y otras gestiones en los lugares donde se cometían los robos para obtener todos los indicios posibles sobre modus operandi y autoría, y, paralelamente, coordinados con efectivos de Policía Local de Lorca y vigilantes de seguridad, se establecieron dispositivos de vigilancia en las zonas más afectadas por los robos para con el objetivo de prevenir que se cometieran más o, en su caso, intentar frustrarlos.

Las pesquisas practicadas permitieron dibujar el modus operandi empleado por los autores de los robos. Inicialmente realizaban un estudio pormenorizado de futuros objetivos, para determinar su viabilidad y planificar el golpe. A la hora de materializarlo, valiéndose de herramientas como mazas, radiales y cizallas, entre otras, accedían por la fuerza a los inmuebles, principalmente naves industriales, donde sustraían efectivo y productos tecnológicos en apenas unos minutos y huían del lugar a gran velocidad.

Utilizaban medidas de seguridad para evitar ser detectados Durante el desarrollo de la actividad delictiva, el grupo criminal ahora desmantelado ponía en marcha varias medidas de seguridad para evitar ser detectados. Entre otras, realizaban un estudio previo de los objetivos, actuaban durante la noche y en zonas con poca presencia de testigos, usaban ropas oscuras, guantes y pasamontañas para ocultar su identidad, realizaban vigilancias mientras se cometían los robos para alertar de cualquier imprevisto, utilizaban vehículos potentes y planificaban rutas de huida, generalmente por autovías y autopistas. Los investigadores también han comprobado que los robos los cometían con una considerable rapidez y eran muy eficaces a la hora de neutralizar y evitar las medidas de seguridad de los establecimientos objeto de los robos.

Como eje principal de actuación se encontraba la autovía A-7, por la que se desplazaban y realizaban una delincuencia itinerante con una amplia zona de acción, centrada principalmente en las provincias de Alicante y Murcia, utilizando esta carretera principal como vía de acceso y de huida de los polígonos industriales donde cometían los robos, generalmente varios en la misma noche. En uno de los dispositivos de vigilancia, establecido en la pedanía lorquina de La Hoya, se identificó a uno de los integrantes del grupo delictivo que, en ese instante tenía asignado el rol de ‘chófer’ y vigilante, ya que utilizaba uno de los vehículos relacionados con la investigación para transportar a los que iban a materializar el robo hasta el objetivo. Mientras realizaba labores de vigilancia para avisar de cualquier imprevisto y posteriormente los recogía y huía con los objetos sustraídos.

En el caso de que la actuación delictiva se planificara con el grupo al completo, se desplazaban en varios vehículos utilizando a uno de ellos como vehículo lanzadera que precedía al que transportaba a la mayor parte del grupo criminal y los efectos del delito.MLos guardias civiles establecieron la principal línea de investigación sobre un grupo de personas con un amplio historial delictivo, de mediana edad, la mayoría de países del Este de Europa y afincados en Alicante, que se encontraba tras la presunta autoría de los delitos investigados. La Benemérita continuó con la investigación y, una vez obtenidos todos los indicios necesarios, ha localizado y detenido a los siete integrantes del grupo delictivo como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal y robo con fuerza.

El análisis de la información obtenida durante la investigación ha permitido esclarecer, hasta el momento, más de una veintena de delitos de robo cometidos en empresas y comercios de Lorca y Puerto Lumbreras, no descartando que los ahora detenidos se encuentren vinculados a la autoría de más hechos delictivos.

La mayoría de los detenidos han ingresado en prisión Los arrestados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, que han decretado el ingreso en prisión de la mayoría de los detenidos.

SPV reclama a GOMSEGUR información de la situación de la plantilla que presta servicio en el Archivo de Indias


En una comunicación dirigida al representante legal de la empresa GOMSEGUR, SPV ha reclamado formalmente toda la información relacionada con la situación actual de la empresa que afecte o pueda incumbir a sus trabajadores adscritos al servicio que presta en el Archivo de Indias

En la misma, tras reunión mantenida recientemente en las dependencias del Archivo de Indias en Sevilla con la Directora General del mismo centro, ante la desidia de la empresa a dar información sobre la situación actual de la empresa y por ende del futuro de los trabajadores y del pago de sus salarios, adjuntamos escrito formal para que la dirección de  empresa Gomsegur nos haga entrega de toda información al respecto pues entendemos que incurren en una Vulneración  de Derecho Fundamental de la LOLS 11/1985 de 2 de agosto, no informando a la parte trabajadora, en este caso al compañero delegado de personal por comité intercentros en el Archivo de Indias de Sevilla, Sr. José Miguel Ortega Guzmán. 

Es válido instalar cámaras ocultas para “cazar” al trabajador que daña material empresarial

La empresa encargó a una agencia de detectives la investigación de unos actos vandálicos de destrucción de diversas máquinas expendedoras.

Los trabajadores no fueron informados previamente de la instalación de las polémicas cámaras de grabación.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la idoneidad de la colocación de cámaras ocultas en el comedor de un centro de trabajo que fueron instaladas bajo la única finalidad de identificar y despedir a los trabajadores que venían realizando actos vandálicos de destrucción de diversas máquinas de vending. El auto, de 16 de febrero de 2022, justifica que la gravedad de los hechos cometidos por los trabajadores “cazados”, justifica su despido disciplinario por transgredir la buena de contractual.

Ponemos en contexto Resulta probado que los tres actores (ahora recurrentes en casación para la unificación de doctrina) cometieron varios actos vandálicos de destrucción de diversas máquinas expendedoras de bebidas instaladas en el comedor del centro de trabajo. Como los daños intencionados a las citadas máquinas se venían sucediendo desde abril de 2018, la empresa decidió instalar un equipo de grabación videográfica en la zona donde estaban tales aparatos, a fin de identificar a los autores.

Tal equipo estuvo instalado en el centro de trabajo desde el día 27 de mayo al 29 de junio de 2018, y las cámaras enfocaban exclusivamente a las máquinas de vending instaladas, sin enfocar al resto de la sala, como tampoco a las personas que no se acercaban a ellas, y sin grabación de sonido.

Sentencia impugnada Pues bien, la sentencia ahora impugnada (STSJ de Cataluña 1270/2021, de 2 de marzo) estimó el recurso de suplicación de la empresa y revocó el fallo dictado en la instancia que declaró el despido improcedente. Según la Sala de lo Social, la prueba de grabación que constituyó la base fundamental del despido disciplinario resultaba válida ya que fue obtenida lícitamente. Aunque es cierto que los trabajadores no fueron informados previamente de la instalación de las polémicas cámaras de grabación, eso no determina, a juicio del TSJ, que resulten vulnerados los derechos fundamentales, teniendo en cuenta el resto de las garantías exigibles y, en particular, el grado de intrusión y la idoneidad de la medida para el fin perseguido.

La aplicación del referido test al caso que nos ocupa determinó la validez de las pruebas obtenidas porque:

-La medida está justificada por razones legítimas, basadas en no simples sospechas sino en la constatación de conductas ilícitas reiteradas en el tiempo.

-El grado de intrusión es mínimo por la zona y las personas enfocadas, por lo que se trata de una captación limitada a lo estrictamente necesario.

-El alcance temporal de la medida se reduce a un mes, cesando tan pronto como pudo contarse con imágenes suficientes, cumpliéndose con los cánones de proporcionalidad, razonabilidad e idoneidad.

Así las cosas, según el parecer del TSJ de Cataluña, la gravedad de los hechos cometidos por los trabajadores que aparecen en las grabaciones aportadas por la empresa y obtenidas lícitamente, justifica el despido por transgresión de la buena fe contractual, calificándolo de procedente.

Debate casacional La cuestión ahora planteada por los trabajadores recurrentes se limita a decidir si la prueba obtenida por la empresa mediante grabación por cámaras ocultas es válida y, en consecuencia, si el despido disciplinario impugnado es procedente o nulo. Los recurrentes aportan como sentencia de contraste la STSJ de Castilla-La Mancha 25/2018, de 12 de enero, que estimó el recurso del trabajador y declaró la improcedencia del despido disciplinario impugnado.

En este supuesto, el trabajador, vigilante de seguridad, fue despedido por fumar en las instalaciones de la fábrica en la que efectuaba la vigilancia, por disminución voluntaria y continuada en el rendimiento de trabajo y por la comisión de actos inmorales en el centro de trabajo como visionado de material pornográfico, masturbarse y distraerse con juegos y llamadas telefónicas.

La actuación empresarial no superaba el triple juicio de proporcionalidad En primer término, la sentencia de instancia admitió la prueba de grabación imágenes y tuvo por acreditado que el actor realizaba todas las conductas detalladas en el párrafo anterior. En cambio, en segundo lugar, la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, bajo una exhaustiva remisión a la doctrina constitucional relativa a la validez y licitud de la prueba obtenida mediante la grabación de imágenes y sonido, llegó a la conclusión que la actuación empresarial no superaba el triple juicio de proporcionalidad exigible a cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales.

Para mayor detalle, según el Tribunal, pese a que la instalación de cámaras de videovigilancia podría estar justificada al existir sospechas de que el vigilante fumaba en su puesto de trabajo, tal medida no resultaba necesaria al existir otros medios para la comprobación de la hipotética infracción, como era el testimonio de los compañeros del trabajador.

Tribunal Supremo: los escenarios son distintos Turno de nuestro Alto Tribunal, su Sala de lo Social declara que “no puede apreciarse la existencia de contradicción puesto que son diferentes las circunstancias valoradas en cada caso”. En concreto, en la sentencia recurrida se instalaron cámaras de grabación enfocadas a las máquinas expendedoras situadas en el comedor de la empresa, bajo la única finalidad de conocer a los autores de los actos vandálicos que se venían detectando meses atrás, y por un tiempo limitado de un mes. En cambio, tal escenario no es comparable con las circunstancias expuestas en la sentencia de contraste en la que cual se instaló una cámara de grabación dentro de la caseta en la que el vigilante de seguridad pasaba toda su jornada laboral. Por todo lo anterior, la Sala termina inadmitiendo el recurso de casación para la unificación de doctrina y declarando la firmeza de la sentencia recurrida, sin imposición de costas a la parte recurrente.

24 de febrero de 2022

GRANADA: Un vigilante del metro de seguridad evita que un hombre robe un desfribilador y una TPV


El presunto autor es un varón de 39 años nacido en Costa de Marfil al cual le constan antecedentes policiales

La Policía Nacional ha detenido en Granada a un varón nacido en Costa de Marfil y 39 años de edad, al cual le constan antecedentes policiales, como presunto autor de una tentativa de robo y otro de resistencia y desobediencia, tras haber arrancado un desfibrilador automático, después de fracturar la urna de metacrilato que lo protegía, y negarse a ser identificado y trasladado a dependencias policiales enfrentándose de forma violenta con los agentes. El detenido ya ha sido puesto en libertad, encontrándose a la espera de ser convocado por la autoridad judicial para comparecer en juicio.

Sorprendido tras arrancar un desfibrilador Los hechos comenzaron las siete y media de la mañana, momento en el que el CIMACC-091 recibió una llamada en la que un vigilante de seguridad comunicaba que tenía retenido a un individuo junto a una parada del Metro de Granada ubicada en el Distrito Norte. A la llegada de los agentes, el vigilante de seguridad relató cómo momentos antes había sorprendido a un individuo dañando un dispositivo que se encontraba anclado en una de las paredes de una parada del Metro. Concretamente, observó como un varón fracturaba, sirviéndose de varias piedras, la urna de metacrilato que protegía un desfibrilador automatizado, sustrayendo dicho aparato e intentando acceder a un vagón del metro para huir del lugar. La intervención del vigilante consiguió evitar la fuga, reteniendo al presunto autor hasta la llegada de los agentes. Los policías encontraron en posesión del presunto autor, además del desfibrilador antes descrito, un terminal de pago con tarjeta y varias piedras con las que supuestamente habría fracturado la urna.

Resistencia a identificarse y a ser detenido A continuación, los agentes intentaron identificar al retenido, mostrándose en todo momento reacio a cualquier tipo de colaboración con los mismos, manifestando que no tenía intención de identificarse ni de subirse al vehículo policial para ser trasladado hasta la comisaría, intentando en varias ocasiones marcharse del lugar. Así fue como los agentes, junto con el presunto autor, llegaron a rodar por el suelo en el momento de la detención efectiva de dicho individuo, el cual mostró en todo momento una conducta agresiva y desafiante. Finalmente, este individuo pudo ser trasladado hasta las dependencias policiales. El presunto autor se encuentra actualmente en libertad y a la espera de ser convocado para comparecer en juicio.

La sombra del vigilante

Por Pedro Barceló. Director de Seguridad de Club de Mar – Mallorca. Graduado en Seguridad y Ciencias Policiales y Profesor de Seguridad Privada.

La intención de este artículo, sería llegar al mayor número de lectores no relacionados precisamente, con el mundo de la Seguridad, con el firme propósito de acercar, conocer y reconocer, la figura de los/as Vigilante de Seguridad.Pedro Barceló. Director de Seguridad de Club de Mar – Mallorca. Realmente no debería de tener mucho sentido este relato, pues nos resultaría imposible en nuestro día a día, interactuar socialmente sin su presencia, ya que desarrollan una labor diaria, callada y profunda, como la de todo servidor de seguridad, ya sea público o privado.

Haciendo un sencillo ejercicio de observación, comprobaríamos que en el tiempo que transcurre desde que salimos de nuestro hogar hasta nuestro destino, es natural encontrarnos con su figura. Puede resultar muy sorprendente este simple ejercicio, para verificar la permanente presencia del vigilante de seguridad en nuestra vida cotidiana, y ser conscientes del importante servicio que prestan a la sociedad. Ya sea en urbanizaciones, edificios, comercios, estacionamientos, fábricas, cotos, prisiones, museos, hospitales, transportes públicos, eventos socio culturales, deportivos, conciertos, públicos y privados, en ocasiones provistos de canes, en ubicaciones estatales, autonómicas, comarcales, locales, en servicios de escolta, de protección de bienes, caudales, de objetivos estratégicos o infraestructuras críticas y un largo etcétera demasiado extenso como para no olvidar a nadie, incluidos los que se encuentran fuera de nuestras fronteras dando protección a los pesqueros españoles que faenan en las lejanas y peligrosas aguas del cuerno de África.

Vigilante de Seguridad Actualmente se encuentran en activo unos 85.700 vigilantes de seguridad, aunque son casi 200.000 los que consiguieron su TIP como acreditación, velan de manera profesional, para todos y cada uno de nosotros a diario, en muchas ocasiones invisibles, en cuanto a reconocimiento, pero muy presentes y comprometidos en cuanto a sus actuaciones y resultados. Sería más sencillo, por lo tanto, como podemos comprobar, indicar…en dónde no están.

Desde el 8 de noviembre de 1849, (tan solo cinco años después de la fundación de la Guardia Civil), en el que se creó el primer Reglamento para la creación de los Guardas Jurados, que debían de gozar de buena opinión y fama y no haber sido condenados por delito alguno, y tenían buena reputación por saber mediar en pleitos o discusiones, es decir, con 172 años de antigüedad y presencia necesaria e interrumpida, han demostrado sobradamente la necesidad de su profesión, avalada por incontables intervenciones, de hecho, no podemos desligar su presencia y servicio en muchos de los actos y sucesos más dramáticos que ha sufrido nuestro país en donde su actuación ha resultado necesaria y eficaz, que como resultado han evitado infinidad de desgraciados sucesos, incluidos los zarpazos indiscriminados del terrorismo.

Sin mucho ruido ni publicidad, sin esperar nada a cambio, sin victimismo tampoco, sólo con la noble abnegación del que protege al colectivo, es de justicia por lo tanto, conocerlos y reconocerlos. También se deberían evitar el empleo de injustas y ruines etiquetas o despectivos adjetivos que resultan hirientes, para el que se expone o se interpone en muchas ocasiones, siempre a favor del ciudadano, a veces falto de medios y recursos o de la cobertura legal deseable. No se trata de ensalzarlos, simplemente de RESPETARLOS, ya que algunos de ellos, se hicieron merecedores de ese respeto, a costa de su propia vida, mientras desarrollaban con total dignidad su profesión elegida.

Siguiendo la estela de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, también se han adaptado a la exigencia de los tiempos actuales mediante la especialización dentro de su profesión, lo que requiere actualización y tecnificación acorde. Son cada vez más los cursos y especializaciones que aumentan el abanico formativo, siempre renovable y mejorable sin duda, del que actualmente disponen para su capacitación. Aunque al igual que el resto de los colectivos, la formación, el reciclaje y la actualización, nunca será la deseada para acometer la constante, dinámica y asimétrica evolución de nuestra sociedad. Resulta muy complejo el poder mantener formado de manera inmediata a todo el personal como sería deseable. Eso no quita, hacer un permanente esfuerzo en la mejora constante de su formación. Por qué abriríamos un hilo de discusión interesante, si pensáramos en la formación idónea que debería de adquirir un Vigilante de Seguridad.

Desarrollan en su mayoría, una labor informativa constante al ciudadano, es importante por lo tanto, la formación en manejo de personas, equipos, multiculturalidad, gestión del stress en situaciones de crisis, en definitiva mediadores en conflictos como los Guardas Jurados en su creación, legislación, primeros auxilios incluyendo el uso del desfibrilador, evacuación, lucha contra incendios, transmisiones, relaciones con las FFCCSS, así como técnicas de defensa personal y tiro, más la formación específica que puede conllevar su puesto de trabajo, como puede ser el control de cámaras, detectores, alarmas y un sinfín de equipos que se van incorporando a la seguridad integral como pueden ser los drones.

Con este incompleto repaso a algunas de las materias que forman parte de su formación, quiero romper también con el mito y la etiqueta de la baja cualificación con la que cuenta el vigilante. Aunque si miramos de reojo nuestro entorno europeo más inmediato, nos posicionamos en puestos de champions, ya que las 180 horas lectivas del curso de formación, las materias a desarrollar y los reciclajes anuales de 20 horas, sigue siendo un objetivo deseable hoy en día para alguno de los vecinos miembros de la vieja Europa, ya que todavía no han alcanzado esos parámetros en su formación.

No quisiera pasar por alto, el papel de la mujer en este oficio, que supone actualmente un 13% del total. Su crecimiento al igual que otros sectores, sigue en constante evolución como no puede ser de otra manera, aunque lejos aún del porcentaje idóneo y deseable, que sigue siendo una meta a corto plazo. Vaya desde este medio mi reconocimiento y respeto a todos los vigilantes de seguridad, que portando con humildad y dignidad vuestro uniforme, colaboráis a diario, con la no fácil labor de protegernos formando parte de la seguridad ciudadana de la que todos nos beneficiamos. Y a los lectores, tened la certeza de que aunque paséis por su lado, sin dedicarles un cortés saludo, ni siquiera una mirada, serán los primeros en acudir en vuestro auxilio cada vez que lo necesitéis.

LA RIOJA: La Policía reconoce la labor del personal de seguridad del Hospital San Pedro y centros asociados

Un total de 22 profesionales del ámbito de la seguridad que prestan servicio han recibido las Menciones Honoríficas de la Policía Nacional en reconocimiento a su "excepcional entrega y dedicación" durante la crisis sanitaria del COVID-19.

La Jefatura Superior de La Rioja ha reconocido este miércoles en el Hospital de San Pedro, la «impecable» labor desarrollada en la pandemia por el personal de seguridad privada que presta servicio en ámbito sanitario tanto en el Hospital del San Pedro como en los centros de salud asociados.

La delegada del Gobierno de España en La Rioja, María Marrodán Funes, ha presidido el acto de reconocimiento que la Policía Nacional de la Rioja, ha realizado al personal de seguridad privada, que junto a los colectivos encabezados por el personal sanitario, como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, entre muchos otros trabajando desde el primer día en primera línea como “servicio público” que son. Un total 22 menciones honoríficas a vigilantes de seguridad En un sencillo acto que ha tenido lugar este miércoles 23 de febrero a las 10:00 horas, la Unidad Territorial de Seguridad Privada ha concedido en total 22 menciones honoríficas a personal pertenecientes al ámbito de la seguridad.

El objetivo de este acto, que ha tenido lugar en el Hospital del San Pedro, ha sido reconocer la labor realizada por el personal de seguridad privada en el ámbito sanitario y, para ello, se han entregado 01 menciones honoríficas Tipo A, a Ignacio Blanco Arévalo, «por ser un ejemplo de superación y ganar la batalla al virus» y 21 menciones honoríficas Tipo B haciendo un total de 22 profesionales de la seguridad privada de La Rioja que han destacado por su «especial entrega y vocación» de servicio, entre los homenajeados se encuentran el jefe de Seguridad del Servicio Riojano de Salud Daniel Zárate Garay y el jefe de Seguridad Delegado de Eulen Seguridad, Ángel Lozano Martínez. Durante la pandemia, los servicios fueron prestados por los vigilantes de seguridad pertenecientes a la empresa de seguridad Grupo Eulen Seguridad, si bien desde el mes de noviembre de 2021, es la empresa INV Seguridad, quien actualmente presta los servicios de seguridad.

En todos los casos la entrega de estos galardones pretende «reconocer el esfuerzo e implicación que estos profesionales demostraron en los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 más allá de sus funciones y responsabilidades ordinarias, colaborando con el personal sanitario de sus centros de trabajo así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, entre otras administraciones y entidades». De esta forma, la Policía pretende «visibilizar el gran trabajo desempeñado por el personal de seguridad privada de cara a proteger a los profesionales sanitarios y los servicios de salud, especialmente en aquellos meses más comprometidos de la crisis sanitaria». Además, los agentes han agradecido a este colectivo el apoyo inestimable que prestan a las fuerzas y cuerpos de seguridad.

A la entrega de diplomas han acudido la delegada del Gobierno en La Rioja, María Marrodán Funes, el jefe superior de la Policía, Manuel Laguna Cencerrado, el gerente del Servicio Riojano de Salud, Alberto Lafuente Jiménez, el jefe de Seguridad de la empresa INV Seguridad, Roberto Bermejo García, el director regional de Eulen Seguridad, Santiago Pascual Morales, el jefe regional de Operaciones, Eliseo Gomez Palomar, el responsable de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, Ignacio García Moreno, y el interlocutor policial territorial sanitario de la Policía Nacional, Jorge Rubio Gil y personal sanitario, además de los homenajeados aunque, todos ellos por razones de servicio, no han podido asistir.

El evento, desarrollado en el Hospital del San Pedro manteniendo en todo momento las medidas higiénico-sanitarias establecidas por la pandemia, fue organizado por la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, a través de su Unidad de Seguridad Privada, con la colaboración del Departamento de Seguridad Corporativa del Servicio Riojano de Salud.

23 de febrero de 2022

SPV se adhiere a la concentración del 7 de marzo en la Delegación Territorial de Empleo


SPV se adhiere a la concentración organizada por el Sindicato Único 
para el próximo 7 de marzo a las puertas de la Delegación Territorial de Empleo, por los impagos de la empresa Mersant Vigilancia a sus trabajador@s.

Ese día, en solidaridad con tantos compañer@s que están sufriendo situaciones de extrema gravedad, se van a convocar concentraciones simultaneas en aquellas provincias donde opera esta empresa de seguridad, para llamar la atención de administraciones, clientes y de la sociedad en general.

NO QUEREMOS MÁS EMPRESAS PIRATAS EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA

EL 7 DE MARZO TODOS A LAS PUERTAS DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EMPLEO (AV. DE GRECIA S/N 41012 SEVILLA)

DESDE LAS 08:00 A LAS 12:00 HORAS.

 

SEVILLA: Reunión mantenida con responsables del Archivo de Indias por los impagos de la empresa GOMSEGUR

REUNIÓN CON LA DIRECTORA GENERAL DEL ARCHIVO DE INDIAS

El pasado martes representantes de SPV y CSIF mantuvieron una reunión con la Directora General del Archivo de Indias para trasladarle la inquietud por los pagos de los salarios y del futuro profesional o posible subrogación a otra empresa con un contrato menor hasta que en septiembre salga la licitación nueva. En el encuentro estuvieron presentes el Jefe de contratación y director de RR.HH del citado organismo público.

La directora no pudo trasladarnos información en cuanto a la situación actual de la empresa pues habiendo solicitado información no habían tenido respuesta alguna. Solo se nos trasladó que desde el Ministerio de Cultura en Madrid ya estaban trabajando para la cesión de una empresa nueva y que nos aseguraba que cumplirían el Art. 71 de ley concursal del sector público.

Un millón de ojos te observan cada día: quién está detrás de estas cámaras y cómo te afecta su vigilancia

La privacidad ya no está solo en nuestras manos. En España hay casi un millón de cámaras en entornos públicos y la ciberseguridad preocupa a los ciudadanos. La videovigilancia se está adueñando de nuestras calles.

Quizá no seamos conscientes, pero nos vigilan. Miles de cámaras observan nuestros movimientos 24 horas al día los 365 días del año, bien sea en la calle, en el transporte público, en un centro comercial, incluso en el trabajo.

La tecnología evoluciona básicamente en el reconocimiento facial y con respecto a la aplicación de Big Data para hacer perfilados, buscar patrones y prevenir conductas. Javier Prenafeta, abogado en 451.legal, asegura que esto es el aspecto más peligroso, ya que determinar lo anterior en función de la raza, la ropa o el estado de ánimo, por ejemplo, sería discriminatorio y desproporcionado. Según la empresa de seguridad Continox, en España hay una cámara de videovigilancia por cada 52 habitantes. Sin embargo, en nuestro país, no existe un control unitario ni una obligación de registrar todas las cámaras de videovigilancia. Solo existe obligación legal de registrar las instalaciones en su conjunto que están grabando en entornos públicos.

En Madrid, por ejemplo, hay más de 2.000 cámaras de videovigilancia que graban imágenes en cajeros en las calles, ¿es legal que graben todos nuestros movimientos?, ¿se trata de luchar contra la delincuencia?, ¿cómo ayuda esto a la ciberseguridad? Si nos comparamos con países de nuestro entorno, es un número bajo. En Reino Unido, la British Security Industry Authority (BSIA) presentó recientemente un informe en el que detallaba que el número de cámaras de videovigilancia supera los cinco millones, lo que supone representa una videocámara por cada 14 habitantes.

El incremento de robos es muy favorable para la adopción de medidas de seguridad en hogares y comercios, donde con una cámara se puede vídeo vigilar los puntos críticos. Y no solo de forma física, también de los fraudes que ocurren en Internet. Según en el barómetro del CSIC, el 68,7% de la población española es favorable a la videovigilancia. Muchos lo ven como algo necesario que ayuda a mantener la seguridad, pero para otros es un atentado para nuestra intimidad. Todo esto nos hace pensar que, en el futuro más cercano, el número de cámaras de videovigilancia va a aumentar considerablemente. Además, la tecnología da acceso a los servicios de visualización de las videocámaras personales en movilidad, es decir, desde teléfonos móviles y tablets. E incluso a realizar grabaciones en la Nube o en plataformas especializadas.

¿Es legal instalar cámaras de seguridad en la calle? Prenafeta explica que el uso de cámaras de videovigilancia en lugares públicos está permitido, pero solo pueden hacerlo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además, deben autorizarse expresamente previo informe con supervisión judicial.

El Ministerio del Interior no dispone de datos de cámaras de seguridad públicas operadas por la policía. Según newtral.es aseguran haberse puesto en contacto con varios ayuntamientos del país para saber cuántas cámaras de seguridad operadas por los cuerpos policiales tienen grabando la vía pública y destaca Madrid con alrededor de 200, seguido de Málaga con 137 y Barcelona con 61. Sin embargo, hay situaciones especiales como, por ejemplo, por parte de la DGT para controlar el tráfico en carreteras o, también, las empresas concesionarias de autopistas para vigilar el tráfico, el control de peajes o simplemente la seguridad. Por otro lado, en calles privadas como dentro de una empresa o una comunidad de propietarios también es posible hacerlo, siempre y cuando conlleve una finalidad acotada de proteger a las personas y bienes.

Cuidado con grabar en la calle Cualquier ciudadano puede instalar dentro de su vivienda cámaras de vigilancia, ya que es un uso estrictamente doméstico, pero sin grabar la calle. En el resto de casos, además de la legislación específica sobre tráfico y circulación, seguridad privada o seguridad ciudadana, conforme a la normativa sobre Protección de Datos hay limitaciones en cuanto al plazo de conservación de las grabaciones (máximo un mes). Debe informarse acerca del responsable del tratamiento, finalidades y derechos, con la colocación de un cartel y cumplirse el resto de obligaciones generales de la LOPDGDD (tener un registro de actividades de tratamiento, aplicar medidas de seguridad, atender las solicitudes de derechos de acceso, supresión…).

La normativa acota los usos a vigilancia de la seguridad de las instalaciones, bienes y personas, en general, conforme a la LOPDGDD y para usos concretos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ampliaría a la prevención de delitos y otras infracciones. Lo que se salga del marco de los usos generales de la LOPDGDD requiere habilitación legal, así que está bastante acotado, aunque podría ser criticable la cierta ambigüedad para fines como “asegurar la convivencia ciudadana” o “la utilización pacífica de las vías y espacios públicos” de la Ley Orgánica 4/1997 de utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.

Derecho a acceso y cancelación de grabaciones La normativa reconoce el derecho de acceso y a la cancelación de las grabaciones, y la limitación al tratamiento solo para pedir su conservación en casos especiales, pero no, por ejemplo, la rectificación de los datos, la portabilidad de los mismos y la limitación del tratamiento entendida como su bloqueo temporal. No obstante, también la normativa indica que, en caso de grabaciones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se podrán denegar los derechos anteriores si está en curso una investigación o se pone en peligro la seguridad pública, por ejemplo.

"Para saber si son necesarias todas las que hay o si sería necesarias más, habría que valorarlo caso por caso", según explica Prenafeta. "La normativa exige justificación, que sea la medida menos intrusiva de todas las opciones posibles, que sea proporcionada con relación al riesgo, etc. En determinadas zonas, sin duda, puede contribuir a mejorar la seguridad, pero habría que valorar su utilidad real más allá del mero efecto disuasorio, si hay otras opciones como incrementar la vigilancia policial, la rehabilitación de barrios, u otro tipo de políticas fuera la vigilancia", matiza.

22 de febrero de 2022

BARCELONA: Muere un vigilante tras un intento de robo en un MediaMarkt de Sabadell

El profesional de la seguridad ha fallecido de un ataque al corazón tras una tentativa de atraco en un establecimiento de Sabadell

Un vigilante de seguridad ha fallecido tras un intento de robo en un MediaMarkt situado en Sabadell (Barcelona). Las pesquisas iniciales apuntan a que habría muerto de un ataque al corazón al presenciar el alunizaje que ha tenido lugar en el centro comercial Vía Sabadell, situado junto a la autopista C58.

Han informado de ello fuentes policiales no oficiales que recalcan que el incidente se ha saldado con el robo frustrado. Los ladrones no han podido completar el asalto. El vigilante ha tenido tiempo de accionar la alarma, aunque cuando han llegado los apoyos han localizado el cuerpo sin vida. Ha sido imposible su reanimación.

Los Mossos lo "desvinculan" Una portavoz de los Mossos d'Esquadra confirma los hechos. Ha "desvinculado" el traspaso del profesional de la seguridad privada con el suceso. Como mínimo, de forma directa, ya que el fallecido ha activado la alarma del local "sin que hubiera ningún enfrentamiento directo" entre la víctima y los ladrones. Los hechos, ha precisado la policía catalana, han tenido lugar sobre las cinco de la madrugada. El vigilante era el único que estaba en el establecimiento por la noche.

Segundo en tres meses El intento de robo con resultado trágico es el segundo en tres meses en un comercio de la multinacional alemana en la misma zona. Tal y como explicó este medio, en noviembre de 2021 un grupo de individuos desconocidos empotraron un coche en la entrada de otro MediaMarkt en Sabadell a las pocas horas de abrir. En esa ocasión sí pudieron sustraer material electrónico de la tienda. La policía catalana localizó parte del botín en una localidad cercana a la cocapital del Vallès Occidental.

Una furgoneta Según agentes de las fuerzas de seguridad catalana, los cacos han utilizado esta madrugada una furgoneta para embestir la cristalera del establecimiento comercial. Un local cercano a un conocido hipermercado de la marca sueca Ikea. Aun así no han podido acceder al interior de la tienda y, al final, no se han llevado nada.

CÁDIZ: Los vigilantes de las dependencias municipales llevan sus protestas a las puertas del Ayuntamiento

El colectivo lleva sin cobrar desde el mes de diciembre y la empresa adjudicataria, Mersant, se encuentra ilocalizable

Los vigilantes de las dependencias municipales han llevado este martes sus protestas a las puertas del Ayuntamiento, después de que lleven sin cobrar la paga de diciembre y las nóminas de ese mes y la de enero ante el incumplimiento de la empresa adjudicataria de este servicio municipal, la sevillana Mersant.

El colectivo afectado alcanza a una cuarentena de empleados y tal y como afirman sus portavoces “nos tienen en una situación económica extrema, con vigilantes acudiendo a Cáritas y produciéndose impagos de hipotecas, recibos e incluso desahucio de sus propias viviendas”.

Los vigilantes han mantenido una reunión con el concejal de Personal, Demetrio Quirós. “Nos prometen que se está solucionando y que se espera la documentación por parte de la empresa”. Sin embargo, estos trabajadores advierten, y así se lo han hecho saber al equipo de Gobierno, “es que esto es un problema de esta empresa a nivel nacional. Son los mismos dueños de la anterior empresa que hicieron la misma jugada y terminó desapareciendo, dejando a muchas familias en la ruina total”. Los empleados aseguran que se avisó al Ayuntamiento sobre los antecedentes de Mersant.

Los portavoces aseguran que Demetrio Quirós les ha asegurado que en los próximos días se va a poder llevar a cabo la rescisión del contrato con Mersant para poder hacer un concurso de urgencia y que se pueda seguir dando el servicio.  Entre otras cuestiones, este colectivo afirma que “se están quedando servicios descubiertos y sin vigilancia, ya que la empresa no da señales de vida”.

Una de las cosas que este colectivo ha criticado que “se ha permitido que en un evento en el Gran Teatro Falla, se ha celebrado sin una empresa de seguridad presente y eso se considera una falta grave, según recoge la Ley de Espectáculos”. Los vigilantes también han mantenido reuniones con los partidos de la oposición pero piden una solución urgente a su problema.

Denuncia sindical por la muerte de un vigilante en MediaMarkt

ADN Sindical pide "medidas de protección" para los profesionales que falleció durante un robo con el método del alunizaje en una tienda de Sabadell

El sindicato profesional mayoritario de la seguridad privada ha pedido "medidas de protección" para el sector después del fallecimiento de un vigilante durante un robo con el método del alunizaje en un MediaMarkt esta madrugada.

Un portavoz de ADN Sindical ha reclamado "más apoyo" para los profesionales que custodian los comercios tras el óbito por causas naturales. Las pesquisas iniciales apuntan a que sufrió un ataque al corazón durante el suceso. El terrible desenlace ha tenido lugar durante el empotramiento de una furgoneta contra el comercio de electrónico situado en el centro comercial Via Sabadell, en la conurbación de Barcelona.

Vigilantes dentro y fuera Desde ADN se ha precisado que el vigilante traspasado trabajaba dentro del establecimiento en solitario. Fuera del mismo, el espacio de shopping contaba con un dispositivo de protección propio formado por otro vigilante de seguridad y un auxiliar. "No es de recibo que tenga que morir una persona para que tomemos medidas. ¿Dónde está la Inspección de Trabajo? Hay que actuar para proteger a los vigilantes", ha apostillado la plataforma social. Mantiene que, con más recursos, el trágico suceso se podría haber evitado.

Los Mossos lo confirman pero lo "desvinculan" El intento de robo ha tenido lugar sobre las 05:00 horas en el establecimiento MediaMarkt de Via Sabadell, un polígono industrial situado junto a la C58. Según han confirmado los Mossos d'Esquadra, el vigilante se ha desplomado durante un atraco por el método de alunizaje en la tienda. Pese a ello, la policía catalana "desvincula los hechos", por cuanto "no ha habido enfrentamiento directo" entre el trabajador fallecido y los ladrones.

Se trata del segundo robo violento en un comercio que sufre la multinacional alemana en la cocapital del Vallès Occidental. Otra tienda de la ciudad sufrió otro alunizaje​ en noviembre de 2021. La policía catalana localizó parte del material sustraído en otra ciudad de los alrededores, aunque no pudo recuperar la totalidad de los electrodomésticos robados también de madrugada.

BARCELONA: Sant Boi rendirá homenaje a las mujeres de los servicios de seguridad, protección y emergencias por el 8-M

Otra de las campañas enmarcadas en el 8-M es la segunda edición de la iniciativa '#NoEtQuedisEnrere'

Para celebrar el Día Internacional de las Mujeres de este año, el Ayuntamiento de Sant Boi (Baix Llobregat) rendirá homenaje a las mujeres de todas las edades que vivan y trabajen en Sant Boi y se dediquen o se hayan dedicado a los servicios de seguridad, protección y de emergencias.

La campaña va dirigida a policías locales, mossos d'esquadra, operadores de teléfonos de urgencia, conductoras de ambulancias, bomberas, agentes rurales, policías nacionales, guardias civiles, militares, profesionales de protección civil, vigilantes de seguridad, guardaespaldas y personas del ámbito social o sanitaria que atienden en crisis o emergencias o casos de violencias machistas de urgencia.

21 de febrero de 2022

Al pleno la situación de los trabajadores de la empresa de seguridad que trabaja para el Ayuntamiento de Dos Hermanas


El PP llevará a pleno la situación de los trabajadores de la empresa de seguridad con contrato adjudicado al Ayuntamiento.

El Partido Popular de Dos Hermanas llevará este próximo viernes al pleno la situación laboral de los trabajadores de la empresa de seguridad con contrato adjudicado al Ayuntamiento. Tras la adjudicación del contrato de servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones municipales del Ayuntamiento de Dos Hermanas a Gomsegur, S.L., el pasado 27 de septiembre de 2021, (formalizado el 28 de octubre de 2021), han sido constantes las denuncias planteadas por los trabajadores acerca de la situación en la que venían desempeñando sus funciones laborales.

Tanto es así, que en esas mismas fechas, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera, denunciaba ante la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo de Policía, al consistorio nazareno y a la propia empresa, Gomsegur, por presunta seguridad ilegal e incumplimiento del contrato adjudicado por este ayuntamiento. Tras diversas reuniones con trabajadores de la citada empresa, desde el Partido Popular señalan que han podido conocer de la existencia de denuncias y escritos dirigidos tanto al Ayuntamiento de Dos Hermanas como al delegado de movilidad y seguridad, por lo que entienden que eran conocedores de la situación que se venía desarrollando por parte de dicha empresa, a pesar de que en ningún caso han obtenido respuesta por parte de éstos., según indican desde el partido popular.

Para la portavoz popular, Carmen Espada, «es inadmisible que un ayuntamiento como el de Dos Hermanas, gobernado por el PSOE, mantenga una situación de inacción o indiferencia ante las numerosas advertencias por parte de los trabajadores, de la situación que se venía dando desde la adjudicación del contrato». Tal y como indica el grupo político en su nota de prensa, los trabajadores han puesto en conocimiento de la empresa y del propio delegado de movilidad, la falta de ropa adecuada a las condiciones climatológicas para el desempeño de sus funciones, los turnos de hasta 14 horas continuadas y la no rotación de los mismos, trabajando a la intemperie sin un lugar en el que cobijarse, constando en este sentido en los diferentes escritos remitidos; situación que denuncian tanto auxiliares como vigilantes, y que también, se puso en conocimiento de Seguridad Privada de Sevilla.

Según señala Espada, «el propio Sindicato Asambleario de Seguridad, con fecha 25 de octubre de 2021 dirigía escrito al delegado de movilidad y seguridad del ayuntamiento poniendo de manifiesto la vulneración de los derechos laborales». Tal y como se recoge en dicho escrito, al que ha tenido acceso el Partido Popular de Dos Hermanas, se denuncian hechos que, según indica el PP nazareno, «bien pudiéramos entender vulneran los derechos laborales de los trabajadores: la empresa no ofrece reconocimiento médico a sus trabajadores, mantiene un elevado número de horas trabajadas mensualmente, no comunica a tiempo los cuadrantes y llegan sin sellar ni firmar, no hay copias de contratos, no se respeta el descanso, no se realizan evaluaciones de riesgos laborales…, situación que ha provocado la baja de numerosos trabajadores».

La situación laboral de los trabajadores de Gomsegur se ha complicado definitivamente con el concurso de acreedores presentado por la empresa en febrero y tras un comunicado de la misma en el que reconoce la situación de insolvencia por las dificultades económicas que atraviesa. La respuesta de los populares ha sido inmediata y con fecha de 17 de febrero registró un documento solicitando la incautación inmediata de la garantía, con el claro objetivo de proceder al pago de los trabajadores que, actualmente siguen prestando servicios sin contraprestación alguna. Espada señala que «curiosamente en idéntica situación se encuentran los trabajadores de Gomser, a quienes también se les adeuda sus salarios».

En ese mismo sentido, llevarán al pleno del próximo viernes una moción instando a la incautación de esa garantía, dado que el equipo de gobierno no se ha manifestado aún al respecto, o en su defecto, se busquen los mecanismos necesarios para abonar el salario a los trabajadores, máximos perjudicados, entendiendo la falta de fiscalización del ayuntamiento ante una empresa a la que adjudicó un servicio. Asimismo, exigirán un mayor control y diligencia del ayuntamiento, del cumplimiento de las condiciones laborales a la hora de preservar los derechos laborales de los trabajadores, en los contratos de servicios que requieran alta carga de mano de obra y, solicitarán que desde el equipo de gobierno se den las explicaciones oportunas acerca de las actuaciones que se van a llevar a cabo, en cuanto a la empresa que va a prestar el servicio mientras se inicia expediente de licitación, señalando si efectivamente se hará por cesión como se ha adelantado en Junta de Gobierno Local, y cómo se llevará a cabo la misma, o si se va a recurrir al orden de prelación dado en su momento.

¿Conoces a Nani, el vigilante jurado más popular del edificio de Ministerios?

Le ponemos cara a uno de los tres profesionales que vela por la seguridad del edificio administrativo de la calle Alarcos, desde hace 30 años.

Más de 500 trabajadores y trabajadoras pasan a diario por el edificio de Servicios Múltiples de Ciudad Real, conocido popularmente como edificio de los Ministerios, en la calle Alarcos, para desarrollar su función repartidos en siete plantas. A excepción del Hospital General, es el más grande y de mayor trasiego para realizar todo tipo de gestiones. Este lunes hemos compartido Un día con... uno de los vigilantes jurados de la entrada, que lleva casi tres décadas velando por la seguridad en las instalaciones.

Leonardo Campos nos cuenta que llegó al oficio "de rebote" él trabajaba de celador en el antiguo hospital de Alarcos y cuando le expiró el contrato se enteró de esta oferta y decidió sacarse el título y formarse. Asegura que la formación ha ser permanente, en esta profesión, además la experiencia es un valor. Hay que ser observador, estar muy pendiente de lo que ocurre a tu alrededor, un trabajo que requiere mucha rutina y no romperla, señala como principales cualidades, todo ello aderezado con "sentido del humor", que no le falta. En esta magno edificio, durante el turno, han de recorrerlo por todas las plantas para supervisar que esté todo en regla y además han de estar muy pendientes de la central de alarmas y de incendios. Que él recuerde, gracias a su intervención han podido sofocar 3 ó 4 pequeños incendios.

Se siente muy orgulloso de ejercer como tal, aunque en ocasiones, puede resultar muy tedioso y desagradable, "a veces la gente no entiende el protocolo". Precisamente tras la pandemia, su labor ha sido fundamental, la atención se mantiene con cita previa y ahí están colaborando estrechamente para que sea lo más organizada posible. Salvo el registro al que se puede acceder directamente de 9.00 a 14.00 horas, la ciudadanía debe pasar por el mostrador en el que se encuentran cada día, al menos dos vigilantes. Un trabajo que le está permitiendo sacar a su familia adelante, actividad que está bien reconocida a nivel social, aunque pensando en sus hijos reflexiona "la gente joven hoy día está más cualificada, les corresponde otros trabajos".

Anecdotario: ovejas en el edificio Ser vigilante le ha permitido conocer a mucha gente, -de hecho nos comentan que es uno de los vigilantes más populares- y acumula muchas anécdotas. No se olvida de la manifestación que protagonizó un grupo numeroso de agricultores en los años 90. Subieron a presentar sus reivindicaciones a la delegación de Agricultura, acompañados de un rebaño de ovejas. "Nos preguntábamos por donde las habían subido, pasaron por el garaje y las subieron por el ascensor... Cuando finalizó el acto reivindicativo, tuvimos que ayudar a los ganaderos porque se extravió una oveja".

20 de febrero de 2022

BILBAO: Vigilantes de seguridad del metro auxilian a una mujer tras sufrir una aparatosa caída en las escaleras


Trasladan al hospital a una mujer tras sufrir una caída en las escaleras del metro de Moyua.

La herida ha sido atendida en un primer momento por personal del suburbano

Una mujer ha sido trasladada esta mañana a un centro hospitalario después de sufrir una aparatosa caída en los accesos a la estación de metro de Moyua, en Bilbao. Por causas que se desconocen, la herida se ha precipitado por el primer tramo de escaleras mecánicas, el más próximo al vestíbulo, en la salida hacia el Guggenheim. El incidente ha tenido lugar sobre las 06.45 horas.

«Ha sido atendida con gran celeridad por parte del personal de Metro Bilbao», apuntan fuentes de la compañía. La mujer ha quedado tendida, descalza, y ha sido arropada por los vigilantes de seguridad. Uno de ellos se ha quitado la chaqueta para cubrirla. Una ambulancia la ha evacuado a un centro hospitalario.

18 de febrero de 2022

Los 12 engaños preferidos de las empresas al despedir al trabajador

El despido es una de las causas más frecuentes de litigios laborales.

¿Qué tipo de irregularidades puede intentar el empresario durante el despido?. Si las conoces, podrás evitarlas. En este artículo relatamos cuáles son las irregularidades más habituales que llevan a cabo algunos empresarios. En estos tiempos de crisis, más que nunca, es imprescindible que el trabajador conozca sus derechos.

Decirle al trabajador que si firma la carta de despido y el finiquito como “no conforme”, no podrá cobrar la liquidación El trabajador siempre tiene derecho a firmar, tanto la carta de despido como el finiquito con la indicación “no conforme” antes de su firma. Con ello, simplemente se da por comunicado, pero manifiesta su disconformidad y mantiene abierto el derecho a poder demandar a la empresa por el despido. Eso si, aunque el trabajador haya firmado como “no conforme”, la empresa tiene que pagarle el finiquito y la indemnización a que tuviera derecho.

No entregar al trabajador la carta de despido. Los despidos no se pueden comunicar ni de forma verbal, ni por teléfono ni por email ni por whatsapp. El trabajador debe recibir una comunicación por escrito, conocida como “carta de despido” en la que la empresa le comunique el despido, el motivo y la fecha en la que será efectivo. El contenido de la carta es importante para conocer la causa que alega la empresa en el despido y los plazos que tiene el trabajador para demandar.

Provocar el despido del trabajador por abandono del trabajo o baja voluntaria. Una estratagema no infrecuente cuando una empresa quiere quitarse de encima a un trabajador al menor coste posible, llamarle y decirle que ya no hace falta que venga más y que en unos días recibirá la liquidación y el ingreso pendiente en su cuenta. Con esto, la empresa despide disciplinariamente o sanciona al trabajador por no acudir a su puesto de trabajo y el trabajador se encuentra con que no puede demostrar que fue la empresa la que le pidió que no acudiera. En estos casos, aunque la empresa diga que no hace falta volver al trabajo o que el trabajador se puede tomar unas vacaciones, se recomienda al trabajador que se presente y reclame la entrega por escrito de la carta de despido o la confirmación de las fechas de vacaciones.

Marear al trabajador para que se le pase el plazo para presentar la demanda por despido. Algunas empresas notifican al trabajador el despido (para que comience a correr el plazo) y luego le embaucan con distintos compromisos que no cumplen, para que vayan pasando los días.- El plazo para demandar por despido es de 20 días hábiles (no cuentan sábados, domingos ni festivos) desde la comunicación del despido. Por muy injusto y denunciable que sea el despido, si al trabajador se le pasa un solo día de ese plazo, perderá todo su derecho a reclamar. Por eso, las empresas que no juegan limpio tratan de que los días vayan pasando para que el trabajador no tenga capacidad de reaccionar.

Engañarle con la fecha de los documentos o no ponerles fecha. El trabajador tiene que comprobar que la fecha que indica tanto la carta de despido como el finiquito es la fecha real del día que se lo comunican. Si la carta de despido o el finiquito tienen fechas anteriores, el trabajador habrá perdido esos días y si se pasa de plazo no podrá ejercer su derecho a demandar a la empresa.

En lugar de despedirle, le piden al trabajador que firme una carta de renuncia para que pueda cobrar el paro sin problemas. En estas situaciones, el trabajador no debe firmar jamás una carta de renuncia, dimisión o baja voluntaria. Si lo hace, estará reconociendo desde el punto de vista legal, que es él y no la empresa quien toma la decisión de cesar en el trabajo, y perderá algunos derechos muy importantes. No recibirá la indemnización que le pudiera corresponder por el despido y además, tampoco podrá pedir el paro inmediatamente después de solicitar la baja voluntaria. Aunque el trabajador sea despedido, incluso con un despido disciplinario que sea procedente, siempre podrá solicitar el paro si tiene las cotizaciones por desempleo suficientes. Sin embargo, si pide una baja voluntaria, no podrá solicitar el paro.

Amenazar al trabajador con que si demanda a la empresa, no podrá cobrar el paro hasta que termine el juicio. Es totalmente falso que una posible demanda del trabajador le impida cobrar el paro. El paro se puede solicitar desde el día siguiente al cese en el trabajo, haya o no papeleta de conciliación o demanda judicial del trabajador de por medio. El trabajador cobrará su paro y el juicio laboral seguirá su curso en paralelo. Algunos empresarios también intimidan al trabajador, amenazándole con no entregar los papeles del paro si les busca las cosquillas. Es cierto que si la empresa quiere puede complicar o retrasar el cobro del paro, por ejemplo no facilitando el certificado de empresa, pero aunque lo haga, será el propio Servicio Público de Empleo el que le exigirá la entrega de esa documentación y si la empresa obstruye el proceso, podrá denunciarla ante la Inspección de Trabajo.

Las falsas promesas de volver a contratarle en el futuro. Hay empresas que presionan al trabajador para que no demande, y lo hacen jugando con las expectativas de que le contratarán en el futuro cuando la situación mejore. Si la empresa realmente aprecia al trabajador y está dispuesta a volver a contratarle, debe liquidar todas las cantidades pendientes y cumplir con la ley.

El fantasma de las listas negras y los antecedentes negativos en la vida laboral. En algunas ocasiones se ha presionado al trabajador para que no de problemas, adviertiéndole de que si demanda, se le incluirá en una lista negra del sector para que no pueda volver a trabajar nunca más. Es cierto que en alguna ocasión, los tribunales han condenado a empresas por elaborar estas listas de trabajadores incómodos. Son casos totalmente excepcionales y desde luego la mayor parte de las empresas no tienen ese poder. En la vida laboral de un trabajador no aparecerá como referencia negativa si demandó o no a la empresa, ni los motivos de un despido.. La vida laboral es un documento que elabora la administración y que se limita a reflejar de forma objetiva las fechas de alta y baja del trabajador.

Querer pagarle al trabajador la indemnización en negro o aplazada. Aunque la empresa insista en que de este modo los dos ganan al pagar menos impuestos, el cobrar una indemnización en negro es toda una fuente de problemas para el trabajador. La empresa también puede intentar pedir al trabajador que firme la conformidad con todos los documentos (finiquito y carta de despido) y asegurarle que le hará el pago en unos días o semanas cuando venda determinados activos o recupere algunas deudas. No recomendamos de ningún modo firmar que se ha recibido una cantidad de dinero si esta realmente no se ha entregado por transferencia bancaria.

En determinados casos, para la concesión de algunas prestaciones, pensiones, etc, la propia Administración puede exigir al trabajador que demuestre con el resguardo de la transferencia bancaria que efectivamente ha recibido una indemnización por despido. Y si el trabajador no lo puede demostrar, comenzarán los problemas, ya que puede entenderse que el trabajador ha colaborado en la simulación de un despido en fraude de ley.

Calcular mal las indemnizaciones por despido Y normalmente, el cálculo erróneo siempre es a favor de la empresa. La indemnización de un despido por causas objetivas no es la misma que la de un despido improcedente. Y hay que observar una serie de reglas en los cálculos, de modo que si el trabajador tiene dudas, debe firmar como “no conforme” y buscar asesoramiento especializado.

“Yo te arreglo los papeles del paro y tú renuncias a la indemnización” Este último punto no es realmente un engaño de la empresa al trabajador, sino una argucia que ambos llevan a cabo de común acuerdo. El despido es simulado. Aunque se produce un cese formal en la relación laboral, no es por decisión de empresario, sino aceptada por ambas partes. El empresario tramita toda la documentación de un despido para que el trabajador pueda cobrar el paro, y se simula que le entrega la indemnización, pero realmente el trabajador no la recibe o renuncia a ella aceptando un despido disciplinario sin causa real.

Este tipo de arreglos, que son investigados y perseguidos por la Inspección de Trabajo, pueden terminar en sanciones para ambos: empresario y trabajador. En algunas ocasiones se han llevado a cabo porque el trabajador quiere pedir una baja voluntaria, pero si lo hace, se queda sin prestación por desempleo y pide a la empresa que le despida. Y la empresa asume este riesgo de un despido simulado, pero ganando a cambio por ejemplo, no pagar indemnización. Últimamente hay empresas que también llegan a un acuerdo pactado con el trabajador para despedirle y luego, más adelante, volver a contratarle para que haga las mismas funciones, pero dado del alta como trabajador por cuenta propia. Es lo que se conoce como el fraude de los falsos autónomos, en el que el trabajador tiene una situación de desventaja y precariedad por la que se ve obligado a aceptar este tipo de componendas.