Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de abril de 2013

El Comité de Empresa de Securitas Cádiz da por rotas las negociaciones de los despidos colectivos


En el día de hoy, martes 30-04-2013, se han dado por finalizada las negociaciones de los DESPIDOS COLECTIVOS por causas organizativas propuestos por la empresa Securitas en la provincia de Cádiz, ante la falta de trabajo, y que fue iniciado el pasado 9 de abril su preceptivo periodo de consultas. Ver Acta 30 de Abril de 2013 AQUÍ

Las razones por las que el Comité de Empresa ha finalizado estas negociaciones sin firmar el mismo, no obedece a cuestion de fondo, pues son consciente de la falta de trabajo de la empresa, y en su consecuencia el exceso de plantilla actual. Sin embargo, la empresa pretende elegir a los trabajadores afectados por el ERE sin un criterio claro y objetivo, (menor antigüedad propuesto por el Comité) sino atendiendo a peticiones y caprichos de clientes, en lugar del derecho de los trabajadores, ni siquiera acepta peticiones que existen por acogerse a el de forma voluntaria, u otras alternativas de prejubilaciones, traslados, permutas, etc., ni se compromete a eliminar las horas extraordinarias de todos los centros, por atender a clientes y trabajadores que no aceptan compartir y abrir las puertas de sus centros de trabajo a nuevos compañeros, con el beneplácito de la empresa.

Así las cosas, el próximo día 6 de mayo, ha sido citado el Pleno del Comité, para conocer la decisión final de la empresa. 






El gobierno establece el 21 de Mayo como "Día Nacional de la Seguridad Privada"


FUENTE: eleconomista.es AQUÍ El próximo 21 de mayo se celebrará el primer Día de la Seguridad Privada, según una orden del Ministerio del Interior que este martes publica el Boletín Oficial del Estado. Según Interior, la seguridad privada se configura en España como auxiliar y colaborador especial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que complementa en su misión constitucional de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La acción de la seguridad privada se encuentra presente en distintos ámbitos públicos y privados, desde la protección domiciliaria hasta la seguridad de importantes infraestructuras, "convirtiéndose en instancia coadyuvante e indispensable para la prevención del delito y la protección de personas y bienes", señala la orden. Interior indica que la finalidad que se persigue al establecer el Día de la Seguridad Privada es "reconocer la trascendental labor desarrollada por la seguridad privada e impulsar la divulgación de su utilidad social, sensibilizando a la sociedad sobre su contribución a la mejora de la seguridad común como colaborador indiscutible de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

El Gobierno atiende así la solicitud realizada por las entidades y organizaciones del sector en España para que se declare el 21 de mayo Día de la Seguridad Privada, en conmemoración del día del año 1518 en el que el rey Carlos I dio la primera norma de seguridad privada en España.

Exescoltas algecireños levantan la huelga de hambre en demanda de empleo


Los exescoltas gaditanos Miguel Ángel Guerrero y José Vega han decidido levantar la huelga de hambre que mantenían desde hace 36 y 33 días, respectivamente, en demanda de un puesto de trabajo en la vigilancia del perímetro de la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), tal y como afirman que se comprometió el Gobierno con quienes trabajaron protegiendo a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra cuando se produjo el cese de la violencia por parte de la banda.

Los exescoltas gaditanos Miguel Ángel Guerrero y José Vega han decidido levantar la huelga de hambre que mantenían desde hace 36 y 33 días, respectivamente, en demanda de un puesto de trabajo en la vigilancia del perímetro de la prisión de Botafuegos, en Algeciras (Cádiz), tal y como afirman que se comprometió el Gobierno con quienes trabajaron protegiendo a personas amenazadas por ETA en el País Vasco y Navarra cuando se produjo el cese de la violencia por parte de la banda. Guerrero ha comunicado a Europa Press su decisión después de mantener una reunión con el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, que se ha desplazado hasta la localidad algecireña para entrevistarse con los antiguos escoltas. Valoran el "gesto" del Subdelegado, quien les ha "escuchado" y también "se ha comprometido a hacer lo que esté en su mano" para aportarles soluciones.

Eso, unido a que "otros compañeros —antiguos escoltas— están siendo llamados en otros puntos de España por las empresas adjudicatarias" de la vigilancia en el perímetro de las prisiones les ha llevado a abandonar una huelga que les ha dejado la salud "resentida" y les ha hecho perder unos diez kilos de peso a cada uno. Abandonan la protesta con la "satisfacción de haber sido punta de lanza y haber contribuido a la solución de muchos compañeros", aunque quedan a la espera de que llegue la solución definitiva para ellos mismos.

Los dos exescoltas han agradecido el "apoyo y el esfuerzo" de representantes sindicales y políticos que han estado "apoyándonos y ayudándonos", haciendo una mención especial a la "sensibilidad" demostrada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por quien se han sentido arropados "desde el minuto cero". Por su parte, en declaraciones a los periodistas, De Torre ha expresado su "preocupación" por estas personas y se ha comprometido a tratar de aportarles soluciones haciendo "en su nombre" las gestiones que estén en su mano ante las citadas empresas de seguridad a fin de que puedan ser contratados.

El subdelegado ha aclarado que el Ministerio del Interior "no tiene un compromiso de recolocación de antiguos escoltas, sino un plan de reducción de reducción de escoltas como consecuencia de una situación que se plantea en España". Ese plan implica la recolocación paulatina en unidades activas de aquellos antiguos escoltas que son agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por otro lado, se abría otra posibilidad con el establecimiento de determinados servicios de seguridad privada en los perímetros de seguridad de las prisiones españolas. Subraya que se trata de un procedimiento "largo y complejo" que se está llevando a cabo mediante licitaciones y adjudicaciones a las distintas empresas de seguridad que prestaban servicios en el País Vasco y Navarra para la protección de personas amenazadas por ETA. Así, son las empresas las que tienen la posibilidad de incorporar a los antiguos escoltas en sus plantillas, comenzando por aquellas personas que les vienen prestando servicios en este momento

FUENTE: 20minutos.es AQUÍ

28 de abril de 2013

Ángel Córdoba Díaz nuevo presidente de Aproser


El pasado 17 de abril, la junta directiva de Aproser ha procedido al nombramiento de los nuevos cargos directivos de la asociación. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), ha modificado los órganos de dirección. Ángel Córdoba Díaz ha sido elegido presidente de la agrupación, en sustitución de Javier Tabernero que fue nombrado como presidente de la asociación el pasado 11 de enero. Los nuevos cargos de Junta Directiva son los siguientes:

- Presidente: Ángel Córdoba Díaz.
- Vicepresidente: Luis Posadas Herrero.
- Vicepresidente: Javier Tabernero Da Veiga
- Tesorero: Georges López Periago
- Vocal: Aritz Larrea Uribiarte
- Vocal: Emilio García Perulles
- Vocal: Faustino Díez Rodríguez

26 de abril de 2013

LUGO: Los vigilantes pedirán al fiscal que investigue a Prosetecnisa


Les propuso defraudar al Fogasa mediante un anuncio en prensa

Los vigilantes de seguridad a los que no subrogó Prosetecnisa anunciaron que entregarán en la Fiscalía un anuncio publicitario de la empresa en el que les propone que soliciten la rescisión de sus contratos con Sequor, que cobren la indemnización del Fogasa y una vez que tengan ese documento, los contratarán en el plazo de 48 horas y les reconocerán la antigüedad. Los afectados, que siguen realizando sus turnos de trabajo en una caravana aparcada ante la Xunta, pedirán al fiscal que abra una investigación. Decidieron tomar esta determinación para no ser cómplices «dun posible fraude ao Fogasa», según señalaron.

La CIG, uno de los dos sindicatos que asesora a los trabajadores, señaló que aun está en plazo la impugnación del concurso por parte de la Xunta. «Entendemos -señaló Carmen Antas- que no se cumpren as condicións das bases». Los vigilantes están molestos con la Xunta porque creen que debería actuar en este caso. «Na Diputación -apuntaron- había tres gardas que no tiñan obrigación de subrogar, pero falaron con Vinsa e aceptou coller a eses compañeiros»

Los concentrados en la caravana señalaron que en ningún momento se plantearon reclamar a Prosetecnisa los cinco meses de salario que les debe Sequor. «Somos conscientes -señalaron- de que o traballo que fixemos nolo ten que pagar Sequor. A Prosetecnisa o único que lle pedimos é que nos subrogue con fecha 1 de abril e que nos pague a partir dese momento». La plantilla asegura que la empresa pudo presentar oferta a la baja porque desde el principio sabía que no iba a subrogarlos. Según dijeron, Prosetecnisa contrató a personal de Salamanca y de Asturias, sin experiencia en el sector, para un centro de menores conflictivo. «Nosotros -apuntaron- sabemos cómo funciona y fuimos testigos de muchas cosas que callamos hasta ahora».

Los trabajadores seguirán haciendo los turnos al menos hasta el día 1 de mayo, en que decidirán si levantan el campamento o no. La situación de los vigilantes es desesperada. No cobran salarios desde hace cinco meses y si tienen que ir a juicio, no podrán solicitar el paro hasta que finalice el proceso, como mínimo, cuatro meses más.

25 de abril de 2013

Publicado en BOE el texto del nuevo Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2012-2014


Ya está en vigor el nuevo Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad. 2012-2014. Una vez que se ha publicado el texto definitivo (con las rectificaciones que el Ministerio de Trabajo e Inmigración obligó a realizar) en el Boletín Oficial del Estado, se han completado todos los trámites legales exigidos; por lo que ya no nos queda más remedio que regirnos por el deficiente engendro perpetrado por nuestros llamados "representantes".

25 radicales cobardes agreden al vigilante de la Facultad de Políticas de la Complutense


Unos veinticinco machotes han tomado esta mañana la Facultad de Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas, y han instalado barricadas en todos sus accesos para impedir que entraran estudiantes y trabajadores, como «previa» a la protesta ilegal de esta tarde junto al Congreso de los Diputados.

Los jóvenes, estudiantes universitarios, iban encapuchados y portaban bates de béisbol y cadenas. Un vigilante de seguridad y un vicedecano que les plantaron cara han sido apaleados por estos radicales. Han tenido que acudir al hospital. Un acto que demuestra lo cobardes que son. Estos niños de papá, cuando se unen en manada como borricos que son, suelen demostrar la cobardía que tienen en sus adentros, agrediendo a todo lo que tienen por delante ya que cuando están solos no son capaces ni de alzar la voz. Es normal en gente acomplejada y frustrada este tipo de actitudes simiescas y primitivas

También han proferido insultos y amenazas a un periodista que cubría la noticia. Tres de ellos se han bajado los pantalones y han mostrado sus genitales y su trasero, al grito de «¡Hijo de puta! ¡Fascista! ¡Vamos a violar a tu mujer y tu hija! ¡Te vamos a matar!». Grandes comentarios que denotan gran inteligencia por parte de quienes los hacen. Algunos de ellos se preguntaran aun, como no son contratados por las empresas para trabajar. Con lo inteligentes  que son........ No se como puede haber tanto paro juvenil.

Cuando el rector de la Complutense, José Carrillo, ha enviado un escrito solicitando la acción policial, los «antidisturbios» han procedido al desalojo del edificio. El grueso de los radicales ha permanecido atrincherado en un aula, mientras que el resto ha intentado escapar por una pradera trasera, hábitat natural de estos inútiles cuando no están en las porquerizas, de la Facultad. Hay al menos 11 detenidos.

SPV denuncia en la subdelegación a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía por intrusismo


La A.P.P.A. Ha decidido suprimir la vigilancia en los puertos deportivos que ella gestiona, muchos de estos Vigilantes ya han sido DESPEDIDOS. Las labores de vigilancia pasaran a ser realizadas por los auxiliares portuarios de la empresa ALVAC S.A por personal NO HABILITADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR y por lo tanto sin formación.

Desde el SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES queremos recordarle a la A.P.P.A. que esta nueva figura que ha inventado no puede: REALIZAR VIGILANCIA ACTIVA, CONTROLES DE IDENTIDAD, SUPERVISIÓN DE C.C.T..V.,CUSTODIA DE LLAVES, ni RESPUESTA DE ALARMAS,  FUNCIONES ESTA QUE VENÍAN REALIZANDO LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD.

EN EL SINDICATO DE SEGURIDAD NO NOS QUEDAREMOS DE BRAZOS CRUZADOS Y PONDREMOS EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE INTERIOR TODAS ESTAS IRREGULARIDADES. TAMBIÉN RECORDARLE A LOS USUARIOS QUE SOLICITE LA PARTE PROPORCIONAL DE LA TASA QUE LE COBRAN EN CONCEPTO DE VIGILANCIA HASTA QUE EL MINISTERIO SE PRONUNCIE SOBRE ESTA SUPLANTACION DE FUNCIONES Y EL  INTRUSISMO DENUNCIADO


La vigilancia en los puertos deportivos andaluces se queda bajo mínimos


En torno a una veintena de trabajadores se ha visto afectada con despidos y desplazamientos El recorte se aplicó tras el traspaso del servicio a una nueva empresa, con un acuerdo más reducido

Los ajustes han llegado a la seguridad de los puertos deportivos, que han perdido gran parte de la plantilla de guardas desde que comenzó el año. De los casi cuarenta efectivos que controlaban a diario los espacios de amarre de toda la provincia, apenas permanecen en sus puestos poco menos de la mitad que también han visto reducidas sus jornadas. Eso deja a enclaves como Puerto América, Sancti Petri o Chipiona sin vigilante autorizado.

La nueva situación ha coincidido con el cambio de empresa que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas, ha realizado recientemente. El servicio se encuentra ahora en manos de Casesa (Castellana de Seguridad S. A.), que firmó un acuerdo muy rebajado con la administración y ha supuesto la subrogación de menos trabajadores. Una parte se ha ido al paro, con indemnizaciones de veinte días por año trabajado y otros han sido reubicados en destinos como Ceuta o Algeciras, según fuentes consultadas de la plantilla, que hasta este mes se encontraba bajo las órdenes de Eulen.

En total, la medida afecta a casi una veintena de empleados con más de una década de servicio en los puertos gaditanos. «En su mayoría superan los 40 años de edad, siempre ligados a la vigilancia portuaria, con lo que sus opciones de encontrar un nuevo puesto se reducen muchísimo», explican las fuentes consultadas. Además del drama laboral, esta decisión supone también un problema para puertos como el de Bonanza, en Sanlúcar o el de Barbate, que son puntos calientes del narcotráfico. Sólo por poner un ejemplo, en este último se han perdido cinco empleos y de los seis guardas que controlaban el espacio apenas uno se ha quedado en horario de fin de semana, lo que supone que de lunes a viernes no habrá vigilante autorizado.

Y esto viene a ocurrir justo cuando la provincia encabeza las estadísticas de incautaciones de estupefacientes en todo el país, tal como avanzó el pasado jueves el Ministerio del Interior. Las fuentes recuerdan que «los vigilantes han servido siempre de soporte a los cuerpos de seguridad para detectar y localizar cargamentos, aunque no intervengan en las operaciones». La situación ha supuesto un tremendo varapalo para estos trabajadores que han mostrado su indignación hasta el punto de que el Sindicato Profesional de Vigilantes (SPV) llegó a presentar un escrito el pasado lunes ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar la medida. Según se deduce de la misiva, este colectivo sospecha que las labores de vigilancia recaerán ahora sobre la subcontrata de auxiliares portuarios Alvac S.A., cuyo personal se encarga de la recepción y atraque, atención a usuarios, amarres y conexión de los servicios a embarcaciones. En el acuerdo no se dice nada de tareas de seguridad, con lo que el sindicato ha pedido a la Inspección de Trabajo que esté atenta

FUENTE: lavozdigital.es AQUÍ

SANTIAGO DE CHILE: Un desayuno que les costo 385 millones de dólares


Tres vigilantes de un furgón sufren un millonario robo cuando abandonaron el vehículo para visitar una panadería


Las calles de Santiago de Chile fueron el escenario de un rocambolesco robo en el que los principales protagonistas no fueron los ladrones sino los robados. Y es que tres vigilantes de la empresa de transporte de valores Wagner se bajaron de su vehículo para desayunar en una panadería dejando en el interior nada más y nada menos que 385 millones de dólares. La temeraria actitud de los vigilantes fue aprovechada por varios desconocidos que, sin disparar ni un solo tiro, se llevaron todo el dinero sin la menor misericordia.

La insólita historia comenzó, según informa el vespertino «La Segunda», de Santiago de Chile, hacia las nueve de la mañana, cuando el vehículo se detuvo frente a la panadería Pam-Pan. De los cuatro vigilantes que se encontraban en su interior, tres bajaron a comprar el desayuno mientras que el cuarto, el chófer, se quedaba junto al volante. Minutos después, tres sujetos provistos de armas cortas y a rostro descubierto, se subieron al vehículo y obligaron al chofer que avanzara unos 200 metros. Tras golpearle en la cabeza y arrebatarle el arma reglamentaria, los ladrones procedieron a sustraer la millonaria suma. Cuando los hambrientos vigilantes se quisieron dar cuenta del robo, los ladrones y el botín ya habían desaparecido. Una anciana relató que «todos los días la gente del camión de valores venía a tomar desayuno». Por el momento, no hay pistas sobre los autores de este millonario robo.

Poco después de conocerse las circunstancias en las que se produjo este robo, y ante la gravedad de las deficiencias detectadas, el Departamento OS-10 de seguridad privada determinó intervenir la empresa, como un paso previo a la eventual suspensión de las actividades de la misma. También se está evaluando la posible retirada de las licencias a los confiados vigilantes.

El subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, señaló al vespertino La Segunda que casos como éste «son realmente impresentables e inaceptables». Dijo que frente a esta falta de profesionalismo y rigurosidad, debe quitársele a la empresa los estudios de seguridad que ésta presentó en su momento para poder operar como guardián de valores. En tanto, el Departamento OS-10 de Carabineros, que regula y supervisa la seguridad privada, determinó intervenir la empresa mientras se realizan las investigaciones correspondientes. EFE


Los detectives acusan a Interior de "desprestigiar" el sector en plena negociación de su nueva ley


FUENTE: europapress.es AQUÍ Los colegios y asociaciones profesionales de detectives privados han acusado al Ministerio del Interior de generar "malestar, incertidumbre y desprestigio del sector" con la nueva fase de la operación policial Pitiusa en pleno periodo de alegaciones al anteproyecto de la nueva ley de seguridad privada. En un comunicado, los detectives lamentan la coincidencia con la nueva fase de Pitiusa -- en la que la Policía Nacional prevé detener a una treintena de personas entre detectives, funcionarios y empresarios en Barcelona, Madrid, Cantabria y Andalucía--, ya que se fijará la atención en esto y "no en las reclamaciones del sector hacia las alegaciones del anteproyecto".

"El periodo de alegaciones contempla 15 días y resulta curiosa la coincidencia en el tiempo de una operación tan compleja e importante justo ahora", indican los colegios y asociaciones, que concentran la actividad profesional de detectives privados a nivel nacional. No obstante, puntualizan que no cuestionan "en ningún caso" la actuación policial ni los presuntos hechos constitutivos de delito que puedan resultar de las últimas actuaciones y recuerdan la colaboración que siempre han mantenido con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según los colegios y asociaciones, la futura ley de seguridad privada "pone en peligro derechos fundamentales" porque deberán informar de sus investigaciones a la policía y porque los vigilantes de seguridad sin formación específica podrán acceder a tareas de investigación. Por ello, creen que si la ley se aprueba "el derecho a la intimidad de las personas en su ámbito privado queda a merced del Gobierno", ya que considera que controlará todas sus investigaciones diluyendo el principio de confidencialidad.

PITIUSA La Policía Nacional ha iniciado este miércoles la tercera fase de la operación contra una red dedicada a la compraventa de datos personales y empresariales en la que hay implicados detectives, funcionarios y empresarios en Barcelona y otros puntos de España, y se esperan una treintena de detenciones. Según ha informado a Europa Press el cuerpo policial, la operación ha arrancado a primera hora de este miércoles en Barcelona, Madrid, Cantabria y Andalucía y se prevé que comporte entre 25 y 30 de detenciones en total, una veintena en la capital catalana. En esta investigación, que coordina el Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, hay implicados detectives, funcionarios públicos que les vendían información y empresarios que presuntamente cometieron prácticas fraudulentas para investigar a subordinados.


24 de abril de 2013

Admitida denuncia de directivo de ESABE contra la Sexta y SER por "revelación de secretos"


El pasado 20 de diciembre, se conocía la detención de la cúpula de la compañía de seguridad ESABE. La información, con detalles de la operación, fue publicada en laSexta y en la Cadena SER. Ahora, un juez ha admitido a trámite una denuncia por un supuesto delito de "revelación de secretos".

La denuncia fue presentada por Mario Iglesias, antiguo jefe de seguridad nacional de la firma. El detenido explica en el escrito que eleva a la jueza que “tanto las diligencias policiales como judiciales tenían el carácter de secretas”. No obstante, las actuaciones que llevaron a cabo los agentes de la Unidad Central de Seguridad Privada, pertenecientes a la Comisaría General de Seguridad Ciudadana fueron difundidas a los medios de comunicación, denuncia.

El afectado denuncia que se filtraron a la prensa los siguientes datos: número de detenidos, su motivo, existencia de registros, nombre y apellidos y funciones dentro de la empresa. En su denuncia, además, se especifica que laSexta difundió la operación con imágenes de la operación, justo antes de iniciar los registros e, incluso, destacaron en la cadena del grupo Atresmedia que “habían obtenido en exclusiva dicha información”.

En el texto de la denuncia se recoge también que “otros medios, como la Cadena SER, ofrecían información acerca del número de registros practicados, así como del lugar donde fueron llevados a cabo”. Concretamente, la emisora de Prisa publicó que “según fuentes cercanas a esta investigación, va a haber más [detenciones] en las próximas horas. La operación, por tanto está abierta”. Pues bien, la titular del juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha abierto diligencias para determinar si se produjo ese delito de revelación de secretos.

AVISO A NAVEGANTES: Primer ERE nulo de la reforma laboral


El Tribunal Supremo (TS) ha tumbado el primer ERE de la reforma laboral de una empresa con pérdidas económicas acreditadas de tres trimestres seguidos, como exige la reforma laboral. La clave para la nulidad, los errores en la documentación. El fallo, que adelantó ayer Expansión.com, anula los 28 despidos de Talleres López Gallego, empresa dedicada a la reparación de camiones de limpieza de residuos urbanos de Móstoles (Madrid), porque estima que no ha presentado toda la documentación necesaria que exige el Reglamento de los ERE de 2011, previo a la reforma. La compañía presentó el Expediente el 10 de febrero de 2012, 10 días después de que entrara en vigor la reforma laboral. El nuevo Reglamento de los ERE entró en vigor el pasado 31 de octubre.

Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y la Audiencia Nacional han tumbado gran parte de los ERE de la reforma laboral porque estimaban que las empresas habían incurrido en defectos de forma en la presentación de los Expedientes. Como la reforma laboral eliminó la autorización administrativa, para no desproteger a los trabajadores estableció que los defectos de forma son causa de nulidad del ERE. Esta sentencia supone un jarro de agua fría para las empresas, que ven como la primera sentencia del Supremo mantiene la tónica de TSJ y Audiencia Nacional, con lo que los expertos consideran que la reforma laboral ha fallado en los tribunales, lo que también preocupa a la Comisión Europea.

Interior pone el negocio de los detectives en la bandeja de las grandes empresas de seguridad


EL ANTEPROYECTO DE LEY LAMINA A LOS PEQUEÑOS DESPACHOS. Las grandes compañías de vigilancia tienen cámaras, alarmas, decenas de empleados y amplias bases de datos. Concederles también la posibilidad de hacer sus propias investigaciones es crear un Gran Hermano

El anteproyecto de Ley de Seguridad Privada anunciado por el Gobierno dibuja una revolución en un sector que en 2011 facturó 3.600 millones de euros y contaba con más de 1.500 empresas en activo. Las mayores beneficiadas por el borrador de la ley son las grandes compañías de seguridad, que con la redacción actual podrán desarrollar labores de investigación reservadas actualmente en exclusiva a los detectives privados, un negocio atomizado en pequeños despachos de investigación repartidos por toda la geografía nacional.

El anteproyecto fue presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 12 de abril, pero aún tiene por delante todo el trámite parlamentario, en el que puede sufrir aportaciones de los partidos de la oposición. El responsable de la cartera de Interior ya había anunciado que el sector sería sometido a un exhaustivo cambio de regulación para evitar que pueda repetirse el reciente escándalo de Método 3, la agencia de detectives de Barcelona que presuntamente habría acumulado en sus archivos más de 20.000 dosieres con información de cargos políticos y personalidades recurriendo a prácticas irregulares y con la intención de comerciar con los datos de forma opaca. Sobre todos los artículos del anteproyecto gravita este caso.

Pero el Ministerio del Interior también ha aprovechado la norma, al menos en su redacción preliminar, para habilitar a las grandes empresas de seguridad privada a realizar investigaciones y contar con sus propios equipos de detectives, unas facultades que les veta la norma en vigor de 1992 por considerarlas incompatibles con su actividad de vigilancia. De hecho, la ley actual sólo concede la potestad de realizar investigaciones privadas a los detectives titulados. El anteproyecto que Interior ha remitido al Congreso altera este equilibrio, acabando con ese veto en el artículo 5.2.

Satisfacción entre las grandes compañías del sector La patronal del sector ha acogido con satisfacción esta reforma que, de salir adelante, le permitirá ampliar su oferta de servicios y aumentar su cifra de negocio. Para la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser) la reforma responde a la necesidad de “complementar” las funciones que ya desarrollan las empresas a las que representa y contribuirá a reducir el “instrusismo” en el sector. Además, asegura que permitirá generar empleo en un mercado que, según su propia información, emplea ya a más de 100.000 profesionales de la seguridad.

Los colegios oficiales de detectives también hablan de empleo, pero del que ellos perderán. Eloy de Paco, presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, que teme la caída en picado del negocio de los investigadores privados -alrededor de 1.500 tienen licencia para ejercer en España- recuerda que para poder ejercer esta profesión es necesario disponer de una titulación que se consigue tras cuatro años de estudios. “La empresas de seguridad no están preparadas para desarrollar esta función, y eso es muy peligroso”, advierte De Paco. En su opinión, además, el anteproyecto concede un poder sin límites a las empresas de seguridad. “Creemos que el legislador no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Las grandes compañías de vigilancia tienen cámaras, alarmas, decenas de empleados y amplias bases de datos. Concederles también la posibilidad de hacer sus propias investigaciones es crear un Gran Hermano. La ley de 1992 se lo prohibía por algo”, remacha el presidente del Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana.

De lo que tiene duda es de que el articulado actual del anteproyecto es fruto de las presiones que las grandes firmas representadas por Aproser han ejercido sobre el Gobierno. La patronal lo niega, aunque un comunicado emitido por la propia asociación admite que el Ministerio del Interior ha atendido su petición de aumentar “las grandes potencialidades del sector” de la seguridad, al concederle también la posibilidad de realizar investigaciones privadas. Aproser ha rechazado aclarar a petición de este diario esta contradicción y profundizar en su versión de las modificaciones que introduce la propuesta de reforma.

Los detectives ya han anunciado que presentarán alegaciones al anteproyecto y que tratarán de reunirse con el equipo de Fernández Díaz para trasladarle su oposición al espíritu del borrador. Los investigadores privados no sólo se quejan de la entrada de las compañías de seguridad en su mercado, sino también de los controles a los que serán sometidos si no sufre modificaciones el texto presentado en el Consejo de Ministros.

Un nuevo sistema de control que anulará a los detectives Entre otras medidas, la norma contempla un severo sistema de control y fiscalización de la actividad de los despachos de vigilancia que abarcará todas las fases de su trabajo. Decreta la obligatoriedad de que todos los encargos que reciban los detectives queden “reflejados por escrito en un libro-registro” que deberá ser custodiado por las propias agencias. Además, cada trabajo de investigación deberá contar con el preceptivo informe detallado, en el que deberá constará la identidad del “cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos”. Este documento-resumen “deberá estar siempre a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Autoridad Judicial”, así como todo el material conseguido por los detectives, que no podrán resistirse a la petición de ayuda de las fuerzas del orden.

El objetivo de la propuesta de Interior es evitar que, como en el caso Método 3, las agencias de detectives puedan obtener información sensible de forma descontrolada con fines dudodos. Pero, en resumen, tal y como está redactada, la norma anula por completo la confidencialidad con la que tradicionalmente han trabajado los detectives privados. Los profesionales del sector aseguran que supondrá el fin de su actividad porque pone en riesgo “el secreto profesional”. “No entendemos este cambio”, afirma el presidente del Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana. “El 90% de los encargos que tenemos son de carácter privado, sólo afectan a familias. La ley no nos puede pedir que pongamos a disposición de la Policía datos íntimos y personales, porque no atentan contra la seguridad nacional. Para nosotros, eso sería defraudar al cliente. Sus datos no pueden estar en un fichero al que tengan acceso terceras personas”, defiende De Paco. Los detectives trasladarán esta y el resto de quejas al Ministerio del Interior.

El absentismo laboral, un asunto de "alto riesgo"


Con la nueva Ley, deja de contemplarse en comparación con el conjunto de la plantilla, para ser exclusivamente valorado a nivel individual. Al igual que la legislación anterior, dentro de las causas del despido objetivo, la nueva ley contempla el despido por faltas de asistencia al trabajo cuando alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

Ello supone que faltar dos periodos de cinco días dentro de un periodo de dos meses consecutivos, o seis días al mes en cuatro meses alternos dentro de un año podrá ser causa automática de despido, con derecho a percibir una indemnización equivalente a veinte días por año trabajado, y el tope de una anualidad. Asimismo, no se computarán como faltas de asistencia en este despido las ausencias debidas a huelga legal, ejercicio de actividades de representación sindical, maternidad, paternidad, accidente de trabajo, y las bajas médicas de duración superior a veinte días. Con la legislación anterior era necesario, además del índice individual, que las faltas de asistencia de la plantilla del centro de trabajo superaran el 2,5% de las jornadas hábiles en el mismo periodo. Esto suponía que los trabajadores que prestaban servicios en centros de trabajo pequeños alcanzaban con mayor facilidad el índice general de absentismo. 

Este requisito desaparece con la aprobación del RDL 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. En opinión de esta letrada, esta medida es positiva en cuanto con ella desaparece la desigualad que se producía en función de la magnitud del centro de trabajo. Como ejemplo de esta posible desigualdad, cabe citar la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Toledo de fecha 18 de noviembre de 2011, que declaró improcedente el despido de un trabajador al establecer la empresa como centro de trabajo una sucursal de tan sólo dos personas, con lo que se alcanzaba el índice general de 2,5% de absentismo de la plantilla. La magistrada entendió que como centro de trabajo debería considerarse la Dirección Territorial, con lo que al tener ésta una plantilla muy superior no se alcanzaba el índice de absentismo esgrimido por la empresa.

Con la regulación actual, sería indiferente computar un centro de trabajo u otro, debiendo declararse procedente la extinción de la relación laboral, al cumplir el trabajador el índice individual de absentismo. La aplicación exclusiva del índice individual afecta especialmente a aquellos trabajadores con enfermedades crónicas o con tratamientos prolongados pero intermitentes que deciden trabajar durante los mismos, ya que podrían ser despedidos al acumular cinco faltas de asistencia durante dos meses consecutivos. En cambio, si estos trabajadores permanecieran de baja durante todo el tratamiento no podrían ser despedidos, ya que a efectos de despido por absentismo no computan las bajas superiores a veinte días. Ello hace que, con la nueva ley, estos trabajadores deban valorar la pérdida salarial que supone la baja por incapacidad temporal frente a la posibilidad de la pérdida de su puesto de trabajo.

FUENTE: Ana Sanz especialista en Derecho de Familia y Laboral AQUÍ

23 de abril de 2013

Una mujer que iba a ser juzgada agrede a sus denunciantes en los pasillos del juzgado


Más de una docena de policías han sido necesarios para reducir a la agresora que ha arrancado un mechón de pelo a una vigilante de seguridad

Una mujer ha agredido a cuatro personas, dos vigilantes de seguridad y dos policías cuando esperaba para ser juzgada por hurto y agresión en el juzgado de instrucción número quince de Sevilla. Ha ocurrido esta mañana en los juzgados del Prado de San Sebastián cuando la mujer, de complexión muy fuerte, estaba esperando para entrar en la vista y la ha emprendido a golpes con las dos personas que la denunciaron, un hombre y una mujer, ambos vigilantes de seguridad del centro comercial en el que fue sorprendida robando.

Según han explicado las propias víctimas, cuando aguardaban para entrar en el juicio, la mujer ha empezado a hacerles cortes de mangas y, en un momento, se ha dirigido hacia los dos vigilantes de seguridad y ha comenzado a golpearlos con fuerza, arrancándole a una de ellas incluso un mechón de pelo. Entonces, cuando dos agentes de policía han acudido a auxiliarles, la mujer también ha golpeado con fuerza a ambos.

Por ello se han presentado en los juzgados hasta un total de trece agentes de Policía que han logrado reducir a la mujer y esposarla. Según fuentes judiciales, la agresora iba a ser juzgada por un hurto que cometió en un centro comercial de Sevilla de donde sustrajo la caja de una plancha. Al parecer, cuando los vigilantes de seguridad la sorprendieron , la mujer fue conducida al despacho del centro comercial y allí también se mostró violenta con sus denunciantes e incluso golpeó con una grapadora a uno de ellos.

HUELVA: Securitas despide a diez vigilantes que trabajaban en los Puertos de Andalucía


En el nuevo concurso adjudicado recientemente a la empresa CASESA, solo se han quedado 4 de los 14 vigilantes de seguridad de Securitas que trabajaban anteriormente para la APPA

Una decena de vigilantes de los puertos onubenses gestionados por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento (IU), han sido finalmente despedidos por Securitas, como consecuencia del cambio de empresa que la agencia de puertos ha llevado a cabo tras sacar a concurso este servicio (se hace cada dos años), que se adjudicó hace tan solo unos días a Casesa. Los puertos afectados por la medida en la provincia son los de Mazagón, Punta Umbría, El Terrón, Ayamonte e Isla Cristina, donde sólo se han quedado 4 de los 14 trabajadores que con la empresa Securitas se encargaban hasta el pasado lunes de la vigilancia nocturna de las instalaciones (de 22:00 a 06:00). Según ha podido saber este periódico, tan sólo han logrado mantener sus puestos de trabajo un vigilante en el puerto de Ayamonte, otro en el de Punta Umbría y dos en el de Isla Cristina. 

Fuentes consultadas por este periódico consideran los despidos "arbitrarios" ya que mientras que en algunos puertos, como el de Ayamonte, el criterio parece haber sido la antigüedad de los vigilantes, en Punta Umbría no se ha seguido ese mismo esquema. Además, según esas mismas fuentes, los trabajadores han sido indemnizados finalmente con 20 días por año trabajado, mientras que el convenio colectivo contempla que el acuerdo era de 30 días por año trabajado. 

Los trabajadores despedidos han denunciado la situación ya que, además de no estar de acuerdo con los despidos, también se sienten "muy molestos" por la forma de actuar tanto de la empresa para la que trabajaban, como de la agencia andaluza de puertos. En tienden que "el trato que nos han dado después de llevar años dándolo todo por nuestro trabajo, ha sido de vergüenza", puntualizo uno de los afectados que prefiere mantenerse en el anonimato. Según relataron, "han hecho con nosotros lo que les ha dado la gana después de años desempeñando nuestro trabajo correctamente". Por otra parte, alegan que Securitas "ha aprovechado toda esta situación para despedir a los más veteranos", ya que, según prosiguen, "sigue teniendo carga de trabajo para todos en otros puntos, para lo cual está contratando personal nuevo, que les sale más barato". 

Detrás de toda situación se oculta, al parecer, y como ya adelantó la pasada semana este periódico, una supuesta "suplantación de funciones", ya que según denunciaron públicamente algunos vigilantes, la APPA (por motivos económicos) está asignando buena parte de las labores de vigilancia nocturna a los nuevos auxiliares portuarios (o antigua marinería). Del más de medio centenar de vigilantes afectados por esta situación en toda Andalucía (en Cádiz han sido despedidos ya 44), 14 eran de la provincia de Huelva. Ante eta situación, el Consistorio isleño aprobó a finales del pasado mes de marzo de forma unánime -por tanto, apoyada por PSOE, PA, PP y PIF- una moción a iniciativa del Partido Popular en la que se instaba a la APPA a que "siga dotando de los medios materiales y humanos al puerto de Isla Cristina para que se continúen realizando las labores de vigilancia y seguridad en condiciones óptimas".

22 de abril de 2013

BADAJOZ: Detectadas empresas de seguridad que ofrecían servicios sin estar habilitadas


Las sanciones propuestas por las infracciones cometidas ascienden a 263.000 euros.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Badajoz ha conseguido detectar a varias empresas que ofertaban conexiones a centrales de alarma sin estar habilitadas para ello. La investigación ha concluido con un total de 12 expedientes administrativos, tres por infracciones leves, tres por infracciones graves y seis por infracción muy grave, y la cantidad de las sanciones propuestas por todas las infracciones asciende a 263.000 euros.

De todo lo actuado se ha dado cuenta a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, según informa en nota de prensa el Ministerio del Interior. En concreto, la investigación comenzó al detectar varios anuncios tanto en la prensa escrita como en diversas páginas de internet en los que se ofrecía, además de la instalación completa del sistema de alarma, la conexión de éste a una central receptora, encargada de avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso necesario. Una vez detectados estos anuncios sospechosos, comenzaron a realizarse las inspecciones que establecen la legislación vigente en materia de seguridad privada, y se detectó que varias de estas empresas no estaban homologadas por la Dirección General de la Policía para realizar la instalación de seguridad, por lo que se tramitó el correspondiente expediente administrativo con propuesta de sanción "muy grave", dirigidas a la Delegación del Gobierno en Extremadura, órgano competente para resolver.

Igualmente, se incoó un expediente por infracción "grave" a una empresa, que sí estaba habilitada por la Dirección General de la Policía para instalación de sistemas de alarma, por ser la que daba cobertura a todas las demás para conectar las alarmas a las Centrales receptoras. Durante la investigación, también fue detectada y propuesta para sanción una empresa que no contaba con ningún sistema de seguridad cuando legalmente estaba obligada a ello, así como a un autónomo que, por su cuenta, montaba los sistema de alarma, añade Interior.

Esta Unidad Territorial de Seguridad Privada de Extremadura, además de luchar contra el intrusismo, tiene asignada otras funciones como la autorización, inscripción y registro de nuevas empresas de Seguridad, Centros de Formación para su personal, preparación y realización de exámenes de Jefes y Directores de Seguridad, y acreditación y registro de este personal, incluidos Detectives Privados. También tiene funciones de seguimiento, control e inspección de los servicios prestados por estas empresas habilitadas, de los establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, de centros de formación de vigilantes de seguridad y de despachos de detectives.


CASTELLÓN: Muere el vigilante de seguridad de una empresa azulejera de Onda

El trabajador falleció al inhalar monóxido de carbono de un generador eléctrico que tenía en una caseta

El vigilante de seguridad de una empresa azulejera ubicada en un polígono industrial de Onda falleció ayer tras inhalar monóxido de carbono en el interior de la caseta ubicada en las instalaciones de la fábrica. La persona fallecida fue hallada a media mañana en el interior de una casa construida dentro de las instalaciones de Eskema Cerámicas, situadas en la partida Colomer, por uno de los márgenes de la CV-20.

Al parecer, y debido a la inactividad de la empresa, la nave estaba sin electricidad y, por ello, el vigilante podría haber recurrido a un generador de energía externo que, supuestamente, originó el gas tóxico que acabó por causarle la muerte. Este gas se produce durante la combustión y causa en una persona lo que se conoce como "muerte dulce", ya que la víctima no se da cuenta de lo que está ocurriendo, aunque los síntomas puedan ser mareos, dolor de cabeza o desvanecimiento. La víctima había sido contratada para que nadie entrase a robar la maquinaria de la nave.




Pastrana pagó con Visa oro gastos en Sudáfrica el mismo día que se anunciaba el ERE en UGT-A


El 30 de noviembre de 2012, Manuel Pastrana, Secretario General de UGT-A, gastó 852 euros en una cena en Sudáfrica el mismo día que el sindicato despedía a 159 trabajadores a través de un ERE y un ERTE.

El pasado 30 de noviembre es una fecha que nunca olvidarán los 159 trabajadores de UGT-Andalucía que vieron cómo sus nombres aparecían en dos listas negras de un ERE y un ERTE que presentaba ese día su sindicato, su empresa. En esa jornada no solo se iniciaba el camino inexorable a la ruptura de una relación laboral sino también el principio de una negociación que acabaría sin acuerdo y con la aplicación de la reforma laboral por parte de una de las dos organizaciones sindicales mayoritarias en el país, que ha promovido dos huelgas generales en contra precisamente de esa norma.

Ese mismo día de noviembre, siguiendo con las profundas contradicciones que han marcado este proceso de recorte de personal en la central, el secretario general del sindicato a nivel andaluz, Manuel Pastrana, pagaba con su tarjeta de crédito Visa Corporate Oro, de la que disfruta como responsable de la UGT, 852,35 euros por una comida en un restaurante a miles de kilómetros de Andalucía, en Durban, Sudáfrica. Del 27 al 30 de noviembre se celebró allí el XXIX Congreso Internacional de Servicios Públicos (ISP), una organización internacional que aglutina a sindicatos vinculados a la rama pública, que en el caso de UGT le viene dada por la FSP (Federación de Servicios Públicos) de la que proviene en origen Pastrana. Este viaje quedó reflejado en la tarjeta de crédito del líder sindical con un cargo a las arcas supuestamente maltrechas de UGT Andalucía por importe de 1.252,75 euros, como consta en el extracto bancario.

Fuentes sindicales confirmaron que en estos congresos la organización que ejerce de anfitriona costea los gastos de manutención de las distintas delegaciones, mediante la organización patrocinada de comidas y cenas. En cualquier caso, el importe de más de 800 euros por una comida, en un restaurante situado en el puerto de la ciudad sudafricana, especializado en pescados y mariscos (New Café Fish), se produjo el día en que UGT anunciaba que despedía a 159 trabajadores de Andalucía por problemas financieros. Los movimientos que recoge el apunte bancario confirman además que Pastrana hizo uso de la tarjeta para abonar unos pequeños gastos en el hotel donde se alojaba, el Hilton Hotel (un establecimiento de cinco estrellas) y los gastos de desplazamientos. De su participación en este congreso no hay referencias ni en el propio blog personal de Pastrana; por lo cual se desconoce qué trabajo desempeñó en Sudáfrica más allá de formar parte de una delegación que asistió a un foro.

Prueba pericial Este extracto bancario se incluye en el informe técnico que el pasado miércoles aportó al tribunal la representación letrada de los trabajadores que tenían la vista oral por el conflicto colectivo denunciado ante la Justicia. El juicio se suspendió después de que el sindicato solicitara sin éxito anular como prueba ese informe. Finalmente se acordó un aplazamiento para que la parte demandada analizara ese contrainforme que cuestiona la situación económica alegada por UGT para aplicar una reducción drástica de plantilla y un empeoramiento de las condiciones laborales de los que están afectados por el ERTE. Ese estudio está admitido como prueba y deberá ser valorado ahora por el Tribunal Superior andaluz. Está firmado por una perito economista, que ha analizado la documentación justificativa que entregó la organización a la sección sindical al anunciar el ERE

Casi medio millón solo en tarjetas de crédito Los 157 trabajadores de UGT Andalucía inmersos en un expediente de regulación de empleo no solo recuerdan a la Justicia que el sindicato atesora en Andalucía un parque inmobiliario entre locales, pisos y naves valorado en 19,5 millones. También analizan otros gastos del sindicato que tildan de «superfluos» e «incompatibles con una empresa en crisis». Así, «el importe mensual de las tarjetas de los directivos (miembros de la comisión ejecutiva regional) asciende en promedio a 1.200 euros.

El informe va acompañado de documentación original como extractos bancarios, estadillos financieros o apuntes del diario mayor de la organización andaluza, donde quedan registrados los movimientos de las cuentas que tiene el sindicato por orden cronológico. En distintos documentos aportados en el informe, aparece por ejemplo la liquidación de las tarjetas de crédito de que dispone cada miembro de la dirección regional del sindicato, que de enero a noviembre de 2010 ascendió a más de 423.000 euros. Ya en 2012, el coste que generan las reuniones de la comisión ejecutiva regional –una al mes– «ha seguido originando el mismo nivel de gastos, sin tener en cuenta las dificultades económicas por las que pasaba la empresa», afirma el informe pericial. Así, en otro documento aportado al procedimiento que debe dirimirse en el TSJA consta como los miembros de la Ejecutiva regional se repartieron entre enero y marzo del año pasado 58.430 euros por los siguientes conceptos: colaboración actividad sindical y pago de desplazamientos y dietas.

A través de ese complemento –que supone un sobresueldo que no se incluye en la nómina de estos sindicalistas, según fuentes sindicales–, la cantidad que percibe cada uno es variable y se abona en cheques bancarios o dinero en metálico. Además, al no formar parte de las retribuciones percibidas por nómina, no están sujetas a retenciones del IRPF.Ese complemento, que como indica la perito debía ser inherente al trabajo que desempeñan como sindicalista, le supuso a Manuel Pastrana, en su calidad de secretario general de la organización en Andalucía, y según recoge la misma documentación, percibir al menos 8.000 euros en tres meses.

ALGECIRAS: Uno de los ex escoltas en huelga de hambre en Botafuegos, trasladado al hospital


José Vega, uno de los dos antiguos escoltas que mantienen una huelga de hambre desde los días 25 y 28 de marzo en Algeciras para reclamar al Gobierno central que "cumpla su promesa de empleo" con los profesionales prestaron servicios en Euskadi y Navarra protegiendo a personas amenazadas por ETA, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Punta Europa este mismo domingo aquejado de un "fuerte dolor de pecho", según explicó su compañero de protesta, Miguel Ángel Guerrero. Ambos han estado apoyados este domingo por compañeros y amigos que han realizado junto a ellos un "ayuno simbólico" en el asentamiento que mantienen en las cercanías de la prisión algecireña de Botafuegos.

Su petición es la de ser reubicados en la vigilancia del perímetro de los centros penitenciarios, tal y como aseguran que "prometió" el Ministerio del Interior en abril de 2012, tras la retirada de escoltas a cargos públicos que se produjo ante la reducción de la amenaza de la banda terrorista. El algecireño Guerrero indicaba que tanto él como su compañero, el sanroqueño José Vega, se sienten "muy agotados y desmejorados físicamente" por el desgaste de estar tantos días al sol sin ingerir alimentos. Guerrero lleva contados nueve kilos menos desde que comenzó la huelga y su compañero, José Vega, ocho; aunque seguramente sean más, apuntan, porque hace una semana que no se pesan. Así, lamenta que, si bien durante los días que llevan acampados su compañero y él han recibido la visita de dirigentes de partidos como IU o UPyD, así como de sindicatos como CCOO, UGT y Sane; no han recibido noticias desde la institución a la que dirigen su acto de protesta, esto es, del Ministerio de Interior. Por ello, ha anunciado que para el próximo día 30 de abril tienen previsto convocar una marcha desde la prisión de Botafuegos a las 10,00 horas hasta la sede de la Subdelegación del Gobierno en Algeciras para hacer llegar sus reclamaciones de trabajo. 

Además, aseguran que tienen constancia de que otros dos antiguos escoltas también han iniciado una huelga de hambre indefinida en Murcia los pasados días 14 y 15 de abril, y que prevén que se sumen compañeros de otros puntos como Madrid, Alicante, Zaragoza, Ciudad Real y Logroño. También se ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma 'Change.org'.Reclamación en Botafuegos Guerrero y Vega aseguran sentirse "engañados" en relación a las medidas anunciadas por el Gobierno para amortiguar el desempleo en este sector y se quejan del proceso selectivo llevado a cabo por las empresas de seguridad que han resultado adjudicatarias de las labores de vigilancia del perímetro de los centros penitenciarios. Opina que, tras celebrarse concurso cerrado, el Ministerio del Interior ha "cumplido escrupulosamente con las empresas" encargadas de la seguridad de los amenazados por ETA, pero los antiguos escoltas han quedado "en la cuneta", lo que entiende que podría evitarse si Interior marcase "unas directrices" a las adjudicatarias para garantizar que los exescoltas serán los beneficiados. En este punto, ha expuesto el caso del proceso selectivo llevado a cabo en Botafuegos, donde "sólo uno de los 20 seleccionados por la empresa Sabico cumplía el perfil de antiguo escolta", siendo el resto "vigilantes y personas sin experiencia".

Reflexión de una vigilante de seguridad privada


Gloria Vicente López de Armentia | 18/04/2013 Después de pensarlo mucho he llegado a la conclusión de que las empresas de seguridad solo quieren cobrar del cliente y punto, sin importarles en absoluto el vigilante de seguridad.  Quieren mucha pasta, da igual si el vigilante trabaja 12, 16, 24 horas seguidas sin descanso, da igual que los vigilantes tengan mujer, marido, hijos, la cuestión es tener una cacho de carne con ojos sumiso, que no abra la boca, y si puede ser que no trabaje demasiado, porque si trabajas como manda la normativa ya te conviertes en un vigilante molesto para la empresa y el cliente.

El cliente solo quiere vigilantes que sepan hacer un poco de todo menos vigilar, ya que si vigilas no estás muy bien visto, si te niegas a hacer tareas que no te corresponden te amenazan con llamar a tu empresa y echarte por no pasar por el aro. A mí un día me lo dijeron y me echaron. Nos venden la seguridad privada como algo innovador, que cada vez crece más y estamos respaldados, aunque yo discrepo bastante, no me lo creo, lo vivo cada día. ¿Realmente a alguien le importa la función del vigilante y la seguridad de su empresa? 

Se ríen de nosotros, cuándo se nos va a tomar en serio. Un día pensé que tenía una bonita profesión, ahora pienso que estamos abandonados y que nadie hace nada por nosotros. Mejor me sentaré en una piedra y veré pasar las horas, a lo mejor así tendré menos problemas y no molestaré a nadie.

21 de abril de 2013

CÁDIZ: La Guardia Civil investiga prácticas de tiro ilegales en la Policía Local isleña


La Comandancia de Cádiz reclama información al Ayuntamiento acerca de la utilización de las instalaciones municipales por parte de alumnos de una academia privada sin la debida autorización

La Guardia Civil investiga desde el pasado mes de marzo la utilización ilegal de la galería de tiro existente en la Jefatura de la Policía Local de San Fernando por parte de un centro privado, dedicado a la formación del personal de seguridad.  A raíz de una denuncia cursada ante la Comandancia de Cádiz, el negociado de Intervención de Armas y Explosivos instruye un expediente por el uso de estas instalaciones municipales sin la correspondiente autorización por parte de alumnos de la Academia Premier, un centro isleño dedicado a la formación de vigilantes de seguridad y escoltas. 

Las existencia de irregularidades, según fuentes consultadas por este periódico, habría sido constatada al examinar la documentación relativa a las licencias para acceder al título de vigilante jurado a través de un curso impartido por la citada academia. Según las investigaciones en curso, los ejercicios de tiro para el adiestramiento de los alumnos de esta academia privada se habrían llevado a cabo con el visto bueno de responsables de la Policía Local. De ahí que desde la Comandancia se haya dado trámite de audiencia al Ayuntamiento isleño para que aclare la utilización de estas instalaciones municipales para prácticas indebidamente autorizadas . 

A través de un oficio remitido por la Guardia Civil el pasado día 2 -y dirigido al alcalde de San Fernando- se da un plazo máximo de quince días para que informe al respecto. El Instituto Armado intenta también aclarar qué tipo de armas y munición han empleado los alumnos de este centro de formación privado durante las prácticas de tiro desarrolladas en la Jefatura de la Policía Local. Así, reclama al Ayuntamiento que aporte las fechas concretas en las que se llevaron a cabo estos ejercicios con fuego real y la relación y titularidad de las armas empleadas (marca, modelo, calibre y número de serie). 

También le exige que informe de la cantidad, calibre y propiedad de la munición que se ha utilizado en las prácticas. Y, por último, le pide que identifique al personal de la Policía Local -o de otro organismo o entidad- que se ha encargado de dirigir las líneas de tiro y de su homologación como instructor de tiro de seguridad privada. Según el Reglamento de Armas (artículo 149), la realización de este tipo de ejercicios por parte de personal civil requiere la autorización previa del subdelegado del Gobierno. Existe además obligación de solicitar dicho permiso con al menos quince días de antelación y de facilitar los datos acerca del tipo de armas a utilizar y de las medidas de seguridad a adoptar. Y dicha solicitud no se ha cursado en ningún momento, según la Guardia Civil. 

El Ayuntamiento de San Fernando, por su parte, ha abierto su propia investigación para aclarar lo ocurrido, puesto que no solo se trataría de la realización de prácticas de tiro no autorizadas sino también de la utilización de unas instalaciones municipales por parte de una empresa privada y con fines lucrativos (un curso de vigilante de seguridad impartido por este centro ronda los 350 euros, según informa su página web). Tampoco el Consistorio cuenta con ningún convenio o acuerdo de colaboración con la citada empresa para la utilización de la galería de tiro. 

Aunque el asunto se maneja con absoluto sigilo, se sospecha de la posible relación laboral de uno de los funcionarios de la Policía Local con la citada academia, en la que impartiría clases para la formación de guardias de seguridad y escoltas. Se desconoce también durante cuánto tiempo se habrían estado realizando estos ejercicios. El Gobierno municipal ha puesto al frente de su investigación a dos funcionarios de la propia Policía Local -entre ellos, a José Cano, el segundo de abordo- para que aclaren lo ocurrido y recaben toda la información que reclama la Guardia Civil. El jefe de la Policía Local, José Suraña, confirmó ayer la investigación en curso y afirmó que desconocía por completo la utilización de la galería de tiro por parte de la academia. "Los hechos se están investigando. Hay diligencias abiertas y se sancionará a los responsables", afirmó. "En todo caso -puntualizó- se trata de una sanción administrativa". 

También la directora de la academia, Carmen María Rodríguez Martínez, aludió a las investigaciones en curso por parte de la Guardia Civil y rehusó hacer declaraciones a este periódico. Por otro lado, el equipo de gobierno ha evitado pronunciarse sobre el tema si bien ha afirmado que desconocía los hechos y que lo ocurrido está siendo investigado.