Noticias Destacadas SPV Sevilla


31 de enero de 2014

Apoyo a los compañeros de Prosegur Sevilla en el inicio de procedimiento de despidos colectivos (ERE)

En la mañana de hoy, delegados y trabajadores de distintas empresas de seguridad han mostrado su apoyo a los compañeros de Prosegur Sevilla en el inicio de procedimiento de despido colectivo (ERE) así como de modificación sustancial de condiciones e inaplicación de convenio colectivo presentado a nivel nacional, según las facilidades que ofrece a la patronal la reforma laboral aprobada por el gobierno.

Está acción fue apoyada en la reunión provincial de sindicatos de seguridad privada celebrada el pasado 29 de enero en la sede central de CC.OO Sevilla, con la presencia de los sindicatos UGT, CC.OO, USO, CSI-F y SPV, dentro de los acuerdos suscritos en acta con el objetivo de establecer medidas conjuntas de actuación en unidad sindical en defensa del respeto y aplicación íntegro del convenio colectivo estatal vigente para las empresas de seguridad privada.

La anécdota de la mañana la protagonizó la central sindical UGT, que a pesar de ser uno de los principales promotores de los acuerdos alcanzados en la coordinadora de sindicatos (VER AQUÍ), no se hizo presente en la acción de apoyo de la plantilla de Prosegur, a pesar de que uno de sus principales dirigentes firmó el acta donde se acordó esta iniciativa. La tarde antes también fue movida porque, según nos informaron algunos compañeros, la Sección Sindical de UGT de Prosegur Sevilla envió correos a distintos trabajadores de la delegación desaconsejando la asistencia a la cita a las puertas de la empresa, en clara contradicción con lo que pactaron sus responsables provinciales solo dos días antes.

Por los demás fueron unas horas tranquilas, sin pancartas, ni megáfonos, ni banderas, ni siglas, sin obstaculizar nada... solo unos trabajadores preocupados por la situación en la que pueden quedar los trabajadores que finalmente sean afectados por el ERE que ahora se empieza a negociar en Madrid. Aún así, a requerimiento de Prosegur, varios furgones de la policía hicieron acto de presencia en las inmediaciones del lugar, sin llegar a intervenir en ningún momento porque no hubo motivo para ello.


Seguiremos informando puntualmente de próximas convocatorias conforme se vayan desarrollando las negociaciones del ERE

Comunicado de Repulsa contra el ERE y DESCUELGUE del Comité de Empresa de Prosegur Cádiz


MÁLAGA: Renfe premia a un vigilante de seguridad por mantener con vida a un viajero en parada cardiorespiratoria

Renfe entregó una distinción al vigilante de Vinsa Seguridad Alentis, Salvador Guerrero, que el pasado día 2 de diciembre mantuvo con vida, mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, a un viajero que se desplomó en la estación de cercanías Málaga Centro Alameda y que se encontraba en parada cardiorespiratoria.  Durante el acto, que se celebró en la sede de la compañía en Málaga, Fernando Fraile, delegado territorial de la zona A de Seguridad y Protección Civil de Renfe, entregó a Salvador Guerrero la Distinción de Protección Civil, Seguridad y Prevención de Riesgos de Renfe Operadora, en su modalidad Oro.

De esta forma, Renfe reconoce el buen trabajo realizado por el vigilante de Vinsa Seguridad Alentis, que logró recuperar las constantes vitales del viajero y mantenerle con vida hasta que llegaron las asistencias sanitarias. El director nacional de Vinsa Seguridad de Alentis, que también estuvo presente en la entrega de la distinción, Faustino Diez, felicitó al miembro del equipo que presta sus servicios en las Cercanías de Málaga y mostró su satisfacción por contar con personal con tan buena formación y capacitación profesional, como para afrontar una situación de emergencia de forma tan satisfactoria. (SERVIMEDIA)

MÁLAGA: Detenida una menor por intentar salir de un centro comercial con prendas robadas y agredir al vigilante

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una menor de edad tras tratar de salir de un centro comercial de la capital con prendas robadas. Así, se le imputa un delito de robo con violencia, al, supuestamente, agredir al guardia de seguridad que la redujo. Así, tal y como ha informado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 21.50 horas del pasado 25 de enero, cuando la menor traspasó la línea de la caja sin abonar la cuantía de prendas, cuyo valor alcanzaba los 234,90 euros.

La detenida solía coger las prendas, les arrancaba las alarmas y las escondía dentro de su bolso, saliendo del comercio sin pagar. Sin embargo, en esta ocasión, se olvidó de eliminar una de las alarmas, por lo que ésta empezó a sonar cuando intentó salir del establecimiento, han precisado. Tras esto, un vigilante de seguridad se acercó a la menor para llamarle la atención y la joven forcejeó con él, arañándole en la mano derecha. Después, una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos y detuvo a la menor.

ÁVILA: CC.OO, UGT y CSI-F contra la entrada de la seguridad privada en las cárceles

Empresas privadas se han hecho cargo ya de la seguridad exterior en las cárceles de León, Topas (Salamanca) y Valladolid, que antes ejercía la Guardia Civil, lo que motiva la protesta de los funcionarios.

Con medio centenar de participantes ha contado la concentración celebrada a las puertas de la prisión de Brieva bajo la pancarta ‘Prisiones ya no soporta más recortes ni privatizaciones’, en una convocatoria de CCOO, UGT y CSIF. Las funciones de vigilancia exterior lo hacía en estos centros la Guardia Civil, “y pensábamos que iban a hacerlo escoltas, pero hasta en eso nos han engañado”, ha dicho el coordinador regional de CCOO de Prisiones, Teo Movilla, que ha recordado que la seguridad de los centros penitenciarios es responsabilidad del estado.

“Tras comenzar con la seguridad exterior nos tememos que quieren ampliarla al interior”, ha resaltado, y achaca la situación a “los intereses privados de empresas que tienen beneficios con el Gobierno”. Considera que los siete millones de euros dedicados a esta finalidad deberían haberse dedicado a la convocatoria de oposiciones de funcionarios.

Personal Los problemas de personal ya son patentes en las cárceles, tanto en centros nuevos que no puede abrir como en los que funcionan, y estiman que serían necesarias entre 2.000 y 2.500 las plazas necesarias para atender todos los centros de España. En Castilla y León, los centros de Topas, León y Burgos “empiezan a tener problemas, entre jubilaciones y funcionarios en segunda actividad”, ya que “no han convocado ni una sola plaza”. En cada centro el déficit es de entre 60 y 70 funcionarios, y esta situación “crea dificultades en la seguridad” de la cárcel y “para los derechos de segunda actividad” de los funcionarios.

Sin embargo, en el Centro Penitenciario de Brieva “no hay déficit de personal” y la plantilla está ajustada a las necesidades, además que “coyunturalmente” se ha reducido la población reclusa, según Antonio Pascual, responsable de UGT. “Aunque sí seguimos así comenzarán los problemas”, ha añadido, señalando que un guardia privada "tiene el triple de coste que un funcionario público". Las protestas se han suceden desde hace casi un año y los sindicatos instan al Gobierno a sentarse a negociar.

30 de enero de 2014

OTRA Y OTRA MÁS... Eulen y Sabico anuncian el descuelgue del convenio sectorial



SEVILLA: Reunión provincial de sindicatos en el ámbito de la seguridad privada en defensa del convenio colectivo


Los vigilantes de seguridad, entre la espada y la pared

La obligación de cotizar por el plus de transporte ha hecho que las empresas de seguridad privada quieran la congelación salarial de sus empleados hasta 2017. Al negarse los sindicatos, amenazan con descuelgues y despidos.

Las empresas de seguridad privada se están lanzando a la piscina una tras otra. En los últimos días se ha puesto de manifiesto una estrategia para presionar a los trabajadores del sector. En Aragón son 2.100 los vigilantes de seguridad, en toda España más de 100.000. Las intenciones manifestadas por las asociaciones empresariales del sector (APROSER, FES y UAS) de incumplir las condicionales salariales y laborales pactadas con sus trabajadores han liberado una reacción en cadena a la que se están sumando todas las empresas. Empezaron Prosegur y Securitas, las dos grandes del sector, y ya les han seguido otras ocho. Esta ofensiva solo se puede comprender si se interpreta como una demostración de fuerza: O bien aceptan los trabajadores una congelación salarial hasta 2017, o bien se atienen a las consecuencias.

Origen del conflictoEl convenio colectivo actual -válido hasta finales de este año- contemplaba una subida salarial del 4% a principios de 2014. Las empresas ya venían anunciando que no podrían asumir esta subida y elReal Decreto publicado el 21 de diciembre en el BOE les otorgó la excusa definitiva para negarse a cumplir lo pactado.  Bajo el nombre 'Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores', este decreto asienta laobligación de cotizar por conceptos retributivos que antes estaban exentos, como los pluses de transporte. En un momento normal, la medida podría considerarse positiva e interpretarse como una inversión de cara a la futura jubilación del trabajador y las incapacidades temporales por enfermedad. En época de crisis, habrá que ver cuántas empresas no obligan a sus empleados a asumir el coste. 

ReaccionesPocos días después de la publicación del decreto, llegó la reacción de las empresas de seguridad. Calculan que al convertir en cotizable el plus de transporte aumenta un 2,07% el coste salarial y ya han avisado de que, para asumirlo, no solo no están dispuestas a llevar a cabo la subida de salarios pactada, sino que quieren congelar los sueldos hasta 2017 y renegociar otros artículos del convenio. El anuncio llega después de haber reducido en 288 euros los ingresos de sus empleadosen 2013.

Al negarse los sindicatos más representativos del sector (FES-UGT, CC.OO. y FTSP-USO) a aceptar la congelación, las empresas han contraatacado y anunciado su intención de descolgarse del convenio colectivo, modificar las condiciones de trabajo y algunas, incluso, de despedir trabajadores. Sin un convenio colectivo, se abriría la veda para las bajadas salariales, los aumentos de jornada y entraría al terreno de juego el monstruo de la competencia desleal.  "Dicen que el plus de transporte les aumenta los costes un 2,07% y les supone unos 280 euros por empleado y usan esto como excusa para activar los mecanismos que otorga la reforma laboral, descolgarse del convenio y reducir salarios. Pretenden que los trabajadores carguen con todo el coste para que las empresas sean más competitivas", resume Alejandro Gastón, el coordinador de USO Aragón. 

La subrogación, en juegoPara Mar Pelayo, responsable de la Federación de Seguridad Privada del mismo sindicato, el mayor peligro de perder el convenio colectivo es que la subrogación de los trabajadores en caso de cambio de empresa -algo muy frecuente en el sector-, no sería automática. "Cualquier vigilante que lleva más de cinco años en una empresa ha sufrido una subrogación porque los clientes cambian de empresa de seguridad según lo que éstas les ofrecen, pero los trabajadores se mantienen en sus puestos". Emilio Martínez, presidente del comité de empresa de Vinsa augura que sin un convenio colectivo "se desatará una guerra de precios y de sueldos y el empleado perderá la estabilidad".

El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CC.OO., Guillermo García, prevé que todas las empresas del sector se unirán a la ofensiva y se suma a la preocupación de USO en el tema de la subrogación y los salarios: "Si se deja caer el convenio colectivo y se firman convenios de empresa desaparecerá directamente la subrogación y hemos visto en otros sectores que cada empresa contratará a sus empleados". Por eso CC.OO. y USO aseguran que sus sindicatos no firmarán ningún descuelgue del convenio colectivo y tampoco ningún convenio de empresa, en el caso de que estos se propongan.

Antonio López, de FES-UGT Aragón, expone que UGT comprende que una subida salarial del 4% es inasumible pero rechaza la congelación eintentará conseguir una subida del 1,8% en 2014 y del 0,4% a partir de 2015. Su sindicato critica también los métodos de presión 'del todo o nada' utilizados por las empresas de seguridad para ser más competitivas. "Nosotros no producimos tornillos así que para reducir costes atacarán directamente a los salarios".

El Ministerio de Asuntos Exteriores sale al rescate de Prosegur dos días después de comunicar un ERE

Exteriores adjudica a Prosegur la seguridad del ministerio por 2 millones de euros.

Dos días antes de conseguir el contrato, la compañía de vigilancia privada comunicó a la plantilla el despido de trabajadores en todos sus centros de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores sale al rescate de Prosegur. Dos días después de comunicar un ERE a la plantilla, el departamento que dirige José Manuel García-Margallo le ha contratado para que se haga cargo del servicio de vigilancia y seguridad del ministerio. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes oficiales, la Junta de Contratacióndel ministerio ha adjudicado el contrato a la empresa líder de la seguridad privada en España.

Prosegur se encargará de prestar el servicio de vigilancia en las dependencias de Exteriores por casi 2 millones de euros. El contrato entre ambas partes se formalizó el pasado 19 de diciembre. La adjudicación de este contrato se produce al mismo tiempo que la compañía ha anunciado “la intención de iniciar el procedimiento de Despido Colectivo”, aunque sin especificar cuántos de sus empleados en España abandonarán la empresa.

Otro gigante del sector, Securitas, también acaba de anunciar recientemente la apertura del proceso para descolgarse del convenio, lo que se traducirá en una reducción de las condiciones laborales y salariales de sus empleados.


MADRID: Concentración-manifestación para el 7 de febrero convocada por UGT en la sede de Aproser


Publicado por servigilantedeseguridad AQUÍ UGT Madrid convoca una concentracion-manifestación contra los descuelgues, despidos y modificaciones planteados por las empresas del sector, desencadenando la perdida de condiciones laborales y salariales. Los Organizadores de la protesta alegan que el fin de la misma es mostrar la disconformidad de los trabajadores del sector con la situación del Convenio Colectivo y los descuelgues planteados por las empresas de APROSER.



Ver / Descargar comunicación Subdelegación Gobierno

VALENCIA: Prosegur recortará plantilla y congelará salarios

La empresa de seguridad Prosegur ha decidido iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) y de modificación sustancial de condiciones e inaplicación del convenio colectivo. Los sindicatos rechazaron asumir las propuestas de las patronales del sector para descolgarse del convenio y apostar por la congelación salarial por 4 años.

Prosegur cuenta con una plantilla de 3.000 trabajadores en la Comunitat Valenciana, según fuentes sindicales. UGT denuncia que no existe ninguna causa que justifique esta decisión y que se trata de una estrategia coordinada con el resto de empresas del sector para forzar la renegociación del convenio estatal. Esta organización sindical destaca que el convenio estatal ha sido modificado ya en dos ocasiones, «asumiendo en cada una de ellas los trabajadores del sector grandes esfuerzos y perjuicios económicos ».

En 2014 quedó pactado que los trabajadores recuperarían parte del salario reducido en 2013, tras eliminar la empresas pluses de transporte y vestuario en las paga extraordinarias, acuerdo que las patronal quiere ahora incumplir.

BARCELONA: Dos detenidos por agredir a vigilantes de seguridad de la estación de tren El Vendrell

Barcelona, 29 ene (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por agredir a los vigilantes de seguridad de la estación de tren de El Vendrell (Tarragona), informa hoy la policía catalana. Los Mossos detuvieron el pasado 27 de enero a dos hombres, de 33 y 38 años, de nacionalidad española y argentina, vecinos de Barcelona y El Vendrell, respectivamente, como presuntos autores de un delito de atentado a los agentes de la autoridad. Los hechos sucedieron hacia las 17.30 horas, cuando los Mossos recibieron el aviso de que dos personas estaban agrediendo a los vigilantes de seguridad de la estación de tren de El Vendrell.

Inmediatamente, una patrulla se desplazó a la estación y observó, en uno de los andenes del interior, a dos personas muy alteradas con los vigilantes de seguridad. Todo apunta a que estas dos personas cruzaron las vías del tren para llegar al andén y evitar pagar los billetes. Cuando los vigilantes les llamaron la atención, los dos hombres los empezaron a agredir -a uno lo empujaron hacia las vías, chocando con un tren que acababa de llegar a la estación, causándole un golpe en la espalda y en la nariz, y el otro recibió varios empujones-.

Por todo esto, los Mossos los detuvieron por un delito de atentado a los agentes de la autoridad. Uno de los detenidos, al que le constaba una orden de detención e ingreso en prisión del juzgado de Instrucción de Valencia, ha ingresado en prisión, y el segundo detenido pasó ayer a disposición judicial en El Vendrell y el juez decretó su libertad con cargos.

CORDOBA: Amenaza con un cuchillo a los vigilantes de seguridad de un establecimiento y es detenido

La Policia Nacional detuvo el pasado miércoles a un joven de 29 años que amenazó con un cuchillo a los vigilantes de seguridad de un establecimiento comercial de la avenida de Cádiz. Según informó ayer la Policía en un comunicado, los agentes fueron alertados por los vigilantes después de que el individuo lanzara cuchilladas a los presentes tras mantener una discusión con uno de los trabajadores al acceder al local


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29 de enero de 2014

En francia vigilantes y policias trabajan juntos sin problemas. Reportages sur les Vigiles.

El director de la Policía presenta la segunda fase del “Plan Estratégico en Seguridad Privada”

Ignacio Cosidó ha resaltado “la importancia impulsar la colaboración y cooperación en materia de seguridad, promoviendo iniciativas conjuntas que incidan en una mejora y eficiencia de la seguridad pública”  Los principales objetivos de esta segunda fase se centran en la completa implantación de la Administración Electrónica, el aumento de la colaboración nacional e internacional y el Programa Reforma sobre el marco normativo. La Unidad Central de Seguridad Privada, autoridad nacional de control en la materia, tiene por misión el control de las empresas y personal de Seguridad Privada

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha presentado esta mañana la segunda fase de SEGURPRI, el “Plan Estratégico en Seguridad Privada” de la Policía Nacional. Tras el desarrollo de la primera fase de este Plan, el siguiente periodo comprenderá el bienio 2014-2015. Ignacio Cosidó ha resaltado “la importancia impulsar la colaboración y cooperación en materia de seguridad, promoviendo iniciativas conjuntas que incidan en una mejora y eficiencia de la seguridad pública”. Los principales objetivos de esta segunda fase se centran en la completa implantación de la Administración Electrónica, el aumento de la colaboración nacional e internacional y el Programa Reforma sobre el marco normativo. La Unidad Central de Seguridad Privada, autoridad nacional de control en la materia, tiene por misión el control de las empresas y personal de Seguridad Privada.

Durante la segunda fase de SEGURPRI y hasta 2015, la Policía Nacional tiene previsto poner en marcha diversos planes, programas y proyectos de trabajo divididos en tres grandes ejes de actuación:

- Eje de mejora de la gestión administrativa y operativa:

Para continuar mejorando la gestión, tanto en los aspectos administrativos como operativos, se pretende consolidar definitivamente la completa implantación de la Administración Electrónica, con el consiguiente perfeccionamiento de la Base de Datos SEGURPRI. Esta consolidación se llevará a cabo a través de la puesta en marcha de sendas plataformas de comunicaciones electrónicas para el contacto entre las empresas de seguridad y la Unidad Central de Seguridad Privada; y las comunicaciones entre las CRA (Centrales Receptoras de Alarmas), Salas Operativas del 091 y las patrullas policiales que se encuentran en la calle.

- Eje de aumento de la colaboración y de la operatividad:

El objetivo es profundizar en el desarrollo y aplicación del Plan Red Azul, en el que están ya adheridas más de 500 empresas del sector. Para ello se potenciará la lucha contra el intrusismo y la explotación del marco normativo que ampare el compromiso de colaboración del sector privado con la seguridad pública en base a acuerdos de colaboración y notas informativas a los sectores interesados.

Además, se pretende desarrollar la Red Azul Internacional, con el apoyo y colaboración de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional.

- Eje de adecuación del marco normativo:

Durante esta segunda fase se contribuirá a la definitiva aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada. Para ello se elaborará el borrador de Anteproyecto de nuevo Reglamento de Seguridad Privada y las posibles Órdenes Ministeriales y Resoluciones derivadas del mismo. En este eje también se promoverá la integración de los aspectos relativos a la seguridad privada en el articulado del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La seguridad privada en datos

12.388 nuevos vigilantes de seguridad habilitados sólo en el año 2012

En 2012, el número total de vigilantes de seguridad privada habilitados por el Ministerio del Interior ascendía a 223.299, un 15,6% más de los que se contaban en 2011. Sin embargo, el número de vigilantes que estaban en activo descendió de los 89.000 a los 82.150 por la bajada del volumen de negocio del sector, según explica un informe de la patronal de empresas de seguridad privada Aproser. En comparación con las cifras sobre seguridad privada en la Unión Europea, las del Estado español están levemente por debajo de la media, con un vigilante por cada 513 habitantes.


Una ley para impulsar un sector concentrado en 12 empresas

El próximo 5 de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado al proyecto de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó el pasado 10 de diciembre en el Congreso y que amplía las competencias de los vigilantes privados. No ha sido el único cambio en la legislación enfocado a este sector. La reforma del Código Penal presentada por la cartera de Gallardón ya atribuía al personal de seguridad privada elcarácter de autoridad, una “demanda conjunta de todos los agentes del sector”, según señala a DIAGONAL Eduardo Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores empresas de seguridad privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la legislación con los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la seguridad privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500 empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del sector, que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último año.

“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco especializado en instituciones punitivas y autor del libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social. “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio penitenciario”, continúa Oliver.

Entre las empresas más importantes del sector, algunas destacan por su relación con nombres de la política, como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación de 3.670 millones de euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes de cuatro continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad privada. Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8 millones de euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los edificios de la AEAT en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los aparcamientos de camiones y de la zona de cruceros del Puerto de Barcelona. A su cabeza está Helena Revoredo, a través de la sociedad Gubel, en la que también figura como apoderado Pedro Juan de Borbón. Banca March o Bankinter son otras de las entidades relacionadas, al igual que José Mayor Oreja, como da por probado una sentencia del Juzgado de Pri­mera Instancia nº 5 de Vitoria. 

La misma sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre sus directivos con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas por Eulen en 2013 está la de la seguridad y vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Melilla, por 2,9 millones de euros. El 10 de enero la empresa era adjudicataria de un nuevo contrato público para el servicio de seguridad y vigilancia de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Valencia, Ali­cante, Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.

Y también aquí, la Gürtel En 2009, el El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas hizo llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la vigilancia de la Ciudad de la Justicia. Al frente de Serygur estaban el exconcejal de Madrid Ignacio del Río y Álvaro de la Cruz, expresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relacionado con la Gürtel por contratar a Special Events para las asambleas especiales del organismo. Serygur consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros, y también en 2007 recibió otros contratos públicos por al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos por al menos 5,6 millones, según aparece en el BOE, entre los que está la vigilancia de las sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por 2,5 millones. En 2009, antes de pasar a llamarse Alium, recibió el contrato para la vigilancia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por 667.000 euros.

La adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también ha puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con el sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Segurisa, una de las empresas que optaban al contrato de la seguridad del edificio de la Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006 contratos para el servicio de vigilancia del Canal de Isabel II y de Metro de Madrid que sumaban 59 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez, fue diputado y portavoz en la Diputación de Madrid entre los años 1978 y 1982. Pero la empresa que se llevó el contrato de la Puerta del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6 millones de euros, fue Segur Ibérica, en cuyo consejo figuraba hasta 2009, como secretaria no consejera, Marta Gil de Biedma, familiar de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido acusada de fraude por prestar los servicios de seguridad en la Universidad Complu­tense con personal sin licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, y ha comenzado 2014 con un contrato por 452.000 euros para el servicio de vigilancia de las sedes de las Direc­ciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia.

Cuatro contratos en 2014 Pero la empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a contratas ha sidoSeguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez recibió en los diez primeros días de 2014 cuatro contratos públicos que suman 3,3 millones de euros. Un mes antes, Ramírez, que donó 50.000 euros al Partido Popular a través de su empresa Gestiones y Asesoramientos 3000, según aparece en la contabilidad oficial del partido, recibía también un indulto que lo libraba de los tres años de prisión a los que estaba condenado por realizar obras ilegales en terreno protegido.

Otra de las empresas importantes del sector es Castellana de Seguridad (Casesa), cuyo nombre ha saltado recientemente a los medios de comunicación por el trato que dos de sus vigilantes dieron la semana pasada a una pareja francesa en un supermercado Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por la sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por CatalunyaCaixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que no ha afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%, llegando a los 155 millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin de ETA le hizo perder el negocio de los escoltas, que llegó a suponer para la empresa una facturación de 30 millones. 

El final del negocio de los escoltas ha propiciado que las cárceles se conviertan en nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El programa piloto, que empezó en verano en 21 cárceles y en el que participan ocho empresas durante nueve meses, ha costado 7,39 millones de euros, un monto que en gran parte va a ser beneficio directo para las empresas, según un informe de la Unión Federal de Policía, que afirma que la Administración está desembolsando por cada vigilante 3.200 euros al mes, aunque el convenio del sector fija como salario 1.088 euros. Un panorama que, según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles llenas de pobres custodiadas por otros pobres”.

El falso debate de la seguridad privada

La nueva normativa abre el debate sobre un modelo de seguridad basado en la ausencia de garantías.

El pasado 10 de diciembre aparecía publicado, en el Boletín de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados, el proyecto de Ley de Seguridad Privada, aprobado en la Comisión de Interior con los votos de PP, PNV y CIU. Dicha ley sustituirá a la de 1992 y su principal característica radica en quebrar un principio básico instaurado con la creación de los Estados modernos, como es el monopolio de la violencia por parte del poder público.

Los motivos ideológicos para legislar sobre esta materia son claros: por una parte, la crisis económica, que hace adelgazar la estructura del Estado y reducir costes (el Estado español está a la cabeza de Europa en funcionarios de Policía, aunque cuenta con una de las tasas de criminalidad más bajas); por otro lado, reservar la seguridad pública para otro tipo de conflictos. Con el proyecto de ley se am­plían, vulnerando el principio de seguridad jurídica, las competencias, ámbitos de actuación y funciones de los servicios de vigilancia y protección privadas. Se amplían sus espacios de intervención en la vía pública y, por otro lado, abre su intervención incluso a establecimientos de seguridad pública como los CIE, centros penitenciarios y cualquier edificio público.

En cuanto a sus funciones, aumentan notablemente creando servicios “parapoliciales”. El artículo 32 del proyecto establece que los vigi­lantes podrán solicitar la identificación de la ciudadanía, denunciar infracciones administrativas, inclusopracticar detenciones, limitando el interrogatorio a cuestiones filiatorias. A los escoltas se les permite realizar actos que impidan la libre circulación, identificar y detener, incluso en la vía pública, siempre que resulte imprescindible como consecuencia delo que considere un intento de agresión. Se introducen técnicas jurídicas, antes aplicables sólo a la seguridad pública, que aplican una amplia discrecionalidad jurídica para así poder introducir espacios de arbitrariedad. Seguramente esta técnica legislativa se irá ampliando en futuras reformas para equiparar la seguridad privada a la propia policía y así ampliar los espacios de impunidad de estos cuerpos.

¿El modelo que queremos? Con todo este panorama, el debate parlamentario y político se ha centrado en defender el modelo clásico de seguridad pública frente a un nuevo modelo de seguridad privada, con escasa formación de sus trabajadores para las nuevas funciones y en el que el objetivo siempre será económico. Sin embargo, el debate debería ser el propio cuestionamiento del modelo actual de seguridad. Parece que la tendencia de este modelo es que se cree una policía pública para cuestiones de Estado y políticas que ataquen el modelo socioeconómico capitalista, y una policía privada con funciones residuales que recoja el cajón de sastre de infracciones administrativas o delitos menores, y que deben pagar los particulares si quieren mantener esa paz social.

Esta aprobación de la ley debe ser una oportunidad para debatir y cuestionar si queremos este modelo de seguridad, basado en una ausencia de garantías de derechos, en la impunidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en la creación de ficheros ideológicos o en el aumento de la tortura y malos tratos y la muerte en prisiones. Un nuevo modelo de seguridad, imposible en los actuales parámetros socioeconómicos, debe basarse en políticas que promuevan la solidaridad, cooperación, igualdad y justicia, en la erradicación de todas las formas de opresión, explotación y exclusión, y en el que los cuerpos de seguridad sean instituciones imparciales, transparentes y confiables.Éste es el verdadero debate que nos quieren ocultar.

28 de enero de 2014

El Comité de Empresa de Securitas Sevilla rechaza en pleno extraordinario el descuelgue del convenio sectorial


En el pleno extraordinario convocado para el día de hoy del Comité de Empresa de Securitas Seguridad España S.A en su delegación de Sevilla, la representación de los trabajadores ha elaborado escrito de respuesta a la comunicación patronal de fecha 20/01/2014, donde se nos ponía en conocimiento la decisión de descolgarse del actual y vigente convenio colectivo de seguridad privada. (ver AQUÍ)

Por unanimidad de todos los sindicatos con representación en el comité (CSI-F, CC.OO, SPV, USO, UGT Y STS-A) trasladamos por escrito a la dirección de la empresa nuestra total y rotunda oposición a las intenciones de descuelgue del actual marco colectivo (accede al documento AQUÍ)Igualmente se acordó convocar ASAMBLEA INFORMATIVA DE TRABAJADORES para el próximo 5 de Febrero en el salón de actos SUM 2 situado en la 1ª planta del edificio Galia Puerto. Para facilitar la asistencia se han organizado dos convocatorias, una  en horario de mañana (10 H) y otra en horario de tarde (16.30 H). El objeto de la asamblea es informar con todo detalle de la situación en la que nos encontramos y determinar entre todos posibles medidas a tomar para hacerle frente al descuelgue patronal.

El Comité de Empresa y sus respectiva secciones sindicales hacen un llamamiento al conjunto de la plantilla de Securitas Sevilla para que la asistencia a la asamblea del próximo 5-F sea masiva, para que así se puedan tomar con el mayor respaldo posible las medidas adecuadas que la situación requiere (ver comunicado a la plantilla AQUÍ).

El Comité de Empresa de Securitas Sevilla convoca asamblea informativa contra de las intenciones de descuelgue patronal


Vinsa: UGT firma no aplicar los salarios del 2014

27/01/2014 Esta mañana se ha firmado por parte de la empresa y la representación de UGT, el acuerdo de suspensión temporal de la aplicación de las tablas correspondientes al año 2014, esta suspensión impide que los trabajadores vean repercutido los incrementos pactados para el 2014 en su nómina del mes de Enero. Hasta aquí, lo previsible, lo que ya avanzábamos en nuestro comunicado de ayer, UGT en coherencia con su posición en el ámbito del Convenio Sectorial, firma la no aplicación de las tablas salariales hasta Febrero de 2014, todo normal.

Lo imprevisible ha ocurrido cuando CCOO se ha manifestado en contra del referido acuerdo y ha pedido que se reflejase en el acta de negociación, y entonces es cuando la empresa y los representantes de UGT, todos a una como en Fuenteovejuna, deciden que la libre expresión de nuestro Sindicato no se plasme en el acta de la negociación, con argumentos como “ esto no es una mesa de negociación, es una reunión del Comité Intercentros “, “ el Comité Intercentros es un órgano colegiado, y es el que firma el acuerdo” y algunas tan curiosas, máxime procediendo del Director de Relaciones Laborales, José Velasco, como la de “ no queremos que ningún sindicato saque rentabilidad de esto “.

Como podéis ver en el acta desde la primera línea se hace mención a que se está reuniendo la mesa negociadora del Convenio Colectivo de Vinsa y como tal debe levantar acta fiel de lo que en la misma ha ocurrido, con la oposición de CCOO. Erre que erre impidiendo que CCOO exprese que no está de acuerdo con esta inaplicación de las tablas salariales del 2014. Un vergonzoso espectáculo al que hemos tenido que asistir, en primer lugar porque el acta no refleja lo que realmente ha ocurrido, al cercenar la libertad de expresión de una de las partes, la minoritaria por supuesto, pero no por ello la menos importante, y que representa a los trabajadores de Vinsa, con igual legitimidad que la otra, la de siempre.

En segundo lugar,porque un sindicato como UGT ( con alguno de los presentes ostentando el cargo de Secretario General de la FES UGT de Asturias, Fermín De Con), que se dice defensor de los valores democráticos, no debe impedir que otra organización se exprese libremente como minoría, no debe obstaculizar que otra organización exprese libremente sus opiniones, que obviamente no son las mismas que las suyas, no debe hurtar al conocimiento de los trabajadores que su opinión no es compartida por otros, porque eso no es ser democrático. No debe, pero obviamente lo ha hecho esta mañana, en una falta de respeto absoluta hacia el representante de CCOO y hacia los trabajadores que éste representa.

Pero la cosa no queda ahí, han dado por válida un acta que la empresa traía de la mano pulcramente redactada, un acta que incluye personas que no estaban presentes en la reunión, ni al principio ni al final, concretamente dos representantes de la empresa, Pedro Buesa y Faustino Díez. Evidentemente su actitud no va a conseguir que los trabajadores de Vinsa, dejen de estar informados de lo que se teje en todas y cada una de las negociaciones que nos esperen en el futuro, que visto lo visto, poco o nada se va a negociar, como siempre lo que diga la empresa y acepten sin rechistar los representantes de la UGT. Ahí se quedaron festejando el acuerdo en un restaurante cerca de la sede de la empresa.

Carta de un vigilante de seguridad a sus compañeros del sector

Estimados compañeros:

Tras la última acta de la mesa negociadora del pasado 17 de enero, veo la resignación que hay arraigada en este sector, esto no es ninguna sorpresa, viendo la historia desde finales del siglo pasado, este sector va en picado y no hablo de volumen de trabajo os hablo de la CONDENA AL EMPOBRECIMIENTO del colectivo de trabajadores del sector y NO veo indignación, impotencia ni sed de lucha simplemente lo único que veo y escucho es RESIGNACIÓN, evidentemente no se puede generalizar.

Pues hay muchos trabajadores que por su inconformismo natural sus ganas y dedicación por la DIGNIDAD DEL SECTOR y por su DIGNIDAD PERSONAL no están dispuestos a permitir las pretensiones de la patronal sin antes luchar. Ya se les puede tachar de locos, surrealistas y radicales por no querer perder esa dignidad que a muy pocos les queda.

En este país se ha implantado la ley del miedo nos están anulando como personas quitándonos nuestro derecho a la lucha a manifestarse reivindicar nuestros derechos con leyes abusivas, el trabajador de este sector es un borrego que lo único que quiere es que no le falten las horas extraordinarias y es a lo que nos limitamos, a mirar el cuadrante a ver cuántas noches, festivos y horas extraordinarias tenemos, esto es repugnante y vomitivo. Estamos uniendo fuerzas y hacernos escuchar basta ya de hacer caja a costa del trabajador.

La Dirección General de la Policía explora el uso de las gafas Google Glass


Esta herramienta permitiría el acceso inmediato a numerosos datos y al propio desarrollo de la acción policial.

La Dirección General de la Policía explora el uso de las Google Glass en las patrullas como una nueva herramienta que serviría para incrementar la seguridad y eficacia de las intervenciones de los agentes, al permitir el acceso inmediato a numerosos datos y al propio desarrollo de la acción policial. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, se ha interesado por las características de estos dispositivos y su posible utilidad en la actuación diaria de los agentes, en el marco del Plan Estratégico de la Policía para la transformación del Cuerpo en una verdadera seguridad inteligente, a través del proyecto denominado Policía 3.0.

Según informa hoy la Dirección General en un comunicado, las Google Glass permitirían la visualización en directo de las cámaras de seguridad próximas, así como monitorizar y registrar la actuación del agente. También facilitaría el acceso a "Street View" (que ofrece panorámicas de 360 grados de las calles), la captura de imágenes y vídeos para reconocimiento facial, la comprobación de datos o su intercambio con otras patrullas, el acceso a bases de datos policiales o información sobre las unidades comisionadas y servicios de apoyo.

Además podrían integrar sistemas de reconocimiento facial, de gestión de vehículos, bases de antecedentes policiales, archivos de datos documentales, información de normativa penal, policial y procedimental, así como protocolos de actuación, entre otros. También permitiría acoplar un dispositivo a las gafas de los agentes para registrar los incidentes que ocurran durante una intervención e incluso su visualización directa en otras dependencias policiales lo que repercute en un incremento de seguridad e integridad para los agentes y la posibilidad de ofrecer una respuesta según las necesidades de cada situación.

El proyecto Policía 3.0 está implantando un modelo de gestión de la seguridad orientado a la calidad y a la optimización en la asignación de recursos humanos, materiales y económicos. Esta gestión eficiente reclama una progresiva adaptación de medios materiales e infraestructuras a las demandas de renovación, adecuación y modernización de las que dispone el Cuerpo Nacional de Policía. Dentro de ese objetivo de modernización y adaptación, la Dirección General de la Policía se ha interesado por las ventajas operativas y de investigación que aportaría la incorporación de las Google Glass en áreas de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial e incluso Policía Científica, donde facilitaría el reconocimiento, registro y cotejo de pruebas en inspecciones oculares.

USO denuncia que la Fundación de Riesgos Laborales le deniega fondos para dárselos a CCOO, UGT y CEOE

Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este lunes que la Fundación de Riesgos Laborales, entidad de carácter público estatal, le deniega "sistemáticamente" recursos para los proyectos que presenta a fin de concederle estos fondos a las organizaciones miembro de su patronato: CC.OO.,UGT y CEOE, entre otros.

Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado este lunes que la Fundación de Riesgos Laborales, entidad de carácter público estatal, le deniega "sistemáticamente" recursos para los proyectos que presenta a fin de concederle estos fondos a las organizaciones miembro de su patronato: CC.OO., UGT y CEOE, entre otros. "De igual modo que en ocasiones anteriores y a pesar de la calidad de los proyectos elaborados se ha alegado insuficiencia presupuestaria para no aprobar las acciones presentadas por USO", ha criticado la USO, que ha añadido que esta "insuficiencia presupuestaria" es el resultado del reparto previo de los fondos entre las entidades del patronato de la Fundación.

USO ha resaltado en un comunicado que en el informe que realizó el Tribunal de Cuentas sobre la Fundación, recientemente presentado en el Congreso de los Diputados, "se alertaba de un posible reparto previo en la asignación de recursos, no previsto legalmente, así como de la clara distorsión en la asignación de recursos al ser los beneficiarios juez y parte". Según el sindicato, la distribución de los fondos de este año es "casi idéntica" a la de ejercicios anteriores. En el caso de las acciones directas, CC.OO. y UGT recibirán cada una el 24% de los fondos (588.090 euros en ambos casos), mientras que la CEOE contará con el 50% del presupuesto (1,2 millones de euros). El 2% restante es para el sindicato CIG, también presente en el patronato, con 45.195 euros.

En el caso de las acciones indirectas territoriales, USO apunta que el 47% de los fondos (6,4 millones) son para la CEOE, mientras que las organizaciones sindicales CC.OO. y UGT se quedan cada una con 3,6 millones de euros, el 26% del presupuesto. A la CIG, por su parte, le corresponde el 1% de los fondos, con 131.361 euros. "Según el Tribunal de Cuentas, el procedimiento de solicitud y concesión de las acciones podría ser contrario a los principios de concurrencia, transparencia, objetividad y no discriminación que deben regir a las entidades públicas", ha argumentado USO.

El sindicato ha pedido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como responsable de los fondos públicos que gestiona la Fundación, que ante este reparto "arbitrario" tome medidas e imponga criterios "de calidad, objetivos y transparentes en la asignación de recursos". "El dinero público destinado a la Fundación debe emplearse para promover la prevención de riesgos laborales y no para beneficiar a las entidades que forman parte de su patronato", concluye USO.

CORDOBA: La Policía Nacional detiene a un individuo tras amenazar con arma blanca a los empleados de un comercio

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo de 29 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un individuo de 29 años, como presunto autor de un delito de amenazas graves. La actuación policial tuvo lugar sobre las 12 horas del pasado día 22, tras recibirse una llamada en la Sala Operativa del 091 en la que se alertaba de que los vigilantes de seguridad de un establecimiento comercial tenían problemas con una persona, y que esta incluso les había exhibido un arma blanca, a la vez que les amenazaba con usarla de forma violenta.


Por tal motivo se comisionó rápidamente hasta el lugar a un indicativo policial, cuyos integrantes a su llegada se entrevistaron con los mencionados vigilantes, reiterándoles estos que momentos antes un individuo, cuando iba a acceder al local, había mantenido una discusión con uno de los trabajadores, y sin mediar palabra le esgrimió un arma blanca, llegando a amenazar con usarla, no dudando incluso en lanzar en varias ocasiones cuchilladas a los allí presentes, marchándose precipitadamente del lugar al escuchar como uno de los testigos de los hechos daba aviso de todo lo ocurrido a la Policía.

Ante tal relato, los agentes iniciaron las pertinentes gestiones para tratar de localizar al presunto agresor, dándose la particularidad de que aún se encontraba a escasos metros del lugar de los hechos, logrando los actuantes intervenirle, en un cacheo superficial de sus prendas de vestir, el arma utilizada, de unos 10 centímetros de hoja, razón por la cual fue inmediatamente detenido.

27 de enero de 2014

Comunicado estatal de UGT seguridad privada


¡QUIEN NO OS CONOZCAN QUE OS COMPREN! Los trileros de la seguridad privada vuelven a las andadas

Ya van tarde porque se les esperaba desde el pasado 20 de enero, pero claro no han entrado en escena hasta que no han recibido el Ok. de quienes mueven sus hilos  Los trileros de la seguridad privada vuelven a las andadas y empiezan a movilizarse. Ahora van y dicen que se preparan para enfrentarse a la patronal del sector en todos los frentes, tanto sindicales como jurídicos. ¡A buenas horas! Y todo ello después de haberles firmado y re-que-te-firmado a la patronal varias bajadas de convenio, la última de ellas apenas hace 10 meses, con toda la profesión en contra de ellos. ¿No os acordáis del convenio qué firmaron escondidos en un hotel a las afueras de Madrid?.

¿A quiénes intentan convencer después de haber acordado con la patronal un aplazamiento temporal de las tablas salariales que tenían que haber entrado en vigor el pasado 1 de enero? Ahora van y nos dicen que están preparados para hacer frente a las agresiones empresariales, con todas las consecuencias. ¿Alguien los creen todavía? Nosotros no. Habrá que recordarles a los trileros de la seguridad privada que los culpables de la situación en la que nos encontramos son la patronal y aquellos quienes han apoyado tan servilmente sus postulados. ¿Hace falta poner siglas? Creemos que no. Todo el mundo sabe quiénes han vendido en repetidas ocasiones al colectivo de trabajadores de la seguridad privada. Quién no conozcan a estos prendas que los compren, nosotros no, porque son el mayor cáncer que ha tenido nuestra profesión en toda su historia.

Eso si, que nadie se preocupe porque la diversión está asegurada. Vendrán más absurdos y delirantes comunicados que tratarán de volver el mundo del revés para presentarse ellos, los más representativos, como la punta de lanza reivindicativa frente a las agresiones patronales ¡Habrase visto cosa igual! Como si pudiesen borran de un día para otro a su antojo todos los engaños y las atrocidades que llevan cometiendo para contentar a sus jefes y seguir ellos medrando...

Después del ERE en Coca-Cola, el 2014 sigue con el de Prosegur

La compañía no ha especificado a cuántos de sus empleados en España quiere despedir

Después del ERE de la Coca-Cola, 2014 suma y sigue con el anuncio de otro despido masivo, esta vez en una de las empresas líderes de la seguridad privada, Prosegur SL. La compañía ha comunicado este viernes a los trabajadores "la intención de la empresa de iniciar el procedimiento de Despido Colectivo", aunque no especifica a cuántos de sus varios miles de empleados en España quiere despedir.

La misiva, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.ES, anuncia además que la empresa pretende iniciar los procesos de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo e Inaplicación de Convenio Colectivo, para descolgarse así del convenio de la seguridad privada en España, como le permite la última reforma laboral, algo que afectará "a la totalidad de los centros". En su carta, Prosegur emplaza a los representantes sindicales a constituir en un plazo de siete días lacomisión de interlocutores en el proceso, que de todos modos puede seguir adelante sin este trámite.

Prosegur sigue así los pasos de otra gigante del sector, Securitas, que acaba de anunciar también esta semana a su plantilla la apertura del proceso para descolgarse del convenio, lo que se traducirá en una reducción de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Los ejemplos de Securitas y Prosegur previsiblemente animarán a otras empresas del sector a imitarlos. Una fuente de los trabajadores en Prosegur ha explicado a ELMUNDO.ES que de hecho ya se estaban produciendo numerosos despidos con un "ERE encubierto" en los últimos meses que, por ejemplo, ha afectado en los últimos meses a alrededor de un 10% del alrededor del medio millar de los empleados de la sede de Sevilla. En varios de estos casos, los despidos han sido recurridos por los afectados alegando que Prosegur ha esgrimido para ello como excusa supuestas faltas profesionales sin probar.

¡OJO! A partir del 15 de Febrero las empresas tendrán que aplicar las tablas salariales previstas para el 2014

Por servigilantedeseguridad.blogspot.com AQUÍ PROSEGUR, al igual que Securitas, ha comenzado a repartir notificaciones para iniciar el descuelgue del convenio, además de comenzar un proceso de despidos colectivos.Tambien se prevé que en breve comuniquen su intencion de descuelgue: SEGUR IBERICA, CASESA, ALERTA-CONTROL, GARDA SEGURIDAD y otras tantas que también se sumarán a la amenaza hecha realidad de APROSER. Este proceder de la parte empresarial, que a todas luces es injustificado, responde a la negativa por la parte social de la mesa negociadora de aceptar “nuevas rebajas salariales” en el convenio 2014-2017.

Los trabajadores del sector de seguridad privada no podemos ceder más, ya hemos hecho un esfuerzo más que sobrado; en los últimos 15 años hemos sufrido una pérdida del 25% de poder adquisitivo. Estos descuelgues generalizados esconden además un plan oculto de competencia desleal hacia el resto de las empresas. Con independencia de estos anuncios de descuelgue y hasta que sean efectivos, a partir del 15 de Febrero será de obligado cumplimiento para la empresas la aplicación de las tablas salariales previstas para 2014 en el convenio vigente 2012-2014, además, con carácter retroactivo al 1 de Enero. (Si no hay acuerdo previo de la Mesa Negociadora). Esto es así en virtud del acuerdo pactado por la Mesa Negociadora del convenio 2014-2017 en la reunión del 20-12-13 (Acta 3 AQUÍ).

Dicho acuerdo quedó registrado y publicado en el registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo según Resolución de 10 de Enero de 2014 de la Dirección general de Empleo. (Publicado en BOE 24-01-14 AQUÍ).

Revista News ADSI Flash Nº 371 (26 de enero de 2014)


MURCIA: Multan con 360 euros a un joven que robó una sudadera y agredió al vigilante de un centro comercial

La Audiencia Provincial confirma que el acusado cogió una sudadera de un establecimiento de La Noria y que en su huida hirió al guardia de seguridad

La Audiencia Provincial de Murcia confirmó la sentencia de un Juzgado de lo Penal que condenó a un hombre a dos multas de 180 euros cada una por intentar apoderarse de una sudadera en un establecimiento del complejo comercial La Noria y de agredir al vigilante que lo descubrió. El Juzgado de lo Penal, como se recoge en la sentencia, declaró probado que los hechos ocurrieron el seis de marzo de 2009, cuando el acusado fue abordado por el vigilante cuando se disponía a salir del local.

Cuando fue invitado a pasar a una sala para proceder a su registro, reaccionó agrediendo al vigilante, al que causó lesiones que tardaron en curar once días. La sentencia, que ahora se ve confirmada por la Audiencia Provincial, condenó al acusado a dos penas de un mes de multa, con una cuota diaria de seis euros, por sendas faltas de hurto en grado de tentativa y lesiones.

26 de enero de 2014

Segur Ibérica se suma a la amenaza patronal de descuelgue

En la misma línea que lo hicieran días atrás Securitas y Prosegur, la compañía Segur Ibérica también ha trasladado a la representación de los trabajadores su intención de negociar modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo, ante los costes "inasumibles" que debe soportar la empresa de no re-negociarse un nuevo convenio colectivo, como dice en su comunicación remitida con fecha 23 de enero. (Ver comunicado en el blog de CC.OO Segur Ibérica Bizkaia)

En concreto, el escrito se refiere a la nueva obligación de cotizar por los pagos en especie que reciben sus empleados y al incremento salarial vegetativo, que supone, según la empresa, un incremento cercano al 8% de los costes. Por todo ello, apuesta por iniciar cuanto antes un proceso de negociación a nivel nacional para buscar soluciones de carácter colectivo que aseguren la supervivencia de la compañía.

Como parece claro que las decisiones adoptadas por las principales empresas del ramo de la seguridad privada son parte de una estrategia de Aproser, se prevé que seguirán apareciendo nuevas comunicaciones de descuelgues en otras empresas.

Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía contra el ERE DE Securitas en Cádiz.

Dice la Sala, que con carácter general debe admitirse cierta libertad decisoria por parte de la empresa al seleccionar trabajadores afectados por el despido colectivo, en cuanto no es sino otra manifestación más del poder de dirección y organización que corresponde al empresario. Tratándose de un despido colectivo, posterior a la reforma del RD 3/2012, no existe precepto alguno que imponga la obligación a la empresa de exponer que concretas razones han determinado la elección del trabajador afectado. Por tanto entiende que la carga de la prueba se invierte, siendo el trabajador quien debe acreditar que se le ha vulnerado un derecho fundamental. 

El tribunal da por bueno los criterios empleado por la empresa en la selección de los trabajadores afectado por el ERE, y que expusieron en la memoria explicativa: la designación de los trabajadores afectados por la cancelaciones o reducciones de los servicios que sirvieron de base a la decisión, y además contenía otros criterios a tener en cuenta para la designación de los trabajadores afectados, como son las incidencias detectadas en la evaluación continua del empleado a través de las inspecciones periódicas que se realizan en los centros de trabajo por los inspectores, tal como refleja el sistema de gestión de calidad.

Concluye, que el criterio utilizado por la empresa obedece a un principio razonable y coherente con los fines buscados, sin que evidencie criterios de mera arbitrariedad, fraude de ley o abuso del derecho. Baja la Sentencia.

HEMOS PERDIDO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA EL ERE DE SECURITAS EN CÁDIZ, PERO LO DIGA EL TSJA O QUIEN LO DIGA, ESTO HA SIDO UNA INJUSTICIA

SERÁ LEGAL... PERO ES INJUSTO. 



Real como la vida misma


SEVILLA: Dueños de academias de formación protestan para que la Junta de Andalucía reanude los cursos laborales

Encontrar empleo o reciclarse laboralmente haciendo un curso gratuito público para ser asistente de pruebas de sistemas de avión, cuidador especializado de enfermos de alzheimer o auditor energético es imposible en Sevilla (como en el resto de Andalucía) desde hace casi dos años. Desde finales de 2011 la Junta de Andalucía, acuciada por la necesidad de recortar el déficit presupuestario y responder al escándalo en las facturas falsas de UGT, no convoca ayudas del programa de formación para el empleo, con las que los sindicatos, la patronal CEA, los ayuntamientos, las asociaciones y las academias privadas de enseñanza impartían cursos profesionales gratuitos, dirigidos sobre todo a los parados. A ello se une que la mayoría de los últimos cursos que se aprobaron siguen sin impartirse.

De la convocatoria de ese año, para ejecutar a lo largo del siguiente, en 2012, quedan pendientes de realizar 576 cursos, dos tercios del total, debido a que la Junta no ha pagado aún el dinero comprometido para poder iniciarlos, explica el presidente provincial de la asociación de academias privadas Cecap, Fernando Parejo. Cuando comiencen al fin, confía que este año, esos 576 cursos para la provincia que siguen en el limbo permitirán formarse a 8.640 personas, a razón de 15 alumnos por programa. Parejo destaca que muchos de esos cursos, de 800 horas cada uno y seis meses de duración, tenían compromiso de contratación de la mayor parte de sus alumnos. Aunque no dispone de la cifra exacta, calcula por lo bajo que aunque sólo el 10% de los alumnos tenga asegurado el trabajo al final del curso, eso supondría unos 900 trabajadores más, 900 parados menos.

Es una de las razones que su colectivo ha esgrimido esta semana en su reunión con el delegado de Educación de la Junta para reclamarle que desbloquee cuanto antes los pagos atrasados para que tanto las academias privadas como los sindicatos, la patronal o los ayuntamientos puedan realizar los cursos ya programados. El paso siguiente, añade, es que la Junta reanude el programa de formación para el empleo con una nueva convocatoria de ayuda en 2014, tras dos años de sequía. Dice que el delegado, Francisco Díaz Morillo, les explicó que su departamento está desbordado desde que la Consejería de Educación asumió en abril de 2013 la competencia de la formación laboral que antes tenía la de Empleo, pero que les aseguró que los cursos pendientes empezarán en los próximos meses.

La Delegación y Cecap han acordado crear una Mesa de la Formación por el Empleo y retomar los cursos según este orden de prioridad: primero los que tengan compromiso de contratación de los alumnos, después los del sector de aeronáutica, los que ya tienen todos los alumnos apuntados y estás listos para empezar, y por último el resto. La reanudación de los pagos para estos cursos subvencionados permitiría, explica Fernando Parejo, no sólo formar durante seis meses a cerca de 9.000 personas en una provincia con 250.799 parados, sino volver a dar trabajo a los profesores y gestores de las empresas y entidades que los impartían hasta que la Junta cerró el grifo y que se han quedado en paro desde 2012 e incluso han tenido que echar el cierre. Cecap calcula que la Junta aún debe pagar unos 9 millones de euros de las ayudas concedidas en 2010 y 2011, sólo en la provincia de Sevilla. De momento, dice, «sólo hay dos cursos con fecha ya de inicio, los dos de CCOO». El resto sigue a la espera. Desde hace tres semanas protestan con una pitada cada lunes por la mañana ante la Delegación de Educación.

El catálogo de esos cursos pendientes de ejecución incluye, por ejemplo, 25 de Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, 15 de Auxiliar de Enfermería en Geriatría, 40 de Inglés de Atención al Público, 16 de Inglés de Gestión Comercial, 22 de Iniciación a la Red de Internet, 26 de Montaje en diferentes sectores (instalaciones aeronáuticas, eléctricas, solares, sistemas microinformáticos), tres de Márketing, tres de Técnico de Sistemas de Energías Renovables o nueve de Vigilante de Seguridad Privada.

FUENTE: elmundo.es AQUÍ

25 de enero de 2014

Securitas y Prosegur preparan recortes en sus plantillas en vísperas de asumir competencias públicas

La Ley de Seguridad Ciudadana, que permitirá a los agentes privados vigilar el exterior de las cárceles y detener en la calle, entrará en vigor en los próximos meses. Sin embargo, dos de las mayores compañías del sector, Prosegur y Securitas, preparan un ERE y el descuelgue del convenio colectivo, según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F). "Estas decisiones injustas y abusivas se producen en vísperas de la nueva Ley de Seguridad Privada, actualmente en trámite en el Senado", advierte el sindicato, con experiencia en este sector privado y al que no le "parece razonable" que "por un lado se amplíen las competencias a estos trabajadores y por otro se les rebajen las retribuciones y condiciones de trabajo".

Securitas emplea a unas 22.000 personas en España, mientra que la plantilla de Prosegur ronda los 28.000 trabajadores. "Prosegur ha comunicado hoy mismo su intención de iniciar el procedimiento de Despido Colectivo, así como la modificación sustancial de condiciones e inaplicación del convenio en todos los centros de la empresa", anuncia CSIF. Por su parte, "Securitas también ha anunciado a sus trabajadores su intención de 'descolgarse' del convenio colectivo" por la situación económica y productiva de la empresa.

"En los últimos 15 años, los trabajadores del sector han sufrido una pérdida del 25 por ciento de su poder adquisitivo", calcula CSIF, que denuncia un intento de "competencia desleal" de estas empresas.