Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de abril de 2014

SEVILLA: Segur Ibérica condenada por vulneración del derecho a la Libertad Sindical



FUENTE: Sección Sindical de CC.OO en Segur Iberica Madrid AQUÍ El Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla condena a Segur Ibérica por vulneración del derecho a la libertad sindical por imponer la presencia de representantes de la empresa en las reuniones de trabajadores.

LEÓN: Los sindicatos temen el "descuelgue" masivo del convenio para la seguridad privada

Algunas empresas ya comienzan a aplicar recortes por debate del marco estatal y temen la incursión en las adjudicaciones de seguridad privada "pirata"

Representantes de varios sindicatos han realizado este martes una protesta ante la sede del Catastro de León, cuyo vigilante de seguridad, de la empresa Alcor, ha denunciado su situación laboral, después de que la compañía le aplicara unas condiciones laborales por debajo del convenio estatal. En concreto, según el responsable de Seguridad Privada del sindicato UGT, Gregorio Fernández, ha explicado que se le ha aplicado una rebaja de 250 euros sobre una nómina de mil, que implica que los empleados de esta empresa, que se encuentran afectados por esta situación a nivel de todo el país, deban realizar horas extras para alcanzar un sueldo que le permitan mantenerse.

“No puedes descansar cuatro días y, después, trabajar doce horas. Así, ni conciliación familiar ni nada”, ha lamentado Fernández, que ha puesto en esta situación un temor generalizado: que las empresas del sector de la seguridad privada comiencen a descolgarse del convenio estatal. Además, ha puesto la voz de alarma sobre la incursión de empresas que ha calificado de piratas en los servicios que se prestan a las administraciones, y que ofrecen condiciones inferiores a ese convenio marco. Esta situación podría afectar a buena parte de los 700 trabajadores de seguridad privada de la provincia de León, contratados por 21 empresas del sector.

MELILLA: Multan con 30 euros a los inmigrantes que agredieron a un vigilante de seguridad del CETI

Uno de ellos agarró por el cuello a un vigilante de seguridad mientras un familiar suyo instigaba a otros sirios a lanzar piedras contra el control de seguridad. La Guardia Civil tuvo que intervenir.

El último incidente registrado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) el pasado jueves en el que resultaron detenidos dos ciudadanos sirios, se saldó en la mañana de ayer con una multa de 30 euros para cada uno por una falta de amenazas. Ambos, asistidos de un abogado, se declararon culpables y aceptaron la sanción previamente pactada con el Ministerio Fiscal durante el juicio celebrado en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1. La víctima de la agresión y denunciante, un vigilante de seguridad del CETI, no quedó contento con la resolución, pues según dijo ante la juez: “Me han intentado matar”.  Aseguró que uno de los sirios denunciados le agarró del cuello, mientras que el otro, un familiar suyo, instigaba a otros inmigrantes de su misma nacionalidad a participar en el altercado. Testigos presenciales de los hechos y compañeros del denunciante aseguraron a este diario que un grupo de ciudadanos sirios comenzó a lanzar piedras contra el control de seguridad de la puerta del CETI, donde normalmente trabajan los vigilantes. La Guardia Civil tuvo que intervenir en la refriega protagonizada por los dos sirios detenidos.

El origen del incidente La causa del incidente fue que uno de los dos sirios detenidos intentó saltarse la cola de espera para entrar al comedor. Teniendo en cuenta que en el CETI residen más de 1.800 inmigrantes, las colas para entrar en el comedor en hora punta son importantes.  Las dificultades y sobrecarga de trabajo que tienen que soportar los empleados del CETI son conocidas. De hecho, El Faro se ha hecho eco frecuentemente de los problemas e incidentes en los que tienen que intervenir y resolver trabajadores de las diferentes áreas y, especialmente, los vigilantes de seguridad.

La intervención de la Benemérita El trabajador agredido, al ver que el ciudadano sirio intentaba pasar al comedor sin esperar su turno, le sacó de la cola y le llevó a las dependencias de la Oficina de Mediación. Allí, junto con la mediadora, trataron de explicarle que tenía que aguardar su turno para comer. Lejos de entrar en razón, según la declaración del vigilante, el inmigrante sirio comenzó a vociferar. Salió de la oficina y gritando llamó a otros conciudadanos suyos. Empezó entonces un forcejeo con el vigilante de seguridad en el que éste asegura que el sirio le agarró del cuello.  Otros compatriotas acudieron al lugar y comenzó una reyerta en la que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Uno de los agentes consiguió reducir a uno de los ciudadanos sirios y junto a él, se llevó a otro más detenido.

Poco antes de comenzar el juicio de faltas, celebrado ayer, el abogado defensor de los dos sirios les informó de la oferta del Ministerio Fiscal, una multa de 30 euros para cada uno por sendas faltas de amenazas. “Queremos contar la verdad de lo que ha pasado”, afirmó uno de ellos. Sin embargo, el letrado les informó que, de celebrarse el juicio y escuchar sus testimonios, la sanción podría ser mayor.  Finalmente, ambos se conformaron con aceptar la acusación y los 30 euros de multa, aunque si no abonan esta cantidad podrían ingresar en prisión.

El vigilante no le pegó una paliza al ciudadano sirio La aceptación de la acusación por parte de los dos sirios detenidos el pasado jueves tras la refriega con los vigilantes de seguridad, contradice la versión que ofrecieron el día de los hechos otros compatriotas sirios. Una inmigrante del CETI comentó a El Faro que la pelea se originó en el comedor y que un vigilante de seguridad le dio una paliza a uno de los sirios detenidos. Sin embargo, en el juicio quedó claro que la agresión fue a la inversa y fue el vigilante de seguridad el que fue agredido por uno de los sirios detenidos. De hecho, la víctima (el vigilante) aseguró que aún tiene molestias porque su agresor “le agarró por el cuello”.

29 de abril de 2014

Securitas Direct formará a treinta licenciados con su segundo programa de becas

Securitas Direct ha puesto en marcha su segundo programa de becas 'Verisure', que elevará el número de beneficiarios respecto a la anterior edición de forma que seleccionará y formará a treinta jóvenes licenciados, según informó la firma de alarmas.

Con este nuevo plan de becas, que sucede al que estrenó en 2013 con buena acogida, el grupo busca preparar a jóvenes universitarios para su primera experiencia laboral. Securitas Direct pretende asimismo "detectar jóvenes talentos y formarles en un programa de alta cualificación profesional". Para ello, ofrece a los seleccionados "la oportunidad de empezar su carrera profesional en la compañía con mayor innovación tecnológica dentro del sector de la seguridad".

La compañía de alarmas lanzará este programa en las diferentes universidades españolas en el ámbito nacional y en colaboración con Universia, la mayor red de universidades presente en 23 países de Iberoamérica, que cuenta con un total de 1.262 universidades socias. Los interesados en participar en el programa de becas 'Verisure' pueden presentar su solicitud en la web corporativa de Securitas Direct. Los requisitos para optar a ellas son ser licenciado o recién licenciado sin experiencia profesional y con alto nivel de inglés.

Las oficinas de empleo sienten desprotección al no tener seguridad privada a pesar del aumento de agresiones

El Gobierno asegura a los funcionarios y laborales del antiguo Inem ante el aumento de agresiones

El Ministerio de Empleo ha puesto en marcha una póliza de seguros para los funcionarios y empleados públicos de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) que tramitan las prestaciones por desempleo ante el aumento de agresiones verbales y físicas.

El Gobierno ha extendido desde el 1 de abril el protocolo contra las agresiones en la Administración creando una póliza de seguros colectiva para atender las agresiones en las oficinas de empleo por denegar la prestación y ha puesto en marcha un teléfono especial para denunciar las crecientes agresiones sufridas por los trabajadores públicos ante el aumento del paro. La puesta en marcha de este protocolo "hace frente a las situaciones conflictivas que afrontan a diario las personas que trabajan de cara al público y que por tanto atienden a personas en muchos casos, en situación desesperada por estar en paro y en ocasiones, carecer de derecho a prestaciones o subsidios", señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).

El seguro garantiza los gastos judiciales de la denuncia y la defensa penal y daños y perjuicios, y da cobertura a años corporales, daños inmateriales de agresión verbal (insulto, amenaza, intimidación o coacción), daños al vehículo del trabajador público y perjuicios derivados de los anteriores. En todos los casos, la agresión tiene que tener una relación directa con el ejercicio profesional amparado por la póliza. "CSI-F ha obtenido el compromiso de la Administración para poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a estos casos en el conjunto de las administraciones públicas, dado que desde el comienzo de la crisis este tipo de situaciones conflictivas ha ido en aumento", señala el sindicato en una nota de prensa.

Esta póliza se pondrá en marcha en una primera fase en las oficinas de empleo y "dará asistencia letrada específica garantizando los gastos judiciales y las reclamaciones de daños y perjuicios ante daños corporales, insultos, amenazas, intimidaciones o coacción, daños materiales al vehículo de su propiedad o perjuicios patrimoniales". En caso de agresión física, Empleo ha habilitado el número de teléfono 902 42 56 27, que facilitará comunicación con un abogado para que les informe de sus derechos ante una eventual agresión.

La denegación de solicitudes, principal motivo de agresión Un informe elaborado por la Administración señala como principales causas de incidentes la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdos con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora. El año pasado se reportaron 124 casos de agresión, en su mayor parte, verbales (ver informe adjunto), aunque según CSI-F las comunicaciones no reflejan la realidad, ya que "sólo en el último año se han llevado a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público y se producen llamadas a la policía prácticamente a diario".

De los 124 casos registrados de violencia en el puesto de trabajo tan sólo se denunciaron un 23,58%. En un 37,40% de los casos, se resolvió el problema sin que tuviera que intervenir ni las Fuerzas del Orden Público ni la empresa de seguridad contratada en la oficina de empleo. En el 15,45% de los casos reportados intervino la policía, en un 15,45% intervino la Empresa de Seguridad y en el 31,70%, ambos, señala el informe. De los juicios celebrados hasta la realización del informe, en dos de ellos se dictó sentencia favorable al trabajador y otras, el demandado fue absuelto. "El problema es que la inmensa mayoría de los trabajadores no lo denuncia por miedo o por creer que una denuncia no servirá para nada", explica el CSI-F. Por eso algunos empleados agredidos -más mujeres que hombres, ya que son mayoría en la plantilla -sufren "ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas".

El descrédito profesional, detrás de los ataques El informe, que se ha hecho hoy público con motivo del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, se hace eco de nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado, tales como la grabación con el móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales, que muchas veces se cumple. Para CSI-F, estos ataques tienen su explicación en que "desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio en la que se nos ha responsabilizado directamente de las causas de recesión, poniéndose en cuestión nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social".

Movilizaciones contra AENA y EULEN SEGURIDAD en el Aeropuerto de A Coruña

El Comité de Empresa de Eulen Seguridad S.A. (A Coruña) inicia el 5 de mayo un calendario de movilizaciones en el Aeropuerto de Alvedro (A Coruña) ante el acoso laboral y la represión sindical que ejerce AENA y EULEN SEGURIDAD. Los sindicatos UGT, USO, CIG y USTG comenzarán este lunes día 5 de mayo a las 13:00 con la primera de las concentraciones previstas por la negativa de ambas empresas al diálogo y la pasividad demostrada ante los hechos denunciados por la representación legal de los trabajadores.

La plantilla de seguridad trabaja bajo el mando despótico de su coordinador de servicios que utiliza el menosprecio y la amenaza como herramienta de trabajo. AENA a través del Director y del Jefe de Seguridad del Aeropuerto, han permitido que este mando intermedio haga y deshaga a su antojo sin ningún control con el consentimiento de la empresa prestadora del servicio.

Revista News ADSI Flash Nº377 (20 de abril de 2014)


28 de abril de 2014

MÁLAGA: Denuncian a Eulen por no formar a personal de seguridad en hospitales

El sindicado CC OO ha denunciado que la empresa Eulen Seguridad, que da servicio al complejo hospitalario regional de Málaga lleva tres años sin formar a sus trabajadores y, por tanto, incumpliendo la normativa vigente y el contrato de arrendamiento con el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Desde la sección sindical de Comisiones Obreras de Eulen Seguridad se ha dirigido un escrito a la gerencia del Hospital Regional, al que ha tenido acceso EL MUNDO de Málaga, donde exige «que se ejerzan las medidas disciplinarias» precisas contra Eulen para obligarle a cumplir el contrato y que forme a los vigilantes de seguridad asignados a todos los centros sanitarios de la provincia. Se trata de una plantilla de 112 vigilantes distribuidos entre el hospital regional universitario de Málaga (antiguo Carlos Haya), el Virgen de la Victoria (Clínico), el hospital de Antequera, las áreas de gestión sanitaria del Norte de Málaga, Este, Axarquía y Serranía y el distrito sanitario Málaga.

Comisiones también pregunta en dicho escrito a la administración si se va a exigir a Eulen que devuelva el dinero público que se ha ahorrado supuestamente al no facilitar los cursos de formación a sus trabajadores, y que según los cálculos del sindicato rondan los 80.000 euros. Según la denuncia, el actual reglamento de Seguridad Privada establece, en su artículo 57 sobre Formación permanente, que para mantener «la aptitud y conocimientos necesarios para el ejercicio de las funciones atribuidas al personal de seguridad privada», las empresas, a través de los centros de formación autorizados, deben garantizar la asistencia de su personal para su «actualización en las materias que hayan experimentado modificación o evolución sustancial, o en aquellas que resulte conveniente una mayor especialización».

Se recoge además que los cursos de actualización o especialización «tendrán una duración, como mínimo, de veinte horas lectivas; cada vigilante deberá cursar al menos uno por año, y se desarrollarán en la forma que determine el Ministerio del Interior». Desde la dirección del complejo hospitalario y sanitario de Málaga confirmaron a este periódico la recepción del escrito, pero esgrimieron que se trata de un «conflicto de la empresa con sus trabajadores», aunque el hospital se compromete a «solicitar a sus responsables información relacionada con el plan de formación destinado a estos trabajadores, en base a la normativa vigente en esta materia». Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que el rendimiento de esta empresa «se encuentra dentro del contrato establecido, sin que haya habido ninguna incidencia hasta el momento en el desempeño de sus funciones».

No obstante, la obligación de la formación de los empleados -con 20 horas anuales por vigilante- queda recogida también en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares elaborado por el SAS al señalar que la adjudicataria «deberá garantizar en todo momento que su personal posee el adecuado nivel de formación y capacitación específico para desarrollar el servicio en óptimas condiciones físicas, psíquicas y de entrenamiento». Además, se especifica que los vigilantes «deberán superar los cursos de reciclaje contemplados en la normativa aplicable a este tipo de contrataciones, así como los cursos de formación permanente previstos en el artículo 57 del vigente Reglamento de Seguridad Privada». También el Pliego de Prescripciones Técnicas alude, en el apartado del marco jurídico, a dicho reglamento.

Es decir, las bases del contrato de la empresa con el complejo hospitalario incluyen por tanto las mencionadas atribuciones, y según el sindicato, «el SAS, o la gerencia en este caso, debe velar por que se cumpla», no sólo por la importancia que tiene la formación de los trabajadores de seguridad, sino por «la exigencia del cumplimiento de los contratos con la administración, al tratarse de dinero público que debe invertirse en la ejecución del contrato». Sin embargo, desde CC OO insistieron en que el único curso que realizó la plantilla de seguridad del Complejo Carlos Haya de Málaga y, en su mayoría, los referidos centros sanitarios, se remonta al año 2010", por lo que han transcurrido al menos tres años.

La empresa de seguridad Eulen inició contrato con los hospitales de Málaga, áreas de gestión sanitaria y distrito en septiembre de 2009. Dicha compañía continúa el servicio, ya que resultó adjudicataria del contrato actual con una duración de dos años, por un total de 8.042.303,50 euros, pudiendo prorrogar dos años más según las bases del mismo.

TENERIFE: Los vigilantes de seguridad de Los Rodeos amenazan con ponerse en huelga

Los trabajadores vigilantes de seguridad del Aeropuerto de Los Rodeos le presentarán en las próximas fechas un preaviso de huelga a la empresa Seguridad Ibérica, titular del servicio, debido al continuo agravamiento de sus condiciones laborales.

Denuncian el incumplimiento sistemático del Convenio Colectivo y del Estatuto de los Trabajadores, con un trato arbitrario hacia un sector de los vigilantes, a los que se castiga con la asignación continua en los puestos de mayor desgaste laboral (filtros de seguridad). La empresa al impedir la rotación por los diferentes puestos, está provocando un ambiente de carga laboral dominado por el estrés y la tensión, lo que, a su vez, origina continuas bajas laborales por ansiedad. En el caso de las mujeres trabajadoras el problema se agrava aún más, al ser su número inferior al de hombres; realidad heredada que podría mejorarse llevando a cabo un control exhaustivo de las rotaciones, pero la desidia y dejadez de la empresa impide poner las soluciones ofertadas en marcha, originando una situación crítica en el servicio.

Lejos de aplicar medidas que favorezcan el buen clima laboral y, por lo tanto, la eficacia en el trabajo, la empresa hace justamente lo contrario: somete a los trabajadores y trabajadoras a una sistemática y permanente vigilancia e inspección de su actividad, con niveles de persecución y control que raya en el acoso, originando, además, una situación de estrés laboral que termina repercutiendo a nuestra principal función que es velar por la seguridad de los pasajeros. El Comité de Empresa exige que se rectifique en esa actitud de menosprecio a los derechos laborales y se proceda a la destitución inmediata del jefe de servicio, al ser quien permite y tolera esta lamentable situación, siendo, además, el máximo causante de la misma.

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA: reforma al rescate de un lobby herido por la crisis

Las principales empresas de seguridad privada salen beneficiadas por la nueva normativa, en vigor desde este mes, que aumenta las competencias de los vigilantes y amplía el radio de negocio

La oposición denuncia el inicio de la "privatización de la seguridad", como en el caso de la vigilancia de las cárceles, que doblará el coste del servicio, según los sindicatos policiales

Algunas de las compañías beneficiadas por los nuevos contratos públicos tienen conexiones políticas con el PP

El fin de ETA y de la alerta terrorista y la crisis económica ha contraído el mercado de la seguridad, que ha perdido un 22% de facturación desde 2008
27 de Abril del 2014

“Un sector en pleno auge”. Esas son las palabras que ha empleado en más de una ocasión el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para referirse al estado de la seguridad privada en España. Con la baza de la modernización como justificante, la polémica Ley de Seguridad Privada ya ha pasado todos los trámites parlamentarios yse ha convertido recientemente en una realidad con su publicación en el BOE el día 5 de este mismo mes, un texto que sustituye a la antigua ley de 1992, y que amplía las competencias de los vigilantes. Como punto fundamental, les habilita para nuevas funciones como el control del perímetro exterior de las cárceles y centros de internamiento de extranjeros, además de para participar en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial. Una dinamización del mercado a costa de la esfera pública aprobada por el Gobierno del PP en tiempo record y que ha sido muy criticada por todos los partidos políticos de la oposición -a excepción de PNV y CIU- y que ha generado el rechazo de todos los sindicatos policiales que creen que la nueva normativa es el marco adecuado para la progresiva privatización de la seguridad pública a costa del sacrificio de su calidad y el aumento del gasto de la administración.

Pero, ¿por qué tantas críticas? ¿por qué aplicar estas medidas favorecedoras en un sector que según el ministro goza de una extraordinaria salud? Pues porque sencillamente, la opinión del ministro Fernández Díaz no tiene mucho que ver con la realidad traducida en cifras. Según los datos de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), la patronal que aglutina aproximadamente el 80% del negocio de la seguridad privada en España, ese “auge” en el sector sirvió para que cerrar el año con una nueva caída de alrededor del 7% de la facturación, moviendo ‘solamente’ 2.994 millones de euros, por los 3.125 del año anterior.

Un retroceso que también ha quedado plasmado en un informe de N+1 Equities publicado a finales de 2013, donde la bajada acumulada de la facturación desde 2008 se cifraba en un 22%, sobre todo por la menor incidencia de la contratación pública, aunque ésta aún se mantiene en cifras alrededor de un cuarto de la facturación total. Con ETA en proceso de desarme, sin alerta de terrorismo islámico y con la crisis económica como cortapisa a la construcción de nuevas infraestructuras que poder vigilar o en donde poder colocar sistemas de seguridad, la oferta de una nueva suculenta parte de la tarta de la seguridad pública al invitado privado parecía solo cuestión de tiempo. Sobre todo después de que el lobby sectorial pusiera su maquinaria a funcionar y lograra poner el pie en la puerta, a juzgar por los resultados.

La coincidencia de informes y manifestaciones públicas de las confederaciones empresariales del sector, tanto a nivel español como europeo, y la creación de la que para muchos es una ley al servicio de las empresas (con las primeras experiencias piloto en cárceles antes de que la ley viera la luz) deja en evidencia la influencia que gigantes como Prosegur, Securitas o Eulen han tenido en la polémica normativa. Sin embargo, no son las únicas que forman parte del potente lobby.

La crisis también afecta a la prevención de riesgos laborales

Sindicatos, afectados y especialistas reclaman un mayor esfuerzo en el Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo

Hoy se celebra el Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo, una iniciativa con la que la Organización Internacional del Trabajo trata de concienciar a Gobiernos, trabajador

En 2013 en España se registraron 1.1 millones de accidentes laborales en los que 540 personas perdieron la vida. Uno de esos accidentes fue el que sufrió Marín Bladulesku, un ciudadano rumano que desde hace 10 años vive y trabaja en España. Era junio y Marín trabajaba en un almacén en Madrid cuando le cayó encima un arcón de más de 110 kilos que le provoco importantes lesiones en la espalda. Marín tenía una minusvalía, y sabía que ese trabajo era peligroso para él, tal y como le contaba esta mañana a Gemma Nierga: "Mi encargada me dijo que si no movía los arcones me despedía". Este trabajador rumano denunció a la empresa porque ni llevaba el equipamiento adecuado, "lo tenía para baja temperatura pero no para el agua así que me metía en un saco de plástico" ni la compañía ha actuado tras el accidente de forma correcta: "No puedo trabajar y no me paga el 100% del sueldo que dice el convenio" explica.

Pero no es un caso excepcional. Eso piensa Carlos Martínez, director del Máster Oficial de Prevención en Riesgos Laborales en el IMF Business School que asegura que "con una buena previsión se podrían reducir hasta un 70% este tipo de accidentes". Y es que la crisis económica también afecta a la prevención de riesgos laborales. Según Martínez, ya no hay dinero para esas campañas que veíamos en televisión para concienciar sobre la necesidad de buenas prácticas en el trabajo. Y a esto se une la actitud de muchos empresarios "que piensan que la prevención es un gasto en lugar de una inversión" y de los trabajadores "que no se dan cuenta que los primeros damnificados son ellos". Todo a pesar de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que el Congreso aprobó en 2003 casi por unanimidad: "El tema está hiperregulado. Pero si no se cumplen, las leyes no sirven de nada" asegura el también director de esta escuela de recursos humanos.

Si la ley no se cumple, si los empresarios no facilitan las medidas de seguridad necesarias, ¿qué puede hacer el trabajador? "En las empresas existe la figura del delegado de prevención" ha explicado Carlos Martínez esta mañana a Gemma Nierga. "Lo primero que tiene que hacer un trabajador es ponerse en contacto con ese delegado y si no poner una denuncia anónima la inspección laboral". Otro frente se abre cuando es el trabajador el que decide no utilizar el material necesario para su protección, por supuesta incomodidad. Eso le pasa a Narciso, un empresario del sector de los platos precocinados que nos ha llamado para denunciar la actitud de sus trabajadores.

Pais Vasco, la Comunidad Autónoma con mayor índice de siniestralidad Según un informe elaborado por Randstad, Euskadi encabeza la lista de comunidades autónomas con mayor siniestralidad laboral con 3.218 siniestros por cada 100.000 trabajadores en 2013, cifras que se tradujeron en 34 fueron mortales y 157 graves. Ante estos datos, los principales sindicatos vascos han elegido el 'Día mundial de la salud y la seguridad en el trabajo' para reivindicar mayores políticas acticas que palien esta cadena de muertes. En Bilbao, los delegados de ELA, el sindicato mayoritario, se reunían esta mañana en asamblea en el frontón 'La Esperanza' tras la cual estaba prevista una manifestación hasta la sede del Gobierno vasco que ha sido suspendida por la lluvia.

27 de abril de 2014

MÁLAGA: El aeropuerto instala un sistema para identificar a los viajeros por rasgos faciales








El dispositivo permite comprobar de forma automática si el DNI o el pasaporte se corresponden con las características biométricas del pasajero

Los viajeros que vayan a coger un vuelo en el aeropuerto de Málaga no se encontrarán a partir de ahora con un policía encargado de comprobar si su documentación está en regla. Desde el pasado jueves, el aeródromo de la Costa del Sol cuenta con un dispositivo electrónico capaz de identificar a los pasajeros por control biométrico. El sistema ABC, que está dentro del proyecto europeo de fronteras inteligentes, combina la lectura automática del carné de identidad o el pasaporte con un chequeo de los rasgos físicos de los viajeros, lo que permite verificar si la persona que pretende coger el vuelo se corresponde con la que figura en el documento.

El sistema permitirá agilizar «enormemente» el control fronterizo, ya que evita que los agentes tengan que comprobar uno a uno cada pasaporte, según explicó el secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Francisco Martínez Vázquez, que se reunió el viernes en Málaga con el subdelegado del Gobierno, Jorge Hernández Mollar, y varios mandos policiales para conocer de primera mano el estado de ésta y otras infraestructuras de la provincia. La verificación automática de los documentos, similar a los puestos de 'check-in' que ya existen en muchos aeropuertos españoles, se realiza a través de los dos perfiles biométricos grabados en el pasaporte o el DNI del titular, la huella dactilar y la fotografía digitalizada. El sistema, no obstante, está limitado a los ciudadanos del Espacio Económico Europeo (EEE). El resto tendrá que pasar el control tradicional de la policía.

El dispositivo abre automáticamente la barrera si no se detectan anomalías entre el documento y el usuario. En caso de que se produzca alguna discordancia, la barrera permanece cerrada y el dispositivo emite un aviso a un funcionario para una comprobación más exhaustiva, ya que el control biométrico estará supervisado desde una cabina operada por agentes de las Fuerzas de Seguridad. El sistema se estrenó el jueves pasado y en estos momentos se encuentra en fase de formación para que los agentes que trabajan en el control fronterizo aprendan a utilizar esta tecnología de escáner facial, que también es capaz de detectar los pasaportes falsificados.

Durante el primer día de pruebas, el dispositivo no detectó discordancias en más del 90% de los viajeros que utilizan el filtro de control biométrico. En el 10% restante caben multitud de posibilidades, desde una falsificación a un cambio de 'look' del pasajero. «Puede ocurrir que se haya dejado barba y en documento salga sin ella, y por eso el sistema no lo reconozca», aclara el secretario de Estado.

Tercero en España El aeropuerto de Málaga se convierte en el tercero de España -después de Madrid y Barcelona- en incorporar este sistema de fronteras inteligentes. Martínez Vázquez avanzó que el Gobierno pretende extender esta tecnología a los aeródromos de Palma de Mallorca, Alicante, Tenerife y Gerona, que son los que tienen un mayor tráfico aéreo. Entre este año y el que viene se instalará también en el puerto de Algeciras.

La terminal malagueña es actualmente la cuarta de España por volumen de viajeros con 12,9 millones de personas en 2013, que la convirtieron en la que más creció de toda la red de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). El aeródromo está preparado para atender en un futuro hasta 30 millones de pasajeros, siendo uno de los que cuentan con el privilegio de tener dos pistas. La tendencia también se ha mantenido este año. El aeropuerto ha cerrado el primer trimestre con un crecimiento que multiplica por más de tres la subida media de pasajeros en el conjunto de la red y por nueve el aumento de movimiento de aeronaves. La terminal malagueña ha ganado un 6,6% de pasajeros, frente a la media nacional del 1,8%.

26 de abril de 2014

Mónica de Oriol (Seguriber) se forró con la protección a cargos del PP vasco y está ‘tocada’ por el Madrid-Arena

La empresaria y presidenta del Círculo de Empresarios Mónica de Oriol Icaza, que ha insultado grave y gratuitamente a un millón de jóvenes españoles “porque no tienen formación y no sirven para nada”, pasa por ser una de las mayores beneficiadas de las contratas públicas de seguridad privada. Su empresa era además la responsable de la seguridad del pabellón del Madrid-Arena, en el que murieron cinco jóvenes aplastadas y asfixiadas la noche del 1 de noviembre de 2012, debido al exceso de aforo y a un insólito fallo como fue el cierre de las vías de evacuación.

La señora De Oriol, de 52 años, llegó a la presidencia del principal lobby empresarial hace dos años, en sustitución de Claudio Boada. Perteneciente a la dinastía de los Oriol (su bisabuelo fundó la compañía ferroviaria Talgo), alcanzó la presidencia del Círculo de Empresarios desde su puesto de presidenta de Seguriber, una de las empresas de seguridad que, por circunstancias históricas y de otro tipo, mayor lucro ha obtenido de la protección a políticos amenazados por la banda terrorista ETA.

Conectada al presupuesto del Ministerio del Interior durante décadas para dar protección a cientos de altos cargos y dirigentes el PP vasco que no se fiaban de la Ertzaintza, la empresa de la señora De Oriol se alió con Umano, también de capital vasco, para ampliar el negocio de la seguridad privada y abrir nuevos frentes de actividad cuando ya la banda terrorista había renunciado a atentar contra políticos y a extorsionar a empresarios. Finalmente, en octubre de 2011, renunció definitivamente a los secuestros y asesinatos.

No obstante, para facilitar la transición empresarial, Interior mantuvo los pagos a Seguriber a lo largo de 2012. Y puesto que ETA se resistía a entregar las armas y disolverse –todavía no lo ha hecho formalmente–, el ministro Jorge Fernández Díaz le renovó el contrato semestral a lo largo de 2013 por un importe de 4,73 millones de euros. Además, el titular de Interior le abrió otra línea de negocio: un “plan piloto” para controlar la seguridad de la prisión de Zaragoza, por un importe de 879.338,46 euros y con la previsión de extenderlo a todas las cárceles de España, menos las catalanas, que dependen de la Generalitat.

La empresaria De Oriol Icaza, a la que se le termina el mandato de dos años como presidenta del Círculo de Empresarios, y desea ser renovada en el cargo, reclamando ahora la rebaja o supresión del salario mínimo –congelado desde que el PP llegó al Gobierno– para los jóvenes sin formación, se beneficia directamente de la enseñanza y preparación que las Fuerzas Armadas proporcionan a los jóvenes. Cientos de ellos pasan a las empresas de seguridad privada cuando terminan sus contratos como soldados profesionales. Para algunos cometidos de seguridad “externalizados” o subcontratados en sustitución de la Policía y la Guardia Civil, los empleados de esa y otras empresas reciben formación complementaria de los funcionarios públicos de interior. Con ello se significa los favores formativos por cuenta del erario públio a la empresaria Oriol.

Casada en segundas nupcias con el naviero Alejandro Aznar, también propietario de las Bodegas Marqués de Riscal, tal vez debamos atribuir el profundo conocimiento de esta mujer sobre el sector de la construcción, que la ha llevado a repetir la cantinela de que miles de jóvenes abandonaron los estudios para ganar dinero en el ladrillo y carecen de cualificación, al hecho de que su padre sea arquitecto, Miguel Oriol, y haya diseñado la torre Europa, en el complejo Azca de Madrid, frente a la torre Picasso. De lo que nadie puede dudar es de que doña Mónica –del griego mónos– es, como su nombre significa, “única” para ejercer el “monismo”, que no es otra cosa que “llamar la atención”, aunque sea insultando a los jóvenes en paro.

La polémica que han provocado sus declaraciones ha llevado a De Oriol a disculparse públicamente. Ayer viernes, en la web del Círculo de Empresarios, hizo pública una nota en la que, entre otras cosas, dice: “siento haber utilizado una expresión inadecuada con la que yo misma estoy en desacuerdo, porque todas las personas son valiosas con independencia de su cualificación profesional”

FUENTE: cuartopoder.es AQUÍ

El Grupo Eulen invirtió el pasado ejercicio cuatro millones de euros en la formación de sus empleados

En 2013 se impartieron 1.409 cursos dirigidos a más de 27.500 empleados

 El Grupo EULEN, líder en nuestro país en la prestación de servicios generales a empresas, invirtió el pasado ejercicio 4,05 millones de euros en materia de formación para sus empleados. Esta política, enmarcada en la filosofía de empresa orientada a formar empleados para ofrecer al cliente unos servicios profesionalizados y de calidad, la lleva a cabo el Instituto EULEN de Formación del Grupo. 

Así, este departamento se ocupa del diseño, desarrollo e impartición de distintos programas de formación dirigidos a los diferentes empleados, áreas, departamentos y líneas de negocio tanto en España como en el resto de países donde tiene presencia la compañía. De esta forma, en 2013 se impartieron 1.409 cursos dirigidos a más de 27.500 empleados de todas las zonas geográficas donde desarrolla su actividad la compañía, lo que supuso más de 274.000 horas lectivas. La previsión para 2014 es que con un presupuesto similar y los mismos recursos se incremente la formación con nuevas modalidades (elearning, vídeos...), con formación interna, en el puesto de trabajo y, en general, rentabilizando al máximo las posibilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

De esta manera, el Instituto EULEN de Formación, integrado en el área corporativa de RRHH del Grupo, se presenta como una unidad especializada en la formación del personal de empresas de servicios.

¿Conoces la nueva Ley de Seguridad Privada?

Hace unos días se publicó en el BOE la nueva Ley de Seguridad Privada, pero ¿sabes qué modificaciones incorpora? ¿a quien afecta? ¿cuáles son los perfiles profesionales de seguridad privada? ¿qué tareas y funciones desempeñan? ¿Cómo se complementan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? ¿quieres trabajar en el sector? ¿qué formación se requiere para acceder a estas profesiones? ¿quien puede impartir formación y/o ser empresa de seguridad privada?

¿Qué modificaciones incorpora? El texto de la nueva Ley de Seguridad Privada justifica la derogación de la antigua ley (Ley 23/1992 de Seguridad Privada) en base a los cambios tecnológicos, la tendencia a la integración de las distintas seguridades en un concepto de seguridad integral y a la insuficiente regulación de las actividades de investigación privada y los detectives privados. En su exposición de motivos asegura que "la nueva ley representa un tratamiento total y sistemático de la seguridad privada en su conjunto, que pretende abarcar toda la realidad del sector existente en España, al tiempo que lo prepara para el futuro".

La objetivo de esta nueva Ley de Seguridad Privada, tal y como indica en su artículo 1 es « Esta ley tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. Todas las actividades tienen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública» 

¿A quien afecta? En su ámbito de aplicación, esta ley afecta a las empresas de seguridad privada, al personal de seguridad privada, a los despachos de detectives, a los servicios de seguridad privada, a las medidas de seguridad y a los contratos celebrados en este ámbito. 

¿Quien puede impartir formación y/o ser empresa de seguridad privada? El Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio de Interior inscribirá las autorizaciones, declaraciones responsables, habilitaciones o acreditaciones, de personal de seguridad privada, empresas de seguridad privada o despachos de detectives privados, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales receptoras de alarma de uso propio (cuando no sean objeto de inscripción en los registros de las comunidades autónomas). Así como las sanciones impuestas cuando los servicios se presten en un ámbito distinto al de una comunidad autónoma. 

Por su parte los Registros Autonómicos inscribirán las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados, los centros de formación del personal de seguridad privada y las centrales cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio, así como las sanciones impuestas. En ambos registros, nacional y autonómicos, se anotarán los datos de las empresas que realicen actividades de seguridad informática.

¿Cómo se complementan con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? Esta Ley 5/2014 señala que la Seguridad Privada tiene un papel auxiliar y especialmente colaborador con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de manera que las empresas de seguridad, los despachos de detectives y el personal de seguridad privada tienen la obligación de colaborar en base al principio de legalidad y de comunicar cualquier hecho delictivo del que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su actividad o funciones.

Por su parte las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán acceso a los sistemas instalados por las empresas de seguridad privada que permitan la comprobación de las información en tiempo real, cuando sea necesario para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales.

¿Cuales son los perfiles profesionales de seguridad privada? y ¿Qué formación se requiere para acceder a estas profesiones? Para desempeñar el puesto de vigilante de seguridad, vigilante de explosivos, escolta privado, guarda rural, guarda de caza o guardapesca marítimo, se requiere una formación acreditable mediante:

- Certificación acreditativa expedida por un centro de formación de personal de seguridad privada incluida en el Registro nacional o autonómico, y superar una prueba de capacitación.
- Certificado de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guardería rural y marítimo que establezca el Gobierno (a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social).
- Título de Formación Profesional establecido por el Gobierno a propuesta del MECD.

En relación a la prueba de capacitación, el BOE núm.6 de 7 de enero de 2014, publica las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilantes de seguridad para 2014, e indica las fechas en las que los interesados podrán inscribirse. Concretamente: del 21 al 30 de abril, del 27 de mayo al 5 de junio, del 2 al 11 de septiembre, del 21 al 30 de octubre.

¿Qué tareas y funciones cumplen estos profesionales de la Seguridad Privada? Los vigilantes de seguridad podrán ejercer tareas de vigilancia y protección, efectuar controles de identidad y evitar la comisión de actos delictivo o infracciones administrativas. Cuando estén en centrales receptoras de alarmas, prestarán los servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarma.

Los escoltas privados, realizarán tareas de acompañamiento, defensa y protección de personas o grupos determinados, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos. Los guardas rurales se equiparan en cierto modo con los vigilantes de seguridad, con la peculiaridad que realizar su labor en fincas rústicas, así como las instalaciones agrícolas, industriales o comerciales que se encuentren en ellas. Dentro de este grupo hay dos especialidades: guardas de caza (si la vigilancia se realiza en fincas de caza) y guardapescas marítimos (si ésta se realice en establecimientos de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros).

ALBACETE: El Defensor abre expediente por la reducción de vigilantes en Albaidel

La institución decide investigar la denuncia de los sindicatos respecto a futuros riesgos para internos del centro de menores y su personal si se certifica la menor presencia de seguridad

El Defensor del Pueblo ha decidido investigar la posible reducción del personal de vigilancia que trabaja en el centro de menores Albaidel después de haber recibido una denuncia de parte de los representantes de los trabajadores, donde se advertía de lo que consideran una medida que pondrá en riesgo a los internos del centro y al personal.

La reducción de personal es consecuencia del nuevo pliego de condiciones sobre el servicio de vigilancia para edificios de la Junta, donde se incluye que en Albaidel el número de vigilantes se reduzca de 20 a 15. Javier González, secretario territorial de UGT Albacete, explicó a La Tribuna que recibieron el escrito del Defensor del Pueblo este martes, «donde se nos dice que en efecto abren el expediente de queja». El texto da respuesta a la denuncia dice que el Defensor admite la denuncia «al entender que reúne los requisitos establecidos». También se explica que la institución ha iniciado ya la investigación de estos hechos y se ha dirigido a la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta, a la que ha pedido información sobre estos hechos para que le sea remitida, y que informará de los trámites que se vayan siguiendo. Eso sí, al recibir la denuncia, el Defensor ya advertía que en caso, abrir una queja «no suspende la ejecución de resoluciones administrativas» , como es el caso del proceso de adjudicación de este contrato de vigilancia que aún no se ha resuelto.

ESPERANZAS. El dirigente de UGT que dirigió la denuncia mostraba su confianza en que la investigación abierta por el Defensor tenga su efecto, y recordaba que fue la misma institución la que visitó el centro de menores Albaidel en diciembre, tras el suicidio de un interno, y fueron los técnicos del Defensor los que recomendaron a la Junta aumentar el personal de vigilancia para que un caso así no se repitiera. Los vigilantes han realizado movilizaciones para protestar contra la reducción de personal, y también se han reunido con responsables de Asuntos Sociales, aunque por el momento el proceso de adjudicación y la reducción de vigilantes siguen adelante. Desde UGT y la representación de los vigilantes se subrayaba además que no es la primera vez que el personal protesta por la falta de personal, y es cierto que hay antecedentes a principios de la década anterior, en 2002, cuando había tres vigilantes. En la actualidad, con 25 menores internos en el centro, hay cinco vigilantes en el turno, aunque se reducirían a tres si el pliego de condiciones del contrato de vigilancia no sufre nuevas modificaciones.

Sindicalistas de UGT en Andalucía afiliados a la buena vida: vino, jamón, joyas y moda

La Agencia Tributaria ha remitido a la juez de los ERE gastos de la federación del metal de UGT de cien mil euros en chacinas, queso, vino, aceite, joyas y moda...

El informe que la Agencia Tributaria remitió al juzgado de instrucción número seis, el que investiga el caso ERE, revela sobre ITG, una de las aseguradoras del sindicato UGT, gastó buena parte del dinero, cerca de 100.000 euros en joyerías, artículos de regalo, productos de alimentación y bebidas. O lo que es lo mismo en chacinas, quesos, vino, tabaco, joyas y hasta moda. De hecho, el informe de la Agencia Tributaria unido al sumario y enviado a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso ABC, señala algunas operaciones que considera «de trascendencia en las investigaciones».

Entre esos gastos que han llamado la atención del Ministerio de Hacienda se encuentran importantes cantidades que demuestran quelos «compañeros del metal» eran aficionados a la buena mesa. Así, aparecen gastos en varias empresas de quesos por valor de más de 11.258 euros. En el año 2007 la Agencia Tributaria imputa a la aseguradora del sindicato un gasto de 4.652 euros en Quesos y Jamones Morán C.B, una empresa de Cáceres que vende quesos de oveja y cabra, tortas de queso, queso portugués, chorizos y salchichones, jamones, paletas, lomo, bacalao y un amplio surtido en loncheado. Al año siguiente, en 2008, siguieron comprando queso aunque cambiaron de empresa.Se gastaron 3.309 en Quesos del Principado de Asturias.

También compraron chorizos y otros embutidos. En los años 2010 y 2011 se gastaron también más de once mil euros en Chacinera Sierra del Santo S.L., una empresa del sector cárnico. Para acompañar esas viandas también encargaron vino. Así, se gastaron —siempre según la Agencia Tributaria— unos 13.300 euros en 2006, 2007, 2008 y 209, Vitis et Vinum S.L. que vende bebidas y tabaco. Tampoco les faltó un buen aceite. En el año 2010 se gastaron3.564 euros en Almazaras de la Subbética S.L. una empresa de Carcabuey (Córdoba) que vende una selección de aceites de oliva que han sido premiados varias veces.

Esos no son los únicos gastos que llaman la atención a Hacienda. También aparece en el año 2011 compras por valor de 3.563 euros en Niza Moda S.L, una empresa que vende ropa de mujer a través de internet. El más barato cuesta menos de 70 euros, pero también los hay de 260 euros. En joyas se gastaron más de 20.000 euros. En el año 2006 fueron 16.949 en Jaspe Joyeros, y al año siguiente, 3.467 en Center Jewel. Y en Artur Regalos más de 34.800. Eso sin contar otras cantidades en viajes.

Real como la vida misma


25 de abril de 2014

MADRID: Securitas Tas quiere modificar las condiciones de sus trabajadores del aeropuerto de Barajas

La empresa Securitas Tas, adjudicataria del Lote 1 de los servicios de seguridad del Aeropuerto de Madrid Barajas, ha comunicado al Comité de Empresa su intención de efectuar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los vigilantes que prestan servicio en esta infraestructura crítica. Hay que recordar que Securitas resultó adjudicataria de la vigilancia de esta instalación tras la presentación de una oferta económica con una quita del 9,8% sobre la licitación inicial.

La comunicación efectuada por Securitas Tas, de la que no se conocen los términos exactos, se suma a la ya realizada por Eulen Seguridad el pasado Febrero y la llevada a cabo por la Empresa Segurisa en el servicio CGA del mismo aeropuerto, donde, de forma unilateral, ha reducido el salario de los vigilantes en más de 200 € mensuales.

Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios madrileños y presidenta de Seguriber, saca el látigo neoliberal

La economista propuso la bajada del salario mínimo para los jóvenes sin cualificación «para sacar a los ninis del limbo en el que viven», porque «te obligan a pagarles aunque no valgan para nada»

La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, se convirtió ayer en uno de los centros de atención mediática cuando en un encuentro informativo sugirió la bajada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a las personas sin formación argumentándolo en estos términos tan contundentes: «Para sacar a los ninis del limbo en el que viven». Oriol, que además apostó por «una segunda reforma laboral», justificó la bajada del lístón de mínimos salarial debido a que «hay que dar trato desigual a formación desigual» y apuntó que hay un millón de personas «con cero cualificación» y un salario mínimo, «y te obligan a pagarles aunque no valgan para nada».

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada por la London School of Economics, Mónica Oriol fue nombrada presidenta del Círculo de Empresarios en sustitución de Claudio Boada en el año 2012, quien abandonó el cargo tras los ocho años de máximo al frente de la institución. De poco más de 50 años, casada y con seis hijos, ya era vicepresidenta del Círculo en ese momento. Además es presidenta de Seguriber Umano, la empresa encargada de la seguridad exterior del Madrid Arena el día de la fatídica avalancha, y consejera de Indra.

Aplica en casa las reglas del mercado De tendencia muy neoliberal, de la que hace orgullosa gala, la presidenta del Círculo de Empresarios es una persona fría y distante en las distancias cortas, llegando a ser ruda en algún momento. Con su familia se jacta de llevar a la práctica su ideología predilecta, con pocas reglas pero claras, y así les da préstamos a sus hijos (adelanta la paga a cambio de futuras pagas), penaliza las llegadas a deshoras con recortes en el horario de salidas futuras, etc.

Oriol tiene fijación por la reforma laboral acometida hace poco más de dos años por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La máxima representante del Círculo de Empresarios cree que fue una ocasión perdida para reducir la brecha del coste del despido entre los trabajos temporales ylos indefinidos «bunkerizados» para situarlo en el entorno de los 18 días por año, en línea con otros países de la UE, y de hecho promueve este acercamiento siempre que puede. «Ya que adoptas una medida de ese porte (reforma laboral), por favor, hazla para ponerte el primero de la fila y convierte tu mercado en el más flexible para parecernos a esos países que tienen unas tasas de empleo bajísimas. O sea, a los nórdicos y a Estados Unidos», decía a ABC en agosto de 2012.

Si bien es cierto que ayer, Oriol celebró que esta medida haya propiciado que la negociación colectiva recaiga más en las empresas en vez de «en unos representantes sindicales que hace mucho que no trabajan y que están sentados en Avenida de América (en referencia a UGT) o en donde sea». La economista, que está equipada con todos los manierismos propios de su escuela, no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar los aspectos que lastran su manera de entender el buen funcionamiento de un país, y por ello también atacó a la actual prestación por desempleo, que cree no incentiva la búsqueda activa de trabajo y promueve el «parasitismo» entre los parados. Oriol cree el actual sistema proteccionista provoca que en España «nadie acepta un trabajo si tiene por delante dos años de prestaciones». O apostó por seguir adelgazando la Administración, que ha llevado las plantillas a los niveles de 2008, pero que considera «es insuficiente» si se tiene en cuenta que los ingresos del Estado son también menores.

Las polémicas palabras de Oriol tuvieron una previsible contestación por parte de los sindicatos, que poco después, según avanzaba la tarde, instaron a Oriol, en declaraciones del propio Cándido Méndez de UGT, a que pidiera disculpas a los jóvenes en paro sin cualificación, muchos de ellos empleados en los últimos años en la construcción, por decir que «no valen para nada».

MÁLAGA: vigilantes de seguridad del hipódromo de Mijas denuncian impagos del Consistorio

Los afectados llevan más de diez meses sin cobrar su salario por una deuda municipal con su empresa María Albarral

«Desesperados y sin poder hacer frente al pago de sus facturas», así afirman que están los dos trabajadores de seguridad del hipódromo de Mijas que llevan meses sin percibir su salario. Uno de ellos, desde enero de 2013, y el otro desde julio del mismo año. Ambos exigen al Ayuntamiento mijeño que haga frente a la deuda que tiene contraída con la empresa Andasegur S.L que asciende a más de 61.000 euros y que le impide a su vez hacerse cargo del sueldo de estos dos empleados.

Hace cinco años, esta entidad se hizo cargo de la seguridad del recinto hípico. Según afirman los afectados, en enero de 2012 comenzaron los pagos a destiempo, suprimiéndose por completo en 2013. Tanto la empresa como los empleados se han reunido con los responsables de Recursos Turísticos de Mijas, sociedad participada por el Consistorio que gestiona el hipódromo, así como con ediles de la corporación municipal y el mismo alcalde, Ángel Nozal, para buscar una solución a este problema. «Siempre dicen que en unos días lo van a resolver y así llevan meses y meses pero nosotros no podemos mantener más tiempo esta incertidumbre que nos está matando; en mi caso además me ha costado hasta una depresión», afirma Juan Carlos Gutiérrez, uno de los vigilantes de seguridad.

Por otra parte, el próximo mes de mayo se termina el contrato de la empresa que ofrece el servicio de vigilancia y que no va renovar por encontrarse en concurso de acreedores. Por ello, el Consistorio ya ha encontrado otra sociedad para llevar a cabo el servicio la cual no va a subrogar a los antiguos trabajadores, situación que ellos reivindican ya como un derecho recogido en el convenio municipal. «Nos ofrecen un mes de prueba que no nos garantiza el puesto de trabajo y con ello la pérdida de la antigüedad, en vez de cumplir con lo estipulado que es la subrogación», señala el otro afectado, Juan Manuel Alonso.

A pesar de no estar percibiendo su salario, ambos siguen trabajando. A Juan Carlos le adeudan 25.000 euros y a Juan Manuel 12.000. Una situación límite que les hace temer por el futuro de sus familias. El Ayuntamiento de Mijas aseguran que «Recursos Turísticos ha ingresado en los últimos días 25.000 euros a la empresa, los cuales se ha quedado Hacienda por la deuda que esta tenía con el ente fiscal». El Consistorio reconoce que aún quedan por liquidar otras cantidades y asegura que «están trabajando para abonarlo en el menor tiempo posible». Además, añaden que «el alcalde siempre está dispuesto a atenderles».

ALICANTE: Compromís critica la falta de vigilantes de seguridad en el Hospital General

La diputada de Compromís Mireia Mollà instó ayer a la Conselleria de Sanidad a aumentar la cifra de vigilantes en el Hospital General de Alicante para poder «garantizar la seguridad de los profesionales y de los usuarios». A través de un comunicado de prensa, Mollà explicó que en la actualidad «sólo existen cuatro guardias de seguridad por turno en el Hospital General», algunos de los cuales están destinados a lugares fijos, como el control de acceso al centro, por lo que no hacen rondas por el centro sanitario para comprobar que todo está en orden.

«La cifra es claramente insuficiente para un hospital de las dimensiones del de Alicante», afirmó la diputada. Según expuso, esta situación tiene su origen en «los recortes presupuestarios» aplicados por la Conselleria de Sanidad en materia de vigilancia sanitaria, que en el caso del Hospital de Alicante se tradujo en la pérdida de una decena de vigilantes y que se tradujo en «una reducción drástica de la seguridad en varios centros de salud». «Es obligación del Gobierno valenciano velar por el bienestar y la seguridad de los profesionales del centros y también del resto de la ciudadanía», consideró la diputada, que exigió a Sanidad que aumente la vigilancia.

Reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas de seguridad en los aeropuertos.

Un escáner para aeropuertos más ágil y discreto

La investigación sobre la misteriosa desaparición de un avión de la compañía Malaysia Airlines ha reabierto el debate sobre la eficacia de las medidas de seguridad en los aeropuertos.

Los viajeros se han acostumbrado a llegar con antelación para pasar los controles antes de acceder a la zona de embarque, pues a menudo hay que esperar colas debido a la lentitud del proceso y a la frecuencia con la que los arcos que detectan objetos metálicos dan falsas alarmas que obligan a realizar cacheos. Por otro lado, los escáneres corporales digitales implantados sobre todo en EEUU permiten detectar también objetos no metálicos, pero han suscitado críticas porque los detalles de la anatomía del pasajero quedan expuestos a las miradas del personal de seguridad. Un escáner que está siendo desarrollado por un consorcio liderado por la compañía española Alfa Imaging y financiado por la Comisión Europea, intenta dejar atrás los inconvenientes de los sistemas implantados en la actualidad.

Menos falsas alarmas Por un lado, este escáner denominado TeraScreen pretende agilizar los controles al reducir las falsas alarmas y requerir menor atención por parte de los vigilantes. Por otro, ofrece una imagen genérica computerizada del individuo, que ni muestra detalles anatómicos ni queda registrada para respetar su privacidad. «Nuestro sistema se basa en la tecnología de las ondas milimétricas. A diferencia de otros escáneres, como los que usan rayos X, no emite radiación nociva para la salud», sostiene Fernando Allona, consejero delegado de la empresa Alfa Imaging.

No se trata de una tecnología nueva pues desde los años 70 se usa para ver en condiciones de baja visibilidad, por ejemplo, para que los helicópteros puedan aterrizar en el desierto si hay tormentas de arena. El sistema proceso los datos y ofrece una silueta genérica en la que se indica si ha encontrado algún objeto escondido. ALFA IMAGIN. Los ingenieros de esta empresa fundada en 2006 ya han puesto en marcha a la entrada de la base de la OTAN de Kandahar (Afganistán) un sistema pasivo de ondas milimétricas para detectar explosivos. Ahora están dando el salto al campo civil.

Su nuevo escáner combina un sistema pasivo y otro activo en varias frecuencias de ondas milimétricas y terahercios, que escanean al individuo mientras éste recorre sin detenerse un pasillo de entre tres y seis metros. Las imágenes resultantes son procesadas automáticamente en tiempo real, mostrando en una pantalla la silueta. Si el escáner localiza algún objeto sospechoso adosado al cuerpo, indicará con un recuadro dibujado en la imagen el lugar en el que se encuentra. Un sistema pasivo de ondas milimétricas detecta la radiación natural que los cuerpos emiten o reflejan, y la transforma en una señal eléctrica. Por ello, si el individuo lleva algún objeto adosado y escondido bajo la ropa, esa zona no emitiría calor y sería detectada por la cámara.

En aeropuertos de países como Reino Unido ya funcionan escáneres corporales de ondas milimétricas con un planteamiento parecido. Pero además de localizar objetos escondidos, el sistema TeraScreenavisará al vigilante del tipo de amenaza detectada con un código de colores: por ejemplo, el recuadro será rojo si es un objeto metálico, verde si se trata de un líquido o azul si es un producto en polvo. Así, sostiene Allona, será capaz de detectar armas fabricadas con cualquier material, explosivos plásticos y líquidos o drogas. Además, ya no será necesario que el pasajero se detenga, pues el control se realiza mientras camina, aumentando el flujo de personas.

Nuevos tipos de ataques Los controles para detectar armas o explosivos se han ido extendiendo paulatinamente a otros lugares vulnerables a ataques, como centrales energéticas, plataformas petroleras, estaciones de tren, museos e incluso hoteles y hospitales en algunos países. Sin embargo, su lentitud impide que su uso se generalice en recintos multitudinarios, como estadios de fútbol, estaciones de autobús o salas de conciertos en los que también pueden existir amenazas para la seguridad. Según Allona, su escáner propiciará la implantación de controles en este tipo de instalaciones. Calcula que permitirá el paso de unas 400 personas por hora, más del doble que con los sistemas disponibles en la actualidad. Aunque el precio actual de estos sistemas de seguridad está entre los 100.000 y 200.000 euros, su objetivo es llegar a ofrecer sus escáneres por debajo de los 50.000 euros.

El proyecto TeraScreen, que comenzó a desarrollarse a mediados de 2013 y concluirá en 2016 con una demostración de su viabilidad en el aeropuerto de Bristol (Reino Unido), cuenta con un presupuesto de 4,8 millones de euros. La mayoría procede de la Comisión Europea, que lo ha incluido en su Séptimo Programa Marco de la UE de Seguridad.

24 de abril de 2014

MURCIA: Condenado por arrollar con su coche a un vigilante de seguridad tras un robo en un supermercado

El hombre esperaba en el aparcamiento de un centro comercial de Cartagena cuando su pareja lo abandonaba a la carrera, perseguida por el guardia, momento en el que el vehículo se puso en marcha atropellándolo

La Audiencia Provincial de Murcia rebajó de dos años de prisión a un año y medio la pena que deberá cumplir un hombre que arrolló con su coche al vigilante de un supermercado de Cartagena cuando éste trataba de evitar la consumación de un robo en el establecimiento.

La sentencia indica que el Juzgado de lo Penal de Cartagena declaró probado que el incidente se produjo el 31 de mayo de 2011, cuando el acusado se encontraba en el aparcamiento del centro comercial esperando a su pareja. Esta abandonó el local a la carrera, perseguida por el vigilante de seguridad, que sospechaba que acababa de cometer un hurto, encontrándose con que el acusado puso en marcha el vehículo, «acelerando de forma brusca y arrastrándolo varios metros, hasta que, finalmente, cayó al suelo y le pasó por encima con su rueda trasera derecha». El Juzgado lo condenó a dos años de cárcel al considerarlo autor de un delito de lesiones agravadas, así como al pago de una indemnización de 17.200 euros al lesionado.

Asimismo, la Audiencia acordó rebajar la pena de cárcel a un año y medio al considerar que el coche no fue utilizado como instrumento para la comisión del delito, sino que el acusado lo empleó «para marcharse del lugar, para huir». La sentencia es firme, ya que, como se indica en la misma, contra ella no cabe recurso alguno.

FUENTE. laverdad.es AQUÍ

Alegaciones de sindicatos al concurso del servicio de seguridad privada de los centros sanitarios de SAS en Sevilla


Trasladan al vigilante del Centro de Salud Pública de Alicante por negarse a dejar el periódico en la mesa del director

El director del centro exigía que la prensa se dejase en su despacho y no en conserjería

El sindicato CSI•F quiere denunciar a través de su Sector de Seguridad Privada el injusto y discriminatorio trato que está recibiendo un vigilante de seguridad de la empresa Secopsa Seguridad destinado en el Centro de Salud Pública de Alicante que ha sido trasladado por negarse a subir el periódico a la mesa del director del centro, Manuel Salado. El propio vigilante se encargaba diariamente de desplazarse hasta el kiosco de prensa a recoger el periódico, a pesar de no entrar esta actividad entre sus funciones, y de dejarlo en la conserjería del Centro, algo insuficiente dado que el director exigía que el propio vigilante llevase la prensa hasta su mesa.

La negativa del vigilante a ello ha dado lugar a la petición a la empresa que presta el servicio del traslado del mismo, produciéndose esta circunstancia en contra de su voluntad sin haber sido sancionado por algún tipo de conducta grave o impropia de la profesión de vigilante de seguridad. Esta circunstancia ha dado lugar a la baja por depresión del trabajador citado. Desde CSI•F se quiere recordar que las funciones de los vigilantes son las de proteger a las personas y los bienes a su servicio y no la de repartir la prensa diaria. Ni tampoco las de bajar las persianas de todo el edificio de tres plantas del Centro de Salud Pública como se le obligaba.

Por último se quiere poner en conocimiento de la opinión pública que las personas que ocupan un cargo público y de autoridad no pueden abusar de ella o ejercerla de forma arbitraria para someter a los demás de forma indigna, humillante e ilegal, por lo que desde la asesoría jurídica del sindicato se están estudiando las posibles acciones legales que pudieran derivarse de la situación descrita por si fuese constitutiva de delito.