Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de octubre de 2015

CASTELLÓN: Detenido un hombre por amenazar a un vigilante de seguridad con un destornillador

Agentes de la Policía Nacional de Castellón han detenido a un hombre, de 47 años y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de amenazas graves tras amenazar con un destornillador a un vigilante de seguridad, según ha informado la Comisaría Provincial en un comunicado.

La detención de este hombre se produjo después de la Policía Nacional fuera alertada, a través de la Sala Operativa del 091, para acudir a la Plaza Santa Clara de Castellón, donde se encontraba un hombre amenazando a los viandantes "con un pincho". A su llegada, los agentes localizaron a este hombre visiblemente alterado y le intervinieron, durante el cacheo de seguridad que le realizaron, un destornillador sin empuñadura y con la punta curvada hacia arriba como un punzón.

La Policía Nacional tuvo conocimiento, asimismo, de que instantes antes de ser localizado este hombre se colocó en el pasaje del Mercado Central e impidió el paso de los viandantes. El vigilante de seguridad de la zona se acercó a él para pedirle que dejara paso y el ahora detenido reaccionó de forma violenta y le amenazó con el destornillador, a la vez que le indicó su intención de clavárselo en el cuello. Finalmente, la Policía Nacional detuvo a este hombre, que cuenta con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de amenazas graves.

OVIEDO: El sector de la seguridad privada se plantea la huelga por conflicto de Alcor

La asamblea de delegados de UGT, CCOO y USO en el sector de la seguridad privada ha acordado el inicio de movilizaciones que en el plazo de un mes podrían llevar a la convocatoria de huelga en todos los centros de trabajo que el Principado tiene contratados con la empresa Alcor.

Según fuentes sindicales, la reunión ha servido además para decidir la continuidad de la huelga en el Centro de Menores de Miraflores, una de las tres instalaciones junto al de Sograndio y al Materno Infantil de Oviedo en las que el Principado tiene contratados los servicios de seguridad con dicha compañía. Los trabajadores de Alcor iniciaron el pasado viernes una huelga indefinida para exigir que la empresa aplique el convenio colectivo que se aplica en el sector en el resto de España y el Principado se vio imposibilitado para aplicar servicios mínimos en la empresa dado que supondría una vulneración del derecho de huelga.

Las movilizaciones comenzarán el próximo 12 de noviembre con una concentración ante la sede de la Presidencia del Principado, que se repetirá todos los jueves, para exigir del Gobierno regional una solución al conflicto y, en caso de no producirse en un mes, los sindicatos convocarían una huelga en todo el sector.

El Gobierno anunció ayer que impondrá sanciones a Alcorpor, que pueden ir del dos al cinco por ciento del valor del contrato, por incumplimiento del contrato en el referido al centro de Sograndio al no haber comunicado que la coordinadora de seguridad, detenida hace dos semanas por su presunta implicación en un delito de fraude, no había ido a trabajar y no había sido sustituida.

LAS PALMAS: Abiertas diligencias previas por la querella interpuesta a Seguridad Iintegral Canaria

PRESUNTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL Y LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Parece ser que Seguridad Integral Canaria por un lado, su dueño por otro y parece ser que también sus directivos, podrían necesitar un edificio judicial para ellos solos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, en diligencias Previas 0000912/ 2013, sobre la querella presentada por Alternativa Sindical contra Seguridad Integral Canaria y, admitida a trámite, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, más concretamente sobre la limitación del ejercicio de la libertad sindical de alternativa sindical y de sus afiliados, ha dictado auto de citación, en toma de declaración, a los presuntos implicados y dirigentes de la empresa en Las Palmas.

Así consta en auto del juez y, que también, tiene por querellado a personal directivo de la empresa, auto por medio del cual, ha citado para tomar declaración a todos los implicados en este proceso. Alternativa sindical con esta querella, pretende dejar de manifiesto que el derecho a la libertad sindical es un derecho inalienable y, sobre el cual, ninguna empresa o directivo puede hacer una patente de corso por medio de presuntas amenazas o coacciones, situaciones en lasque nuestra organización se mostrará siempre beligerante con quien lo pretenda.

Más Info en alternativasindical.es AQUÍ

PLASENCIA: Consideran procedente despido de trabajadores por incumplir rondas vigilancia

El Juzgado de lo Social de Plasencia considera procedente el despido disciplinario de un grupo de trabajadores de la empresa contratista que tenía encomendadas las funciones de vigilancia de "Protección Contra Incendios" de la Central Nuclear de Almaraz.

El fallo ratifica los incumplimientos identificados y acreditados por estos trabajadores en la realización de sus funciones en algunas rondas de vigilancia, según han informado fuentes de la Central Nuclear. El expediente de despido disciplinario se inició a raíz de una investigación interna de la empresa contratista, que atribuyó a los trabajadores implicados "la comisión de una infracción laboral muy grave".

A juicio de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, la conducta de estos trabajadores "va en contra de las expectativas de comportamiento que ha venido acreditando a lo largo de los años de explotación segura y fiable de la central". "Las personas que trabajan en y para la Central Nuclear de Almaraz han demostrado a lo largo de los años su compromiso, profesionalidad y buen hacer que no puede ser empañado por este tipo de comportamientos aislados", han agregado. Estos incumplimientos, han aseverado, "no afectaron en ningún momento a la seguridad de la planta, dado que esta cuenta con sistemas complementarios y redundantes de vigilancia contra incendios".

El 23 de junio de 2015 este hecho fue categorizado como verde en el Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) por el Consejo de Seguridad Nuclear al considerar que el mismo afectaba "de forma muy poco significativa al riesgo de la instalación". Centrales Nucleares Almaraz-Trillo tomó, de manera inmediata, las acciones correctoras necesarias para subsanar la situación, incluyendo las comprobaciones oportunas para garantizar que se trataba de un caso limitado y no afectaba a otras actividades similares que se realizaban en la planta. Adicionalmente, se requirió a la empresa contratista del servicio la inmediata puesta en marcha de medidas para garantizar el adecuado cumplimiento del mismo, así como la adopción de medidas de control tendentes a evitar la repetición de este tipo de conductas en el futuro.

El Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó ayer proponer al Ministerio de Industria, Energía y Turismo la apertura de un expediente sancionador al titular de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) por una infracción grave y dos leves. A través de un comunicado, el CSN explicó que las infracciones se deben a una "serie de incumplimientos" de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la instalación así como la tardanza en comunicar un suceso notificable al órgano regulador de la seguridad nuclear.

El pasado mes de febrero, el Consejo detectó durante una inspección por la planta, que, en varios casos, las hojas de control de las ronda de vigilancia de la Protección Contra Incendios (PCI) se habían cumplimentado sin que éstas se hubieran llevado a cabo. Posteriormente, a solicitud de la inspección residente, el titular de la instalación envió al CSN el suceso notificable correspondiente a esta incidencia, que fue clasificado con nivel 1 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES).

Prosegur gana 127 millones hasta septiembre, un 17,1% más

Resultado de imagen de PROSEGURProsegur registró un beneficio neto consolidado de 127 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 17,1% respecto al mismo periodo de 2014, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El beneficio neto de la compañía de seguridad privada creció un 16,3% respecto al mismo periodo de 2014, hasta situarse en 126,4 millones de euros. Entre enero y septiembre, PROSEGUR (PSG.MC) logró unas ventas de 2.943 millones de euros, lo que representa un incremento del 6% en comparación con los 2.776 millones de euros que registró en los nueve primeros meses de 2014. Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) de la empresa alcanzó los 227,9 millones de euros en los nueve primeros meses, con un avance del 5,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) progresó un 7,4%, hasta 325,7 millones de euros.

Prosegur ha destacado que en los nueve primeros meses mantuvo un crecimiento sostenido en todas sus actividades. Así, su negocio de 'Soluciones Integrales de Seguridad' facturó un 3,5% más, hasta los 1.479 millones de euros, en tanto que la unidad de 'Logística de Valores y Gestión del Efectivo' logró incrementar sus ventas un 7,7%, hasta los 1.308 millones de euros. En el negocio de 'Alarmas', por su parte, Prosegur elevó su facturación un 16,4%, hasta los 156 millones de euros.

Por áreas geográficas, la facturación de la compañía de seguridad privada en las regiones de Europa y Asia-Pacífico ascendió a 1.180 millones de euros, un 0,8% más, en tanto que sus ventas en Iberoamérica se incrementaron un 10,3%, hasta los 1.763 millones de euros.

FUENTE:eleconomista.es AQUÍ

Revista Seguritecnia Nº 424 (Octubre 2015)


30 de octubre de 2015

Horas extra: el mayor robo de la historia

El 58% de las horas extraordinarias que se trabajaron en España cada semana durante el segundo trimestre de 2015 no han sido remuneradas. Las horas extra son un modelo que precariza las condiciones laborales y fomenta el desempleo.

Cada semana se realizan en las empresas españolasmás de seis millones y medio de horas extraordinarias, aquellas que se trabajan por encima de la duración máxima de la jornada fijada en el convenio colectivo o en el contrato. Tiempo hurtado al descanso, a la lectura, a la compañía y cuidado de las personas queridas, a pasear, a escuchar, al juego, a hacer el amor, a vivir. Tiempo entregado, y aquí está lo más sangrante, sin apenas compensación en gran parte de las empresas: casi cuatro millones de esas horas extraordinarias semanales son impagadas.

Cada semana las plantillas 'regalan' 3.904.100 horas extra a las empresas, según las estadísticas del INE Concretamente, cada semana las plantillas 'regalan' 3.904.100 horas extra a las empresas, impagadas según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al segundo trimestre de 2015. Desde la reforma laboral de 2012, las personas contratadas a tiempo parcial también pueden realizar horas extra, en una maniobra que da manga ancha a la empresa, según explica aDiagonal José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral: "Se están utilizando las horas extra como si fueran obligatorias, así como se están utilizando igualmente las llamadas 'horas complementarias', lo que permite alargar las jornadas de los trabajadores a tiempo parcial hasta la jornada ordinaria a tiempo completo y utilizar a los trabajadores de manera flexible para evitar contrataciones y mantener una plantilla inferior a la que realmente sería necesaria. Teniendo en cuenta que muchas de estas horas no se pagan, sino que se compensan con descanso, en el mejor de los casos, lo cierto es que la flexibilidad de uso de mano de obra en cuanto al tiempo de trabajo que consigue el empresario es casi total".

Para Pablo Agustín Villén, secretario de acción sindical de CNT Aragón-La Rioja, las horas extraordinarias son en la actual coyuntura un mecanismo para variar ritmos de trabajo y conseguir una producción "a la carta". En su opinión, persigue un doble objetivo: ahorro para los empresarios, al evitarles contrataciones que de otro modo serían imprescindibles, y precarización del mercado de trabajo, por cuanto contribuyen a una mayor tasa de desempleo. "Hay una absoluta coacción por parte de las empresas y la amenaza de no renovación del contrato o del despido directamente siempre pende sobre una negativa a realizar horas extraordinarias"

El Estatuto de los Trabajadores fija en ochenta el número máximo de horas extraordinarias que se pueden hacer al año y señala el carácter voluntario de su prestación, algo que Sira del Río, ex secretaria confederal de la Mujer en CGT, cuestiona con firmeza: "Hay una absoluta coacción por parte de las empresas y la amenaza de no renovación del contrato o del despido directamente siempre pende sobre una negativa a realizar horas extraordinarias, incluso de forma gratuita. Por otro lado, la precariedad de los salarios hace que estas horas, cuando se pagan, se vivan como un complemento imprescindible para llegar a fin de mes".

Mucho más por menos La trascendencia de las horas extraordinarias es especialmente significativa en un mercado laboral asolado por el paro y en el que la contratación a tiempo parcial se ha impuesto como modelo. El informe Análisis de las horas de trabajo y la jornada laboral en España 2008-2014, realizado por la central sindical UGT y publicado en enero de 2015, abunda en datos sobre la evolución de la jornada durante este periodo de crisis y recesión. Así, en los últimos siete años, el empleo a jornada completa ha descendido en número de ocupados y en horas trabajadas, mientras las dos variables a tiempo parcial han mostrado aumentos.

En el tercer trimestre de 2014 el mercado laboral contaba con 3.378.100 ocupados menos y 108.233.600 horas de trabajo efectivas menos que en el tercer trimestre de 2008. Esto supone caídas en ambos indicadores superiores al 18%. En el caso del tiempo parcial, para el mismo periodo, se produjo la tendencia contraria: aumentó el número de empleados (325.700 ocupados más, un 14,2%) y también de horas trabajadas a tiempo parcial (4.685.600 más, un 12,9%). Si descienden el número de personas ocupadas a tiempo completo y las horas efectivas trabajadas mientras aumentan las medias jornadas y se permite que con éstas se realicen horas extraordinarias, la relación entre ambas situaciones se explica por sí misma. Si, además, las extras no se pagan, obtenemos la perfecta cuadratura del círculo que han logrado las patronales.

Del total de horas extraordinarias que realizaron las plantillas el año pasado, un 52% no se remuneraron según un informe de UGT Más de la mitad, en torno al 56%, de asalariados que efectuó horas extra en 2014 no las cobró, señala el estudio de UGT, mientras en 2008 esto le sucedía a una proporción muy inferior, a un 35%. Del total de horas extraordinarias que realizaron las plantillas el año pasado, prosigue el informe, un52% no se remuneraron. Un peso que ha crecido 14 puntos desde 2008. En la otra cara, las horas extra pagadas han perdido ese mismo peso en este tiempo.

Por sectores de actividad y ocupación, según la estadística del INE, las horas extraordinarias en 2015 se concentran en técnicos y profesionales científicos e intelectuales; trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, técnicos y profesionales de apoyo. Comercio, industria manufacturera y hostelería son áreas en las que las horas extraordinarias no lo son tanto, sino que se trata de la jornada habitual. El informe de UGT señala que el cambio más visible respecto a 2008 en cuanto a la implantación de horas extra se produce en la construcción, que pasa de una proporción en el conjunto de los sectores del 10,6% al 4,3%.

En cuanto al porcentaje de horas extraordinarias no pagadas en cada sector, destacanlas actividades inmobiliarias (el 100% de las horas extra realizadas son no remuneradas), financieras y de seguros (el 92,8%) y la educación (el 86,8%). Del Río recuerda que "según algunas fuentes, si se eliminaran sólo las horas extra que no se pagan se podrían crear 75.000 empleos. Es una cifra absolutamente escandalosa. Si añadiéramos las horas extra pagadas, el número de empleos que podrían crearse sería mucho mayor".

¿Qué hago si me obligan a echar horas extra? La denuncia a la Inspección de Trabajo cuando se superan las ochenta horas extra anuales y la reclamación de cantidad por vía judicial en el caso de las impagadas son los caminos para hacer frente a unos abusos que se producen habitualmente mediante amenazas para llevar a cabo algo que, sobre el papel, es voluntario. El miedo, siempre presente en las relaciones laborales.

"La facilidad que tienen las empresas para llevar adelante estas represalias se puede contrarrestar si la negativa del trabajador o trabajadora a realizar las horas extraordinarias se realiza de tal modo que queden pruebas de ello, por ejemplo si se hace por escrito y con acuse de recibo, algo a lo que no estamos acostumbrados ya que solemos comunicarnos de manera preferentemente verbal con nuestros superiores, y que sería bueno generalizar", recomienda Agustín. Carretero apela a la acción conjunta y a una reorientación sindical para revertir la implantación de las horas extraordinarias. "Se necesita que la plantilla actúe como una piña y se niegue a realizar horas extraordinarias no obligatorias. Además, los sindicatos deben intentar evitar pactar horas extra estructurales en los convenios, como han venido haciendo los mayoritarios. Eso implica un contrapoder sindical fuerte que pueda obligar a mantener la estabilidad laboral de los trabajadores que no realizan las extras y que, a la hora de negociar el convenio, se centre en la creación de empleo indefinido y con garantías, evitando las contrataciones precarias y la sustitución de trabajo estructural por estudiantes en formación".

En bancos como Santander o Sabadell ya ha habido experiencias judiciales yacción sindical encaminada a reducir las horas extraordinarias. En Zaragoza, CNT ha demandado mediante conflicto colectivo a la fundición Alumalsa "porque desde 2013 viene obligando a toda persona que contrata a firmar una cláusula de obligatoriedad en la realización de las horas extraordinarias, suprimiendo su carácter voluntario", explica Agustín.

¿Y las autoridades laborales?, ¿cuál es su papel en esta historia?, ¿no deberíanintervenir para impedir las horas extra teniendo en cuenta la altísima tasa de desempleo? La respuesta es que ni están ni se las espera. Carretero considera que las instituciones traicionan su función de gestoras de las condiciones de la fuerza de trabajo "para establecer un mercado laboral business friendly. En el Derecho es tan importante el texto de la ley como sus lagunas, o lo que se hace cumplir de facto y lo que no".

"La permisividad por parte de las instituciones no es casual sino intencionada, y responde al modelo social que se pretende implementar" Por su parte, Agustín asegura que "se permite la realización de horas extraordinarias por la misma razón que se permiten los ERE en empresas que no tienen pérdidas, por la misma razón que se permite el despido libre, llamado improcedente en nuestra legislación, y que valida la posibilidad de cesar a un trabajador sin ningún motivo con tal de indemnizarle, etcétera. Es decir, esta permisividad por parte de las instituciones no es casual sino intencionada, y responde al modelo social que se pretende implementar, ahondando en la supresión de derechos históricamente alcanzados por la clase trabajadora, y poniendo siempre la maximización de beneficios por parte del empresario por encima de cualquier atisbo de dignidad y calidad de vida entre la mayoría social que componemos las trabajadoras".

Las horas o la vida Quedarse a echar unas horas extra afecta de manera distinta a ellas y ellos. Una desigualdad que no es sino consecuencia de la brecha de género existente en un mercado laboral en el que hay diferencias salariales para el mismo empleo y que se enmarca en un contexto más amplio: quién realiza las tareas para hacer sostenible la vida, más allá del trabajo.

"Aunque se va avanzando, las mujeres nos seguimos haciendo cargo de forma absolutamente mayoritaria de las tareas de cuidados y vinculadas a la sostenibilidad de la vida, por lo que la realización de horas extra, las que se realizan en el empleo, es muy difícil. Esta falta de disponibilidad, que tiene que ver con las tensiones inherentes a dos lógicas antagónicas, la de los cuidados y la de los mercados, siempre se saldará en contra de las mujeres", opina Del Río, quien recalca que la organización de la sociedad se haceen torno a las necesidades de los mercados y no de las personas. Agustín añade que las extra tienen una repercusión diferente porque "en las mujeres se acentúa la falta de voluntariedad real en su prestación, ya que es más fácil que una mujer cobre un sueldo insuficiente para cubrir sus gastos, como también lo es que se encuentre en una situación contractual precaria que la convierta en presa especialmente fácil de las represalias empresariales".

LEÓN: Reconocimiento a la seguridad privada

Los representantes del sector de la seguridad privada han recibido las Menciones Honoríficas de manos de la subdelegada de Gobierno en León

La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, acompañada por la Comisario Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, María Marcos, y el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Julio Gutiérrez, ha presidido este martes, en la Subdelegación del Gobierno, la entrega de Menciones Honoríficas que las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil concede al personal de empresas de seguridad para reconocer méritos profesionales específicos y de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el acto también ha estado presente la directora de seguridad del Centro de Formación Oroel, Yolanda González Díez. quien aseguraba tener una seguridad privada "bien formada, madura y profesionalizada. Son parte indispensable de la seguridad y defensa de los derechos de los ciudadanos".

La subdelegada de Gobierno, Teresa Mata ha recordado por su parte que "la seguridad privada es pilar fundamental" de la sociedad, convirtiéndose en "base de libertad e igualdad para el avance de las personas". El 'Día de la Seguridad Privada' se celebra en España el 21 de mayo y este acto de la imposición de Menciones Honoríficas se ha retrasado hasta este martes para coordinar calendarios entre todos los representantes asistentes al acto.

INTERNACIONAL: Prosegur deteriora una parte de su negocio en China por un contencioso con su socio

Prosegur ha tenido que deteriorar una parte de su negocio en China como consecuencia del contencioso surgido con su socio local Imperial Dragon Security (IDS), con el que se alió a finales de 2012. La disputa ha provocado que la compañía española haya perdido el control sobre dos de las sociedades en que participa, Shanghai Weldon Security Equipment (tiene el 55 por ciento del capital) y Hangzhou Weldon Security Service (el 64 por ciento). Esto, a su vez, ha tenido un impacto neto en la cuenta de resultados del primer semestre por un importe de 6,37 millones de euros, según figura en una respuesta del grupo a requerimiento de la CNMV.

La empresa de seguridad española facturó en el mercado Asia-Pacífico 142 millones de euros en 2014, por lo que el impacto a sus cuentas es muy reducido. No en vano, el litigio afecta a dos de las cuatro sociedades participadas por Prosegur en el marco del acuerdo con IDS. Quedan al margen, por tanto, Shanghai Weldon Secutiry Service, en la que la compañía que preside Helena Revoredo tiene el 55 por ciento de las acciones, y Sichuan Weldon Security Service. Asimismo, Prosegur cuenta con cuatro sociedades que operan en China y que son de su propiedad al 100 por cien.

Al margen de la contabilización de sus participadas en China, Prosegur también explica a la CNMV que está renunciando a los contratos que no sean rentables en Francia, como ya ha hecho en España, entre otros, con el de Metro de Madrid. "Se está desarrollando una estrategia comercial de protección de márgenes, revisando toda la cartera de clientes" y "aplicando nuevos criterios de rentabilidad, términos de cobro y potencial de desarrollo", subraya.

R.D.L 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

29 de octubre de 2015

VALENCIA: Denuncian que la seguridad de ADIF es insuficiente contra los robos de cable

Valencia, 28 oct (EFE).- Alternativasindical, el sindicato de trabajadores de seguridad privada, ha denunciado en declaraciones a EFE que la seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) es "precaria e insuficiente" para combatir los robos de cable de cobre en la provincia de Valencia.

El sindicato ha criticado que desde que comenzaron las obras han existido "oleadas de robo de cable de cobre en la línea del AVE", y ha insistido en que el servicio de seguridad de ADIF "es rácano e insuficiente". Como ejemplo, Alternativasindical ha explicado que en el turno nocturno de lunes a domingo "tan solo trabajan seis vigilantes de seguridad", repartidos en tres patrullas de vigilancia que deben encargarse "de la mayoría de kilómetros de Valencia y su provincia", por lo que una de ellas vigila la línea del AVE y dos las vías convencionales.

"Si tenemos en cuenta el gran trayecto a custodiar por cada una de estas patrullas lo sorprendente es que no se produzca algún tipo de robo diariamente", ha denunciado el sindicato en declaraciones a EFE. Alternativasindical destaca así que una de las patrullas cubre la vigilancia desde Valencia capital hasta Navalón, con casi 100 kilómetros de vía para custodiar, mientras que una segunda patrulla cubre los 65 kilómetros que unen Valencia con Gandía. La patrulla encargada del trazado del AVE tiene que cubrir el tramo de más de 65 kilómetros que se encuentra entre Valencia y Requena, por lo que "los tiempos de paso de los vigilantes son muy amplios" y de esa circunstancia "se aprovechan los especialistas en el robo de cable de cobre".

Otro dato que critica el sindicato es la propia seguridad de quienes custodian las vías, ya que los robos "son perpetrados por bandas especialistas y muy preparadas". "De ahí la necesidad de ampliar el servicio de seguridad mediante la presencia de más vigilantes", ha proseguido el sindicato. Por último, Alternativasindical ha subrayado que tanto ADIF como la empresa de seguridad deben dotar "de los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios y ampliar las medidas de protección de los vigilantes de seguridad".

GRANADA: La Policía Nacional imparte unas Jornadas Integrales a los vigilantes de seguridad privada

Las jornadas fueron impartidas la semana pasada a una más de 500 vigilantes de seguridad privada de Granada de diferentes empresas

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana ( Seguridad Privada ) han impartido a unos 500 vigilantes de seguridad privada unas jornadas integrales de seguridad, en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ( Granada). Fueron impartidas por el Jefe de Grupo de Cooperación Policial perteneciente a la Unidad Central de Seguridad Privada de Madrid, por el Jefe de Seguridad Privada de Granada y por personal de dicha unidad.

Se abordaron diversos temas en horarios de mañana y tarde, para que los vigilantes granadinos de las diferentes empresas de seguridad privada, pudieran asistir a dichas jornadas. Se abordaron temas de carácter jurídico y policial, tales como la Ley de Seguridad Privada y el Nuevo Reglamento, la Reforma del Código Penal. L.O 1/2015, Planes de Seguridad del Operador y Planes de Protección Específicos. Resolución 8/2015 de la SES, etc…

Red Azul y Sala de Coordinación de Seguridad Privada Igualmente se hizo referencia a la creación de la Red Azul y al teléfono de asistencia hacia los Vigilantes de seguridad privada, siendo el 900-350125, que se encuentra en la Sala de Coordinación de Seguridad Privada en Madrid, donde fue creada por la Dirección General de la Policía para dar asistencia y máxima colaboración a dichos vigilantes de seguridad privada.

Securitas Direct refuerza su negocio de alarmas con la adquisición de la empresa Segur Control


Competencia da luz verde a la compra por un importe de 20,30 M€

La multinacional sueca Securitas Direct acaba de recibir luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), en una resolución fechada el 15 de octubre, para hacerse con la totalidad de las acciones de
Segur Control por un importe que ascenderá a 20,30 M€.

La compra, realizada a través de la filial española Securitas Direct España, permitirá al holding sueco “complementar su crecimiento orgánico”, como señalan sus responsables. Segur Control está especializada en la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y como central receptora de alarmas dispone de alrededor de 32.000 clientes. La firma adquirida tiene su sede en Madrid y cuenta con delegaciones en todas las capitales de provincia. En 2013, Segur Control facturó 17,40 M€, con una plantilla de 147 empleados.

Hasta la fecha estaba integrada en el grupo Segur, un holding con cuatro líneas de negocio: vigilancia, a través de Segur Ibérica; instalación de alarmas, mediante la mencionada Segur Control; protección contra incendios, a través de la compañía Segur Fuego 2005; y suministro de personal para puestos de trabajo auxiliares (recepcionistas, conserjes, azafatas, etc.) por medio de la sociedad Consorcio de Servicios. El grupo Segur consolidó ventas de 225 M€ en 2014, con 7.200 empleados. Los fondos MCH Private Equity y Corpfin Capital son los accionistas de referencia de Segur que, tras la venta de Segur Control, centrará su estrategia en “potenciar las líneas de negocio tradicionales de la compañía” y “en el área estratégica de la protección electrónica y ciberseguridad”.

Por su parte,
Securitas Direct España, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuenta con más de 770.000 clientes en el mercado español. En 2014 facturó 397,26 M€, con una plantilla 3.326 de trabajadores. Su negocio de instalación y conexión de alarmas le reportó cerca de 90 M€ en 2014.

Informe Nº 2015/015 de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP)



Prestación de un servicio de vigilancia, acompañamiento y protección, de un grupo de menores de edad, durante una excursión

Prestación de un servicio de vigilancia, acompañamiento y protección, de un grupo de menores de edad, durante una excursión que discurrirá, al parecer, por los siguientes lugares: la Universidad de esa localidad, posteriormente, acompañamiento por la vía pública hasta llegar al hotel de alojamiento, en el propio hotel, y finalizar al día siguiente, acompañando nuevamente al Grupo, desde el hotel hasta la Universidad citada.

CONCLUSIONES Una vez analizada la operativa descrita en la consulta, y observando que el objeto de la misma es acompañar a un grupo determinado de menores de edad, para la custodia, resguardo, defensa y protección de los mismos, durante su traslado, con motivo de una excursión a la Universidad de una localidad y alojamiento en un hotel próximo a ésta, en todo caso, para poder prestar un servicio como el descrito, habrá de solicitarse la previa autorización del Ministerio del Interior, siguiendo lo dispuesto por los artículos 43 de la L.S.P. y ,28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad Privada.

28 de octubre de 2015

La patronal CEOE aboga por "relajar" los derechos de los trabajadores indefinidos porque tienen "muchos"

Juan Rosell, presidente de la CEOE, se ha convertido este lunes en el defensor de los derechos de los trabajadores temporales. Eso sí, a costa de rebajar los derechos de los trabajadores indefinidos, que en su opinión, son "muchos". Rosell plantea que debería haber una transferencia de los derechos de unos a otros hasta que se equiparen. "Es lo que se ha ido haciendo en las últimas reformas laborales en España y lo que están haciendo en otros países", ha precisado.

Rosell, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha explicado que hay 11 millones de trabajadores indefinidos que tienen "muchos derechos" en comparación con los "muy pocos o prácticamente ninguno" de los cuatro millones de trabajadores temporales. Asemás, el presidente de la CEOE se ha mostrado partidario del contrato único, aunque reconoce que su implantación en España es complicada. "Habrá que intentar a largo plazo que se vayan equiparando los derechos, darles a los que entran y a los que ya los tienen, ir relajándolos", ha indicado.

EL SALARIO MÍNIMO, "NO ES UN GRAN PROBLEMA" Preguntado por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se propone desde algunos partidos políticos, Rosell no se ha mostrado en contra de incrementar el SMI, pero ha señalado que éste no es un "gran problema", pues apenas lo cobran 150.000 personas y en muchos convenios, en la mayoría de los grandes, ya ha desaparecido esta referencia salarial.

"Es mucho mejor abrir la negociación colectiva y ver en, en función del sector, lo que se puede incrementar. Lo otro es un tema que se podría regular y a mí no me gustan las regulaciones excesivas", ha opinado. En este sentido, y acerca de otras propuestas electorales que modificarían el modelo de relaciones laborales, Rosell ha dejado claro que empresarios y sindicatos "tienen bastante controlada" la negociación colectiva, por lo que ha avisado a futuros gobiernos de que "se olviden de regular" en esta materia y dejen trabajar a los agentes sociales, que saben bien lo que tienen que hacer. "Cualquier reforma sin acuerdo con los agentes sociales va en la mala dirección", ha sentenciado.

La triste realidad del mundo laboral en una sola imagen... Real como la vida misma


Publicado en BOE las Fiestas laborales para el año 2016

BOE-A-2015-11348 // Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016. Vista la relación de Fiestas Laborales para el año 2016 remitida al Ministerio de Empleo y Seguridad Social por las diecisiete Comunidades Autónomas y por las Ciudades de Ceuta y Melilla.

27 de octubre de 2015

GRANADA: Detienen a un hombre armado con un táser tras herir a los vigilantes de un centro comercial

El acusado había robado un termostato para peceras con regulador de temperatura valorado en unos 18 euros.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 41 años y con antecedentes, al que se le acusa de haber amenazado y lesionado a los vigilantes de un centro comercial de la zona norte de Granada tras robar en el mismo, así como de supuesta tenencia ilícita de armas al portar una táser, "un arma de electrochoque prohibida". Así lo ha dado a conocer este domingo la Policía en una nota en la que ha explicado que los hechos se desencadenaron cuando los vigilantes de un centro comercial observaron a un individuo cuando presuntamente sustraía al descuido un artículo del establecimiento; en concreto, un termostato para peceras con regulador de temperatura valorado en unos 18 euros, saliendo de la línea de cajas sin abonar dicho artículo, por lo que fue interceptado por los vigilantes de seguridad.

En ese momento el individuo presuntamente "empezó a proferir amenazas y agredió a unos de ellos, que resultó herido leve, logrando escabullirse y huir con la mercancía sustraída en su poder", según la Policía, que ha aclarado que los vigilantes decidieron posteriormente interponer una denuncia en las dependencias policiales. Tras darse a la fuga, el Grupo de Hurtos de la Comisaría Distrito Norte de Granada inició una investigación para la localización y detención del referido hombre, algo que ya se ha llevado a cabo, en un momento en el que esta persona portaba una mochila con unos alicates, unas tijeras, 1.145 euros y una táser.

26 de octubre de 2015

15 jornadas, 24 horas al día en minicasetas de obra...la última 'moda' en explotación

Eran los empleados que se encargaban de vigilar los explosivos que utilizaban las empresas de construcción para hacer las carreteras de la Y vasca o las vías del AVE de Madrid a Galicia.

La Policía detiene, tras la denuncia de USO, a los dueños y directivos de una empresa de seguridad que controlaba los explosivos de las constructoras que hacían carreteras y líneas de alta velocidad Jornadas de 24 horas durante 15 días seguidos en pequeñas casetas de obra. Eran las condiciones de trabajo que mantenían hasta hace unos días los vigilantes de la empresa de seguridad Alcor. Así lo han denunciado algunos de ellos en el marco de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Monforte de Lemos, que el pasado viernes 16 de octubre ordenó el registro de la sede de la compañía y la detención del gerente, Carlos S. F., y de varios directivos.

En concreto, los vigilantes han explicado que pasaban toda su jornada laboral en las mencionadas casetas de obra. En ellas trabajaban, hacían sus necesidades, se duchaban, comían y dormían. Para esto último utilizaban unas improvisadas hamacas. Algunos luego libraban unos días después de 15 jornadas seguidas; otros tardaban algo más. En ocasiones, según los propios trabajadores, llegaron a trabajar 20 días seguidos en estas condiciones. El caso, aún bajo secreto de sumario, ha sido destapado tras la denuncia de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de laUnión Sindical Obrera(FTSP-USO), que puso los hechos en conocimiento de la Unidad Central de Seguridad Privada, que tras varios meses de indagaciones judicializó el caso en el Juzgado de Monforte.

La investigación ha desvelado además un complejo entramado de empresas alrededor de Alcor que servían para esconder un supuesto fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda pública a través del pago encubierto de horas extra mediante un sistema que llevaba funcionando desde 2008.

El Juzgado investiga si se sorteaba la cotización a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF abonando como dietas pagos que correspondían a horas extra En concreto, el Juzgado investiga si, como narran algunos testigos, la empresa sorteaba la cotización a la Seguridad Social y las retenciones del IRPF abonando en forma de dietas pagos que realmente correspondían a horas extra de los empleados. Para ello, según las denuncias, el propietario de Alcor obligaba a los trabajadores a entregar facturas en concepto de comidas u hospedajes que los vigilantes tenían que buscarse por su cuenta con el fin de justificar ante la Administración unas supuestas dietas que realmente no existían.

Si los empleados no presentaban las facturas -que al final llegaban a hacer hasta los familiares-, la empresa no abonaba las horas extra. El día en el que sehacían efectivos los pagos, a través de sobre o talones, los empleados formaban largas colas a las puertas de la empresa. Alcor fue fundada en 2009 en Monforte. Cinco años después, superó los 800 trabajadores en plantilla. A pesar de este aparente crecimiento, la empresa se descolgó del convenio estatal en 2013 y recortó el salario de sus trabajadores. Alcor presta sus servicios a administraciones y empresas de toda España.

25 de octubre de 2015

SANTA CRUZ DE TENERIFE: Los centros de salud más conflictivos no tienen vigilantes permanentes

El violento episodio vivido el pasado mes de mayo en el centro de salud de Añaza, donde el Servicio de Urgencias incluso tuvo que ser cerrado después de las agresiones sufridas por algunos profesionales y el propio vigilante de seguridad, volvió a poner de manifiesto una realidad que el Sindicato Médico (CESM) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife lleva denunciando desde hace años.

Según aseguran desde la organización sindical, el 30% de los centros de salud y consultorios periféricos de la Isla son “especialmente conflictivos”, algo que incluso reconocen desde la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife.

Sin embargo, y a excepción de dos de ellos, el resto no cuentan con vigilancia de seguridad continuada, lo que ya ha motivado algunos episodios de violencia que han tenido que resolver los propios profesionales o la Policía. En este sentido, el portavoz del CESM, Agustín Graffigna, explica que “la mayor parte de los centros de salud más conflictivos no tienen vigilancia las 12 horas en las que permanecen abiertos. De hecho, el vigilante de seguridad suele estar contratado por 6, 8 o 9 horas como máximo”. El resto del tiempo, el personal queda completamente desasistido”, subraya el delegado de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Médico, quien reitera que la organización ha constatado un aumento de la violencia hacia médicos y enfermeros en “los últimos dos años”.

No en vano, según datos del propio Servicio Canario de la Salud (SCS) recopilados por el Sindicato de Enfermería (Satse), entre enero de 2013 y abril de 2015 se contabilizan un total de 397 agresiones físicas y verbales contra personal sanitario, la mayor parte de ellas hacia enfermeros y auxiliares. Del total registrado, la Consejería de Sanidad trasladó a la Fiscalía 154 denuncias, una veintena de las cuales acabó con sentencia firme. En el caso de los médicos, como ha publicado este periódico, todas las denuncias incoadas en los últimos cinco años en Tenerife se resolvieron a favor del profesional agredido.

El año pasado, el SCS recogió 229 agresiones a personal sanitario, de las que 177 fueron verbales, 26 físicas y 26 mixtas. Del total, solo 12 fueron contra facultativos, y 180 se derivaron a la Fiscalía. De esta manera, en los dos últimos años 334 casos llegaron a los tribunales. En general, las denuncias crecieron casi el 30% respecto a 2013, lo que confirma la peligrosa tendencia al alza registrada en los últimos años.


“Ha sido un tema que hemos denunciado en reiteradas ocasiones a la Gerencia de Atención Primaria, y nos dicen que no todos los centros de salud y consultorios periféricos deben tener seguridad. Que el gasto sería excesivo. Somos conscientes de eso, y estamos de acuerdo, pero sí debería haber mayor vigilancia en aquellos que están plenamente identificados como problemáticos”, denota el portavoz del Sindicato Médico, quien deja claro que hay mucha preocupación entre los profesionales de esas instalaciones, porque consideran que el vigilante es el único medio coercitivo con el que cuentan. Y algunos están amedrentados, especialmente las facultativas, porque hay pacientes que las ven como un blanco fácil”, agrega Agustín Graffigna.

Un estudio reciente de Satse apoya esa teoría del miedo de los profesionales a denunciar, ya que solo se llevan a los tribunales el 11% de las agresiones sufridas. Ello supone que la cifra real de agredidos en los últimos años en Canarias superaría el millar. La mayoría de estas agresiones se producen en Atención Primaria.

23 de octubre de 2015

Ojo! La madrugada del sábado 24 al domingo 25 entramos en "modo invierno"


PRO360º de Prosegur, galardonada en la VI Edición de los Premios Cegos

Prosegur, referente en la seguridad privada y líder en España, ha sido galardonada en la VI Edición de los Premios Cegos, en la categoría de Gestión Organizacional y Consultoría, por su iniciativa PRO360º, un programa que fomenta la productividad mediante un sistema de mejora continua que busca crear valor para la Compañía a medio y largo plazo. Los premios se entregaron en el transcurso de una jornada de trabajo en la que 11 empresas, reconocidas en cuatro categorías distintas, expusieron sus proyectos ganadores

Los premios, organizados por Cegos y el portal de información sobre Recursos Humanos Equipos y Talento, reconocen las mejores prácticas en este ámbito, tales como programas de desarrollo personalizado, integración de jóvenes talentos, planes de igualdad o gestión de la discapacidad. Prosegur ha sido condecorada esta vez por su programa para promover el Lean Management en su organización y equipos. Es decir, mejorar su manera de trabajar para ofrecer el máximo valor a sus clientes, con los mínimos recursos necesarios.

PRO360º analiza el funcionamiento de la empresa en base a tres criterios: eficiencia, rendimiento y calidad. El programa evalúa todas las unidades de la empresa y valora su rendimiento, cuantitativa y cualitativamente, y cada mes define un cuadro con las causas que provocan ineficiencias. Al mismo tiempo, PRO360º busca generar un clima de confianza y participación dentro de la organización.

Así, por ejemplo, en 2014 se pusieron en marcha 35 proyectos de mejora, en los que se implicaron casi todos los trabajadores. Entre todos exploraron nuevos modos de entender al cliente, formar un lenguaje común, eliminar lo que no añade valor y desarrollar futuros líderes. El resultado fue una cultura de continua mejora dentro de Prosegur para ofrecer productos y servicios más competitivos e impulsar la cooperación entre los empleados.

PRO360º también se ha traducido en números. En 2014, ayudó a detectar oportunidades de mejora, lo que supuso una ganancia de un millón de euros para la Compañía. En 2015, se prevé llegar a los 800.000 euros. Por todo ello, la concesión del Premio Cegos 2015 representa un espaldarazo al programa PRO360º, que sigue en funcionamiento y que continúa luchando para que Prosegur sea cada vez mejor.

GIRONA: Detenidas por robar con bolsas forradas de aluminio indetectables

Escondían los artículos hurtados en bolsos que permitían saltarse los detectores de las cajas de pago

Girona. (Redacción).- La Policía Municipal de Girona detuvo ayer, alrededor de las nueve de la noche, Dora Graciela O., de 64 años de edad; Vanesa Elizabeth G., y Sandra Amalia B., ambas de 35 años de edad y las tres con domicilio desconocido, como presuntas autoras de un delito de hurto. Los hechos ocurrieron alrededor de media de la tarde del lunes, cuando la Central de Coordinación de la Policía Municipal recibió una llamada al 092 de un establecimiento comercial del Mas Gri en que se informaba de que habían detenido a tres mujeres porque estaban intentando robar productos del establecimiento.

Inmediatamente, una patrulla de la Policía Municipal con dos agentes se dirigió al centro comercial donde el jefe de seguridad del establecimiento les explicó que había visto tres mujeres con una actitud que le había provocado sospechas. En concreto, se trataba de tres mujeres que estaban en el centro y que de forma coordinada cogían objetos tapándose entre ellas para hurtar. Una de ellas cogía un objeto y le pasaba a la otra mientras la escondía dentro de una bolsa de plástico. El vigilante paró una de ellas cuando ya había pasado la línea de caja. Las tres mujeres estaban en una sala del centro comercial en espera de la policía.

A continuación, los policías las identificaron y constataron que dos de ellas tenían pasaporte y una iba indocumentada. También encontraron, dentro de una bolsa forrada con papel de aluminio que habían pasado por la línea de caja sin pagar, un teléfono móvil valorado en 700 euros. Las mujeres llevaban más bolsas con forro metálico preparadas para robar, pero al verse controladas por el vigilante de seguridad del centro habían vuelto a dejar los objetos en su lugar.

Tras gestiones policiales, comprobaron que una de ellas, Dora Graciela, tenía una orden de requerimiento del Juzgado Penal de Málaga. Por todo ello se procedió a la detención como presuntas autoras de un delito de hurto a Dora Graciela O., Vanesa Elizabeth G. y Sandra Amalia B., las tres con antecedentes penales.

22 de octubre de 2015

SPV en Prosegur Sevilla pide que se reconozca el carácter indefinido de los contratos de obra o servicios

Buenas a todos, desde esta sección sindical hemos iniciado un proceso para que Prosegur Sevilla reconozca el carácter indefinido de los contratos de obra o servicios, DE 32 COMPAÑEROS de momento.

Aquí podéis ver el escrito que hemos registrado en la empresa, como podéis observar vamos a poner esta irregularidad en conocimiento de la Inspección de Trabajo, Sevilla para que actúe.



Si tienes contrato de obra o servicio y estás contratado desde hace cuatro años no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

21 de octubre de 2015

MÁLAGA: Vigilar la oficina del paro, una profesión de riesgo


La Junta refuerza la vigilancia en un centro del SAE de Málaga tras sufrir el vigilante la segunda agresión en dos meses


«Hay broncas habitualmente. Pocos funcionarios y mucha gente. Demasiada. En la mayoría de los casos las situaciones violentas terminan nada más que con un usuario cabreado que se va a la calledando gritos porque no le han atendido como le hubiera gustado o porque la cita previa no le ha funcionado. Pero esto se está poniendo cada vez más feo». Quien relata el día a día de una oficina del paro en Andalucía sabe de lo que habla. Es el vigilante de seguridad de una sede del SAE de la capital malagueña. La de Gamarra, la que soporta mayor presión por lo populoso de las barriadas a las que presta servicio y el gran nivel de desempleo existente en ellas. El lunes fue objeto de lasegunda agresión en sólo dos meses. Desde el martes, tiene al menos un compañero de refuerzo.

Afortunadamente para él, ninguna de las dos agresiones han sido graves. Pero el susto se lo ha llevado. En septiembre, una usuaria que quiso colarse le dio un manotazo que le tiró las gafas al suelo. Aprovechando el desconcierto, la mujer le dio un arañazo antes de ser reducida. La agresión terminó en juicio y la agresora fue condenada a un alejamiento de la oficina y una multa de cinco euros diarios durante un mes. El lunes la cosa fue a mayores. Recibió una patada en los testículos de un parado de larga duración que protagonizó un grave altercado en la oficina porque al parecer se había equivocado en el tipo de cita previa que había pedido por internet.

Los hechos ocurrieron por la mañana. El usuario, que trataba de solicitar una ayuda, se enfrentó con los funcionarios que le comunicaron su error, dando golpes y patadas al mobiliario y amenazando de muerte a alguno de ellos. Sus padres, que lo acompañaban, le conminaron a salir de la oficina, lo que hizo acompañado del vigilante. Una vez en la calle y precisamente en el momento en que sus progenitores parecía que lo tranquilizaban,propinó una fuerte patada en la entrepierna al trabajador de seguridad y salió corriendo. El puntapié desplazó al vigilante varios metros hacia atrás, por lo que se dio un fuerte golpe en la espalda al caer sobre la puerta de la oficina.

Tuvo que ser trasladado al hospital. Allí fue atendido y después comenzó un largo peregrinaje por comisarías para presentar la denuncia correspondiente. Se encontró con la sorpresa de que su agresor ya estaba fichado por la Policía. Afortunadamente, el martes ya volvió al trabajo. Y está acompañado. La Junta se ha visto obligada a reforzar la seguridad con otro compañero para evitar nuevos casos.


Los vigilantes de los edificios públicos de Madrid, en pie de guerra porque no les pagan

Denuncian retrasos en los pagos de la empresa Magasegur, contratada por la Comunidad de Madrid, y amenazan con huelgas y concentraciones de protestas en las sedes de las consejerías

Los casi 300 vigilantes privados que trabajan para la empresa Magasegur controlando la seguridad de edificios públicos de la Comunidad de Madrid acumulan retrasos de meses en sus nóminas y nunca cobran a tiempo. Así lo denuncian desde el Sindicato Libre de Seguridad, quienes prevén realizar protestas y huelgas para reclamar las cantidades que la empresa Magasegur, subcontratada por el Gobierno de Cristina Cifuentes, les adeuda.

Los agentes privados vigilan todas las oficinas del Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma y varias consejerías del Gobierno regional, pero la empresa para la que trabajan les debe importantes cantidades -en algunos casos llegan a 4.000 euros por barba- a pesar de que ya la Audiencia Nacional la ordenó ponerse al día en la sentencia del pasado 25 de marzo que anulaba el convenio de la empresa y, por lo tanto, la obligaba a asumir el más favorable, el convenio estatal. Según el secretario general del Sindicato Libre de Seguridad, Rafael Saldaña, la culpa de todo está en que la Administración contrata los servicios con empresas que se descuelgan del convenio del sector. “Tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Madrid deben recoger como requisito para la contratación pública que las empresas paguen puntualmente sus salarios y se adhieran al convenio colectivo”, exige el representante sindical.

Desde Magasegur aseguran que es "del todo falso" que sus trabajadores acumulen atrasos de meses en sus nóminas. Solo en los dos últimos meses -afirman- ha habido "retrasos de pocos días en el ingreso de las nóminas por factores de financiación externos a la empresa que ya se han resuelto". "Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para que no haya retraso alguno en ninguna nómina", añaden desde la empresa de seguridad. Los vigilantes, sin embargo, planean convocar una concentración masiva hoyfrente a una de las consejerías autonómicas que los trabajadores tienen asignadas. Su futuro, por lo tanto, se torna aún más negro, sobre todo después de que el Ayuntamiento de Madrid admitiera estar estudiando la posibilidad de conmutar vigilantes por policías municipales.

La iniciativa del consistorio, sin embargo, se encontró con la oposición de los propios vigilantes -que calcularon que la medida triplicaría el gasto en seguridad- e incluso de gran parte del colectivo de la Policía Municipal, que la tachó de poco realista al requerir que un buen grupo de funcionarios tuvieran que dejar sus actuales tareas para pasar a cubrir las vacantes de los vigilantes.

20 de octubre de 2015

MÁLAGA: Un desempleado agrede al vigilante de la oficina de Empleo en Gamarra

El usuario supuestamente reaccionó de forma violenta cuando le informaron de que había obtenido mal la cita previa y debía solicitarla de nuevo

La Policía Nacional investiga la agresión sufrida esta mañana por el vigilante de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Gamarra. La víctima, que ha sido trasladada por el 061 al Hospital Carlos Haya, recibió una patada en la parte baja del vientre cuando intentaba calmar a un usuario que pretendía solicitar una prestación, pero que se había equivocado al solicitar la cita previa por Internet, según testigos.

El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la mañana. Al parecer, el supuesto agresor se presentó en la oficina acompañado de sus padres y, cuando le tocó el turno, se dirigió al mostrador para solicitar una ayuda familiar. El funcionario le informó de que había obtenido mal la cita previa, por lo que debía volver a pedirla. Fue entonces cuando, según las fuentes consultadas, reaccionó de forma agresiva y, tras amenazar al trabajador, comenzó a dar patadas al mobiliario.

Su propio padre y el vigilante, que acabó con la camisa rota del forcejeo, trataron de calmarlo y lo sacaron de las dependencias del SAE para evitar que el incidente pasara a mayores. La agresión se produjo ya en el exterior de la oficina. Fuentes del 061 confirmaron el traslado del herido al Hospital Carlos Haya, sin precisar su estado.

Ombuds compra Castellana de Seguridad (Casesa): nace la segunda empresa del sector en España


Casesa era un activo goloso para cualquier empresa de seguridad dado que tiene jugosos contratos con entidades públicas y privadas

La firma de la adquisición, por un precio que no ha trascendido, se realizó la semana pasada, aunque los pasos para la integración comenzaron hace meses. Los trabajadores temen que las sinergias acarreen despidos. Una gran operación empresarial en el sector de la seguridad se acaba de firmar en Madrid. Se trata de la fusión por absorción de Castellana de Seguridad (Casesa) por parte de Ombuds, que da lugar al nacimiento de un gigante sectorial que contará en un principio con más de 9.000 empleados y una facturación aproximada de 260 millones de euros, según las propias compañías. El nuevo gigante se convertirá en la segunda empresa del sector por volumen de negocio, tan sólo detrás de Securitas, según los datos que facilita eInforma, superando a la cotizada Prosegur.


La operación, largamente rumoreada, ha dado el salto definitivo tras la firma del acuerdo la pasada semana y ha sido confirmada a este diario desde distintas fuentes empresariaes y sindicales. Un portavoz oficial de Ombuds, sin embargo, negaba la mayor a Vozpópuli este mismo lunes. Después de reiteradas llamadas, el aludido ha preferido cortar la conversación por lo sano: "No te voy a decir nada, buenas tardes".

La fusión, con algunos flecos aún por concretar, se ha llevado con la máxima discreción por parte de la empresa compradora, Ombuds, que paradójicamente cuenta con un menor tamaño que Casesa tanto en facturación como en número de empleados (3.000 frente a más de 6.000). En 2011, el grupo Ombuds fue adquirido en un 75% por JZI Capital Partners a su entonces dueño, Rodrigo Cortina López, proveniente de una familia muy bien relacionada con el Partido Popular y sus servicios de seguridad. JZI es un grupo británico de capital riesgo que tiene como objetivo impulsar compañías de tamaño medio y que engloba empresas con una facturación conjunta de más de 1.000 millones anuales.

Tras adquirir Ombuds por un precio que no se hizo público, el inversor prometió convertirla en "uno de los principales operadores europeos de servicios de seguridad en un plazo de tiempo muy corto". En los últimos ejercicios, el grupo adquiriente ha ido haciendo realidad su promesa al colocar a Ombuds en la parte alta del ranking de las compañías más grandes del sector. La absorción de Casesa le permitirá escalar hasta el segundo puesto de dicho ránking. De acuerdo con las cifras de facturación referidas al ejercicio 2012, tras las tres primeras antes aludidas se situarían ahora Eulen, Segur Ibérica o Vinsa.

Compartiendo software La operación viene rumoreándose desde hace meses, aunque fue a principios de septiembre cuando dio el salto definitivo. Ambas compañías han pasado a compartir ciertos softwares para acelerar su integración y los empleados comienzan a posicionarse. La inquietud es grande ante el temor de que una operación de tal magnitud traiga consigo recortes de plantilla, especialmente en Castellana de Seguridad, que cuenta con más empleados y contratos de más volumen. Los rumores sobre operaciones corporativas han sido abundantes en el sector en los últimos tiempos, rumores que la mayor parte de las veces no llegan a materializarse. Ocurrió el pasado verano cuando, aprovechando la confusión estival, surgió un bulo según el cual Prosegur habría comprado Casesa y Segur Ibérica, una historia que ni siquiera apareció en la sala de prensa de la compañía dirigida por Helena Revoredo.

"Es una actitud habitual en el sector que haya muchos rumores, pero también que una empresa compre otra para hacerse con sus contratos", comenta a Vozpópuli una fuente sindical. Casesa ha sido la agencia de seguridad de importantes eventos deportivos como la última Vuelta a España. Tiene clientes de renombre en sectores como el financiero (Santander, BBVA o EVO Bank) o de gran consumo (Carrefour, Worten o Cortefiel). También trabaja con Renfe, Iberdrola, Repsol, Peugeot o Altadis, por citar sólo algunas compañías.

Casesa, cuyos dueños, según la rumurología del sector, llevaban tiempo tratando de venderla, está también presente en la administración pública con especiales buenas relaciones con el Ministerio de Economía, la Junta de Andalucía o el Gobierno vasco, que le adjudicó en 2010 nada menos que un tercio de todos los servicios de seguridad privada a políticos, jueces y cargos electos en el País Vasco. Precisamente Ombuds fue otra de las agraciadas por este contrato de seguridad de 144 millones de euros. No obstante, el final de la violencia de ETA y la relajación de la tensión en País Vasco y Navarra redujo drásticamente el negocio de la compañía. Ombuds también tiene buenas relaciones con la administración pública, como evidencia el contrato de 3 millones de euros que le adjudicó el Ministerio de Defensa en 2013 para la seguridad de 10 centros sanitarios militares.

Piden que los vigilantes del CETI vayan armados “como dice la Ley”

Marea Negra dice que no se hace porque habría que pagar más a estos trabajadores del centro. La asociación en favor de los intereses de la seguridad privada, Marea Negra, considera que los trabajadores del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) deberían llevar a cabo sus funciones en el centro acompañados de un arma.

Así lo indicó ayer a El Faro el vicepresidente de esta organización, José Antonio Carbonell, que añadió que es una cuestión que está recogida en la Ley 5/2014 que regula las condiciones laborales de estos profesionales. “En concreto, en el artículo 40 apartado D se especifica que los trabajadores de seguridad que tratan con extranjeros deben tener un arma”, especifica el representante de esta asociación.Así pues, Carbonell apunta que si estos trabajadores no cuentan con este material es porque la empresa tendría que pagarles unos 10 euros más por hora. 

Material antidisturbio
“Con una defensa (porra) y con unos grilletes el vigilante se ve indefenso. No sirven de nada”, asegura, por otra parte, el vicepresidente de Marea Negra, que señala también que los trabajadores tendrían que contar con “material antidisturbios” como escudos o cascos, además de tener chalecos protectores y “guantes contra los posibles cortes”. Asimismo, Carbonell considera que los vigilantes deberían tener “un uniforme en condiciones” con las suficientes medidas de seguridad que protejan al trabajador.Ante esta situación, El Faro preguntó por qué no se está cumpliendo la Ley y por qué no hay controles que hagan que ésta se cumpla. La respuesta del representante de Marea Negra fue que los encargados de realizar este seguimiento son miembros de la Delegación del Gobierno, por lo que apunta que “el pez no se va a morder su propia cola”. 

Detector de metales Otra de las carencias que la asociación pone sobre la mesa acerca de las condiciones del CETI es la falta, a su parecer, de un detector de metales, una medida que impediría que los residentes tuvieran armas blancas. “Los controles que se están haciendo son con una paleta detectora y se realizan de forma aleatoria”, apunta Carbonell que, preguntado sobre críticas que hablan de medidas policiales en el centro, responde que no considera que los residentes del CETI sean criminales, pero cree que, al venir de países con situaciones difíciles, pueden verse impulsados a tomar medidas desesperadas. “Estas personas vienen de pasarlo muy mal”, sentencia. 

“No creemos que sean delincuentes, pero lo pasan mal”  Sobre las reivindicaciones y peticiones que hace la asociación en favor de la seguridad privada, Marea Negra, su vicepresidente, José Antonio Carbonell dice que piden más seguridad y formación para los vigilantes, pero “no porque creamos que los inmigrantes son delincuentes, sino porque vienen de países con situaciones muy difíciles donde lo pasan mal”.Por lo tanto, a este respecto, el responsable de esta organización apunta que “en una situación extrema, las personas pueden reaccionar de forma inesperada, como pasó la semana pasada en el comedor del CETI de Melilla”. “El vigilante de seguridad es una figura preventiva, no represiva”, sentencia Carbonell.

19 de octubre de 2015

LUGO: La Policía registra la sede de Alcor y detiene al gerente de la empresa




Los agentes llevaban una orden judicial para acceder a los ordenadores

La Policía registró el viernes durante horas las oficinas de Alcor en Monforte y detuvo al gerente de esta empresa de seguridad privada, que presta servicios en diferentes comunidades autónomas. Todavía no han trascendido detalles concretos sobre esta operación, que tiene ramificaciones en diferentes ciudades.

El viernes por la mañana se presentaron en la sede central de Alcor, en el número cuatro de la calle de la Estrella, agentes de una unidad especial de la Policía Nacional acompañados de una comitiva judicial. Una vez dentro, las personas al mando del dispositivo comunicaron a los trabajadores que disponían de una orden judicial para registrar las instalaciones y acceder a la información de los ordenadores de la empresa.

El registro se prolongó todo el día y los empleados que se encontraban en las oficinas tuvieron que permanecer en todo momento en sus puestos, con la única excepción de un tiempo al mediodía, cuando les dieron permiso para que saliesen a comer. En el marco de esta operación, fue detenido Carlos S. F., el gerente de Alcor. Según las fuentes consultadas, la operación continuó ayer con un registro en la casa del detenido. No hay todavía información oficial sobre las causas de una investigacion que, al parecer, está siendo dirigida por un juzgado de fuera de Galicia. Los policías encargados del caso son asimismo agentes de la unidad central de seguridad privada, un servicio de la Policía Nacional dedicado específicamente al control de las empresas que trabajan en este sector.

La primera firma gallega que prescindió del convenio para bajar salarios Alcor Seguridad fue fundada en el 2009 y es una de las principales empresas del sector. Portavoces de la firma apuntaban en el 2014 que en unos meses habían duplicado su plantilla hasta colocarla en los ochocientos trabajadores. Un año antes, adquirió notoriedad porque fue la empresa empresa gallega de seguridad en descolgarse del convenio estatal y aplicar fuertes recortes salariales a su plantilla, lo que le valió un conflicto con la Diputación de Lugo, para la que trabajaba y que acababa de aprobar la aplicación a todos sus contratos la denominada cláusula social, que impide contratar servicios a empresas privadas que recorten salarios o derechos laborales. Con su sede principal en Monforte, Alcor presta servicios a administraciones públicas y empresas privadas en diferentes comunidades autónomas. En su página web puede leerse que en su nómina de servicios entran el control de espectáculos públicos, la protección de personas, la instalación de sistemas de seguridad, la planificación de actividades de seguridad para empresas o propiedades y la vigilancia de exposivos.

FUENTE: lavozdegalicia.es AQUÍ