Tras el peor año para los precios desde la década de los ochenta y en el que 24 millones de españoles perdieron poder adquisitivo, el Gobierno ha acordado con los sindicatos una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 8% durante 2023 hasta alcanzar los 1.080 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así lo ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Senado donde tiene el primer cara a cara del año con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. El acuerdo, que beneficiará a los cerca de dos millones y medio de trabajadores que menos cobran, se ha cerrado tras dos reuniones celebradas este martes entre los representantes del Ministerio de Trabajo y los sindicatos y pese al rechazo de la patronal CEOE.
El incremento se aprobará en el próximo Consejo de Ministros y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había convocado a mediodía a Pepe Álvarez y Unai Sordo, secretarios generales de UGT y CC OO, respectivamente, para desbloquear el pacto que ya se había encarrilado en una reunión previa de carácter técnico celebrada esta mañana, a la que la patronal se negó a acudir. Con este acuerdo, el Ejecutivo se acerca a su compromiso de elevar el SMI hasta alcanzar el 60% del salario medio español, como marca la Carta Social Europea.
Yolanda Díaz ha presionado durante estas semanas para que la revalorización del SMI evite la pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores con los sueldos más bajos. La inflación golpea el bolsillo de las familias desde el año pasado, cuando los precios crecieron de media un 8,4% por el alza de los alimentos y las facturas energéticas. Para tratar de contrarrestar el mordisco de la subida de precios, el Ejecutivo ha aumentado un 8,5% las pensiones este año y también ha mejorado el sueldo de los trabajadores públicos (un 2,5% más un punto adicional en función de objetivos en 2023). La mayoría de las empresas también han incrementado la retribución de sus empleados, algunas en dos dígitos para compensar la inflación, aunque la media de subida en los convenios ronda el 2,8%. Pero los precios han corrido más rápido. Y las familias ven cómo sus nóminas dan para comprar menos cosas.
El Gobierno de coalición tenía cierto interés en cerrar cuanto antes la revalorización del salario mínimo porque, en pleno año electoral, le hubiera resultado complicado explicar a los ciudadanos que subía la pensión un 8,5% a los jubilados que más cobran, pero limitaba el incremento para los trabajadores más precarios. Durante su intervención en la Cámara Alta, Sánchez ha recordado que España es el segundo país de la OCDE que más ha subido el salario mínimo desde 2018. En ese periodo, el SMI ha aumentado un 36%, desde los 735 euros al mes a los actuales 1.000 euros, que la próxima semana, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, subirá a 1.080 euros. Con el incremento anunciado este martes por Sánchez, España sigue la estela de los países de su entorno, que también han aprobado importantes subidas del salario mínimo para hacer frente a los estragos de la inflación. De este modo, Alemania ha adelantado que subirá el sueldo a los trabajadores que menos cobran un 15%; Países Bajos lo elevará un 10,1%; Portugal, lo hará un 8,7% y Francia un 6,6%
Los líderes sindicales han valorado la subida del 8% del SMI. Tras reunirse con Díaz en las dependencias del Ministerio de Trabajo, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha explicado que el acuerdo se ha producido tras un “duro” proceso de negociación. Álvarez ha insistido en que la subida permitirá que aquellos españoles que tienen sueldos más bajos puedan “mantener y mejorar” su poder adquisitivo. Por su parte, Unai Sordo, máximo responsable de CC OO, ha remarcado que se trata de “un acuerdo de máxima importancia para el país”. Ambos líderes sindicales han subrayado que la decisión beneficiará a 2,5 millones de trabajadores y servirá para reducir la brecha de género, ya que, según han explicado, el perfil más habitual es el de “una mujer, de entre 16 y 34 años, y con contrato temporal en el sector agrícola o en los servicios”.
La cifra del aumento del salario mínimo ha pasado en las últimas semanas al debate político en pleno año electoral. Díaz se ha alineado con los sindicatos y ha defendido un incremento cercano al 8%, el tramo alto de las cinco propuestas planteadas por el comité de expertos convocado por Trabajo para que defina cuál es el 60% del salario medio en España. Los expertos han sugerido que los incrementos tenían que estar entre el 4,6% y el 8,2% para alcanzar esa cota. Mientras tanto, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido en atraer a la patronal para que, junto a la subida del SMI, se acordara un gran pacto de rentas para todos los trabajadores. Además, Calviño quería esperar a conocer el dato de inflación del primer mes del año antes de tomar cualquier decisión. El Instituto Nacional de Estadística (INE) constató el lunes que los precios volvieron a subir en enero (5,8%) tras cinco meses a la baja y la inflación subyacente, que excluye los precios energéticos y alimentos no elaborados, más volátiles, alcanzó el máximo desde 1986 (7,5%). La decisión final del Gobierno ha sido avalada por La Moncloa, justo el mismo día en que Sánchez se enfrentaba a Núñez Feijóo en el debate en el pleno del Senado, donde ambos líderes han escenificado con duros ataques contra el adversario el inicio del intenso año electoral, con comicios locales, autonómicos y generales.
Crítica a las empresas que no suben salarios Pedro Sánchez ha hecho hincapié durante su intervención en la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas durante los últimos años. “Es evidente que el poder adquisitivo se ha reducido, una parte es responsabilidad de la política, pero otra parte de responsabilidad la tienen las grandes empresas. Hay que decirlo sin tapujos”, ha señalado. En ese punto, Sánchez ha vuelto a cargar contra las grandes empresas que obtienen pingües beneficios y no suben salarios. El jefe del Ejecutivo ha remarcado que el Gobierno no se limita solo a demandar a las empresas un reparto más justo de los beneficios, sino que también busca que las compañías generen más riqueza y que esa riqueza “no se quede en las alturas, en los de arriba”. En ese punto ha señalado: “Algunas grandes empresas aumentan sus beneficios año tras año, pagan bonus millonarios a sus ejecutivos, pero no suben ni un céntimo el salario a sus empleados. Y yo me pregunto: ¿esta situación es justa? Si una empresa gana 600 millones de euros al año, ¿por qué esa ganancia va a parar a manos de unos pocos? ¿Por qué se recompensa al consejero delegado, al consejo de administración, al director financiero, pero no se recompensa a los dependientes, a los transportistas, a los administrativos o a los reponedores? ¿No tienen ellos también parte del mérito de ese éxito empresarial? Yo creo que sí”, ha dicho el presidente en el Senado.
Estas declaraciones llegan en plena guerra de una parte del Ejecutivo contra los grandes supermercados. Y el ejemplo que ha puesto, por las cifras que aporta de ganancias, se asemeja a Mercadona, aunque la cadena de supermercados cuenta con una revalorización anual de los empleados pactada en convenio en función del IPC de diciembre.
Ausencia de la patronal La jornada de este martes estaba marcada en rojo por los responsables del Ministerio de Trabajo. Comenzó con el plantón de la CEOE, que el lunes por la noche ya justificó que “no se dan las condiciones” para acudir a esas conversaciones para acordar el SMI. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha criticado este martes la actitud del Gobierno en las negociaciones. El dirigente vasco acusó al Ejecutivo de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos que se verían afectados por el alza salarial. “Si no se va a hablar de eso, pues que nos digan la cifra y ya está”, ha señalado Garamendi. “Los expertos no me tienen nada que decir. Está la horquilla, ¿y?”, respondió el presidente de la patronal tras preguntarle por las propuestas presentadas por el comité de expertos convocado por Trabajo. Garamendi insistió en que no tenía sentido enviar a nadie a negociar porque no han recibido ninguna propuesta del Gobierno ni se ha dado respuesta a la que formuló la patronal en su día, consistente en un alza del SMI del 4% para 2023, hasta los 1.040 euros brutos mensuales. La CEOE mantiene esa propuesta, que supedita al establecimiento de un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y a una modificación de la normativa de la ley de contratos del sector público para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución. Además de los responsables de Trabajo, en la reunión han participado Fernando Luján, vicesecretario de Política Sindical de UGT, y Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CC OO.
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó antes de la reunión: “Lamento profundamente” que la CEOE haya decidido no asistir. “Yo creo que una medida que afectará a millones de personas no puede tener una patronal ausente, no puede tener una patronal que no venga a escuchar lo que el Gobierno tiene que decir (...). Es una irresponsabilidad”, subrayó Pérez Rey. El secretario de Estado ha animado a la patronal a “que reflexione” y regrese a la mesa de negociación porque “no puede desentenderse de una cifra que es decisiva” tanto para los trabajadores como para las empresas. “No es de recibo que en una de las decisiones más importantes en materia laboral que se va a tomar en 2023 la patronal no esté en la mesa. Nos apena y queremos que reflexione”, ha insistido.
El encuentro de este martes se ha producido después de que el dato avanzado del IPC de enero haya arrojado un aumento de la tasa interanual de inflación de una décima, hasta el 5,8%, y que la inflación subyacente haya escalado hasta el 7,5%, su cota más alta desde diciembre de 1986, lo que ha llevado a los sindicatos a insistir en la necesidad de subir ya el SMI.
El secretario general de UGT ha afirmado que la postura de CEOE de no asistir a la reunión es “estética” y se basa en “excusas poco razonables”. Álvarez ha vinculado la ausencia de la patronal con las críticas a los empresarios que han lanzado en las últimas semanas algunos miembros del Gobierno. “El debate político en España, como en todo el mundo, trae opiniones, que no insultos, en relación con las empresas”, ha argumentado el dirigente sindical en declaraciones a RNE. En unas declaraciones posteriores en las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Álvarez ha instado a la CEOE a “tener un poco de cintura y aguantar” lo que se está opinando sobre las empresas, porque “es verdad que en este país hay mucha gente que se está forrando mientras otra mucha gente lo está pasando muy mal porque no se le están subiendo los sueldos”.
:quality(70)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisaradio/HE4JV7RM65ATJKX7QR3PCY4KII.png)
