Noticias Destacadas SPV Sevilla


28 de febrero de 2015

El Gobierno suprimirá las tasas judiciales para personas físicas «de forma inmediata»

Catalá vertebra la agilización de la Justicia sobre dos ejes: el reparto de la carga de trabajo y la especialización del juez

El Gobierno ha aprobado este viernes la revisión del sistema de tasas judiciales para suprimirlas «de forma inmediata» para las personas físicas en todos los órdenes e instancias, como anunció esta semana el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, durante su intervención en el debate sobre el estado de la Nación. 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado la supresión de este polémico impuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha especificado que el anuncio no afecta a las pequeñas y medianas empresas, que antes de la entrada en vigor de la ley de Gallardón estaban también exentas de este pago. Catalá ha señalado que estas empresas solo tienen que pagar este tributo por encima de los 2.000 euros. El ministro ha explicado que con esta medida el Ejecutivo responde a la«reivindicación» de la totalidad de los profesionales que pedían la eliminacion y ha señalado que no está acreditado el impacto que las tasas hayan podido tener en la disminución de la litigiosidad, pues hay otros factores de índole económico (la crisis) que han podido influir en esta circunstancia.

Otra de las medidas importantes aprobadas por el Consejo de Ministros es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para racionalizar el reparto de asuntos entre los juzgados. lo que supondrá la agilización de los tiempos de respuesta de la justicia. La reforma incluye también que la especialización de los jueces prevalezca sobre criterios como la antigüedad o el actual reparto de asuntos.

Vía telemática Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil, el texto también se modifica para incorporar las nuevas tecnologías: con carácter general las comunicaciones a las partes de un procedimiento se llevarán a cabo porSMS o correo electrónico y partir de enero de 2016 la comunicación entre profesionales de la Administración de Justicia se hará solo por vía telemática.

27 de febrero de 2015

ALICANTE: Una juez prohíbe a dos mujeres acercarse al vigilante de seguridad de un «súper» que les acusó de robar

Madre e hija fueron detenidas por la presunta agresión al guarda, que advirtió a otro empleado de que estaban llevándose un maquillaje

La juez en funciones de guardia decretó ayer para dos mujeres –madre e hija– una orden de alejamiento respecto al vigilante de seguridad de un supermercado del barrio alicantino de Juan XXIII después de que ambas agredieran supuestamente al guarda tras advertir éste a un empleado de que habían cogido un maquillaje, según indicaron ayer fuentes judiciales a este diario.

Las mujeres fueron detenidas y puestas ayer a disposición de la juez de guardia, quien además de imputarles un intento de hurto les prohibió acercarse al vigilante a menos de cien metros durante un tiempo de seis meses para evitar posibles altercados, según explicaron fuentes judiciales. Tras declarar ante la magistrada, ambas quedaron en libertad con cargos. El supermercado se encuentra situado junto a la vivienda de las mujeres, por lo que no podrán, en ese tiempo, hacer la compra en el establecimiento y en teoría no pasar por delante del mismo.

Los hechos ocurrieron durante la jornada del miércoles, cuando el vigilante de seguridad se percató de que las mujeres estaban merodeando por la zona de pinturas y maquillajes del local. Según las citadas fuentes judiciales, el guarda alertó a un empleado de que habían sustraído un maquillaje. El trabajador les llamó la atención y devolvieron las pinturas –al parecer una caja de maquillaje–, pero a la salida se enfrentaron al vigilante por «chivato» y se desarrolló una trifulca que terminó con el arresto de ambas por parte de la Policía Nacional.

El fiscal que atendió el caso entendió que la situación podría generar tensiones futuras entre el vigilante y las mujeres y solicitó a la juez seis meses de alejamiento, una medida de carácter provisional que fue acordada por la magistrada antes de que las dejara en libertad. Los hurtos en las cadenas de supermercados han llevado a muchas empresas a optar por un vigilante personado en el local durante el tiempo de apertura al público, algo que resulta de lo más efectivo para las empresas debido a los trucos y picaresca desarrollada en torno a las alarmas y arcos de seguridad.

Por otro lado, dos arrestados por el robo de varios artículos en una tienda del centro comercial Plaza Mar de Alicante pasaron también ayer a disposición del juzgado de guardia de Alicante, si bien la juez les dejó en libertad aunque imputados por un delito de robo, ya que la tasación efectuada por los productos según el establecimiento superaba los 400 euros. Así lo indicaron ayer a este diario fuentes judiciales, que no precisaron de qué tipo de productos se trataba.

La opinión de las asociaciones de seguridad privada sobre la nueva ley y otras cuestiones del sector


¿Qué postura mantiene la Asociación frente a la nueva Ley de Seguridad Privada? ¿En qué medida les puede favorecer? ¿Hay algún elemento que pueda perjudicar su actividad?¿Cómo contempla, a su juicio, la nueva ley una mayor colaboración entre seguridad pública y seguridad privada?

El portal Interempresas.net ha entrevistado a las principales asociaciones de seguridad. El presidente de Acaes, Josep Bellot; la directora ejecutiva de AES, Paloma Velasco; el presidente de Protecturi, Jesús Alcantarilla; el presidente de Apess, Rafael Tinoco; el presidente de FES, José Manuel López; la presidenta de Aresmur, Encarna Ortiz; el presidente de FAS, Enrique López del Estal; y el presidente de Aesab, Jesús Castillo; han querido contestar a algunas preguntas concretas sobre la actualidad del sector de la seguridad así como de la Asociación a la que pertenecen.

VALLADOLID: Las ladronas de las pinzas de hielos

Dos pasos por el calabozo en cinco días. Dos detenciones por llevarse sin pagar más de 400 euros en ropa de varios comercios de Valladolid. Las protagonistas son dos primas, de 24 y 36 años, que si el pasado viernes actuaron en Vallsur, anteayer lo hicieron en la tienda C&A de Carrefour Planet (Parquesol). Dos recién llegadas al mundillo del hurto -entre las dos suman solo seis antecedentes- que se han convertido en unas expertas en el 'arte' de mangar ropa.

Su técnica parece tan sencilla como efectiva. Fuentes policiales lo explican a El Día de Valladolid: «Ellas suelen llevar unas pinzas de hielo, partidas a la mitad, es decir, separadas, y que las utilizan para apalancar el sistema de alarma hasta que consiguen quitarlo». Ese sería el escenario ideal para estas ‘artistas’, pero, por si la alarma no quiere salir, manejan siempre un plan B: tijeras. «Cuando se meten al probador también llevan unas tijeras ocultas para que, si fuese necesario, cortar directamente el trozo de prenda en el que está el dispositivo de alarma», detallan las mismas fuentes.

Y una falda. Una vez que la alarma ya está quitada, el plan se completa poniéndose la ropa y ocultándola debajo de «una amplia falda negra» para salir con absoluta normalidad de los probadores y abandonar el comercio de turno sin que las alarmas de las puertas se activen. El pasado viernes, el plan de J.R.R. y R.R.P. -que iban junto a otra prima, menor de edad- se truncó cuando fueron interceptadas por los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur ante las sospechas que había levantado su actitud. La aparición posterior de los agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol vino a confirmar el hurto. Llevaban 467 euros en ropa.

Y anteayer fue cuando uno de los equipos de la UPR(Unidad de Prevención y Respuesta) de la Brigada de Seguridad Ciudadana interceptó su coche y descubrió que llevaban multitud de prendas en el asiento trasero, junto con diversos útiles para la comisión de hurtos, por lo que se procedió a su detención. Las dos primas iban, en esta ocasión, con otro familiar (otro primo de solo 19 años y carente de antecedentes). Al parecer, se dirigían ya hacia sus domicilios del barrio de Pajarillos, cuando se les interceptó en un control de seguridad de la UPR. Los investigadores verificaron que las 22 prendas acababan de ser sustraídas en el C&A que hay en Carrefour Planet -algunas aún tenían las etiquetas con el precio- y que el valor de lo hurtado era de 444 euros.

Reunión Comité de Empresa Prosegur Sevilla (Enero 2015)

La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, un ejemplo de inseguridad pública


Durante los cursos dados a los mandos policiales, la escuela de la Junta ha mostrado que es un ejemplo de lo que no debe ser.

La operación de propaganda electoral del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, organizando un curso sobre prevención del terrorismo yihadista tras los atentados de París y Copenhague, ha demostrado con toda claridad que la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, sede de un curso celebrado hace dos días, 24 de febrero, sobre la materia,carece de los más elementales medios y medidas de seguridad.De hecho, es un ejemplo notorio de inseguridad pública.

Para preservar la seguridad de los más de un centenar de jefes y mandos de la Policía Local de diversos ayuntamientos andaluces que se dieron cita en las instalaciones de la Escuela en la población de Aznalcázar, próxima a Sevilla, se recurrió excepcionalmente a la presencia activa y física de dos furgones de la Policía Nacional que portaban armas largas y que vigilaron rigurosamente por un solo día el control y acceso a las instalaciones, control y acceso rigurosos que han sido abandonados por la Consejería de Justicia e Interior desde el pasado año. Téngase en cuenta que la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, ESPA, realiza una actividad diaria de formación tanto de Policías locales, como de personal de Protección Civil y Bomberos (especialmente en estos dos últimos casos en la segunda sede de Huévar) y que en sus instalaciones hay una media diaria de entre 60 y 150 personas, sobre todo policías locales, a lo largo del año.

Sin embargo, cuando se accede desde la carretera al interior del recinto, hay un paso a nivel o barrera que siempre está levantada y no funcionan desde el año pasado las balizas de reconocimiento de las matrículas de los coches que acceden al recinto. Tampoco funcionan las cámaras de televisión en el complejo administrastivo, salvo una, y no hay personal cualificado en vigilancia y control que garantice el acceso al centro. Precisamente por ello, la singularidad de que para el acto de mandos y jefes de la policía local el pasado día 24 se ordenase la vigilancia policial rigurosa del recinto, fue considerada una operación llamativa y propagandística por el personal que trabaja diariamente en el centro - una plantilla de alrededor de 20 personas -, que sabe perfectamente que esa seguridad es cotidianamente inexistente.

Incluso alguno de los jefes y mandos que hicieron el curso - ¡de sólo 7 horas de duración sobre técnicas de autoprotección y "sobre la problemática de este asunto" se dice textualmente en la convocatoria!, para la prevención del terrorismo yidahista, se sorprendieron de la seguridad de un centro que conocen y que nunca la había tenido en tal cantidad y calidad. De hecho, el servicio de seguridad lo prestaban antes vigilantes privados de una empresa de seguridad, no la Policía Nacional, hasta que fue suprimido por orden de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, regida ahora por José Antonio Varela, curiosamente y nada menos que ex director de la Erzaintza nombrado por el PSOE y al que se supone especial sensibilidad por la seguridad pública, del que depende la ESPA. La desprotección llega a tal nivel que las armas antes guardadas en la Escuela, donde lógicamente se hacen prácticas de tiro, tuvieron que ser trasladadas desde las cajas fuertes de la propia Escuela a otras dependencias de la Junta por no estar garantiza, precisamente, su seguridad.

Una inseguridad irregular decidida por la Junta Algunos empleados de la plantilla de la ESPA han hechio llegar aLibertad Digital su malestar porque cuandzo hay jefes y mandos de por medio se articule un operativo de seguridad riguroso y llamativo - alguna televisión estaba allí invitada por la propia dirección general -, mientras que el resto del año el personal de plantilla más los policías alumnos de los cursos que allí se imparten carecen de la más mínima y legal garantía de seguridad. Según ha podido comprobar Libertad Digital, la decisión de suprimir el Servicio de Seguridad se tomó, incluso, incumpliendo la normativa dictada por la propia consejería que dirige el ex fiscal Emilio de Llera en el decreto 94/2014 sobre normas técnicas para la protección de edificios públicos de uso administrativo.

Según ese Decreto, "la seguridad es un valor jurídico primordial. Las actividades de seguridad privada se configuran como una medida de anticipación y prevención frente a posibles riesgos, peligros o delitos, con objeto de obtener seguridad adicional a la que provee la seguridad pública. Por ello, se considera la seguridad privada como una actividad con entidad propia, pero a la vez una parte integrante de la seguridad pública ya que contribuye a la protección de la sociedad y a la defensa de los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos." La ESPA, y muy especialmente debido a su cometido de seguridad pública, según el decreto, debería contar permanentemente cuando menos con:

- sistemas de detección y alarma

- videovigilancia y control de acceso de personas y vehículos gestionados por personal cualificado de control y vigilancia, prestado o bien por agentes del Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la propia Junta o por vigilantes de seguridad de empresas privada.

Pero la escasa seguridad de la ESPA está en manos de empleados públicos que carecen de la formación adecuada e incluso de personal contratado eventualmente en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. Por ello, como han referido a Libertad Digital, algunos de sus empleados, de producirse un hipotético ataque yihadista a la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, las consecuencias serían catastróficas.

26 de febrero de 2015

VALECIA: Un vigilante de seguridad hospitalizado tras un acto vandálico durante la huelga en la Universitat

El acto vandálico ha consistido en arrojar un artefacto casero compuesto en parte por azufre, metido dentro de una lata de cerveza, lo que ha generado una gran humareda que ha obligado a vaciar el aula

Un vigilante de seguridad de la Universitat de València ha sido trasladado al hospital tras sufrir una crisis de ansiedad como consecuencia de un acto vandálico en el Aulario Norte del Campus de Tarongers. Aunque en un principio se barajaba la posibilidad de que se hubiera intoxicado como consecuencia de un bote de humo, arrojado para boicotear una clase que se estaba impartiendo, las pruebas que le han realizado en el Clínico han determinado que ha sufrido una crisis de ansiedad como consecuencia de la tensión vivida.

El acto vandálico ha consistido en arrojar un artefacto casero compuesto en parte por azufre, metido dentro de una lata de cerveza, lo que ha generado una gran humareda que ha obligado a vaciar el aula. Cuando el vigilante ha accedido a la planta tercera del edificio, el vigilante ha inhalado el humo, lo que le ha provocado una indisposición además de una crisis de ansiedad. Tras ser atendido por un Soporte Vital Básico en el propio Campus, ha sido trasaladado a un centro hospitalario para realizarle un chequeo completo. Como consecuencia del incidente, un grupo de agentes de la Policía Nacional ha perseguido a un piquete que se movía por la zona y se han producido varias identificaciones. Eso sí, una parte importante del grupo ha conseguido huir a través de la calle Ramón Llull hacia la zona universitaria de Blasco Ibáñez.

En este ocasión los piquetes, la mayoría a cara descubierta, no han causado problemas en los acceso gracias a la presencia de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que ha facilitado la entrada a cualquier persona que quería acceder a la Universitat Politécnica. En el Campus de Tarongers, más allá de los botes de humo (por lo menos se han lanzado tres) no ha habido problemas. En parte porque la asistencia a clase ha sido anecdótica. A las 12 horas está prevista una manifestación multitudinaria en la que además de alumnos universitarios también participarán los de institutos, convocados por el Sindicato de Estudiantes. En cuanto a la jornada de ayer, la organización cifró el seguimiento al paro en un 81% en los institutos y en un 86% en la UV. No hubo datos oficiales.

España es el cuarto país europeo que menos ha subido su salario mínimo durante la crisis

El salario mínimo en España ha pasado de ser 700 euros mensuales  en 2008 a 757 en 2015. En los últimos años, el Gobierno lo ha congelado en dos ocasiones: una en 2012 y otra en 2014.

Solo tres países europeos obtienen peores registros que España: Grecia, Irlanda y Croacia. En España el salario mínimo representa el 41% del salario medio, muy lejos del 60% que recomienda la Carta Social Europea

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) español es de los que menos ha crecido durante el periodo de crisis. Los datos aportados por la oficina estadística europea Eurostat muestran que entre 2008 y 2015 el SMI subió un 8% en España. Solo tres países europeos obtienen peores registros: Grecia –donde no solo no ha crecido sino que ha descendido un 14%–, Irlanda –se ha mantenido congelado en 1.462 euros– y Croacia –donde ha aumentado un 4% en los últimos siete años–.

En términos absolutos España es el noveno país de la Unión Europea con el SMI más elevado. Por delante se sitúan Luxemburgo (con 1.923 euros), Bélgica y Holanda (con un SMI de 1.502 euros), Alemania (1.473), Irlanda (1.462), Francia (1.458), el Reino Unido (1.379) y Eslovenia (791). El crecimiento del SMI español es casi la mitad del experimentado por el salario mínimo de Francia, que ha subido un 14% desde 2008 (de 1.280 euros mensuales a 1.458), o por el de Holanda o Bélgica, que han aumentado su SMI en un 13% y un 15%, respectivamente. Otros países con salarios mínimos exiguos, como el caso de Bulgaria –donde se sitúa en 184 euros al mes– o Eslovaquia –con 380 euros–, han registrado subidas muy superiores: en el primer caso del 64% y en el segundo del 58%.

Los datos de Eurostat reflejan también qué porcentaje del sueldo medio representa el salario mínimo de cada país. La Carta Social Europea recomienda que el SMI alcance el 60% de la ganancia media de los trabajadores. Solo Francia y Portugal cumplen con esa recomendación, ya que su salario mínimo representa exactamente el 60% del sueldo medio. Las diferencias entre los dos países son, no obstante, sustanciales: Portugal tiene un SMI de 589 euros mensuales frente a los 1.458 de Francia, lo que indica el modelo de bajos salarios en el que se encuentra inmerso el país luso.

Cerca de esa línea del 60% se encuentran también Luxemburgo, Eslovenia y Malta. En España, en cambio, el SMI representa el 41% del salario medio. Precisamente, hace solo unas semanas el Consejo de Europa criticaba a España por tener un salario mínimo insuficiente que no asegura un nivel de vida decente.

Prosegur ganó 158,7 millones de euros en 2014, el 1,8 % más que el año anterior

La compañía de seguridad privada Prosegur obtuvo un beneficio neto de 158,7 millones de euros en 2014, lo que supone un incremento del 1,8 % respecto al año anterior, ha comunicado hoy la empresa de seguridad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los ingresos de Prosegur se incrementaron el 2,4 %, hasta alcanzar 3.782,5 millones de euros, la mayor parte de ellos obtenidos en su principal mercado, Iberoamérica, donde facturó 2.201 millones de euros con un descenso del 2,4 %. La compañía ha atribuido esta caída de la cifra de negocio en Iberoamérica al impacto de la devaluación de las principales monedas de la región, por lo que, eliminado ese efecto, las ventas crecerían por encima del 16 %.

En cuanto a Europa y Asia-Pacífico, los ingresos aumentaron un 10 % hasta 1.581 millones de euros, gracias al buen comportamiento de España, influido por la recuperación económica, y de Alemania, donde las ventas se incrementaron más del 32 %, mientras que en la región asiática subieron por encima del 20 %. Por líneas de negocio, el principal segmento de Prosegur es el de soluciones integrales de seguridad, que aportó 1.937 millones de euros a la cifra de negocio, una cuantía en línea con la obtenida en 2013.

Por su parte, el área de logística de valores y gestión de efectivo alcanzó los 1.664 millones, el 5 % más, en tanto que el negocio de alarmas ingresó 181 millones de euros. La compañía ha lanzado una nueva división de ciberseguridad para completar su línea de servicios y ha creado un centro global de operaciones desde el que desarrolla sus propuestas de seguridad de la información. La deuda neta de la compañía se situó en 611 millones de euros al cierre del ejercicio.

Según un estudio de Securitas Direct Castilla y León es la Comunidad más segura de España

Castilla y León es la Comunidad Autónoma más segura de España, al menos para el 46,67% de sus ciudadanos que afirman sentirse seguros en su región. Una percepción que también comparte el 6,6% de los españoles que han participado en el último estudio independiente realizado para Securitas Direct sobre la Seguridad en España.

Según los españoles que han participado en este estudio, las comunidades son más seguras del país son País Vasco (15,68%), seguida de Navarra (7,74%) y La Rioja (7,64%). En el lado opuesto, Madrid ocupa la primera posición como región más insegura para el 38,91% de los españoles, seguida de Andalucía (23,18%) Cataluña (16,53%) y Comunidad Valenciana (8,59%)

Precisamente, Madrid es también la Comunidad en la que mayor porcentaje de personas piensa que es su propia CCAA la más insegura de España (34,28%), seguida igualmente por andaluces y catalanes que consideran que es Andalucía (29,72%) y Cataluña (24%) respectivamente, las regiones más inseguras del país. El análisis, que ha sido realizado por el Instituto independiente Sondea para Securitas Direct, con el objeto de conocer las percepciones que tienen los españoles sobre la seguridad en general, y sobre la seguridad en sus hogares y negocios en particular, desvela que la percepción de inseguridad va en aumento.

Siete de cada diez españoles consideran que se producen más robos, y que hay menos seguridad que hace dos años, y uno de cada diez asegura haber sufrido un robo este año. Sobre este aspecto, desde Securitas Direct apuntan que “los hábitos de seguridad también han cambiado y los ciudadanos cada vez son más conscientes de las prácticas para prevenir y disuadir con el objeto de evitar robos y asaltos en sus domicilios”, asegura José Ignacio Jiménez, Director de Operaciones y Acuda y Relaciones Institucionales de Securitas Direct. Además de la vivienda, el análisis de Securitas Direct señala que el tipo de negocio en el que los españoles piensan que se necesita mayor protección o seguridad son en primer lugar las joyerías (63,3%), seguido por las entidades financieras (11,22%), y por detrás, cafeterías y restaurantes (8,19%).

En cuanto a las medidas de seguridad utilizadas por los españoles para proteger su vivienda, más de la mitad (53,55%) ha instalado puertas blindadas, seguido de un 26,05% que ha añadido rejas a las ventanas, un 21,19% que se sirve de alarmas, un 16,08% cuenta con un perro que vigile la casa, y un 10,82% usa cámaras de seguridad. La tipología de domicilio también influye en la percepción de seguridad, según el estudio. Ocho de cada diez españoles (80,99%) estima que es el chalet independiente el tipo de vivienda en el que se requiere mayor protección, frente a un 7,54% de los encuestados que opina que son los pisos bajos los más inseguros, y un 5,36% que considera los chalets pareados o adosados los más expuestos ante posibles robos.

En el caso de producirse una intrusión en el hogar, lo que más preocupa a los españoles es que los ladrones entren en casa cuando su familia y ellos estén dentro (83,92%), seguido de la preocupación por que les provoquen destrozos en la vivienda (51,41%), que se lleven objetos personales o recuerdos (34,54%) o que invadan su espacio privado (18,71%). En mucha menor medida, a los encuestados les preocupa que les puedan robar joyas y objetos de valor, dinero u otros objetos materiales. El Estudio ha sido realizado sobre una muestra inicial de 9.802 individuos residentes en España, de entre 30 y 65 años, seleccionados de forma proporcional a las cuotas de la población española en función del sexo, grupo de edad y Comunidad Autónoma.

25 de febrero de 2015

BIZKAIA: Heridos cuatro vigilantes de seguridad del metro al agredirles siete jóvenes en la estación de Santurtzi

El sindicato Cispe cree que el suburbano debería haber reforzado con más personal el servicio durante los carnavales

Cuatro vigilantes de seguridad del metro resultaron heridos durante la madrugada del pasado domingo al ser agredidos en la estación de Santurtzi por un grupo de siete jóvenes que celebraba los carnavales. El incidente se produjo sobre las doce y media de la noche. Una supervisora del suburbano advirtió hasta cuatro veces a una pareja de que no se podía comer en el andén. Los jóvenes a los que llamaron la atención se empezaron a poner agresivos y la mujer llegó a empujar a la empleada del metro.

Para entonces, los vigilantes de seguridad de la empresa Prosegur habían sido alertados de lo que ocurría. Además de los dos destinados a la estación de Santurtzi, se encontraban un tercero, responsable de equipo de la zona entre Cruces y Cabieces, y una cuarta compañera de las que suelen viajar en los trenes. En ese momento, una cuadrilla de jóvenes que se encontraba en el andén de la estación «se unió a la gresca» y «empezó a dar mamporrazos» a los cuatro vigilantes, según indican desde la sección sindical de Cispe en Prosegur. Patadas y puñetazos por parte de los siete «sinvergüenzas» que terminaron con los empleados de seguridad lesionados. Los cuatro fueron a la mutua y permanecen de baja, según la misma fuente. La vigilante sufrió la fractura de un dedo de una mano.

Desde Cispe no dan crédito a que el número de efectivos fuera sólo de dos «en una fecha tan señalada, en la que pueden pasar por la estación de Santurtzi hasta 6.000 personas». «La responsabilidad está claramente compartida tanto por Metro Bilbao por no solicitar más efectivos y por la propia Prosegur, por no instar a su cliente a tener un mínimo de efectivos».

Metro Bilbao considera que dos vigilantes es un número «suficiente» y advierte de que en carnavales, tanto de Bilbao, como Algorta, Sestao y Santurtzi, se intensifica siempre el servicio de metro y también la vigilancia. Además, aseguran que tras el altercado se presentaron en el lugar otros cinco empleados de seguridad, por lo que el número total era de cinco. Recuerdan desde el suburbano que no hubo ningún otro incidente y que tampoco el año pasado se registraron problemas.

Antecedentes Según los datos de Cispe, en 2014 acontecieron una veintena de agresiones hacia el personal de seguridad del suburbano y casi una decena hacia empleados propios de Metro Bilbao. En lo que va de 2015, se contabilizan ocho agresiones contra vigilantes y tres contra integrantes de la plantilla del suburbano. Cispe cree que muchas de estas agresiones «se deben en parte a la falta de personal, no sólo en horario nocturno, sino en el diurno, en el que los vigilantes de seguridad patrullan solos por estaciones y trenes».

Accede a la denuncia del sindicato CISPE aquí

Tres compañeros y una compañera de la empresa Prosegur fueron agredidos por un grupo de entre 7 y 10 personas en la estación de metro de Santurtzi sobre las 00.30h del domingo 22

Los hechos sucedieron cuando junto con el personal de supervisión de estación se dirigieron a una usuaria para solicitar su identificación porque se encontraba comiendo en el andén, habiendo sido advertida hasta en cuatro ocasiones. La mujer empujo a la supervisora de la estación y la pareja de esta, muy agresiva, comenzó el infierno que desencadenó que un grupo de "sinvergüenzas" se sumara a la agresión, con golpes de todo tipo hacia los Vigilantes de Seguridad.

Las cifras En el año 2014 se contabilizaron una veintena de agresiones hacia el personal de seguridad del suburbano y casi una decena hacia el personal propio de Metro Bilbao. En lo que va de 2015, menos de dos meses, llevamos 8 agresiones hacia el personal de seguridad y 3 hacia el personal propio de Metro Bilbao. Agresiones que en muchos de los casos han sido debidas a la falta de personal, no solo en horario nocturno sino en el diurno, en el que los Vigilantes de Seguridad patrullan solos por estaciones y trenes.

Responsabilidades Desde el CISPE no damos crédito a que el número de efectivos de seguridad fuera de sólo dos agentes asignados a esa estación, en una fecha señalada en la que acuden miles de personas a disfrutar de la fiesta de Carnaval. La responsabilidad está claramente compartida tanto por Metro Bilbao por no solicitar más efectivos y por la propia Prosegur por no instar a su cliente a tener un mínimo de efectivos.

Propuesta de concentración Desde la Sección Sindical del CISPE en Prosegur (Bizkaia) se ha trasladado escrito al resto de secciones sindicales con representación en la empresa para que se convoque una concentración en contra de este tipo de situaciones y sobre todo en apoyo a los Vigilantes de Seguridad agredidos.

Privatización de la seguridad: un negocio de 3.000 millones en el que se cruzan amiguismo y corrupción

Es un sector en el que operan 1.500 empresas y mueve más de 3.000 millones de euros al año. Pero la crisis les ha afectado y el gobierno del PP ha salido a su rescate. El negocio de la seguridad privada es tan suculento, que inevitablemente se mezcla el amiguismo y el cruce de intereses opacos.

Privatización de la vigilancia y protección de las prisiones, de centros militares sanitarios adscritos a Defensa o de las instalaciones de la Administración General del Estado, o medidas como que mancomunidades de municipios no puedan disponer de Policía Local y tengan que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”. La fuerte apuesta del Gobierno del PP por la privatización de la seguridad -que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas- ha puesto de manifiesto una política de amiguismo, de enchufismo y en ocasiones de corrupción –como en Melilla- en relación a la seguridad privada, un negocio que mueve más de 3.000 millones de euros al año.

Los datos son preocupantes: con la crisis económica y tras la desaparición de ETA, el Gobierno ha optado por la privatización de servicios públicos para que sobrevivan empresas amigas que están haciendo su negocio con la seguridad privada, a expensas derecortes en Policía y Guardia Civil, que es de lo que se quejan a Vozpópuli sindicatos y asociaciones profesionales de ambos cuerpos. Y es que el de la seguridad privada es un suculento mercado en el que operan 1.500 empresas y que factura alrededor de 3.000 millones de euros al año; pero la crisis y la desaparición de ETA les había afectado profundamente y pidieron árnica al Gobierno del PP.Rajoy y Fernández Díaz se la han concedido privatizando la seguridad de numerosos establecimientos públicos, e incluso haciendo desaparecer la Policía Local en determinados municipios pequeños en Castilla y León.

La supervivencia de 1.490 empresas de seguridad Según los datos de Aproser, la principal patronal del sector, España contaba en 2013 con un total de 1.490 empresas de seguridad privada, de las cuales 1.273 habían sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 183 por la Generalitat de Cataluña y 34 por el Gobierno Vasco. En torno al 21% de estas empresas se dedican a la vigilancia, el segmento más importante dentro del sector en términos de facturación, ya que aporta el 65% del total.

Pero la cifra de negocio de empresas privadas de seguridad ya había decrecido en 2013 en relación a ediciones anteriores: los contratos habían ido descendiendo y la facturación total, también: sobre un 6,87% entre 2011 y 2013. Es decir, que se había retrocedido de una facturación de 3.215 millones de euros a 2.994 millones, y eso se nota en un sector tan sensible como éste, en el que, además, la procedencia del negocio se hallaba entonces en un 78% en el sector privado y sólo en un 22% en el sector público.

Un ejército privado de guardias armados Según datos oficiales, en diciembre de 2012 había en España un total de 223.299 vigilantes habilitados, de los cuales sólo 82.150 estaban en activo. Paralelamente, en el sector público había un total de 241.791 agentes, de los cuales 80.300 pertenecían a la Guardia Civil, 70.733 a la Policía Nacional, 64.500 a la Policía Local, 17.160 a los Mossos d’Esquadra(Cataluña), 8.008 a la Ertzaintza y 1.090 a la Policía Foral de Navarra. Como se ve, las cifras globales son muy similares entre el total de unos y de otros.

La crisis en la seguridad privada era un hecho y en 2013 el Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja –por ejemplo, en el Grupo Eulen, ahora con problemas con la justicia en Melilla- hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar, como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y numerosos nombres más. Ya en 2013, según datos del propio gobierno a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el Ejecutivo de Rajoy concedió nada menos que un total de 224.094 contratos sólo en vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) a sólo 32 empresas de seguridad.

Según la documentación remitida por el Ministerio del Interior al diputado socialista Juan Carlos Corcuera, Securitas Direct España fue la receptora del mayor número de contratos con la Administración General del Estado, con un total de 130.282; le seguía Prosegur España, con 22.725 contratos; Tyco Integrated Security, con 9.026; Detector De Seguimiento y Transmisión, con 8.076; Segur Control, con 5.091, o Ralset Seguridad, S.L., con 4.590. En total, y en definitiva, 224.094 contratos que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente. La cifra asciende a 250.000 contratos públicos si tenemos en cuenta otros documentos gubernamentales remitidos al Congreso en los que amplía la lista de contrataciones hasta 50 empresas; es decir, 18 más de las aquí relacionadas.

La importancia de tener amigos Ahora bien, los sindicatos de clase denuncian que, pese al volumen de contratación, las empresas beneficiarias del Gobierno han llegado incluso a incumplir el convenio colectivo del sector, con pagos de salarios mínimos. Citan como ejemplo a Securitas Seguridad(2.165 contratos) y Cyrasa (1.226). Y como dato curioso hay que señalar que Securitas Seguridad, por ejemplo, obtuvo en 2012 la vigilancia del famoso Aeropuerto de Castellón por 903.000 euros anuales: ese aeropuerto fantasma que puso en marcha el condenadoCarlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón. El contrato se lo otorgó la sociedad pública Aerocas que presidía el propio Fabra.

Por esas y otras razones, los sindicatos están que trinan, y no sólo los policiales. Según fuentes sindicales, en estos contratos promovidos por el gobierno del PP ni se ha aplicado la condición a las empresas de que cumplan los convenios de mínimos ni se les ha exigido que mantengan las plantillas. UGT ha denunciado, por ejemplo, cómo días después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores asignara un contrato de dos millones a Prosegur, la empresa comunicaba un ERE a la plantilla. Prosegur, la empresa que preside Helena Revoredo Delvecchio, cuenta con más de 22.725 contratos con la Administración General –según la documentación oficial en poder de Vozpópuli- y recibe un excelente trato por el gobierno del PP. Los sindicatos citan las buenas relaciones que Revoredo y sus hijos Chistian y Chantalmantienen con el exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo.

Es público que Trillo asignó contratos a Prosegur por más de siete millones de euros cuando era ministro de Defensa, implantando vigilantes privados, videocámaras y otros elementos de seguridad en las Academias Militares y ¡en la sede de varias unidades del Ejército! Pero nada de esto es extraño: las relaciones con el PP siempre fueron buenas, dado que la presidencia de esta empresa fue ocupada en diversos periodos por los exministros Rodolfo Martín Villa y Rafael Arias Salgado. Y también es público que José María Mayor Oreja, hermano Jaime, exministro de Interior de Aznar, facilitó en su momento la absorción de Protección y Custodia, de la que era apoderado.

La privatización de la seguridad en las cárceles Pero nada de lo anterior parecía bastar para un sector que entró en doble crisis –la económica y la desaparición del terrorismo etarra- y, tal vez por la presión constante de esas empresas, el Gobierno de Rajoy ha venido abriendo nuevos caminos –es decir, nuevos espacios de negocio- para la seguridad privada, como la decisión adoptada hace unas fechas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, de privatizar la seguridad de los accesos y perímetros de las cárceles, en detrimento de los funcionarios de prisiones y de la Guardia Civil.

En ese punto, asociaciones como la Unión de Guardias Civiles (UniónGC) están que trinan y han denunciado cómo el Gobierno del PP abre el negocio a lo privado mientras la plantilla de la Guardia Civil ha descendido en 7.000 guardias en los últimos años y se les comunica que “no es posible rejuvenecer el parque móvil por falta de partida presupuestaria”, con vehículos con más de 200.000 km. y otros con más de diez años que suman ya el 30% del total. “Pero sí es posible la privatización de 67 prisiones de competencia estatal y la integración de 800 vigilantes de seguridad”, dicen. En ese punto, diversas asociaciones de la Benemérita, como UniónGC y AUGC, han calculado encarecimientos cercanos al 200%en la seguridad exterior de las prisiones con esta privatización, además de complicar en gran medida los protocolos policiales de actuación, que deben integrar una nueva figura como es la del vigilante privado.

La familia Mayor Oreja y el ministro Morenés Además, UniónGC ha denunciado directamente la concesión de esta vigilancia privada a diferentes empresas de seguridad, entre ellas y en mayor medida a Ombuds que, dicen ellos, “algo tiene que ver con el ex ministro Mayor Oreja y también concesionaria de la vigilancia de centros militares sanitarios adscritos al Ministerio del señor Morenés”. En realidad, Ombuds está vinculada a Rodrigo Cortina López y a su padre Antonio Cortina Prieto, vinculado al fallecido Manuel Fraga. UniónGC también ha denunciado que otra no menos importante, Segur Ibérica, “también parece cercana al actual ministro Morenés, además de otras empresas pantalla que de una u otra forma rendirán primeramente servicio a su consejo de administración y en segunda medida prestaran un servicio público con lo sobrante”.

En definitiva, que en las fuerzas de seguridad no sentó muy bien que el Gobierno firmara en 2014 un primer contrato de 33,4 millones de euros para un despliegue de 800 profesionales de seguridad privada, lo que supone 41.000 euros por vigilante al año frente a los 25.000 de un funcionario de prisiones o los 33.000 de un guardia civil. Añade UniónGC: “Claro está que si tenemos en cuenta que la nómina de un vigilante de seguridad no pasa de 1.400 euros al mes, Oriol y sus socios tienen motivos millonarios de agradecimiento a Fernández Díaz”. Y es que Interior consiguió la cuadratura del círculo al asignar a una unión temporal de empresas encabezada por Seguriber y Umano, que preside la también presidenta del lobbyCírculo de Empresarios, Monica Oriol Icaza. De ahí la cita de las asociaciones de guardias civiles a esta empresaria. Con el Grupo Eulén, que ahora se investiga en Melilla, se citan las excelentes relaciones con el mismo de la familia Mayor Oreja y hasta el que fuera director general de la Policía con Aznar, Juan Cotino.

En Segur Ibérica, que ha obtenido un buen número de contratos públicos de todo tipo, figuró como presidente el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, desde noviembre de 2011 hasta enero de 2012 al ser nombrado ministro de Defensa. Bueno, en realidad, las buenas relaciones de Morenés se hallan más bien con el sector naval (en enero de 2009 presidió el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte), y el armamentístico: fue director general para España de la empresa paneuropea de misiles MBDA, así como consejero de Instalaza, S.A., la principal fabricante española de bombas de racimo.

Rizar el rizo: la desaparición de la Policía Local La última en esta manía privatizadora de la seguridad ha sido la decisión adoptada a finales del pasado mes de septiembre por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual las mancomunidades de municipios de Castilla y León no podrán disponer de Policía Local y tendrán que asignar sus funciones a “vigilantes” o “guardas”, según publicó el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de septiembre.

Revista Seguritecnia Nº 416 (Febrero 2015)


24 de febrero de 2015

Revista Cuadernos de Seguridad Nº 297 (Febrero 2015)


CIUDAD REAL: Vigilante de seguridad atrapado bajo una puerta que se le vino encima en un aparcamiento

La puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías debido a las condiciones climatológicas adversas

Un vigilante de un aparcamiento de Tomelloso pasó más de tres horas atrapado bajo una puerta de grandes dimensiones que se le vino encima, hasta que fue rescatado por la Guardia Civil con heridas por aplastamiento e hipotermia. Según ha informado la Delegación del Gobierno, el suceso ocurrió el pasado día 19, por la noche, cuando debido a las condiciones meteorológicas adversas, una puerta de grandes dimensiones se soltó de sus guías en un complejo de estacionamiento de vehículos. El herido fue localizado por una patrulla de la Guardia Civil de Tomelloso que se encontraba de servicio vigilando las empresas y locales para evitar los robos.

Así fue como vieron que había una persona atrapada bajo una puerta metálica de grandes dimensiones en el complejo de estacionamiento de vehículos denominado «Pentágono», ubicado en la vía de servicio de la autovía A-43, perteneciente al término municipal de Tomelloso. Inmediatamente, los tres efectivos que formaban la patrulla liberaron a este hombre, de 40 años, vigilante de seguridad en el citado recinto, quien les contó que llevaba más de tres horas y media atrapado bajo la puerta.

Los agentes lo cubrieron con mantas y al observar las heridas por aplastamiento que presentaba en las extremidades así como síntomas de hipotermia lo inmovilizaron hasta que llegaron los servicios sanitarios y lo trasladaron al Hospital General de Tomelloso donde fue atendido de las lesiones que presentaba.

23 de febrero de 2015

La seguridad privada de los partidos políticos nos costará este año electoral unos 4 millones

Estamos en año electoral y la seguridad privada de los partidos políticos se dispara. Este año, con tantas elecciones, las subvenciones oficiales pueden superar la cifra récord de 4 millones de euros.

Los partidos políticos con representación parlamentaria reciben anualmente uno 3,5 millones de euros para pagar su seguridad privada. El Estado está obligado a subvencionar la seguridad de los partidos en base al Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por el último gobierno de Rodríguez Zapatero poco antes de convocar elecciones generales para el 20 de noviembre de 2011; un decreto que regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar sus gastos de seguridad, además de la que les brinda el propio Ministerio del Interior. Gracias a ese decreto, cada mes sale una partida del Ministerio del Interior destinada a estos gastos, que en su conjunto superaron la cifra de 3,38 millones de euros en 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Pero los años en los que hay elecciones, como éste, que se juntan varios procesos electorales, esa cifra puede rebasar ampliamente los cuatro millones de euros.

En lo relativo a las subvenciones ya fiscalizadas, casi el 50% de esa cifra se la llevó el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor de 1,6 millones euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en el Gobierno y gozan de protección oficial. Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno, pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales: su sede nacional y las provinciales necesitaban seguridad. Además, también se produjeron numerosos desahucios y se desarrolló el fenómeno del escrache. Lo irónico es que, de resultas de todo lo anterior, el conjunto de los ciudadanos debe subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las manifestaciones de los propios ciudadanos.

Naturalmente, también perciben cantidades para seguridad privada en función de su representatividad el resto de las fuerzas parlamentarias, como la coalición abertzale de izquierdas Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos en seguridad privada (los cuales no fueron justificados al Tribunal de Cuentas); Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con 1.297,67; Geroa Bai, con 4.753,01; Partido Aragonés, con 9.212,28; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89, y Unión Progreso y Democracia.

La seguridad del PSOE nos cuesta casi 900.000 euros Ahora bien, desde del PP, el segundo partido que más más gasta en seguridad privada es el PSOE, que percibió del Estado casi 900.000 euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El Tribunal de Cuentas también ha reñido al PSOE, como hizo con el PP, por presentar las cuentas fuera de plazo. El partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1,1 millones de euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe a través del Ministerio del Interior. Bien es cierto que en esa cantidad no están contabilizadas las subvenciones que percibe elPSC en Cataluña. El partido de Miquel Iceta recibe una subvención de más de 134.000 euros para seguridad privada, pero asegura que sus gastos en ese capítulo ascienden a 255.863,33 euros, un 52,62% más de lo que percibe del Estado.

Respecto a Izquierda Unida, la subvención anual recibida por la formación de Cayo Lara ascendió en este capítulo a 154.893,01 euros, mientras que ICV, la organización coaligada con IU en Cataluña, recibió paralelamente una subvención de 36.858,81 euros. En cuarto lugar de ese peculiar ranking se encuentra Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que refleja haber gastado 127.084,05 euros en 2012, aunque la formación de Rosa Díez dejó sin justificar 583,02 euros que ha tenido que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 23 del Decreto citado.

Los gastos de los nacionalistas y del grupo mixto: el caso de Amaiur Respecto al resto de las fuerzas parlamentarias, los abertzales de Amaiur, por ejemplo,percibieron 62.707,46 euros en 2012 para hacer frente a la seguridad de sus dirigentes y sedes, aunque en ese ejercicio sólo justificaron 32.396,62 euros. El Tribunal de Cuentas señalaba ese año que debía devolver por este concepto 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior.

El PNV, por su parte, recibió un total de subvenciones por valor de casi 975.000 euros, de los que 47.588,05 fueron en concepto de gastos de seguridad. Los catalanes de CiU fueron subvencionados con 14.086,95 euros; el Bloque Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros; a la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad con 8.368,02 euro, y ERC, la formación de Oriol Junqueras, percibió 34.609,85, euros, aunque emitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones imputadas a la subvención a la seguridad privada por un importe de 53.546,79 euros, es decir, más de lo percibido.

Respecto al resto de las fuerzas parlamentarias, el Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos, con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones para sufragar los gastos de seguridad de 12.877,00 euros; el Partido Aragonés, 16.720,78;Coalición Canaria, 20.408,75 euros; Geroa Bai, con una diputada en el Congreso –Uxue Barkos-, 7.338,43; UPN, 18.723,53 euros (tenía que devolver 4.556,89, según el Tribunal de Cuentas), y Entesa del Progres de Catalunya presentó una memoria de actuación y otra económica para justificar gastos de seguridad, los cuales decían elevarse a 255.863,33 euros.

Hay que aclarar que estas subvenciones son independientes de las que perciben los partidos por gastos electorales y para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210 millones de euros, tal y como desarrolló Vozpópuli hace unas pocas fechas. Hay que destacar también que, pese a todo, los partidos políticos parlamentarios están en la ruina, ya que deben a los bancos más de 230 millones de euros, pese a las subvenciones percibidas, tal y como informó también este periódico.

22 de febrero de 2015

GIJÓN: La Policía expulsa a seis aficionados del Sporting por insultar a los vigilantes de seguridad de El Molinón

Los acusados han sido propuestos para sanción por incumplir la ley del deporte

La Policía Nacional de Gijón ha expulsado a media docena de aficionados del Sporting que habían acudido a El Molinón para disfrutar del encuentro que enfrenta hoy al equipo local con el Mirandés. Los agentes aseguran que los acusados insultaron y amenazaron a los vigilantes de seguridad del estadio de fútbol.

Los funcionarios de la Comisaría de El Natahoyo desplazados al recinto deportivo identificaron a los seguidores del conjunto rojiblanco a los que se tramitará una sanción económica por incumplimiento de la ley del Deporte.

MURCIA: Un vigilante de seguridad persiguió al atracador de una gasolinera

El testigo vio al atracador, armado con una escopeta, cogiendo el dinero de la caja y saliendo de la gasolinera y lo estuvo siguiendo hasta que, finalmente, fue acorralado por la Guardia Civil

Un vigilante de seguridad persiguió este viernes al presunto atracador de una gasolinera del polígono industrial de Blanca. Tras una larga huida, la Guardia Civil logró finalmente arrestar al supuesto autor del robo frustrado. Según ha podido saber 'La Verdad', éste niega los hechos y asegura que estaba haciendo 'running' por la zona. El instituto armado investiga ahora si el sospechoso está implicado en otros asaltos a gasolineras de la zona ocurridos en las últimas semanas.

Según explicó el vigilante -que no trabaja en la gasolinera asaltada- , se encontraba en un bar cercano cuando se percató de lo ocurrido y acudió con su coche de empresa a interesarse por la situación. El testigo pudo ver al atracador, armado con una escopeta, cogiendo el dinero de la caja y saliendo luego de la gasolinera «con la escopeta debajo del brazo». El vigilante de seguridad asegura que, al verlo, el ladrón «se quedó sorprendido» y comenzó una huida a toda carrera. Con ayuda de su vehículo, el trabajador lo persiguió y trató de cortarle el paso durante varios minutos, hasta que llegaron los agentes de la Guardia Civil y lograron detenerlo. El valor de este vigilante era ayer reconocido por sus conocidos. «Me han dicho que estoy loco», comenta.

21 de febrero de 2015

MURCIA: Declaran improcedente el despido de un trabajador se negó a hacer horas extra

La empresa ofreció a los trabajadores compensarlas con horas de descanso, a lo que estos se negaron

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra la sentencia de un Juzgado de Cartagena que declaró improcedente del despido de un trabajador que fue cesado al negarse a realizar horas extraordinarias. La sentencia del TSJ señala que el Juzgado declaró probado que hasta junio de 2012 la empresa abonaba a sus empleados un complemento de productividad, pero a partir de esa fecha les comunicó que el mismo se abonaría de forma variable, según los resultados. Igualmentes les indicó que las horas extraordinarias serían abonadas hasta un máximo de 80 al año y que el resto se compensaría con periodos de descanso, a lo que los trabajadores respondieron que no las realizarían si no percibían la correspondiente retribución económica.

En esta situación, el demandante fue despedido al considerar sus jefes que había producido daños a la empresa al no incorporarse al equipo en el que estaba incluido para prestar un servicio. El Juzgado, en la sentencia ahora confirmada por el TSJ, declaró improcedente el despido y condenó a la demandada a su readmisión o al pago de un indemnización cercana a los 39.000 euros. Afirma la Sala que los hechos atribuidos al demandante y sobre los que se basó el despido no tienen la gravedad exigida para acordar una medida así. Y en cuanto a las horas extraordinarias, comenta que con excepción de los supuestos incluidos en el convenio colectivo, "su realización debe reputarse voluntaria, en los términos del Estatuto de los Trabajadores".

20 de febrero de 2015

Vigilantes privados en las cárceles por 48 millones de euros

Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican el plan del Gobierno. Denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras. El Ejecutivo alega que las incorporaciones son 'refuerzo', no sustitución

En la prisión de Cáceres hay dos personas en un puesto exterior y ningún jurista. En Pamplona sólo disponían de un médico hasta hace unas semanas. En Albacete prácticamente no tenían ni para sillas nuevas. Son algunas situaciones precarias que contrastan con los más de 33 millones de euros presupuestados por el Gobierno para la segunda fase de la privatización de la seguridad exterior penitenciaria, que comenzó el pasado 1 de octubre. Guardia Civil, Policía, funcionarios y escoltas critican la contratación de vigilantes en las cárceles y denuncian trato de favor hacia las empresas licitadoras.

"La privatización de la vigilancia exterior de los centros penitenciarios representa un dispendio económico enorme y sin ningún sentido, ya que supone duplicar un número de servicios que hasta ahora eran realizados por un agente público (policía o guardia civil) y ahora se realizarán por el mismo más el vigilante de la empresa privada", rechaza Juan Ángel Figueroa, vicepresidente nacional de ACAIP (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias). El sindicato se opone desde el inicio al proceso de privatización de la vigilancia perimetral promovido por el Ejecutivo a través de la Ley de Seguridad Privada, ya que "no responde al interés general a favor de la seguridad, sino que se hace para mejorar los beneficios de las empresas privadas. De todos es conocida la vinculación de personas importantes dentro del partido del Gobierno (PP) con empresas de ese ramo. Para ello no se ha dudado en modificar la Ley de Seguridad Ciudadana".

A 48 millones de euros asciende ya el presupuesto del 'servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios' contemplado en el nuevo marco legal (Ley 5/2014, de 4 de abril). 7.391.547,57 euros fueron desembolsados en un 'proyecto piloto' en 21 cárceles. Comenzó en mayo de 2013, empleó a 254 vigilantes y, aunque estaba previsto que durase nueve meses, acabó prolongándose ocho más. A ello se añaden los 33.387.743,03 euros invertidos en una segunda fase en las 67 prisiones dependientes del Ministerio del Interior el pasado 1 de octubre. Dicha fase, que se traducirá en 550 nuevas contrataciones, durará un año y podría ser prorrogada otros 12 meses.

Ello a pesar de que el artículo 63 del Reglamento Penitenciario especifica que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas". Además, temen que en una tercera fase se produzca la reducción de efectivos en algunos centros y el cambio forzoso de destino para los afectados.Contra estas incorporaciones, quedesde el Gobierno se defienden como "refuerzo" y no como "sustitución", se posicionan no solamente los funcionarios de prisiones. También la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, profesionales que ven cómo las tareas derivadas de la vigilancia desde puestos fijos o garitas, el control de personas, vehículos y mercancías, y la observación y manejo de circuitos cerrados de televisión son asumidas por vigilantes.

"En principio el Gobierno esgrimió tres pretextos para llevar a cabo esta privatización: recolocación del personal de seguridad privada que prestaba servicio de escolta en el País Vasco y Navarra, reubicación de los guardias civiles y policías destinados en las prisiones en labores de seguridad ciudadana y ahorro económico", desgrana en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil(AUGC) Rafael Sánchez, quien califica ese primer argumento de "rotunda mentira".

"El número de ex escoltas que ha prestado servicio en el País Vasco y ha sido contratado por las empresas de seguridad en los 21 centros penitenciarios alcanzó la cifra de 95 personas, que sobre un total de 254 vigilantes representa un 37,40% del total. Porcentaje que se reduce al 10% en la segunda fase", saca la calculadora Figueroa. No obstante, De la Cruz detecta entre sus colegas "cierta frustración", ya que "todos los partidos políticos a los que se prestó servicios de protección frente al terrorismo afirmaron públicamente la obligación moral de reconocer y premiar nuestra labor". "La realidad", prosigue en sintonía con Sánchez, "es que a quienes ha beneficiado este proceso ha sido a las empresas de seguridad que tenían asignados servicios de escolta en el País Vasco y Navarra, que como 'compensación' han obtenido estos contratos".

Vicente de la Cruz, presidente de la Asociación Española de Escoltas(ASES), confirma que la presencia de guardaespaldas al otro lado de los tornos es "meramente testimonial" y matiza que tampoco existe entre la profesión "una demanda significativa" de los servicios ahora ofertados en la cárcel. "Los escoltas que protegían directamente a objetivos terroristas (unos 3.500) están en un97% en situación de desempleo o han buscado opciones de autoempleo, a veces en otros sectores o en el extranjero, normalmente en zonas de riesgo. Un número significativo (unos 2.000) continúa prestando servicio activo en la clásica protección de ejecutivos, personalidades, etc.", hace balance.

Interior defiende la 'optimización en la gestión' La Secretaría de Estado de Seguridad aduce que "al inicio de este modelo el 40,6% de los vigilantes que prestaba servicio habían sido escoltas en el País Vasco o Navarra, si bien la selección del personal para garantizar el servicio en los puestos contratados es competencia exclusiva de las empresas adjudicatarias, bajo criterios sometidos a la legislación propia sobre la materia, tanto en las nuevas incorporaciones como en la subrogación de los servicios que se venían prestando".

"Se ha hecho todo con un oscurantismo y falta de transparencia poco usual", enjuicia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) por boca de Adolfo Pérez la decisión del departamento de Francisco Martínez Vázquez de resolver la adjudicación de la vigilancia perimetral en el 'proyecto piloto' medianteprocedimiento negociado sin publicidad. Esto es, mediante invitación directa a empresas que ya trabajaban para la Administración, y no como concurso público abierto a otras compañías del sector. Se alegaron "circunstancias excepcionales" para la seguridad para justificar la elección de este formato.

"En los últimos años ha habido una disminución de la oferta pública de empleo en todo el ámbito de la AdministraciónPública. Esto ha obligado a hacer una mayor optimización en la gestión de los servicios de seguridad, entre los que se encuentra la vigilancia de los Centros Penitenciarios", expone la Secretaría de Estado de Seguridad. "El criterio de adjudicación previsto es el de la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, por lo tanto han sido los licitadores que presentaron una mejor oferta los adjudicatarios del contrato".

En la segunda fase, la UTE (Unión Temporal de Empresas) constituida por Ombuds, Eulen, Prosetecnisa, Sabico, Garda, Vinsa y Casesa se adjudicó el Lote 1 (prisiones de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, con un coste de 9.853.429,59 euros) ofertado por Interior en la mesa de contratación celebrada el 30 de julio de 2014. Securitas obtuvo el Lote 2 (Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja, con un coste 8.551.283,55 euros), mientras queOmbuds en solitario presentó la propuesta más ventajosa en relación al Lote 3 (Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, con un coste de7.671.805,51 euros) y la UTE formada por Coviar y Segur Ibéricase hizo con el Lote 4 (Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra, con un coste de 7.311.224,38 euros).

Grado de formación y principio de autoridad Pérez, presidente nacional del sector de prisiones de CSI-F, califica el proceso de privatización de "pelotazo" y lo compara con el "'ladrillazo' penitenciario de la época socialista". Figueroa se pronuncia con la contundencia de los datos y habla abiertamente de "lucrativo negocio" para las licitadoras. "El costo por vigilante rondará los 30.000 euros al año", advierte. ACAIP cifra en 3.200 euros al mes el costo por vigilante en la fase piloto y en 2.200 ya en la segunda.

Una cantidad que "sigue estando muy alejada" de los 1.100 euros del salario medio de un funcionario de prisiones (subgrupo A1) o de los 1.600 de una agente de Policía Nacional. "La experiencia piloto deja claro que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador, una forma de compensar la pérdida del sector de escoltas, cuyo coste para el Estado era superior a los 5.000 euros al mes por efectivo", zanja el representante sindical. Y remacha: "Vemos con indignación cómo el Ministerio del Interior paga cuatro veces más las noches a los vigilantes que a los funcionarios". Desde la AUGC también se hace hincapié en que la "excusa" económica es "la más burda de las tres". "Teniendo en cuenta que las FFCCSE siguen en los centros penitenciarios, resulta obvio que no ha habido un ahorro para las arcas públicas, sino todo lo contrario: underroche escandaloso e innecesario del dinero público con el único fin de beneficiar a las empresas de seguridad privada", subraya Sánchez.

Preocupación con matices transmite el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que reclama al proceso "transparencia y legalidad". "No estamos de acuerdo en la privatización de la seguridad pública, pero dicho esto es preciso aclarar que dentro del servicio prestado por el CNP en los centros penitenciarios existen labores en las que la seguridad privada sí tiene cabida", tercia el portavoz Javier Estévez. Para ello, habría que "marcar unas pautas de trabajo y una definición de funciones que a día de hoy no han sido fijadas como deberían" y "establecer un número mínimo de funcionarios en esas labores, que habría de marcarse centro por centro".

ACAIP lamenta que las prisiones españolas carezcan de "un adecuado mantenimiento y conservación" y se queja de la "cada vez más agravante falta de personal" en los centros. "El Gobierno sí tiene dinero para una Oferta de Empleo Privada de 800 vigilantes mientras la Oferta de Empleo Público para Instituciones Penitenciarias en los tres años de legislatura del PP ha sido de 85 empleados. Con los 33 millones se podría haber contratado o dotado de más funcionarios de prisiones en el mismo periodo temporal. Es decir, a la Administración le hubiera resultado más barato un funcionario de prisiones que un vigilante privado, con las más que evidentes diferencias formativas y de preparación a nuestro favor", insiste Figueroa.

Antonio Duarte, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO), defiende el grado de formación de sus representados y apunta que los candidatos deben superar "20 horas anuales" de formación obligatoria y un curso de especialización en Seguridad en Instituciones Penitenciarias. "Venimos haciendo estas mismas funciones en centros similares, como los de menores con medidas judiciales o los CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes), pone en valor Duarte el desempeño del colectivo. CSI-F alerta no tanto sobre la capacitación como sobre la confianza hacia los nuevos contratados. "Puede haber gente que ha estado guardando discotecas, que a lo peor ha tenido contacto con bandas organizadas. Y además hay otra cosa que es muy importante de cara a la población reclusa: el principio de autoridad. No es lo mismo un guardia o un funcionario que un civil".

Perfil del vigilante privado


19 de febrero de 2015

MURCIA: Arrestado un joven por agredir a un vigilante de seguridad y a un policía local

La Policía Local de Murcia ha detenido a un joven, de 26 años, en la pedanía de Cabezo de Torres por agredir a un vigilante de seguridad y a un policía en el recinto de fiestas del Carnaval. Los hechos tuvieron lugar sobre las dos y media de la madrugada de ayer, momento en el que se produjo una pelea en el citado recinto, siendo agredido por este joven uno de los vigilantes de seguridad al intentar separar a los participantes, que, según explicó ayer la Policía, salió huyendo. 

A la salida del recinto de fiestas fue requerido por uno de los agentes pertenecientes al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana para que se detuviera, pero, según las mismas fuentes, le acometió violentamente, derribándolo, continuando su fuga por varias calles próximas, mientras era seguido por otros efectivos de Policía Local y de Guardia Civil desplegados en las inmediaciones con ocasión de las fiestas de Carnaval que se celebran estos días en la pedanía de Cabezo de Torres. Finalmente, fue alcanzado y detenido el joven, de nacionalidad española y con domicilio en esta pedanía. Se instruyeron diligencias contra él por causar lesiones constitutivas de delito al vigilante de seguridad y por posible atentado contra un agente de la autoridad.

Reunión Comité de Empresa Segurisa Sevilla (Enero 2015)


18 de febrero de 2015

SPV CÁDIZ denuncia a Securitas Seguridad España S.A ante la Inspección Provincial de Trabajo


SECURITAS: SUS PALABRAS Y COMPROMISOS NO VALEN DE NADA

Cádiz, a 11 de Febrero de 2015 No acabamos de digerir aun los dos EREs realizados por la Empresa, (el nacional con el Vº Bº de los Sindicatos de clase en Madrid, y el provincial, sacado adelante en solitario por la empresa y con la oposición del Comité de Cádiz) que acabaron ganando en el T.S.J.A. y mientras sucedía esto, muchas de las demandas individuales interpuestas por los afectados por este ultimo ERE fueron retiradas con el compromiso por parte de Securitas que serian recolocados con preferencia en las primeras plazas que se fuesen creando, pero con el transcurrir de los días vemos como se incumple lo acordado y sus palabras solo eran cuentos y engaños.

Y decimos esto públicamente, por que lejos de cumplir los compromisos asumidos, a día de hoy siguen reiterándose en su nefasta política contrataciones y traslados por parte de la empresa Securitas Seguridad España S.A. , pues se dan las circunstancias que mientras que sacan a tres trabajadores fijos del centro de Dragados en Puerto Real donde llevaban 20 años de servicio y sin que medie falta o sanción alguna a consignar en sus expedientes laborales, tampoco existen comunicación alguna a sus representantes en el comité de empresa, simultáneamente contratan a 4 trabajadores directamente desde el desempleo para este centro, obviando los compromisos adquiridos, todo ello sin explicar ni argumentar estas decisiones, pues solo nos cabe pensar que la empresa quiere deshacerse de los trabajadores antiguos y renovar de forma encubierta a la plantilla de vigilantes, aprovechando el abandono al que estamos sometidos los trabajadores de este país tras las distintas reformas laborales.

Mientras esto sucede, vuelven a sacar también a otros tres compañeros del campo de Gibraltar de sus centros y son trasladados de buenas a primeras, a la Delegación de Securitas en Almería a 440 kilómetros de casa, alegando falta de trabajo en la zona. Se da las circunstancias que uno de ellos es residente en Cádiz capital y lleva ocho años trasladándose a Sotogrande, pero en vez de darles traslado a Dragados, donde estaría a escasa distancia de su domicilio, ¿le envían a Almería?, a falta de las oportunas explicaciones, saquen ustedes sus propias conclusiones ante tanto despropósito.

No olvidemos que trasladaron recientemente a compañeros de Airbus Puerto Real, Centros Hospitalarios también en el Campo de Gibraltar y sobre otros tantos centros penden al día de hoy la amenaza de continuos traslados, sin justificación alguna. Estos hechos han sido denunciados por la Sección Sindical de S.P.V., que acusa a la empresa de estar ocasionando un daño irreparable entre sus empleados y sus familias, con catastróficas políticas de conciliación familiar y de organización del trabajo, que persiguen desmotivar y provocar renuncias a los empleos, ante los obstáculos a que someten a sus trabajadores, sustituyendo a gente antigua por nuevas contrataciones, así como incumplir sistemáticamente los acuerdos de recolocaciones.