Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de junio de 2015

Eulen Seguridad galardonada por Panda Security con el Premio a la empresa más innovadora 2014-15

EULEN Seguridad, empresa decana en el sector de la seguridad privada perteneciente al Grupo EULEN, ha recibido el Premio a la Empresa más Innovadora en 2014 – 2015, otorgado por la multinacional española de seguridad Panda Security en su primera edición de Premios a la innovación.Eulen Seguridad

Este galardón reconoce la inversión realizada por EULEN Seguridad en I+D+i, así como la innovación constante inherente a todos los campos de su actividad para mejorar sus servicios y hacerlos más eficientes.

La entrega de premios, que Panda Security ha hecho coincidir con su 25 Aniversario, tuvo lugar el pasado mes de junio en un acto que contó con la presencia de clientes y partners de la empresa, entre los que cabe destacar, CaixaBank galardonada con el Premio CISO; Vector ITC Group, sobre la que recayó el Premio al partner más innovador; o El Corte Inglés reconocido como el retailer más innovador por su proyecto de Concienciación e Información al usuario.

Por parte de EULEN, el premio fue recogido por Alejandro Las Heras, director de Tecnología del Área TIC, y Bakarne Uriaguereca, directora de Atención al usuario TIC.

29 de junio de 2015

JEREZ: Caen dos bandas que robaban en grandes áreas comerciales


La cabecilla de uno de los grupos detenidos acumula ya 41 antecedentes


La Policía ha detenido a siete personas como presuntos integrantes de dos grupos especializados en cometer hurtos de forma sistemática en todo tipo de establecimientos. Se desplazaban hasta Jerez para apoderarse de una gran variedad de artículos desde prendas de ropa a artículos de perfumería y cosmética, que vendían luego introduciéndolos en el mercado negro.

La comisaría ha detallado hoy que los primeros arrestos se produjeron el pasado día 24 cuando los servicios de seguridad privada de una zona comercial notificaron al 091 la presencia de un grupo organizado dedicado a sustraer artículos. Estaba compuesto por mujeres. Los agentes desplazados se entrevistaron con los vigilantes que habían interceptado a cuatro mujeres que fueron trasladadas hasta la zona de seguridad de las instalaciones donde fueron cacheadas por una agente de la Policía. En las bolsas que portaban, y entre sus ropas, fueron descubiertas una gran cantidad de prendas presuntamente sustraídas supuestamente momentos antes en distintas tiendas de la zona.
Los policías, junto con los vigilantes, revisaron las grabaciones recientes de las cámaras de seguridad y localizaron un vehículo estacionado en las inmediaciones y al que las cuatro mujeres habían acudido de forma rotatoria para depositar bolsas en el interior de su maletero. En el interior del habitáculo se localizaron numerosas prendas que habían robado minutos antes.

En total, el valor lo sustraído ascendía a 1.596,81 euros por lo que se procedió a la detención de las cuatro presuntas integrantes de la banda por la posible comisión de un delito de hurto. El vehículo fue decomisado mientras que las prendas intervenidas fueron devueltas a los distintos comercios de las que habían sido sustraídas.Tres de las cuatro detenidas tienen antecedentes por la comisión de éste y otro tipo de posibles delitos, destacando que a la presunta cabecilla le figuran 41 detenciones previas en las ciudades de Sevilla y Madrid.

Una segunda banda masculina El segundo grupo fue localizado a última hora de la tarde del pasado viernes dentro de las instalaciones de otro centro comercial gracias al trabajo del vigilante de seguridad del comercio que detectó a uno de los arrestados cuando pretendía salir del establecimiento con objetos escondidos entre sus ropas. Los agentes del 091 se identificaron plenamente al hombre para proceder a su denuncia por una presunta falta de hurto. El vigilante de seguridad les indicó que había visto a otros dos hombres que podían estar trabajando con el primero y que habían abandonado el centro comercial en dirección a los aparcamientos.

Los agentes realizaron una batida por la zona de estacionamientos localizando a dos jóvenes que coincidían plenamente con la descripción aportada por el vigilante de seguridad. El primero resultó ser un joven rumano cuyo último domicilio conocido radicaba en Zaragoza y al que le constaban varios antecedentes policiales. A otro joven le fueron intervenidas las llaves de un vehículo que los agentes localizaron en las inmediaciones. En el maletero, los policías hallaron efectos recién robados por un valor de 473,90 euros por lo que procedieron a la detención de los tres hombres.

27 de junio de 2015

El Ministerio del Interior activa el nivel 4 de alerta antiterrorista

Así es el primer día de alerta 4

Potentes controles policiales en los puntos neurálgicos del país tras subir la alerta. Donde antes la consigna era observar y prevenir, ahora es de actuar a la mínima. En estaciones de trenes y aeropuertos se han desplegado policías con armas al hombro

No es un día más. Sin duda. hoy se habrá batido el récord de revisión de equipajes, de maletas, de bolsos. Hoy es el primer día 4, el primer día de un nivel de alerta antiterrorista cercano al máximo, al mismo nivel que tras la masacre del 11-M. Pero apenas se percibe. La ciudadanía no está sorprendida de que hoy, si ha emprendido algún viaje, haya visto potentes controles policiales, agentes con armas al hombro y con chalecos antibala.

En España, por desgracia, este tipo de dispositivos son conocidos. No es tan lejano en el tiempo cuando las fuerzas de seguridad del estado tenían que poner en marcha la operaciones de cierre de una ciudad, las denominadas operación jaula, tras un atentado perpetrado por ETA. Hoy, el escenario en las grandes ciudades es parecido. La secuencia de atentados de ayer y la elevación de la alarma al nivel 4 ha reeditado estas imágenes.

Interior decretó la elevación de alarma ante el riesgo de un atentado e instantáneamente se activaron los sistemas de refuerzo tanto en la Guardia Civil como en la Policía y el CNI. Grandes centros estratégicos, vitales para el funcionamiento del Estado. Grandes espacios de acumulación de ciudadanos. Grandes centrales energéticas... Un largo etcétera de instalaciones consideradas sensibles para la seguridad de España están aún más protegidas hoy. Donde antes la consigna era observar y prevenir, ahora es de actuar a la mínima... Visto como actúan los terroristas, las fuerzas de seguridad saben que tienen menos margen de confianza. "Al final, se trata de tener el dedo más cerca del gatillo", resumen uno de los agentes que participa en este nuevo dispositivo de seguridad.

Sin duda a quien más le toca apretarse el cinturón es a aquel que se dedica a la investigación antiterrorista. Estos especialistas no pueden dejar un fleco abierto. El nivel 4 afecta especialmente a la Unidad Central de Información Exterior de la Policía Nacional y a las unidades antiterrorista de la Guardia Civil. El control, sobre todo de sus sospechosos, se ha incrementado a niveles de máximos. Las vacaciones para estas unidades se han terminado hasta que el Ministerio del Interior opte por bajar de nuevo la alarma.

Pero, además, a quien le ha tocado hoy reforzar también su seguridad han sido a las empresas privadas. EL MUNDO ya adelantó hace apenas unas semanas que el Ministerio del Interior había a tratado de reforzar la colaboración de estas empresas para ampliar la lucha contra el terrorismo islamista. Porque, como recuerdan fuentes policiales, la seguridad exterior e interior no sólo en centros estratégicos privados sino también en públicos está en sus manos. "Sus ojos y sus oídos son clave", recuerda estas fuentes. No en vano, el atentado perpetrado en Francia afectó a empresas privadas.

BURGOS: 1.400 burgaleses poseen el título de vigilante de seguridad pero solo 700 trabajan

En el Día de la Seguridad Privada, el sector confía en que la nueva legislación sirva para «perseguir el intrusismo» y para asumir «nuevas competencias» que impulsen el negocio

En estos tiempos de crisis económica el intrusismo laboral es un fenómeno especialmente preocupante, pero más si cabe para un sector como el de la seguridad privada, cuya facturación ha bajado un 24% en los últimos años, según señaló ayer Moisés Jesús Crespo, jefe de servicios de Prosegur y representante en Burgos de la patronal Aproser. Por ello confía en que nueva normativa que regula la actividad -el reglamento está en fase de redacción en estos momentos- castigue y contribuya a «minimizar y erradicar» esta práctica «tan perjudicial». 

Crespo hizo estas declaraciones en el Día de la Seguridad Privada, cuya celebración tuvo lugar ayer en un acto en la Subdelegación del Gobierno. El intrusismo se revela de dos formas, según explicó el representante del sector. Por una parte «están las empresas denominadas piratas, que no están habilitadas para ejercer esta actividad», y por otro están los trabajadores que «carecen de titulación y en realidad son personal auxiliar de empresas de servicios». Estos empleados están al margen de cualquier convenio, «con la problemática añadida de que no son profesionales y, por tanto, su labor carece de la eficacia que sí ofrecen los trabajadores acreditados».

Sobre el actual momento que vive en sector, Crespo considera que ha tocado fondo y «ahora mismo la caída se ha parado y la actividad se ha estabilizado e, incluso, incrementado». Aunque advierte de que en un sector como el de los servicios la recuperación económica «tarda más en notarse que en otros ámbitos». La seguridad privada tiene habilitados en estos momentos en Burgos 1.419 vigilantes de seguridad, 31 jefes de seguridad, 273 escoltas privados, 62 directores de seguridad y 7 detectives privados, englobados en 38 empresas, según los datos de la Subdelegación. Pero de esos más de 1.400 profesionales con título solo trabajan en el sector unos 700, según señaló Crespo. «El resto o desempeña trabajos en otros ámbitos laborales o se encuentran en el paro», lamentaba.

Más competencias La nueva legislación, al margen de perseguir el intrusismo, «también abre nuevos campos de negocio para la seguridad privada». El representante de la patronal expresó ayer su deseo de que las autoridades españolas permitan a la seguridad privada asumir otras competencias, como ingrediente básico para seguir creciendo en «una sociedad en continuo cambio, que requiere de la colaboración entre el sector público y el privado». Como ejemplo, se refirió a la posibilidad de que los vigilantes puedan desempeñar «labores de control en zonas peatonales, comerciales, pagados por los propios empresarios, sin interferir en el trabajo de las fuerzas policiales, solo para sumar esfuerzos». También aludió a la opción de copiar a países europeos en los que vigilantes privados «colaboran por ejemplo en la práctica de pruebas de alcoholemia o en la seguridad de vueltas ciclistas, etc», indicó.

José María Arribas, el subdelegado de Gobierno en Burgos, indicó que el camino está en «potenciar la colaboración, porque la ayuda de la seguridad privada es inestimable para la consecución de los bajos niveles de delincuencia que hay en Burgos». Recordó que el índice de delitos y faltas bajó en 2014 un 1,5% respecto al año anterior. El acto celebrado ayer unificó en una única celebración los reconocimientos que tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil tenían por costumbre convocar anualmente para agradecer su apoyo a las empresas del sector.

26 de junio de 2015

SEVILLA: Protestas contra Grupo Control a las puertas del Centro de Acogida de Refugiados


En el día de hoy delegados y representantes de los sindicatos CC.OO, STS-A y SPV se han reunido a las puertas del Centro de Acogida de Refugiados, donde presta servicio la empresa de seguridad GRUPO CONTROL, para protestar por las condiciones laborales que soportan trabajadores y trabajadoras de esta empresa en la delegación de Sevilla.

"Esta empresa ha impuesto a la fuerza unas condiciones laborales muy por debajo de lo que marca el convenio colectivo, con subida del computo de trabajo, recortes de vacaciones y de pagas extraordinarias, además de incumplir reiteradamente lo que marca la ley en materia de retribuciones de haberes salariales" decían los afectados a las personas que se interesaban por los motivos de la protesta, tanto viandantes como funcionarios del propio CAR.

"Además, dependiendo de la provincia y del servicio que sea, GRUPO CONTROL aplica a su personal unas condiciones más o menos beneficiosas que otras, creando situaciones de agravio comparativo de difícil justificación". Los sindicatos convocantes de la protesta, en unidad de acción, seguirán organizando otras acciones para denunciar el tremendo daño que empresas como GRUPO CONTROL, está haciendo al colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la seguridad privada. "Estas y otras empresas del mismo perfil, están haciendo su agosto en tiempo de crisis, ofertando servicios de seguridad con un precio competitivo, a costa de la precariedad y el sufrimiento de los vigilantes de seguridad, que son los que soportan en sus carnes los recortes que hagan falta para que la empresa pueda tener unos costes muy ajustados, siempre al margen de lo que marca el convenio colectivo del sector.

Los organizantes lamentan especialmente que desde las distintas administraciones públicas se apoye y se les de cobertura a este tipo de empresas, que están fomentando con sus malas prácticas una figura emergente: el vigilante de seguridad "Low Cost", que por sus condiciones económicas y retributivas forman parte del sector de asalariados que se sitúan a la cola del panorama laboral, a pesar de tener que dar la cara y realizar un servicio al mismo nivel que las empresas que sí cumplen el convenio.

El Tribunal Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada


El Alto Tribunal anula la medida de gracia que concedió el Gobierno de Mariano Rajoy a uno de los empresarios de seguridad que ha conseguido más contratos a lo largo de esta legislatura

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.

El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel. El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.

La relación con el ministro Soria El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto. 

Además de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.

Como publicó este diario, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.

Investigación por delito fiscal En el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.

Con todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por unimporte de 11 millones de euros. La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.


25 de junio de 2015

ASTURIAS: Los vigilantes de seguridad interponen seis denuncias por intrusismo profesional




La asociación Avispa recuerda que las sanciones pueden llegar a los 30.000 euros 

La Asociación Profesional de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA) ha interpuesto denuncias por intrusismo profesional en la prestación de servicios de seguridad privada sin contar con profesionales debidamente habilitados. Avispa ha realizado, en los últimos 15 días, inspecciones que han dado lugar a denuncias contra las siguientes empresas y actos: 

Festival de Primavera de Oviedo. (Fest Primavera). 
Fiestas patronales de La Florida, en Oviedo. 
Fiestas patronales de La Corredoria, en Oviedo. 
Fiestas patronales de San Juan, en Mieres. 
Empresas de servicios auxiliares Staff. 
Empresa de servicios auxiliares ESC, del Grupo Prosegur. 

Avispa ha señalado que la campaña de inspecciones continuará durante los fines de semana en aquellas localidades que celebren actos o eventos festivos y que requieran de personal de seguridad.  El personal con categoría laboral de auxiliar de servicios, según la asociación, no puede prestar ni desarrollar funciones que únicamente están reservadas, en la vía pública, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Policías Locales, o en su defecto, a los Vigilantes de Seguridad Habilitados y a través de empresas autorizadas e inscritas en el registro general de la Dirección General de la Policía en recintos perimetrales o interior de los mismos, previa autorización administrativa.

A CORUÑA: El 092 detiene a dos ladrones y denuncia a dos jóvenes por agresión

Un vigilante de seguridad privada alertó al 092 de que un hombre le había arrebatado el bolso a una mujer en la avenida de Buenos Aires. Los agentes localizaron al sospechoso -29 años, vecino de León- en la plaza Maestro Mateo, que llevaba todavía el bolso sustraído. El dispositivo de seguridad tiene cifras menores que el del año pasado. Si en 2014, al final de la tarde del 24 de junio se habían denunciado 30 hurtos y robos (llegaron a 80 en días sucesivos), hasta ayer solo se habían presentado 14 denuncias al respecto. La Policía Local intervino en tres agresiones en Riazor y Orzán y la Policía Nacional, en ninguna.

El 092 informó de que detuvo durante la jornada de San Juan a dos hombres acusados de robo con violencia. Dos jóvenes requirieron la presencia de los agentes a las 04.50 horas, en la avenida de Buenos Aires. Denunciaron que un chico le había puesto una navaja en el costado a uno de ellos y que les había pedido que le diesen todo el dinero que llevasen. La víctima consiguió zafarse agarrándole la mano al ladrón, por lo que el hombre se dio a la fuga. Mientras las víctimas estaban con los agentes, vieron a su presunto agresor en las inmediaciones de la calle. Los policías le interceptaron. El acusado es un joven coruñés, de 20 años. Un vigilante de seguridad privada alertó al 092 de que un hombre le había arrebatado el bolso a una mujer en la avenida de Buenos Aires. Los agentes localizaron al sospechoso -29 años, vecino de León- en la plaza Maestro Mateo, que llevaba todavía el bolso sustraído.

Los agentes denunciaron a un joven de 18 años acusado de participar en una pelea en la playa del Orzán en la que un varón de 20 años resultó herido en la nariz. Pasadas las tres de la mañana, una patrulla del 092 intervino en una pelea entre dos chicas, de 18 y 19 años, a las que estaba separando otro joven. Una de ellas denunció que había recibido varias llamadas de un número oculto en las que le decían que fuese a ver a su exnovio porque se encontraba muy mal y quería verla. La joven acudió al encuentro y, según su relato, una chica se abalanzó sobre ella, le golpeó en la cara y le tiró del pelo. Entonces, su exnovio se interpuso para intentar separarlas. La agredida necesitó atención sanitaria.

LAS PALMAS: La fiscal culpa de la muerte de La Montañeta a un alto cargo y a la empresa de seguridad Securitas


En sus conclusiones definitivas, la fiscal Beatriz Sánchez ha solicitado que se condene a dos años de prisión a los acusados: el entonces jefe de Ejecución de Medidas Judiciales del Gobierno canario y un delegado de Securitas

La Fiscalía ha considerado este miércoles responsables de homicidio imprudente por la muerte de un interno de La Montañeta en un incendio ocurrido en 2007 al entonces jefe de Ejecución de Medidas Judiciales del Gobierno canario y a un delegado de Securitas, encargada de la seguridad del centro.En sus conclusiones definitivas, la fiscal Beatriz Sánchez ha solicitado al Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que condene a dos años de prisión a ambos acusados, el funcionario Juan Carreiro Estévez y al representante de Securitas José Tomas González Sosa, pues entiende que no tomaron las medidas para evitar la muerte del interno Jordi Brito Abengoza, quien falleció por asfixia, según la forense.

Sánchez ha considerado probado que a ambos acusados se les había avisado de que podría haber una desgracia en el centro pero su "pasividad, inactividad e imprudencia" dio lugar al fallecimiento del interno el 24 de abril de 2007, cuando no saltaron las alarmas de fuego y humo a pesar de que Brito había prendido un fuego en su habitación. Las deficiencias del sistema de seguridad que existían en el módulo 4 del centro, donde se encontraba el cuarto en el que estaba internado desde cuatro días antes el fallecido, fueron denunciadas "una y otra vez", por el director y el subdirector del centro de La Montañeta, Miguel Ángel Arroyo y Basilio Aguilera, pero "no se hizo nada", ha afirmado la fiscal.

El Ministerio Público ha subrayado que "da igual" si el joven "tenía intención de escaparse, dar la nota o suicidarse", pues si hubieran funcionado la alarmas no podría atribuirse la responsabilidad a ambos acusados, quienes "merecen ser condenados". Además, ha apuntado que el intento de suicidio que se pretende alegar por la defensa de Carreiro no es válido porque "nadie lo ha dicho en el juicio, y ha abundado en que la responsabilidad de que no funcionaran los sistemas de seguridad "no es del menor". El acusado Tomás González Sosa ha señalado en su derecho a la última palabra que siente "mucho" el fallecimiento del interno y ha manifestado ser inocente de los hechos que le imputan.

Las defensas de González Sosa como de Carreiro han reclamado la absolución de ambos acusados y han solicitado como atenuantes las dilaciones indebidas y el hecho de que han hecho frente a la responsabilidad civil reclamada, al haber abonado 60.000 euros a los familiares del fallecido, unas atenuantes que han sido compartidas por la fiscal, a la que han responsabilizado del retraso de la causa.

Sánchez, sin embargo, ha señalado que si la Dirección General del Menor y Securitas no hubieran mantenido una "actitud obstruccionista" el caso se hubiera resuelto en 2 o 3 años, pues desde un primer momento han señalado a responsables "todos" los relacionados con el centro "salvo a los acusados". La defensa de González Sosa ha negado que Securitas actuara con pasividad; ha sostenido que una tercera empresa era la encargada de la seguridad del módulo cuatro; ha apuntado que el joven "evitó ser salvado y complicó" su auxilio, al colocar el colchón al que prendió fuego en la puerta del cuarto; y ha subrayado que no existen pruebas que lo inculpen.

Los dos defensores han considerado que, en todo caso, se trataría de una falta de homicidio por imprudencia leve y han pedido que si prospera la petición de la fiscal se apliquen las atenuantes reclamadas. El abogado de Carreiro ha solicitado su absolución porque entiende que no se ha demostrado en el juicio su responsabilidad sobre los hechos que se le imputan, cuando además el fallecido tenía 18 años y entre sus competencias tampoco figuraba la guarda y custodia de menores, entre otras cuestiones alegadas en su defensa.

Según el letrado de los servicios jurídicos del Gobierno canario, la Fundación Ideo, mediante un convenio, había asumido la gestión del centro para internos menores con medidas judiciales y le atribuye por ello la responsabilidad de lo sucedido en La Montañeta, pues Carreiro actuó "diligentemente" y su conducta no fue "omisiva".

24 de junio de 2015

CIUDAD REAL: Ochenta guardas privados se forman sobre la Ley de la Seguridad Privada

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, Fernando Rodrigo, ha clausurado hoy en Villanueva de los Infantes una jornada de formación en la que han participado unos ochenta guardas privados de la provincia de Ciudad Real con el fin de instruirse en temas como la Ley de Seguridad Privada.

Rodrigo ha señalado que esta jornada también ha permitido que los guardas privados hayan podido conocer aspectos relacionados con los trámites administrativos, con los delitos e infracciones en el medio ambiente y con los procedimientos específicos de coordinación para el servicio.

El subdelegado del Gobierno ha recordado a los participantes en la jornada que desde la reciente Ley de Seguridad Privada que entró en vigor hace un año los guardas rurales ejercen sus funciones en colaboración y coordinación con la Guardia Civil. Además, ha destacado que los guardas rurales tienen la consideración jurídica de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones. También les ha animado a seguir formándose en esta materia y ha agradecido la labor que desarrollan en el entorno rural, "necesaria para seguir mejorando la vigilancia y seguridad de personas y bienes en terrenos rústicos, así como las instalaciones agrarias e industriales ubicadas en dichos terrenos", ha concluido.

El subdelegado del Gobierno ha estado acompañado durante la clausura de la charla por el teniente coronel de la Guardia Civil, Humberto Urruchi, y el alcalde de la localidad, Antonio Ruiz. La jornada forma parte del programa 'COPERA' de comunicación operativa entre Guardia Civil, empresas y departamentos de seguridad que actúan en este ámbito, con el objetivo de potenciar las capacidades de los guardas rurales en beneficio de la seguridad ciudadana en general.

CANTABRIA: Los vigilantes de seguridad frustran un robo de metales en un factoría de Reinosa

Los vigilantes de seguridad de Gerdau, la Guardia Civil y la Policía Local evitaron en la madrugada del lunes al martes, entre las 2.00 y las 3.00 horas, un intento de robo en el almacén de Ferroaleaciones, donde los ladrones, que no fueron alcanzados, pretenderían extraer molibdeno, el mismo metal empleado para aleaciones en aceros del que se sustrajeron unas diez toneladas en el pasado mes de marzo.

Según ha podido saber Vive Campoo, al menos tres individuos accedieron al interior de la factoría por la zona de la báscula, en la entrada de Matamorosa, donde no hay un puesto de vigilancia físico, y una vez dentro se dirigieron al almacén de Modelos para hacer un puente a una traspaleta con la que movilizar la mercancía que tendrían intención de robar en el almacén de Ferroaleaciones que se encuentra en frente.

Se trataba del mismo procedimiento que el efectuado en el último robo, pero en esta ocasión, después de hacer un agujero en la pared de la nave, los ladrones no habrían encontrado las mismas facilidades en materia seguridad para sustraer el material del interior del almacén que la vez pasada. Los delincuentes, posiblemente alertados por la presencia del personal de seguridad de la fábrica -que vio los movimientos de los individuos y llamó la a Guardia Civil y Policía Local para que acudieran en su búsqueda-, huyeron con celeridad del interior del local en el que previamente habían hecho un butrón. Asimismo, según se ha puesto en conocimiento de este medio, los asaltantes (que no consiguieron llevarse consigo ningún material y no hubo que lamentar ningún daño personal), se escaparon saltando el muro que delimita el perímetro de la fábrica en la zona contigua a los prados que hay en dirección Bolmir.

Este intento de robo frustrado, se suma al que sí se produjo en marzo y que en aquella ocasión ocasionó un daño económico próximo a los 400.000 euros por la sustracción de unas diez toneladas de este caro metal empleado en las aleaciones de aceros. En aquella ocasión el robo era el cuarto que se producía en cuatro años y como consecuencia los trabajadores demandaron mayor seguridad a la empresa. Actualmente hay un vigilante de seguridad y un auxiliar por turno en la fábrica.

Próxima concentración a GRUPO CONTROL Sevilla el 26 de junio en el CAR (Centro de Acogida de Refugiados)


Concentración contra GRUPO CONTROL a las puertas de la central de Correos y Telégrafos

En la mañana de ayer trabajadores y trabajadoras de Grupo Control Sevilla acompañados de distintos representantes sindicales de CC.OO, STS-A y SPV se concentraron en la Avenida de la Constitución, a las puertas de la Central de Correos Telégrafos, contra la empresa de seguridad GRUPO CONTROL, movilizaciones organizadas por incumplimientos del convenio colectivo del sector, retraso reiterado en el abono de los haberes salariales y otros impagos.

Los concentrados mostraron su repulsa por las condiciones a la baja y recortes que está imponiendo esta empresa a la plantilla de la delegación de Sevilla, con una pérdida salarial media de unos 1500 al año con respecto a las que existen en otras provincias. Se da la circunstancia de que, incluso dentro de la misma delegación de Sevilla, según el centro de trabajo al que pertenezca el trabajador, tienen condiciones más o menos favorables.

La representación de los trabajadores, en unidad de acción, está organizando distintas acciones para denunciar las malas prácticas empresariales de GRUPO CONTROL en su delegación de Sevilla, entre las cuales están la interposición de diversas denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo, la formalización de conflicto colectivo por incumplimiento de convenio colectivo, además de la puesta en marcha de una campaña de información a los clientes y a la ciudadanía en general de las condiciones por la que están pasando los trabajadores de esta empresa.

Dentro de estas acciones se han enviado cartas a todos los clientes que tienen contratados los servicios de GRUPO CONTROL en Sevilla, informándoles pormenorizadamente de las circunstancias en la que se encuentran los empleados de esta empresa y se han programado concentraciones en dos de sus principales clientes: Correos y Telégrafos (23 de junio) y el Centro de Acogida del Refugiado (26 de junio).

23 de junio de 2015

El delegado del Gobierno en Castilla y León destaca el papel que desempeñan los 4.325 agentes de seguridad privada

Suárez-Quiñones afirma que la Ley de Seguridad Privada ha mejorado la colaboración entre el sector y las Fuerzas y Cuerpos del Estado

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó el “papel fundamental” que desempeñan las 325 empresas privadas de seguridad que operan en la Comunidad y los 4.325 guardias que trabajan en ellas, a la vez que resaltó que la nueva regulación del sector aprobada por el Gobierno el pasado año está mejorando la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Suárez-Quiñones realizó estas declaraciones durante su intervención en el acto central con el que la Delegación del Gobierno celebró esta mañana en Valladolid el Día de la Seguridad Privada y en la que fueron galardonados 26 agentes de seguridad -19 hombres y siete mujeres- que a lo largo del pasado año colaboraron con la Policía Nacional o con la Guardia Civil en la detención de sospechosos o en el esclarecimiento de delitos.

El delegado del Gobierno aseguró que aunque la Constitución marca claramente que la seguridad es una competencia del Estado que se ejerce mediante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, “la seguridad privada es un recurso que los gobiernos no puede desperdiciar”. En este sentido, resaltó que la nueva Ley de Seguridad Privada, además de evitar el intrusismo en el sector, potencia la colaboración con la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales. A su vez, Suárez-Quiñones se refirió a la próxima entrada en vigor el próximo día 1 de julio de la reforma del Código Penal, donde también se contempla el delito de atentado para las personas que se resistan o desobedezcan al personal de seguridad privada que desarrolle actividades en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El delegado aseguró que aunque España tiene una tasa de delincuencia 20 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, el ratio de vigilantes privados es mucho menor que en el conjunto de la UE, “por lo que con las últimas reformas legales el Gobierno pretenden dar un espaldarazo a un sector que tiene un considerable potencial de creación de empleo”. En el acto también intervinieron el general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, el general José Manuel Díez Cubelos, y el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Manuel Javier Peña Echeverría, quienes coincidieron en señalar el papel que desempeñan los agentes de la seguridad privada.

Díez Cubelos se refirió el programa 'Coopera', puesto en marcha en el año 2006 y en el que además de fomentarse la colaboración, se establecen los canales de comunicación entre la Guardia Civil y la seguridad privada. Sólo el pasado año gracias a este mecanismo se establecieron un total de 437 comunicaciones entre el Instituto Armado y la diferentes empresas privadas de seguridad que operan en la Comunidad. Por su parte, Peña Echeverría resaltó que la seguridad privada, junto con el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la colaboración ciudadana, es uno de los pilares de la seguridad, por lo que resaltó la importancia de “estar juntos” y de mantener una relación de “compromiso y responsabilidad”.

Modificaciones en la legislación en materia de incapacidad temporal



Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, publicada en el BOE Nº 147 del día 20 de junio de 2015.
Accede al BOE de referencia AQUÍ

Revista Cuadernos de Seguridad Nº 301 (Junio 2015)

22 de junio de 2015

INTERNACIONAL: La policía chilena investiga asalto que dejo 2 vigilantes de Prosegur heridos a bala en Puerto Montt

La PDI investiga un millonario y violento asalto que ocurrió la noche de viernes en las bodegas de la CCU en Puerto Montt y que dejó a dos vigilantes de Prosegur heridos a bala.

Ante un llamado al nivel 133 se hizo presente en el lugar personal de la tenencia Las Quemas, en el kilómetro mil 28 de la Ruta 5 Sur, donde desconocidos se encontraban robando en una de las bodegas de la CCU. Los antisociales ingresaron al recinto momentos después de que un camión de Prosegur llegara a hacer el retiro de valores instancia que aprovecharon para realizar el ilícito.

Disparando e intimidando a los funcionarios de la empresa de seguridad los delincuentes lograron darse a la fuga con 30 millones de pesos, así lo confirmó, Juan Ferrada, jefe de la brigada de robos de la PDI. Tras el robo los vigilantes heridos fueron trasladados a la Clínica Puerto Montt, donde fueron identificados como José Gallardo quien termino con un impacto de proyectil en un muslo y a Marcelo Ibarra quien fue internado con una herida de bala en una rodilla.

Modificiación de la Ley 5/2014 del 4 de Abril de Seguridad Privada e integración en el futuro Reglamento

PROPUESTAS DE VIGILANTES POR SUS MEJORAS, MODIFICIACION DE LA LEY 5/2014 DEL 4 DE ABRIL DE SEGURIDAD PRIVADA E INTEGRACIÓN EN EL FUTURO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA.

A/A: Sr. MINISTRO DEL INTERIOR. La actual Ley de Seguridad Privada deja un gran vacío en la cobertura general hacia el personal de Seguridad Privada, creemos que dicha ley no va enfocada a una seguridad mejor para la ciudadanía y mucho menos para el personal al que regula. Por diferentes medios un grupo de personas del gremio de la Seguridad privada en España ha recopilado esta serie de medidas para mejorar la figura del vigilante de seguridad y sus especialidades.

El siguiente texto fue elaborado por personas que solo buscan una mejora general en el sector, tras ser redactado fue propuesto a la Asociación Marea Negra para que diera la mayor difusión posible al tener contacto en todo el territorio. Solicitamos la difusión por la mejor de todo el gremio, no solo te lo quedes tú, muévelo por tu grupo de amigo y familiares ya que todos salimos beneficiados.

21 de junio de 2015

GIJÓN: La Defensora del Pueblo interviene en Sograndio tras la denuncia de la Asociación de Vigilantes AVISPA


Dos técnicos visitaron el centro de menores tras la denuncia de castigos excesivos y grabaciones íntimas presentada por la Asociación de Vigilantes


«Se ha detectado un uso excesivo de la sanción disciplinaria de separación de grupo ante la comisión de faltas muy graves o graves en el centro de Sograndio». En 2013, el informe denominado 'Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura', elaborado cada año por la Defensora del Pueblo, señalaba así uno de los fallos a solventar por el centro juvenil de Sograndio, el único de Asturias para el internamiento de menores con condena.

Pedía la Defensora del Pueblo que el aislamiento no superase los siete días, una petición que se ha vuelto a poner sobre la mesa esta misma semana. Técnicos del organismo que preside Soledad Becerril visitaron el dispositivo, precisamente, tras una denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) sobre castigos excesivos.

Acusan los profesionales al centro de abuso del aislamiento como castigo para los menores. Ayer mismo eran cinco los jóvenes encerrados en estas celdas, conocidas en Sograndio como 'camarillas'. Muchos llevaban ya siete días en ellas y, según fuentes del centro, «no se cumple la petición de la Defensora del Pueblo. Muchos salen a los siete días y, horas después, vuelven a entrar. Y muchas veces, por decisiones arbitrarias».

El aislamiento está considerado como el castigo más severo, ya que supone permanecer aislado en una habitación de pequeño tamaño en la que solo hay un camastro, una mesa y un aseo sin puerta. Todo de color blanco y realizado con material antivandálico. Una medida considerada 'extraordinaria', pero que, según recogía el informe 2013 de la Defensora del Pueblo, hace dos años de los 79 expedientes incoados por Sograndio, 78 fueron encierros en las 'camarillas'. Según aseguraron fuentes del centro a EL COMERCIO, ese castigo sigue siendo «el más utilizado», con vulneración de los tiempos. Los aislados tienen derecho a salir durante dos horas al día a un patio. Normalmente, solo salen una, la vespertina, ya que la matinal es a las seis de la mañana.

Queja ante el fiscal: No solo se quejan los vigilantes y profesionales del centro. Un menor ingresado en Sograndio presentó una denuncia contra el castigo impuesto, pero, según recoge el informe 2014 de la Defensora del Pueblo, «fue archivada por el Fiscal de Menores el 21 de febrero».

El mismo fiscal que aún no ha contestado a las quejas presentadas por Avispa, como sí lo hizo su jefa, la Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que archivó la denuncia de los vigilantes que ahora analiza el equipo de Becerril. También tendrán que estudiar cómo un centro pasa de cero fugas en 2014 a las tres que acumuló en dos meses, más otros tres intentos. De acuerdo al último informe de la Defensora del Pueblo, el año pasado ningún menor se fugó de Sograndio, aunque tres lo hicieron durante una salida organizada y siete no volvieron de un permiso. El documento señala, además, que 104 jóvenes, de ellos solo 12 mujeres, pasaron el año pasado por el dispositivo. La mayoría, 57, para ser internados en régimen semiabierto. La mayoría, 74, españoles.

MADRID: La empresa de seguridad de las líneas 2, 5, 6, 10 y Metrosur hará un ERE que afectaría a 109 empleados

Las negociaciones dentro del proceso de consultas para evitar el despido colectivo de hasta 109 vigilantes de la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad de las líneas del suburbano 2, 5, 6, 10 y Metro Sur han concluido sin acuerdo.

Así lo manifiesta CC.OO en un comunicado para dar cuenta de la imposibilidad de acuerdo con la empresa Seguridad Integral Canaria. Ante esta situación, avanza que ahora la empresa acometerá los despidos y que la Federación de la Construcción y Servicios de Madrid adoptará "las medidas legales oportunas y necesarias para defender los derechos y los empleos de estos trabajadores". Explica el sindicato que la empresa presentó la medida argumentando causas organizativas y de producción debido a la reducción de personal de un 40 por ciento que según la empresa Metro de Madrid le obliga por contrato. La propuesta "no era nueva", detalla CC.OO, ya que hace un año presentó un ERE para 90 personas, que finalmente no se llevó acabo.

Durante el proceso finalmente la empresa ha rebajado a 94 despidos, aunque el portavoz Seguridad Privada, Luis Bernal, ha explicado a Europa Press que al finalizar sin acuerdo el periodo de consultas la empresa puede ejecutar el despido colectivo sobre el número máximo comunicado, es decir, 109 empleados. La Federación de Construcción y Servicios de CC.OO Madrid ha mantenido una postura "de total rechazo", ya que la empresa desde que se hizo cargo del servicio hace dos años ha realizado 104 contrataciones, "siendo conocedora desde antes de comenzar a gestionar el servicio de vigilancia de Metro, de los mínimos exigidos por este, no habiendo por tanto una causa sobrevenida que justifique los despidos".

También sostiene que en la empresa se realiza un número elevado de horas extraordinarias, que "si se suprimieran podría minimizar sustancialmente el número de despidos". "La voluntad de los despidos es arbitraria e inaceptable", ha asegurado el sindicato. CC.OO asegura que ha propuesto alternativas para evitar la extinción de ningún contrato, como: la supresión de las horas extras, la elaboración de un calendario vacacional, jubilaciones parciales, recolocaciones en otros servicios, bajas voluntarias y una mejora de la organización del trabajo.

20 de junio de 2015

NO a las empresas PIRATAS de la seguridad privada


Securitas Direct, BBVA, Ferrovial y Abengoa, algunas de las empresas premiadas por LinkedIn

La red social profesional LinkedIn ha celebrado este jueves la primera edición de sus Premios IN 2015, en la que ha galardonado a diversas empresas españolas, entre las que se encuentran Securitas Direct, BBVA, Ferrovial y Abengoa

Estos premios han valorado la actividad de más de 400 empresas españolas, de las que 40 han sido nominadas en alguna de las categorías. La gala de entrega de los galardones tuvo lugar en el Centro de Innovación de BBVA, en Madrid. La entidad presidida por Francisco González fue premiada en la categoría de Innovación, Ferrovial en la de Comunicación, Abengoa en la de Resultados, Gonvarri Steel Industries en la de Fidelidad, Nationale Nederlanden en la de Employer Branding y Tecnocom en la de Mejor Equipo de Selección.

Por su parte, Securitas Direct obtuvo el galardón a la Transformación como reconocimiento a la evolución y el cambio que ha experimentado en sus estrategias de reclutamiento, según ha informado la empresa de seguridad. En la misma categoría estaban nominadas las compañías Mango, FCC, Enagás, El Corte Inglés y Tragsa. El premio fue recogido por la directora de Talento de Securitas Direct, Olga Lupión, que ha afirmado que la compañía necesita "atraer a los mejores profesionales de cada campo para lograr los niveles de exigencia y de eficacia" que se propone, "que son muy altos".

MURCIA: Vigilantes de Eulen en la factoría Sabic reclaman un plus de peligrosidad y armas

Esta situación afecta a 28 trabajadores de la empresa encargada de los servicios de seguridad en la planta petroquímica ubicada en la diputación cartagenera de La Aljorra

Los vigilantes de seguridad de la empresa Eulen que llevan a cabo sus funciones en la factoría de Sabic han denunciado que no perciben el plus salarial por vigilar un entorno peligroso ni se les han facilitado las armas correspondientes para esas labores.

Esta situación afecta a 28 trabajadores de la empresa encargada de los servicios de seguridad en la planta petroquímica ubicada en la diputación cartagenera de La Aljorra, que iniciaron sus reivindicaciones en 2012 para exigir ese reconocimiento. En enero de 2014, el delegado territorial del sindicato CSIF en la región de Murcia, Víctor Pérez Jerez, denunció la situación de los empleados ante la Delegación del Gobierno, y el departamento de Seguridad Privada ha llevado a cabo dos inspecciones, en enero de ese año y marzo de 2015, en las que se reconoció la condición de peligrosidad del empleo y se indicó la necesidad de contar con vigilantes armados en cada turno.

Según recogen los trabajadores en su demanda, la actividad que se desempeña en el complejo industrial de Sabic está calificada como peligrosa, debido a que en él se manipulan y fabrican sustancias químicas y peligrosas. La ley de Seguridad Privada establece que las labores de vigilancia y protección de este tipo de instalaciones deben ser llevadas a cabo por vigilantes de seguridad armados, que además deben percibir un plus salarial por peligrosidad que asciende, según los trabajadores, a unos 2.000 euros anuales.

Se trata no solo de que los vigilantes puedan garantizar correctamente la seguridad de la planta, sino también la suya propia y la de la población que reside en las inmediaciones, han indicado a Efe. A pesar de que estas directrices están claramente fijadas en la ley de Seguridad Privada y la propia inspección determinó la necesidad de contar al menos con dos vigilantes armados en cada turno, han lamentado, ni Eulen ni Sabic han dotado de armas a los trabajadores ni abonan el plus de peligrosidad.

Desde la empresa Eulen han asegurado a Efe que la compañía "no ha recibido notificación alguna" sobre la necesidad de llevar armas o las medidas que deben tomar en este caso concreto y se han mostrado abiertos a poner "los medios que se indiquen" en cuando así les sea notificado. En cuanto a Sabic, fuentes de la compañía han explicado a Efe que desconocen la situación de estos trabajadores o las posibles inspecciones, ya que no se trata de empleados de la propia petroquímica, sino que los servicios de seguridad están externalizados.

19 de junio de 2015

EUSKADI: Tres detenidos y dos huidos tras un robo de piezas en una empresa de Bergara

DONOSTIA. Tres hombres han sido detenidos esta madrugada en Bergara, al ser interceptados por la Ertzaintza cuando supuestamente huían en una furgoneta, junto a otros dos cómplices, después de haber robado diverso material metálico en una empresa de esta localidad guipuzcoana.


Según ha informado hoy el departamento vasco de Seguridad, los hechos se han producido sobre las 3.00 horas de esta madrugada cuando el vigilante de seguridad de una empresa ubicada en el polígono San Juan de Bergara ha alertado a la Policía vasca de que varias personas estaban robando en sus instalaciones. Al verse sorprendidos, los presuntos ladrones, que al parecer habían accedido a la empresa rompiendo una valla, han huido del lugar en una furgoneta, dejando en las instalaciones cinco sacos cargados de piezas metálicas, concretamente, válvulas.

Cuando una patrulla de Ertzaintza se dirigía al polígono industrial, se ha cruzado con una furgoneta cuyas características coincidían con la descrita por el vigilante, por lo que los agentes han dado el alto al conductor. Sin embargo, aunque han parado el vehículo, dos de los ocupantes han salido huyendo y se han dado a la fuga a través del monte, mientras que los otros tres han sido arrestados. La misma fuente ha señalado que los detenidos, dos de ellos de 37 y 40 años, y el tercero aún sin identificar, serán puestos a disposición judicial, acusados de un delito con fuerza, una vez concluidas las diligencias de la Ertzaintza, que también trata de localizar a los otros dos presuntos participantes del robo con fuerza huidos.

Intrusismo profesional, el lado oscuro de la seguridad privada.

Una de las lacras en el sector de la seguridad privada está constituida por el intrusismo profesional. Su aumento vertiginoso ha supuesto la pérdida de muchos puestos de trabajo de vigilantes de seguridad, pero sobre todo el constante incumplimiento de la normativa por las empresas que realizan estas actividades pone está poniendo en grave riesgo la seguridad ciudadana.

La desconsideración por parte de los actores sociales deja en mal lugar a los auténticos profesionales ahora ninguneados por las instituciones, empresas privadas y hasta por la sociedad en general. Por parte de las administraciones públicas debe decirse que no se ejecutan los protocolos sancionadores a estas empresas de servicios, a sabiendas de las infracciones legales existentes y de las graves consecuencias para la seguridad ciudadana que supone la implantación de servicios de seguridad por personas no habilitadas y sin experiencia. Llegado el caso el ejemplo de lo sucedido en Madrid Arena sirve para dibujar esta situación de dejadez y de abandono institucional. No se efectúan los controles ni inspecciones suficientes por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De la misma manera tampoco se efectúa la salvaguarda del principio de legalidad implícito en la normativa de seguridad privada.

Según la ley de seguridad privada 5/2014 para ser vigilante de seguridad hay que tener una formación específica y superar unas pruebas en las dependencias de la policía nacional. A su vez hay que carecer de antecedentes penales. Cuando se contrata un servicio de seguridad ilegal, intrusista, compuesto por un auxiliar de servicios, portero de discoteca, controlador o similar, no se exige carecer de antecedentes penales ni tener formación ni superar unas pruebas. Por ello dicho trabajador podría tener antecedentes penales sin que nadie lo detectase y todo ello mientras ejecutase su servicio de seguridad ilegal. Este hecho ocurre diariamente sin que nadie haga nada al respecto. Es un agujero negro para el sector porque crea precariedad: por una parte, y jugando con la doble moral de los precios de contratación low cost, destruye los puestos de trabajo de los vigilantes de seguridad habilitados por el ministerio del interior. Por otra pone en peligro a los ciudadanos que desconocen por completo esta situación. La secretaría de estado de seguridad así como las subdelegaciones del gobierno en las provincias no tienen como prioridad la persecución de las empresas oscuras de servicios que prestan una protección deficiente a los clientes que las contratan. Y eso no solo no nos deja en situación de riesgo a los españoles sino a la multitud de turistas extranjeros que visitan España y que se encuentran con este espectáculo absurdo e inimaginable en sus países. Dicho de otra forma esta es una de las imágenes que España exporta fuera, la de una seguridad oscura.

A la vista de la coyuntura actual, la asociación nacional “Marea Negra por la Seguridad Privada”, relacionada directamente con los problemas de los vigilantes de seguridad y de los profesionales del sector de la seguridad privada, está desarrollando un programa de denuncias contra el intrusismo profesional que ya se está ejecutando. Y además no solo está construyendo un protocolo propio de denuncias con la policía nacional, sino que está efectuando una campaña mediática contra el intrusismo profesional del sector de la seguridad privada. Para ello sigue lo descrito en el Art. 57.1.a y Art.57.1.b de la ley de seguridad privada 5/2014, donde se califica como falta MUY GRAVE el intrusismo profesional. Las sanciones aplicables, en la misma ley, según el Art.61 van de un valor de 30.001 á 600.000 euros.

Hasta ahora “Marea Negra por la Seguridad Privada” ha interpuesto, hasta el mes de diciembre, 113 denuncias. Estas reflejaron irregularidades que fueron inspeccionadas por la policía nacional y que obtuvieron, en algunos casos, la consecuente sanción. Puede decirse que “Marea Negra por la Seguridad Privada” ha generado a las empresas intrusistas, con las sanciones administrativas, unas pérdidas cifradas entre 240.000 y 4.800.000 euros. Una cantidad nada desdeñable ante la insumisión de algunos sindicatos y de las mismas instituciones. Esta asociación cree que la única manera de mejorar la precariedad del sector es la denuncia al intrusismo y apuesta por el incremento de estas denuncias. Para ello ha dotado a su página web de un medio anónimo para efectuar las denuncias (marenanegra.net). Existe un campo en el que se puede denunciar, aportando datos de la empresa y del servicio, pero donde no se exige dato alguno al denunciante. A efectos legales sería la asociación quien denunciara en nombre propio. (poner enlace Javier, de denuncia).

Para un profesional habilitado no puede quedar en saco roto esta situación puesto que su futuro depende de ello. El intrusismo nunca ha sido tan peligroso como ahora. Por ello “Marea Negra por la Seguridad Privada” solicita el colaboracionismo del sector en general y la unidad a la hora de detectar y denunciar a dichas prácticas ilegales. Es una circunstancia que se acerca demasiado a la estabilidad de cada vigilante de seguridad y que exige de una actuación rápida y precisa.

La subida alarmante de las prácticas intrusistas en la seguridad privada por parte de empresas de servicios está generando un agujero negro no solo en la legalidad vigente, donde está prohibido, sino en la moralidad del entramado de personas que gestionan y controlan el sector.

EXTREMADURA:Uno de cada tres empleados de empresas de seguridad ha perdido su trabajo este año

La Junta ha bajado los costes en las contratas de seguridad en edificios e instituciones públicas y las empresas del sector han reaccionado bajando sueldos y despidiendo a trabajadores. Esa es la tesis de CCOO que ha pedido al nuevo gobierno regional que sea estrictamente legal en el cumplimiento de las leyes para que no se repitan esas contrataciones a la baja.


En declaraciones a EFE, el secretario de Organización de la Federación de Construcción y Servicios Públicos de CCOO de Extremadura, Antonio Pino ha señalado que en Badajoz las plantillas de las empresas de vigilantes de seguridad se han reducido en Extremadura de 1.800 a 1.100 efectivos durante los cinco primeros meses del año debido, principalmente, a la reducción de empleados en que prestaban sus servicios a la Administración autonómica. La Administración pública es, a su juicio, el ámbito que más demanda servicios de este tipo en la Comunidad Autónoma, efectuados en la actualidad por empresas "poco cumplidoras" que reducen de forma constante sus plantillas.

Rozando la piratería Se trata de unas empresas que "rozan la piratería" pues obligan a sus trabajadores a trabajar más horas de las reflejadas en sus convenios laborales, cubriendo la actividad que antes realizaba un tercero, una situación que "cada vez se estira más". "Un vigilante de seguridad tiene que hacer 160 horas mensuales -ha explicado el representante sindical- y es raro en la actualidad el que baja de 200, sin contar los escasos 10 días ofrecidos de vacaciones anuales". El intrusismo y la reforma laboral son otras de las cuestiones que han hecho perder trabajadores de plantilla al sector en Extremadura, aunque la Administración autonómica tiene "en su mano" generar empleo en este segmento, contratando servicios de vigilancia a empresas "cumplidoras", señala Pino. Por este motivo, Antonio Pino pide al nuevo Gobierno autonómico que sea "estrictamente legal" en el cumplimiento de las leyes y las normas, y sustituya los "contratos a la baja" por textos "marco" del sector. Con los contratos marco "ausentes" durante la última legislatura, ha continuado, los vigilantes de seguridad tienen un "respaldo" ante aquellas empresas que no cumplen con las leyes o normativas, no pagan o no están al orden en relación a Hacienda. En cuanto al intrusismo laboral, ha alertado de que aumentan los servicios realizados por personal no preparado en instalaciones de Extremadura como plantas de generación de energía solar, en obras de construcción o en infraestructuras del sector público.

18 de junio de 2015

HUELVA: El subdelegado afirma que la seguridad privada “es un factor clave para atraer más inversión y turistas”


Pérez Viguera destaca la “pujanza” de la seguridad privada en Huelva 

El subdelegado del Gobierno en Huelva ha destacado la pujanza de la seguridad privada, con más mil profesionales en la provincia y su contribución a garantizar la libertad y protección de los onubenses, durante la celebración del V Día de la Seguridad Privada en Huelva que se ha celebrado en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

El subdelegado, quien ha presidido este acto, ha estado acompañado por el comisario de la Policía Nacional, Antonio Placer Brun; el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil; Ezequiel Romero Guijarro; el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez; el representante de Aproser en Huelva, Luis Rojas, y el presidente de la Asociación Provincial de Empresas de Seguridad, Pablo Camacho.

Pérez Viguera ha hecho hincapié en la “colaboración necesaria” entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las empresas de seguridad privada para garantizar la protección de los ciudadanos, tanto en el ámbito urbano como rural. Para ello, ha señalado, hay en marcha dos iniciativas como el Plan RED AZUL, de la Policía Nacional, y el Programa COOPERA, de la Guardia Civil, “que son ejemplos de la sintonía creciente entre la seguridad pública y privada”.

En su intervención, el subdelegado ha remarcado que la seguridad, además de ser un derecho de los ciudadanos y un valor de convivencia democrática, “es un factor clave para atraer más inversión y turismo”. “Ahora que estamos en fase de recuperación de nuestra economía y de nuevo se está creando empleo, la labor de la seguridad privada es crucial para reforzar nuestro Sistema Público de Seguridad Nacional y ganarse, aún más si cabe, la confianza de inversores y visitantes para seguir creciendo”, ha recalcado. En este sentido, Pérez Viguera ha incidido en que Huelva “es una provincia tranquila y segura”, como reflejan los datos estadísticos del Ministerio del Interior. Así, en el primer trimestre de 2015, las infracciones penales cayeron en un 1,1%; la tasa de criminalidad está por debajo de la media andaluza y española; y el porcentaje de delitos esclarecidos supera el 45%.

Por último, el subdelegado del Gobierno en Huelva ha destacado que la nueva ley de Seguridad Privada, que entró en vigor hace ahora un año y en cuyo reglamento ya está trabajando el Ministerio del Interior, ha reforzado las relaciones con el sector “ofreciendo un marco legal adecuado a los tiempos y a las necesidades reales de un sector en expansión”, que en la provincia onubense está integrado por 872 vigilantes, 10 centros de formación, 3 despachos de detectives y 13 empresas de seguridad con delegación en Huelva –7 onubenses y 6 nacionales–.

Más eficacia El comisario del Cuerpo Nacional de Policía, por su parte, ha abogado por una “alianza” para “mejorar la seguridad en beneficio de todos” y ha resaltado el Plan RED AZUL como una vía de cooperación que permite “unir esfuerzos con la máxima de que en seguridad la colaboración siempre suma”. Asimismo, Placer Brun ha destacado el trabajo que desarrolla la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Comisaría onubense, que ha experimentado en 2014 un notable incremento en su actividad. Entre otras actuaciones, ha subrayado las 375 inspecciones realizadas a lo largo del año pasado, cifra que duplica las llevadas a cabo en 2012. “Los servicios que presta la seguridad privada son cada día más evidentes y necesarios en la prevención del delito y la protección de personas y bienes”, ha aseverado el comisario, antes de asegurar que la aportación de la seguridad privada es “imprescindible para el mantenimiento de la tranquilidad en Huelva”.

En su intervención, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ezequiel Romero Guijarro, ha apostado por aprovechar el conocimiento que tienen los vigilantes de seguridad sobre el campo en el que trabajan “para detectar amenazas, prevenir delitos, recibir el aviso inmediato que permita dar una respuesta rápida y recabar los datos que permitan identificar a los autores de un delito y esclarecerlo”. “Si queremos avanzar en el concepto de seguridad, la aportación de los profesionales de la seguridad privada es fundamental para ser más eficientes, más eficaces y más modernos en el servicio que prestamos”, ha sentenciado el coronel.

El anfitrión del acto, el presidente de la FOE, ha incidido en que la Policía y la Guardia Civil tienen en la seguridad privada “un aliado complementario, convirtiéndose en colaboradores ya imprescindibles para el mejor cumplimiento del orden público”. “Estamos ante un sector sólido e innovador que aglutina a profesionales muy cualificados, dada la preocupación de las empresas que lo configuran por formar y motivar a su capital humano, del que también hay que desterrar el intrusismo profesional”, ha resaltado José Luis García-Palacios, quien ha invitado a las administraciones competentes en la materia “a trabajar en estas tareas”.

Reconocimientos El Día de la Seguridad Privada ha tenido como eje central la entrega de 14 menciones honoríficas a miembros del sector de la seguridad privada en Huelva en reconocimiento a su labor profesional, por su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por haber protagonizado actuaciones de especial relevancia. Es el caso, por ejemplo, de José Antonio Soto, un vigilante de seguridad cuya actuación fue clave para mantener con vida a una persona que había sufrido un infarto, al practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar. A juicio del presidente de la patronal onubense, “es un acierto hacer un alto en el camino y reconocer a quienes, día a día, se afanan en hacer nuestro entorno un lugar seguro”.