Noticias Destacadas SPV Sevilla


30 de enero de 2016

Securitas firma con UGT, CCOO y USO el segundo Plan de Igualdad 2016 - 2020

Securitas Seguridad España firma con UGT, CCOO y USO el Plan de Igualdad para los próximos cuatro años. Los tres sindicatos mayoritarios firman con Securitas el Plan de Igualdad que estará vigente hasta 2020 en un acto que ha tenido lugar en la sede central de la compañía en Madrid.


El sector de la Seguridad Privada ha contado históricamente con mano de obra eminentemente masculina. La incorporación de la mujer al sector es relativamente reciente y se está produciendo de manera gradual. En la actualidad Securitas presenta cifras de empleo femenino acordes con la media del sector, un 13% de mujeres en plantilla. El compromiso de la compañía en modificar esta realidad ha sido determinante para que el nuevo acuerdo haya contado entre sus objetivos con su aplicación de manera transversal, poniendo especial énfasis en aspectos como la formación y la conciliación.

“Más allá del imperativo que por ley estamos obligados a asumir, la firma de este acuerdo con los sindicatos mayoritarios, UGT, CCOO y USO, pone en evidencia la proactividad de Securitas en la búsqueda de la igualdad. En una empresa como la nuestra, en la que la mayoría de los trabajadores son hombres, siempre hemos tenido claro que debíamos adoptar medidas globales: nuestro plan no está dirigido en exclusiva a las mujeres, sino al conjunto de la plantilla para concienciarnos, todos, de la importancia de interiorizar la igualdad para luego aplicarla a nuestras vida profesional mediante acciones concretas, especialmente a través de los procesos de selección, formación y de la aplicación de medidas de conciliación”, explica Víctor Jiménez, Director de Recursos Humanos.

Plan de Igualdad de Securitas Seguridad España 2015-2020

MADRID: Segur Ibérica condenada por vulneración de derechos sindicales


Esta empresa no escarmienta y finalmente tiene que verse de nuevo en los juzgados


Esta vez ha sido por falta del derecho a la información hacia el delegado sindical de Alternativa Sindical.

Tomen nota cuantos representantes de los trabajadores vean mermados o anulados sus derechos, sean de la empresa que sean, y "al juzgado con ellos". Ahora, tras la sentencia dictada, la empresa ha sido condenada a trasladar al juzgado toda la información que, en su día, fue solicitada por el citado representante de los trabajadores y no le fue facilitada y también ha sido condenada al pago de 6.250 euros a dicho delegado por la vulneración de derechos fundamentales.

El Observatorio Sectorial de Seguridad Privada se reúne para analizar la situación en la que se encuentra el sector


29 de enero de 2016

Boletín Informativo de la Unidad Central de Seguridad Privada SEGURPRI Nº48 (Enero 2016)


AVILÉS: Se atasca el conflicto de los vigilantes de seguridad del hospital de San Agustín

La concentración de vigilantes de seguridad contó con el apoyo de personal del hospital.
El conflicto de los vigilantes "no es sencillo" de resolver, asume el Principado

"Un contrato de emergencia para reponer el servicio ofrece dificultad y uno ordinario tardaría meses", avisa el consejero de Presidencia

T. CEMBRANOS El Principado de Asturias está analizando "todas las fórmulas" para resolver el conflicto de los vigilantes del Hospital San Agustín y habilitar un nuevo contrato que permita la adjudicación del servicio. Los trabajadores están en huelga indefinida después de pasar tres meses sin cobrar de su empresa, que se declaró en concurso de acreedores. El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, aseguró ayer que el Gobierno regional tramitó "en tiempo récord" contratos de emergencia tras la marcha de la empresa que prestaba el servicio y así cubrir la seguridad de hospitales y centros de salud. "El contrato de emergencia, que es el instrumento más ágil y rápido, se tramitó en una semana. Solo se presentó una empresa, que fue la que ganó y que rechazó el contrato apenas una semana después de hacerse cargo de la vigilancia del San Agustín", explicó.

Ahora, y tras ese revés, la solución no es "sencilla", según reconoció Martínez, ya que el Principado no puede volver a convocar otro contrato de emergencia porque no tiene buen "encaje jurídico" al existir ya otro de idénticas características. "Es algo que ya se resolvió en su momento", afirmó. La opción es sacar un contrato por procedimiento ordinario, aunque advirtió, ese proceso se podría alargar durante tres o cuatro meses.

Y añadió: "No es tan sencillo sacar otro contrato de emergencia, por lo menos desde la Consejería de Presidencia. Lo que sí debe saber la ciudadanía es que estamos buscando todas las fórmulas posibles para resolver esta situación y que se pueda habilitar otro contrato. No obstante, a las empresas adjudicatarias no las eligen los trabajadores, sino por un contrato público, con una serie de criterios. Solo hubo una empresa que se presentó y que por las razones que fueran declinó".

Incidente con un policía La gerencia del área sanitaria III se ofreció a contratar a una empresa puente hasta que se resuelva el conflicto, una alternativa que no fue aceptada. Mientras tanto, los vigilantes en huelga volvieron a movilizarse ayer en los accesos al Hospital San Agustín y cortaron el tráfico. Por ese motivo, la Policía Local acudió a la zona a regular la circulación. Se produjo un pequeño percance, al pasar un coche afectado por la movilización por encima del pie de uno de los agentes destinados al San Agustín.

MADRID: Vigilantes de seguridad por 700 euros al mes para proteger las sedes judiciales


El sueldo de los vigilantes está a expensas de la empresa que se adjudique los concursos públicos.

Los profesionales de seguridad pasarían de cobrar algo menos de 1.100 euros brutos al mes a poco más de 700 euros si, como prevén, el concurso lo gana una empresa que se descuelga del convenio


Los centenares de vigilantes que controlan la seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid están de uñas y dispuestos a todo. El próximo 2 de febrero, el Gobierno regional abre la licitación del concurso público al que pujarán tres empresas. Se trata de Sasegur, Alerta y Control (que es la que se encarga hoy de la gestión) y Marsegur. Los profesionales, que deben subrogarse a la empresa que salga adjudicataria, tienen pavor a que sea esta última la que finalmente gane el concurso.

Y no es en vano su temor, ya que habitualmente la Comunidad de Madrid adjudica el concurso a la sociedad que ofrece el precio más barato y Marsegur es conocida por tender siempre a la baja, pero a costa de pagar por debajo del convenio a sus empleados. De ahí que los vigilantes se encuentren inquietos, ya que podrían ver reducido su sueldo en un 30%, según estiman ellos mismos, con base en los salarios que esta empresa abonó en otros servicios similares. Esta reducción, en caso de llevarse a cabo, supondría que el sueldo de los vigilantes, que actualmente no llega a los 1.100 euros brutos al mes, según denuncian ellos mismos, bajaría hasta los algo más de 700 euros. "Casi cobraríamos más en el paro", asegura Rafa Saldaña, secretario general del Sindicato Libre de Seguridad (SLS), organización que ha remitido una carta a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid denunciando lo que está ocurriendo.

Desde la empresa, admiten que pagan salarios inferiores a los del convenio colectivo, pero que estos no son de 700 euros, sino que se acercan más a los 900 mensuales. Lo hacen, defienden, porque la compañía cuenta con un convenio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y totalmente legal. En la mencionada misiva, sin embargo, entienden que algunas "empresas que están vulnerando flagrantemente el mercado de la competencia" y las "administraciones públicas son colaboradoras necesarias (...) al permitir que participen en concursos públicos e incluso contratarlas". "Están bajando las ofertas económicas" debido a que "han creado convenios propios en los que las condiciones de los trabajadores han sido rebajadas en un 20 y en un 30%", continúa.

Los vigilantes culpan a la reforma laboral de esta inestabilidad salarial, porque permite "fórmulas para que las empresas que sufran pérdidas o las prevean puedan acogerse a realizar descuelgues salariales o crear sus propios convenios colectivos". "El desarrollo de estos convenios de empresa (...) está generando una tremenda división entre las empresas del sector", prosiguen los profesionales de la seguridad, que consideran que la legislación está suponiendo una verdadera "trampa" para "esas otras empresas que también sufren los rigores de la crisis" pero siguen aplicando el convenio estatal para no vulnerar los derechos de los trabajadores.

Elegir la oferta más ventajosa, continúan los sindicalistas del SLS, supone, en este caso de Madrid y en otros, "un verdadero atentado a la dignidad de todo un colectivo de trabajadores que tiene que soportar cómo unas pocas empresas en su afán de lucro rebajan los salarios (...) de manera fraudulenta". SLS aclara que todos los casos denunciados en los tribunales han salido adelante en los juzgados de lo social, pero a las empresas les compensa aun así seguir con esta política, ya que para ellas -explica Saldaña- la lentitud judicial "propone unos plazos que suponen unas condiciones mejores que las de cualquier financiación bancaria".

Los vigilantes están dispuestos a todo si finalmente Marsegur gana el concurso.Saldaña anuncia movilizaciones de todos los vigilantes que prestan sus servicios en alguna de la sedes jurídicas de la región. Aunque el lugar todavía no está concretado por los profesionales implicados, por el momento las manifestaciones, explica Saldaña, podrían tener lugar ante el Gobierno de Madrid, la Asamblea e incluso la propia empresa de seguridad. Saldaña asegura que únicamente Ciudadanos se ha interesado por su situación. El partido de Albert Rivera, afirma, les ha anunciado que realizará propuestas en la Asamblea de Madrid para "penalizar a las empresas que paguen por debajo de convenio, paguen tarde o no cumplan los contratos".

SAN SEBASTIÁN: Detenido en Oiartzun por atacar con navaja a un vigilante que intentaba impedir un robo

La Ertzaintza identificó al sospechoso, que se había apoderado de diversos artículos valorados en cerca de treinta y cinco euros, y lo detuvieron como presunto autor de un delito robo con violencia

Un varón de 24 años ha sido detenido en Oiartzun acusado de atacar con una navaja a un vigilante de seguridad de un hipermercado de esa localidad que se había percatado de que el joven pretendía abandonar el establecimiento sin abonar varios productos. Los hechos se produjeron el miércoles, hacia las nueve menos cuarto de la noche, cuando los responsables de seguridad se dirigieron al presunto ladrón para impedir que consumara el robo, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El joven se enfrentó a los vigilantes y en un momento del forcejeo esgrimió una navaja, que intentó clavar en el muslo de uno de los guardias de seguridad. Agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar identificaron al sospechoso, que se había apoderado de diversos artículos valorados en cerca de treinta y cinco euros, tras lo cual lo detuvieron como presunto autor de un delito robo con violencia.

BADAJOZ: Detienen a tres hombres mientras sustraían el vallado perimetral de las vías de tren

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por su presunta autoría de un delito de hurto, mientras sustraían el vallado perimetral de las vías de tren y tras alertarles los vigilantes de seguridad.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado 26 de enero cuando, a través de una llamada a la Sala 091 de la Comisaría Provincial de Badajoz, los vigilantes de seguridad de ADIF alertaron de la presencia de tres personas que estaban manipulando el vallado perimetral de las vías de ferrocarril, a la altura de la Picuriña. Tras ello se personaron en el lugar varias dotaciones policiales, quienes observaron a estas personas cortando y enrollando las vallas, con la clara intención de sustraerlas, siendo interceptados al momento.

La valoración de la malla manipulada ascendía a 4.500 euros por lo que se procedió a su detención. Los detenidos son tres varones de entre 19 y 35 años de edad, quienes tras la instrucción del atestado serán puestos a disposición de la autoridad judicial.

Real como la vida misma

28 de enero de 2016

Sepa cuánto cobrará más en enero por el nuevo IRPF

Los contribuyentes empezarán a disfrutar de una rebaja de las retenciones del IRPF de hasta el 3% cuando cobren su primera nómina del año en los próximos días.

Los contribuyentes podrán ya beneficiarse de una rebaja de las retenciones de las nóminas de hasta el 3% cuando cobren su primera nómina del año en los próximos días. Entra así en vigor la segunda parte de la reforma fiscal, que en el IRPF supone una nueva bajada de hasta un 3% en las retenciones de 2016. A pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy adelantó la rebaja prevista para 2016 al pasado julio, que disminuye los tipos entre dos y un punto, en realidad en 2015 se retuvo sólo medio punto menos, con lo que todavía resta parte de la bajada prevista.

Por ejemplo, los contribuyentes tienen en 2016 entre medio punto y un punto menos de retención, lo que supone una rebaja para un soltero sin hijos de entre un 2,19%, tanto con un salario de 25.000 euros como de un millón de euros al año, y una reducción del 3,01% para rentas anuales de 40.000 euros (ver cuadro adjunto, elaborado por el Consejo General de Economistas Asesores Fiscales Reaf-Regaf). En el caso de una familia con un solo sueldo y dos hijos, uno de ellos menor de tres años, la rebaja se mueve entre un 1,91% para ingresos de 30.000 euros y un 3,03% para 40.000 euros.

Las retenciones de 2016 son finalmente del 19% hasta 12.450 euros; del 24%, entre 12.450 y 20.200 euros; del 30% hasta 34.000 euros, y del 37%, hasta 60.000 euros.A partir de esta última cifra, el marginal máximo se sitúa en el 45%. El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio el Real Decreto-ley que adelantó a julio la rebaja del IRPF prevista para 2016, con una tarifa intermedia entre la que había y la de este año en las retenciones. Así, se ha retenido en 2015 un tipo mínimo del 19,5% (hasta 12.450 euros) y un máximo del 46% (a partir de 60.000 euros), frente al 20% y el 47%, respectivamente, fijados en principio en la reforma fiscal para el ejercicio que acaba de terminar.

La reducción global de la reforma fiscal para 2015 y 2016 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es de una media del 12,5%, según Hacienda. La Memoria económica que acompaña a la reforma detalla que tendrá un impacto recaudatorio final de unos 4.520 millones, frente a los 5.981 millones brutos que preveía inicialmente el Gobierno. Esta reducción estaba prevista que fuera de una media del 7,1% en 2015 y del 5,4% en 2016. El adelanto de la rebaja de 2016 a julio de 2015 ha tenido un efecto de una reducción media de cerca del 9% en 2015, con lo que ahora resta que los contribuyentes disfruten de un nuevo alivio fiscal en la retención de sus nóminas de hasta el 3%. A esto se suma que los tipos de las rentas del ahorro han tenido una rebaja de medio punto desde julio respecto a lo previsto para 2015 y que estas plusvalías disfrutan de una reducción de medio punto adicional desde enero (ver información adjunta). Este panorama se mantendrá, previsiblemente, si el PP se mantiene en el Gobierno, ya que el resto de partidos, salvo Ciudadanos, abogan por subir impuestos. Es el caso de PSOE y Podemos, que se inclinan por elevar la presión fiscal a las rentas altas.

Alivio fiscal de medio punto para las rentas del ahorro desde este mes El Gobierno también adelantó a julio la rebaja de la fiscalidad del ahorro prevista para 2016, con lo que estableció una tarifa intermedia en la que los tipos bajaron medio punto. En enero acaba de entrar en vigor una rebaja extra de medio punto para las plusvalías generadas este año. Supone que las ganancias de hasta 6.000 euros tributan al 19% en vez de al 19,5% desde julio y 20% hasta julio; las que estén entre 6.000 euros hasta 50.000 euros, al 21% en lugar de 21,5%-22%, y las de 50.000 euros en adelante serán gravadas al 23% en vez de al 23,5%-24%.

La rebaja afecta a los rendimientos del capital mobiliario, es decir, a intereses, bonos, letras del Tesoro, dividendos o seguros de vida, y a las ganancias y pérdidas patrimoniales como la venta de inmuebles, acciones o fondos. Los nuevos tipos para 2015 se aplicaron a las plusvalías generadas también a principios del año. La venta de un inmueble en el primer semestre no se retuvo y se tributará con la nueva tarifa en la declaración de la Renta esta primavera.

OVIEDO: La patronal de seguridad privada defiende la labor de los serenos

"No son competencia", dicen las empresas, que se ofrecen a colaborar para asegurar el trabajo de los nueve vigilantes

La patronal de las empresas de seguridad asegura que los serenos de Oviedo no les molestan y que la labor que desempeñan no supone ningún tipo de "intrusismo" profesional. Mario José Alonso Fernández, representante en Asturias de la Federación Española de Empresas de Seguridad, ha salido al paso de las denuncias formuladas por la Asociación de Vigilantes de Seguridad (Avispa) contra este colectivo, en un limbo legal desde que el Ayuntamiento de Oviedo prescindió de sus servicios al introducirse una serie de modificaciones en la Ley de Coordinación de Policías. Desde entonces, un grupo de nueve vigilantes nocturnos trabaja a demanda de los comerciantes y hosteleros del Antiguo.

"Ninguna empresa de seguridad privada se ha sentido, jamás, perjudicada por el servicio nocturno que desempeñan los serenos sin molestar y sin que ello suponga ningún tipo de intrusismo profesional respecto del personal de seguridad privada que, además, nunca podría realizar este servicio ", sostiene Mario José Alonso Fernández. "No alcanzamos a entender que en nuestro sector alguien pueda molestarse por este servicio, salvo el presidente de Avispa", sostiene. Asimismo, el representante de la Federación Española de Empresas de Seguridad en Asturias se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Oviedo para "colaborar de forma desinteresada" con las iniciativas que el Ayuntamiento de Oviedo lleve a cabo "para mantener el trabajo de estas personas". Además, la patronal de las empresas de seguridad privada envió "todo su apoyo" al colectivo de vigilantes nocturnos. "El sector de la seguridad privada nada en absoluto tiene contra ellos. Hay que felicitarles por la labor que desarrollan, un trabajo que nos consta que es reconocido por la ciudadanía de Oviedo", manifestó.

La legalidad del oficio de los vigilantes nocturnos que velan cada noche desde hace más de tres décadas por la seguridad de los vecinos del centro de Oviedo volvió a ponerse en duda la semana pasada después de que la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada en Asturias (Avispa) denunciase ante las autoridades policiales y judiciales a nueve serenos "despedidos" hace tres años por el Ayuntamiento de Oviedo que siguen operando en la ciudad, ahora como trabajadores autónomos, contratados a demanda de los hosteleros y comerciantes del Antiguo.

Herederos de los antiguos serenos, sus atribuciones profesionales quedaron en entredicho con los cambios introducidos por la Ley de Coordinación de Policías Locales. El Ayuntamiento decidió prescindir de sus servicios en 2013, cuando les fueron retiradas las armas y la emisora. Pero ellos continuaron trabajando contratados por la iniciativa privada, cobrando de cada uno de ellos 33 euros mensuales por los servicios. Operan entre las once de la noche y las seis de la mañana en El Antiguo, los alrededores del Campillín y algunas calles más como Gil de Jaz, Ventura Rodríguez y Muñoz Degraín.

AVILÉS: Continua la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad del hospital San Agustín

«El problema de los vigilantes se puede solucionar en diez minutos con voluntad»Cueli firma su apoyo y el de IU a los trabajadores de seguridad acampados en el San Agustín.

El grupo municipal de Izquierda Unida se reunió ayer con la gerencia del área sanitaria por las vías de solución del conflicto laboral del colectivo

«Este asunto trasciende lo laboral», aseguraba ayer la concejala de Izquierda Unida Carmen Conde. Su grupo municipal se reunió por partida doble con la gerencia del área sanitaria y con los propios vigilantes de seguridad, que cumplen ya una semana en huelga indefinida y cinco días acampados en protesta por el impago de sus nóminas y la incertidumbre sobre sus contratos, ya que la empresa concesionaria del servicio se encuentra en preconcurso de acreedores.

Según explicó Conde, desde la gerencia apuntan dos posibles soluciones: una sería la licitación de un contrato por la vía de urgencia de cuatro meses de duración, que pudiera mantenerse mientras se convoca un nuevo proceso de adjudicación, y otra una delegación de funciones de la Dirección General de Interior en la propia gerencia, de modo que esta pudiese contratar directamente el servicio. «Este problema tiene una solución de diez minutos con voluntad política», manifestó ayer el portavoz municipal de la coalición, Alejandro Cueli, que manifestó además su preocupación por la deriva de los acontecimientos. «Esto afecta no solo a los vigilantes, sino a toda la plantilla del hospital y también a los usuarios, y genera mucho nerviosismo», expresó.

Los ediles explicaron a los vigilantes el resultado de las conversaciones mantenidas ayer con la gerencia y con la dirección económica área, y les comunicaron su intención de seguir tratando de buscar una solución a través de los diputados de la formación en la Junta General del Principado. Los trabajadores no solo sufren tres meses de retraso en los pagos, sino que además temen por sus puestos de trabajo, toda vez que el Principado les ha comunicado su intención de resolver el contrato actual con Seguridad Empresarial Navarra sin que existe el compromiso de una nueva licitación. «No quieren ver la solución», comentaba ayer el delegado de CC OO en el comité de empresa, José Iglesias, que también se preguntaba «qué interés tienen en que no haya seguridad en el hospital». También el colectivo vecinal urgió a solucionar el problema. «Un equipamiento tan sensible no puede estar en la indefensión, es inaudito», manifestó Antonio Cabrera.

ÁVILA: La Policía Nacional de Ávila forma a los profesionales de la Seguridad Privada

La Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila ha organizado por segundo año consecutivo las "II Jornadas de Seguridad Privada", dirigidas a los profesionales de este sector. Se espera que con las cuatro sesiones en las que se divide la formación, se puedan formar a casi la totalidad de los vigilantes de la provincia. 

La Policía Nacional formará durante este miércoles y jueves a los casi 150 profesionales de la seguridad privada de Ávila. El objetivo fundamental con el que cuentan estas jornadas es potenciar la relación entre la seguridad pública y privada, establecer canales de comunicación entre ambas y hablar de las novedades delictivas. José Luis Tejedor, Comisario de la Policía Nacional en Ávila, ha destacado que la relación entre ambas entidades es "muy fluida", puesto que existen canales de colaboración abiertos para que "la seguridad sea eficaz".

II Jornadas de Seguridad Privada de Ávila: «La seguridad privada es un ámbito indisociable de la seguridad general»

El comisario jefe de la Comisaría Provincial de Ávila,José Luis Tejedor, inauguró ayer, junto a la subdelegada del Gobierno,María Ángeles Ortega, las II Jornadas de Seguridad Privada.

Centena y medio de integrantes de empresas de seguridad privada de la provincia de Ávila, casi la totalidad de quienes trabajan en este sector, participarán en las II Jornadas de Seguridad Privada que este miércoles se inauguraron en la Comisaría Provincial de Ávila y que se prolongarán a lo largo de cuatro jornadas, dando continuidad a una iniciativa que se celebró por primera vez el pasado año en el mes de marzo y que fue valorada como muy positiva. El comisario jefe de la Comisaría Provincial de Ávila, José Luis Tejedor, que inauguró las Jornadas acompañado por la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Ortega, explicó que los objetivos que se persiguen con esta cita son principalmente tres: «primero, potenciar la colaboración entre seguridad privada y seguridad pública como dos entes que deben caminar de la mano en función de la seguridad de todos los demás; en segundo lugar, establecer canales de comunicación para que la información fluya sin problemas en ambos sentidos, y en tercer lugar, hablar de las novedades y técnicas delictivas para que esa colaboración sea más eficaz y más productiva.

La experiencia del año pasado, añadió el comisario jefe, «fue muy buena, y de hecho estas segundas jornadas casi las hacemos a petición de los propios interesados, ya que al final del curso hicimos una pequeña encuesta y vimos que todos pedían más, y eso es lo que vamos a intentar con estas nuevas jornadas: ampliar los temas relacionados con la seguridad», especialmente en lo que se refiere a «temas de infraestructuras críticas, de temas de terrorismo, que además hoy en día es un asunto que es candente, de plena actualidad, y por eso es uno de los que vamos a abordar».

Afirmó a continuación José Luis Tejedor que «la relación entre la seguridad privada y la Policía Nacional en el día de hoy es muy fluida, como no puede ser de otra manera, y además de la labor inspectora que tiene asignada la Policía con respecto a la seguridad privada, las relaciones a nivel personal funcionan perfectamente, hay unos canales de colaboración abiertos; ante cualquier problema o duda que tienen recurren a nosotros, y nosotros, por supuesto, respondemos, buscando esa relación fluida en ambos sentidos para que la colaboración sea lo más eficaz posible». En cualquier caso, finalizó Tejedor, aunque «la formación es totalmente distinta en uno y otro caso» porque las competencias son muy diferentes, el comisario jefe aseguró que «al final, eso sí, lo que está claro es que la seguridad privada es un ámbito indisociable de la seguridad en general».

colaboración. En parecidos términos se expresó la subdelegada del Gobierno, María Ángeles Ortega, al afirmar que estas «son unas jornadas fundamentales, ya que la colaboración público-privada es cada día más importante en todos los ámbitos, porque es lo que da eficacia y eficiencia a todos los entornos en los que puede trabajarse», y aunque «la inspección de la seguridad privada siempre se hace desde el Cuerpo Nacional de Policía y depende de él de alguna manera, es verdad que ya son una entidad propia y que cada día se está extendiendo a más infraestructuras, a más negocios... es una colaboración imprescindible y está resultado muy buena».

Para finalizar, María Ángeles Ortega aportó el curioso dato histórico de que «la seguridad privada no es tan reciente, data del año 1849, ya que se empezaron a crear las primeras figuras en ese ámbito en tiempos de Isabel II; es decir, que se remonta casi a los orígenes de la Policía Nacional».

BURGOS: Sorprendido por los agentes mientras robaba en una nave del polígono de Gamonal


El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a M.O.S., de 38 años, con antecedentes, por un presunto robo cometido en una zona industrial de Gamonal.


La llamada al 091 del vigilante de seguridad de una empresa tras oír ruidos extraños en una nave próxima alertó a los agentes, que acudieron al lugar y sorprendieron al presunto ladrón montado en una furgoneta en cuyo interior fueron encontradas dos ruedas con sus llantas y un gato mecánico.

El detenido reconoció entonces que había sustraído las ruedas de una furgoneta aparcada en el interior del recinto de una empresa, por lo que los agentes entraron en ella y comprobaron que la furgoneta estaba sobre un gato mecánico para que no se cayese, y le faltaban las dos ruedas traseras.

La investigación posterior de la Policía permitió conocer que la furgoneta que ocupaba el detenido era propiedad del dueño de la casa donde reside, y que sin que este supiera nada había cogido las llaves de un cesto donde habitualmente las dejaba su dueño para perpetrar el robo.

27 de enero de 2016

El vigilante de seguridad sevillano Juan Espejo galardonado en los trofeos de la seguridad entregados por Seguritecnia


Se acabó defraudar a la Seguridad Social: Trabajar en negro y cobrar el paro se sancionará con pena de cárcel

Defraudar a la Seguridad Social en España será un poco más arriesgado desde hoy. Tras la última reforma del Código Penal, aquellos que se encuentren oficialmente en situación de desempleo cobrando el subsidio estatal y, por otro lado, obtengan ingresos no declarados derivados de actividades profesionales, serán sancionados hasta con pena de cárcel.

De esta forma, el nuevo apartado 307 del Código Penal, que entra en vigor hoy 17 de Enero, perseguirá de forma activa a aquellos que alimentan esta economía sumergida y que, a la vez, reciben la prestación por desempleo o cualquier otro tipo de pensión por parte de la Seguridad Social. Las sanciones establecidas por la nueva normativa van de los 6 meses a los 3 años de cárcel. No obstante, y según cita el texto, “en los casos que no revistan especial gravedad”, y teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor del delito y de los medios empleados, la sanción quedará en la obligación de abonar hasta seis veces la cantidad defraudada. Además de la sanción aplicable en cada caso, el infractor quedará inhabilitado para recibir cualquier prestación o incentivo fiscal durante un periodo que oscilará de los tres a los seis años.

Asimismo, las sanciones podrán ser impuestas tanto al empresario como a los trabajadores que desarrollen la actividad “en negro”. Si hasta ahora sólo se penaba con una sanción administrativa de hasta 10.000 euros al empresario y con la retirada de la prestación al beneficiario de a misma, las nuevas penas se suman a éstas anteriores, que se mantienen. Sin embargo, y aunque no se establece una cantidad mínima para que es fraude sea considerado como constitutivo de delito, las sanciones más duras serán aplicadas a partir de los 50.000 euros.

Pese a la dureza de las sanciones, lo cierto es que el trabajo en negro es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la economía de este país y, en especial, el colectivo de autónomos que pagan religiosamente sus impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social y que pierden liquidez frente a aquéllos que trabajan al margen de la legalidad. Tal como analizamos en este blog hace unos meses, la economía sumergida supone más del 20% del PIB anual en España. Ésto supone un quinto de la producción interior bruta que no tributa como debiera. Pero no ha de olvidársenos que Hacienda somos todos y defraudar al Estado, a pesar de la difícil situación económica en la que nos encontramos, no hace más que agravarla ya que, por un lado, dificulta en gran medida alcanzar la tan necesaria estabilidad presupuestaria y, por otro, hace recaer la carga de aquéllos que no tributan sobre los que sí declaran sus ingresos de forma correcta.

Código Penal extenderá los delitos contra la autoridad a bomberos, jueces, vigilantes y personal de emergencias


La reforma del Código Penal amplía la extensión de los delitos contra la autoridad para conceder una especial protección a bomberos, jueces, vigilantes privados y personal de emergencias que socorra en un siniestro, así como a ciudadanos que les presten auxilio.


El proyecto legislativo modifica los artículos 550 y 551 para considerar autoridad a los jueces, magistrados y fiscales, frente a la norma vigente que la limita en el ámbito de la Justicia a magistrados del Tribunal Constitucional o vocales del Consejo General del Poder Judicial, además de a diputados o miembros del Gobierno. El Código Penal impondrá penas de uno a cuatro años de cárcel más multa a quienes empleen violencia o intimiden gravemente no solo a policías y autoridades, sino también a bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que intervengan en un "siniestro, calamidad pública o situación de emergencia con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones". 

También si la acción se dirige hacia el personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se modifica este precepto para hacer hincapié en que habrá atentado a la autoridad contra miembros de las Fuerzas Armadas cuando vistan uniforme y estén prestando un servicio legalmente encomendado. Además, se incluyen como sujetos protegidos a los ciudadanos que acuden al auxilio de agentes de la autoridad o los equipos de asistencia y rescate. Entre las agravantes de los delitos de atentado o resistencia grave, se introduce la novedad de que los hechos tengan lugar en el seno de una manifestación o reunión numerosa.

Revista de seguridad SEGURITECNIA Nº 427 (Enero 2016)


26 de enero de 2016

SEVILLA: El reglamento del tranvía avala que los vigilantes expulsen al que no paga


La norma interna de Tussam contempla que el personal contratado por la empresa multe al viajero que no pica su billete y le obligue a bajar inmediatamente del vehículo

Desde el mes de diciembre pasado vigilantes privados de Trablisa (un solo empleado, según el Ayuntamiento) y un refuerzo de inspectores controlan a los viajeros del tranvía para frenar el creciente fraude de los últimos años. La empresa municipal Tussam, que gestiona este transporte y los autobuses, puso en marcha este plan y ha logrado en un solo mes reducir la sangría de pasajeros que se cuelan sin pagar aprovechando que es la única línea urbana donde todas las puertas se abren y la cancelación depende por completo del civismo de los usuarios. En los autobuses no se da este problema: se abre sólo una entrada de acceso y el conductor está pendiente de los que pican o no. 

El plan contra el fraude en el tranvía está funcionando, pero no pocos ciudadanos y viajeros asiduos han empezado a cuestionar en las redes sociales la legalidad de que los vigilantes privados puedan pedir el billete a los pasajeros, así como multarlos e incluso obligarlos a bajarse del Metrocentro, si han incurrido en la infracción de no pagar al montarse en este transporte. Los pasajeros que dudan de las tareas que realizan los vigilantes privados mantienen que sólo el personal del tranvía dependiente de Tussam está capacitado para estas labores y más aún para obligar al viajero a bajarse.  Sin embargo, la realidad es otra. El reglamento de la empresa municipal de transportes que regula la prestación del servicio, en sus artículos 60 y 100, avala que los vigilantes privados puedan realizar este control de los billetes de viaje, que puedan multar a los usuarios infractores, que le exijan el pago inmediato y que obliguen a los pasajeros a bajarse del tranvía. Así consta en la norma disponible para ser consultada en la web de Tussam (www.tussam.es), en la pestaña "nuestra empresa" donde figuran las publicaciones de interés. 

En lo que respecta a la inspección de títulos, el artículo 60 fija que "las tareas de inspección de títulos de viaje podrán ser realizadas indistintamente por personal de Tussam, por los Agentes de la Autoridad dependientes del Ayuntamiento o por personal contratado por la Empresa al efecto". En el caso que nos ocupa, los vigilantes privados se encuadran en el personal contratado por la empresa. Y deja claro el reglamento de prestación, sobre las tareas que pueden realizar esos empleados, contratados y agentes de la autoridad, que "en todo caso el personal que realice esta misión podrá exigir la identificación delinfractor, formular y entregar los boletines de denuncia, así como efectuar el cobro inmediato, en su caso, de la multa al usuario, pudiendo solicitar el auxilio de los agentes de la autoridad para el cumplimiento de las labores de inspección". 

El artículo 100 especifica que, además de la sanción, este personal puede expulsar al viajero infractor. "El infractor, con independencia de la imposición de la sanción que le corresponda, en cualquiera de los supuestos tipificados como falta en el presente Título, podrá ser obligado a bajar inmediatamente del vehículo". El plan antifraude del tranvía fue activado por la empresa de transportes urbanos del Ayuntamiento de Sevilla en diciembre del pasado año ante la evidencia de que el Metrocentro no dejaba de perder viajeros. La línea es clave en los resultados de demanda de Tussam puesto que ha venido siendo la segunda con más éxito de las urbanas del Ayuntamiento desde su ampliación al intercambiador de San Bernardo. Es la única que conecta la Plaza Nueva con el resto de la ciudad. 

El plan ha permitido ganar 3.037 viajeros en el mes que ha funcionado y es la primera vez que se frena la caída. Es poco para los 275.000 pasajeros al año que quiere recuperar la empresa pero indica el camino que hay que seguir para devolver a la línea los viajeros perdidos. De momento ha bastado con doblar a cuatro los inspectores de la línea (son conductores que por turnos también hacen inspección de billetes), contratar un refuerzo vigilancia privada y mejorar el servicio al usuario con un cuarto vehículo tranviario que eleva la frecuencia de paso en las estaciones. Tussam se ha llegado a plantear cerrar con tornos y vallas las tres paradas con más demanda de usuarios (Plaza Nueva, Prado y San Bernardo) con un coste que supera el medio millón de euros , exactamente 525.000 euros. El proyecto está encima de la mesa de la dirección de la empresa y es posible que se descarte si la ganancia de pasajeros se logra con rapidez.

CEUTA: Denuncian que solo “dos vigilantes” prestan servicio en el centro de menores de La Esperanza


La asociación Marea Negra acusa además a Amgevicesa de cometer “un delito de intrusismo recogido en los artículos 402 y 403 del código penal”


Desde la asociación Marea Negra por la seguridad privada a nivel nacional han denunciado este domingo el escaso personal de seguridad el centro de menores de La Esperanza, que alberga “aproximadamente 155 menores”, y donde prestan servicio solo “dos vigilantes de seguridad”, señalando que “la ubicación es un vigilante por planta”, y que “el ratio a controlar por cada profesional es de 75 menores”. Esta asociación cree que “dicho personal es insuficiente, ya que en caso de que hubiera una revuelta, dichos profesionales no podrían dar solución”, adviertiendo que “según nos informan estas situaciones se han dado y la han resuelto como han podido”.

El vicepresidente de la asociación, José Antonio Carbonell, defiende que “se tendría que aumentar la plantilla en dos vigilantes más un total cuatro y no dos como hay en la actualidad “, añadiendo que “sabemos que no existe la seguridad al cien por cien, pero de esta forma en caso de haber revueltas, estos profesionales podrían actuar con más solvencia”. Carbonell también critica que “los medios de los que disponen estos profesionales son insuficientes, se les tendría que dotar con material antidisturbios compuestos de un casco y escudo, para situaciones tales como las que hemos nombrado anteriormente”.

Amgevicesa Por otro lado, desde Marea Negra se asegura tener “constancia de que Amgevicesa efectúa el control de acceso al centro además del control y visionado de las cámaras, durante tardes y noches de lunes a viernes”, afirmando no entender “cómo la Ciudad Autónoma de Ceuta, que es la que gestiona este centro, permite que se vulnere una ley estatal como es la Ley de Seguridad Privada 5/2014, dejando que den servicios tales como el control de acceso al centro y visionado de cámaras, que solo lo puede hacer un vigilante de seguridad, además de permitir que estos operarios de Amgevicesa hagan servicio nocturno cuando está prohibido por esta Ley de Seguridad Privada”, cometiéndose “un delito de intrusismo por parte de estos operarios, recogido en los artículos 402 y 403 del código penal”.

Parking La asociación afirma no entender tampoco “cómo esta misma empresa presta servicios en los parking de la ciudad donde ejercen funciones de vigilancia y tendría que haber vigilantes de seguridad, dando lugar con estas actuaciones por parte de la Ciudad Autónoma a quitar puestos de trabajos a estos profesionales, en una ciudad donde hay 239 vigilantes de los cuales 125 están emparo”.

Unidad Provincial de Seguridad Privada “También nos preguntamos –expone la asociación– por qué no actúan la Unidad Provincial de Seguridad Privada de la comunidad, levantando un informe sobre estas anomalías y trasladándolo al máximo organismo que es delegación del gobernó, para que tome las medidas oportunas”.

25 de enero de 2016

Esta es la triste realidad de nuestra profesión: cuatro meses sin cobrar el salario


Los vigilantes de seguridad del Hospital San Agustín en Avilés reciben el respaldo de trabajadores sanitarios, de vecinos y políticos en sus protestas


Enfermeras del San Agustín alaban su profesionalidad de los vigilantes y aseguran que sólo con su presencia evitan incidentes.  «Los vigilantes son muy rápidos, vienen en cuanto los llamas y durante estos meses que han trabajado sin cobrar, y en los que su empresa cortó la línea de teléfono, nos dejaban el suyo personal para avisarles de lo que fuera», explica Pilar González, de Urgencias.

Mientras sus compañeros levantaban la acampada y se concentraban durante media hora frente a la puerta principal del Hospital San Agustín el viernes, el vigilante de seguridad J. I. declaraba ante el juez como testigo por una agresión ocurrida el 26 de octubre. Es la otra cara de un trabajo por el que llevan sin pagarle cuatro meses (incluyendo la extra de Navidad) y sin visos de rápida solución, por más que apremia el personal del centro sanitario y las centrales sindicales. Sin su presencia, los trabajadores del hospital, especialmente el personal de Enfermería, se siente desprotegido. «Solo con su presencia, los vigilantes contienen agresiones. A nosotras no nos respetan», aseguran.

La enfermera Marta Arias, una de las que el viernes se sumó a la concentración, confirma que las agresiones al personal han aumentado desde que los vigilantes están en huelga. En las plantas es menos habitual, pero en Urgencias es más notorio. Los pacientes llegan más irritados, muchos con dependencias, desorientaciones o trastornos psíquicos que hacen que «se pongan bravos con el personal». Y la situación es peor aún para las más jóvenes, totalmente desautorizadas por algunos pacientes. Arias explica que la experiencia de la mayoría de ellas, alguna con más de dos décadas en el centro, repercute en «mucha mano con los pacientes», algunos ya viejos conocidos por enfermedades crónicas.

Este es el servicio más conflictivo. En él tuvo lugar la agresión por la que J. I. acaba de testificar. El protagonista fue un paciente con problemas psiquiátricos que se resistía a marcharse del box periférico al recibir el alta. «Cuando nos avisaron, el hombre estaba de espaldas. Lo llamamos por el nombre y cuando se giró tenía una navaja», explica a este diario el vigilante de seguridad. Tuvieron que reducirlo y, justo en ese momento, les notificaron que «algo extraño» pasaba en consultas externas, hacia donde se dirigieron tras quitarle la navaja. «Al regresar de consultas externas vimos que había un follón a la entrada del hospital, con dos coches de la Policía Nacional y una UVI móvil, y era el paciente anterior que portaba otra navaja, que seguramente tendría escondida, y no dejaba de tirar piedras a los coches y a los agentes». El pasado mes de octubre, cuando ocurrió este episodio, J. I. y sus doce compañeros cobraron la que sería su última nómina. Desde el miércoles pasado, estos trabajadores de la empresa Seguridad Empresarial Navarra (SEN), adjudicataria del servicio de vigilancia en el área sanitaria III, sostienen una huelga indefinida y han dejado al hospital al albur de lo que pueda ocurrir.

Con todo, el peor trago es para los propios afectados, los trece trabajadores. La empresa, en concurso de acreedores, les adeuda cerca de cinco mil euros y «en sueldos de mil mensuales, eso no hay quien lo soporte», comenta Rubén López, que trabaja en la Unidad de Tratamiento de Toxicómanos (UTT), en la calle de Llano Ponte. Salvo uno, los restantes doce vigilantes están casados y tienen hijos. Su salario es, además, el único que entra (o entraba) en el domicilio familiar. La situación para la mayoría es insoportable. «La gente está muy fastidiada», por eso desde nuestro sindicato se expiden unos bonos, en los que también contribuyen algunos trabajadores del hospital, para aliviar la situación de las familias, explica Rafael Bravo, secretario de negociación colectiva de Comisiones Obreras.

Hoy ya son 85 días sin cobrar y mañana lunes serán 86. El tiempo corre y la solución no llega. Los trabajadores no se explican por qué la empresa no se liberó del servicio cuando el Principado se lo ofreció. Seguridad Empresarial Navarra ganó el concurso público en junio al presentar una oferta de 337.411,14 euros, IVA excluido, por un año de contrato. Su oferta fue más baja que el presupuesto base de licitación.

Visitas a la acampada Los trabajadores acampados recibieron ayer la visita del diputado de Podemos Asturias, Andrés Vilanova, que estuvo acompañado por la concejala avilesina Yolanda Suárez. Ambos charlaron con los afectados y les hicieron saber que preguntarán al consejero de Presidencia por el caso para que «explique por qué se liquidan de forma consciente estos servicios permitiendo bajas temerarias en los concursos que gestionan y que podrían evitarse». Además, los representantes de Podemos inciden en que «el desamparo laboral y el descubierto del servicio de seguridad del San Agustín son el resultado de una gestión deliberadamente negligente por parte de la Consejería de Presidencia».

A lo largo de la mañana también visitó a los vigilantes Antonio Cabrera, en nombre de la Federación de Asociación de Vecinos, que insistió en que «no se puede consentir que la gente esté así ni que se les time» y por ello pidió que «el Ayuntamiento y la gerencia del hospital presionen para solucionar el problema».

FUENTE: elcomercio.es AQUÍ

24 de enero de 2016

CORDOBA: La intervención de un vigilante de seguridad deja en conato un incendio en el polígono Las Quemadas


Un vigilante de seguridad contribuyó a que un incendio en una nave de Las Quemadas quedara en conato y no afectara a más naves

El incendio afectó a unas maderas apiladas en la puerta de la nave ubicada en la calle Gabriel Ramos Bejarano La intervención de un vigilante de la empresa de seguridad Vicor ha impedido que el incendio que se había declarado en una nave del Polígono Industrial de las Quemadas se propagara a otras naves colindantes. Según han informado a Córdoba Hoy fuentes de la empresa de seguridad, el vigilante se percató de una columna de humo que procedía de la calle Gabriel Ramos Bejarano y de inmediato dio aviso al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). 

Aunque la nave donde se estaba produciendo el incendio no es cliente de esta empresa de seguridad, el vigilante, con la intención de evitar la propagación a otras naves colindantes localizó a un cliente de una empresa anexa mientras que los bomberos lograron ponerse en contacto con el dueño de la empresa en la que se produjo el fuego.

Según han informado fuentes de los bomberos, el incendio solo ha afectado a unas maderas que se encontraban apiladas en el exterior de la nave, ubicada en la parcela 233, cerca de la confitería Salazar. Dado que la empresa, de carpintería metálica, estaba cerrada, no se ha producido ningún herido.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, que sólo afecto a la fachada de la nave, aunque no se descarta que se deba a un acto vandálico.

23 de enero de 2016

CEUTA: Vigilantes de seguridad denuncian a la empresa de seguridad ‘Seguriber’ por deberles el finiquito


Cinco trabajadoes trasladan el caso a Inspección y reclaman cada uno 1.500 euros.


Cinco trabajadores que prestan su servicio en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social realizando labores de vigilancia han denunciado ante Inspección de Trabajo el impago del finiquito de la empresa a la que estaban subordinados hasta el 31 de diciembre, justo antes de que fueran contratados por la actual, “con la que todo va bien”, puntualizan. De tal manera, los cinco vigilantes de seguridad denuncian que la empresa ‘Seguriber’ les adeuda a cada uno de ellos alrededor de 1.500 euros, “dinero que nos pertenece del finiquito” y que pese al paso ya de 24 días del año no han cobrado: “Nos dicen que sí, que ya vamos a recibir el dinero pero pasan los días y nada de nada y esto es intolerable”, señalan.

Asimismo, los trabajadores esperan que Inspección de Trabaje levante acta de infracción y sanción a la citada empresa por incumplimiento de abono salarial. La denuncia fue interpuesta el pasado martes y los trabajadores esperan que la situación “se arregle cuanto antes”. Por último, los empleados de seguridad aseguran que la empresa en cuestión, ‘Seguriber’, “ya ha sido denunciada por otros compañeros en 2015 por casos similares”.

22 de enero de 2016

Un directivo con experiencia en recobros liderará Ombuds, segunda empresa de seguridad de España

Miguel Fernando Rueda Hernando es un directivo ligado al fondo JZI que ha tenido según Infoempresa.com 98 cargos en 48 empresas distintas. Algunas de ellas, como Equifax, están especializadas en perseguir a morosos para lograr que paguen. Ombuds-Casesa se coloca como una de las grandes de la seguridad en España.

Miguel Fernando Rueda Hernando es un directivo desconocido pero con una gran actividad en empresas españolas. Según Infoempresa.com ha compaginado 98 cargos en 48 sociedades distintas, aunque en muchos de ellos ya cesó, y desde finales de diciembre es el presidente de la segunda compañía de seguridad más grande de España por facturación, la sociedad que resultará de la compra de Casesa por Ombuds, tal y como adelantó Vozpópuli en octubre. Ombuds pertenece en un 75% al fondo JZ International, que adquiere en 2011 la compañía. El 30 de diciembre, Casesa publica en su web un comunicado informando de la compra, y Ombuds hacía lo propio a través de un correo electrónico a sus trabajadores.

Con esta adquisición, nace la segunda empresa del sector en España después de la sueca Securitas y por delante de Prosegur (con gran parte de su negocio en Iberoamérica). Su presidente Miguel Rueda será el hombre fuerte en España del fondo con sede en Londres JZI, tal y como muestra su currículo empresarial: ha presidido muchas de las empresas de este grupo, algunas de ellas especializadas en sectores polémicos como el recobro a morosos (Equifax) o que fueron investigadas por Hacienda por presuntos delitos fiscales en 2014, como Oro Direct (venta de metales preciosos para su fundición), que entró en concurso en noviembre de 2014 y que había llegado a facturar más de 1.000 millones de euros. Otra de sus empresas es Gedesco, de descuento de pagarés).

Rueda y JZI parecen haber tenido predilección por las empresas de recobro a morosos, asociadas con los ficheros Asnef y Baxdecug, entre otros, y que han sido acusados en algunas ocasiones de usura por consumidores, así como de usar malos modos para intentar cobrar las deudas.

Inquietud en la plantilla Fuentes sindicales señalan que "casi nadie conoce a Miguel Rueda dentro, quien realmente se tiene como un gestor más del día a día es Rodrigo Cortina", hijo del fundador de la empresa, Antonio Cortina. Miguel Rueda aparece como presidente de Ombuds desde marzo de 2014 pero no es muy conocido en sus propia compañía. Mantendrá por tanto un cargo más institucional que deberá compaginar, según los datos aportados por Infoempresa, con las presidencias de Equifax, Gedesco, Oro Direct, Toro Finance, Jump Flash SL, Collecta Servicios de Gestión de Cobro, Eurometal Investment Holding, Docout SL, Factor Energía y alguna compañía más. Es de suponer que no podrá llevar el día a día de todas ellas. Vozpópuli ha llamado a la sede de Ombuds sin haber podido hablar con ningún portavoz.

"Desde el departamento de comunicación os informamos que esta tarde se ha llegado al acuerdo de compraventa de la totalidad de las acciones de Castellana de Seguridad, S.A., de la que es accionista mayoritario el grupo JZ Internacional. Hasta que se realice la integración de las estructuras y de la operativa de ambas compañías, la gestión de Casesa seguirá llevándose a cabo por su actual equipo directivo, que a su vez permanecerá en la futura sociedad que resultará de la integración de ambas", informaba el comunicado de Casesa del 30 de diciembre, que ha sido compartido en foros de los trabajadores. Se daba así oficialidad a rumores permanentemente negados desde Ombuds pero que habían ido creciendo en los últimos meses.

La inquietud entre muchos trabajadores es creciente, sobre todo entre los de la empresa adquirida, Casesa, toda vez que la compañía prometió a los empleados de Ombuds -la sociedad que compra- que allí no habría ajustes pero no se ha hecho lo mismo en la compañía comprada. "El principal riesgo lo tenemos en la plantilla de estructura, no tanto en los propios vigilantes que en realidad dependen de los contratos" -asegura a este diario una fuente sindical de UGT- "en Ombuds estamos hablando de entre 300 y 400 personas de estructura y en Casesa son 138 trabajadores".

El fondo tiene preferencia por España tal y como puede verse en su propia web. Durante la crisis, asegura haber invertido más de 500 millones de euros en entradas de capital en diversas empresas, cuyo último caso es el de Ombuds. Se definen a sí mismos como "inversores a largo plazo" y forman un grupo con más de 80 compañías del sector financiero, industrial y de servicios en 13 países y con una facturación agregada superior a 2.000 millones. Tiene más de 6.000 empleados en Europa y una cartera de inversiones superior a los 1.000 millones de euros.

Robos a particulares y empresas revelan fallos en dispositivos de alarma

Investigaciones policiales por allanamieno descubren que sensores, cámaras y paneles de control instalados por empresas de seguridad privada están homologados pero no cumplen la normativa europea


Las empresas de seguridad privada tienen, desde 2011, la obligación de adaptar sus equipos a las nuevas normas europeas. La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, no obstante, les ha permitido, con la aprobación de periodos de carencia, posponer esos cambios en los sistemas, que han podido seguir siendo homologados durante estos años. El 18 de febrero de 2011 se publicaron en el BOE número 42 las siguientes Órdenes Ministeriales, que entraron en vigor en agosto, justo seis meses después:

--Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de Seguridad Privada.

--Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada.

--Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.

A partir del 18 de agosto de 2011, y según el artículo 3.1 de la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el ámbito de la Seguridad Privada, “Cualquier elemento o dispositivo que forme parte de un sistema de alarma de los recogidos por la normativa de seguridad privada, deberá cumplir, como mínimo, el grado y características establecidas en las Normas UNE-EN 50130, 50131, 50132, 50133, 50136 y en la Norma UNE CLC/TS 50398, o en aquellas otras llamadas a reemplazar a las citadas Normas, aplicables en cada caso y que estén en vigor”.

Esta aplicación era y es de obligado cumplimiento, para aquellos sistemas de seguridad (intrusión, control accesos, CCTV, sistemas alarma social, sistemas y equipos de transmisión de alarmas, sistemas combinados o integrados), que se pretendiesen conectar a una central receptora de alarmas, centro de control y/o de videovigilancia a partir del 18 de agosto de 2011 y sobre nuevas instalaciones.

Pues bien. Según explican a El Confidencial Digital fuentes del Sindicato de Trabajadores de Seguridad Privada (STSP), tan solo 12 días después de la publicación de esas órdenes ministeriales, el comisario jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, Esteban Gándara, redactó un escrito, remitido por la Dirección General de la Policía Nacional, en el que se establecía un periodo de “carencia” de seis meses a las empresas para adaptarse a las nuevas normativas. El comisario reconocía “problemas” para adaptarse a las nuevas exigencias europeas, por lo que informaba también que, tanto en las nuevas instalaciones “se dará conformidad provisional a las mismas, sin la necesidad de la presentación de los certificados que son exigidos por la nueva normativa”.

Equipos homologados... pero con fallos Este “permiso” del comisario Gándara provocó, según explican desde STSP, que las principales empresas de seguridad privada, como Securitas Direct y Prosegur, obtuvieran la homologación de los equipos que estaban instalando, a pesar de no aplicar todavía en ellos las nuevas exigencias de las Normas europeas UNE. De hecho, algunas compañías, como Honeywell, informaban de dicha circunstancia en su página web.

Esa práctica, aseguran las mismas fuentes, se continuó aplicando cuando la Unidad Central de Seguridad Privada aprobó un segundo periodo de carencia de enero de 2012 al 30 de junio de 2013, y tras la aprobación de la Orden INT/1504/2013, que otorga a los fabricantes 30 meses para que sus productos cumplan con esas nuevas normas UNE. De esta forma, se instalaron miles de equipos con homologación pero sin aplicar la normativa europea. Un hecho que se ha empezado a conocer cuando se han producido robos, y se han detectado errores en las instalaciones.

Las compañías han sido denunciadas ECD ha podido tener acceso a una denuncia presentada ante la Guardia Civil contra Securitas Direct, en la que se recogen hasta cinco ejemplos de robos ocasionados por fallos en los equipos de seguridad. Son los siguientes:

--En abril de 2013, una empresa de orfebrería madrileña sufrió un robo después de que el sistema VERISURE FAST, instalado en abril de 2011 y certificado por SD como homologado, no emitiera ninguna señal a la central receptora de alarmas.

--En mayo de 2013, la misma empresa sufrió un nuevo hurto por el mismo fallo en la emisión de señales del sistema. El importe del material robado ascendió a cerca de 800.000 euros.

--En diciembre de 2013, una peletería de Pontevedra sufrió un robo de 80.000 euros después de que el VERISURE FAST, instalado en septiembre de 2012, no emitiera tampoco la señal de alarma. Además, como consta en el informe, el panel de control, “que no estaba homologado”, no detectó ninguna señal a pesar de haber sido destrozado.

--En una empresa de recuperaciones de Arganda del Rey se robaron dos camiones de cobre después de que el sistema de alarma no transmitiera señal alguna.

--También en Arganda del Rey, un negocio de bicicletas sufrió un gran robo -“vaciaron la tienda- porque la Central Receptora de Alarmas no recibió ningún tipo de aviso por parte del sistema de vigilancia.

STSP, en el mismo escrito presentado ante la Dirección General de la Guardia Civil, adjunta más de 250 denuncias de sistemas de seguridad no homologados registradas en la Unidad Central de Seguridad Privada en enero y febrero de 2012, correspondiente a sistemas de seguridad instalados entre agosto y diciembre de 2011. En estas fechas, ya habían entrado en vigor las Órdenes Ministeriales INT/314/2011 e INT/316/2011.

Además, recuerda que los periodos de carencia concedidos a las empresas de seguridad privada no podían ser otorgados por Esteban Gándara: “La disposición final segunda de ambas Órdenes Ministeriales [INT/314/2011 e INT/316/2011] dispone que solo el Director General de la Policía y la Guardia Civil adoptará las resoluciones y medidas necesarias para la ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden, así como para la modificación, en su caso, de los Anexos”. Por tanto, “el Comisario Jefe de la UCSP, no tiene competencia para modificar la entrada en vigor de una Orden Ministerial, ni tampoco para alterar su contenido como hace con la Orden INT/1504/2013”.

Respuesta de las empresas de seguridad Para ampliar esta información, ECD se ha puesto en contacto con las dos principales empresas de seguridad en España: Securitas Direct y Prosegur.

Securitas Direct explica que siempre han trabajado con equipos homologados y han impulsado que las normativas de seguridad avancen. Por ese motivo, aseguran que “siempre hemos cumplido la legislación y, cuando hemos tenido dudas acerca de cómo utilizar las nuevas tecnologías, hemos elevado consulta al regulador y siempre hemos actuado con el aval de esa consulta”. Sobre las homologaciones durante los periodos de carencia, SD explica que “la mejor muestra de transparencia es que nuestros clientes tienen un acceso privado en la web para comprobar las homologaciones de todos los dispositivos”.

Preguntado por ECD sobre los nuevos equipos, Securitas Direct afirma que todas las instalaciones nuevas, es decir, las llevadas a cabo a partir de la orden de 2011,“cumplen con todas las homologaciones tanto en grado dos como en grado tres”. Esos equipos “están adaptados a las nuevas normas europeas, porque la instalación en sí ya es nueva, ya está adaptada a las normativas europeas”. Sobre los equipos previos a la orden ministerial de 2011, aseguran que “cuentan con un periodo de carencia de 10 años. Por lo tanto, Securitas Direct tiene hasta 2021 para cumplir con la adaptación de sus dispositivos a las nuevas normas europeas”.

Prosegur, por su parte, señala que tanto antes del cambio normativo como después, “ha comercializado e instalado productos de fabricantes líderes mundiales. Todos ellos cuentan con un prestigio y reconocimiento internacional y son de probada solvencia. Como no puede ser de otra manera, estos fabricantes cumplen con los estándares de producto más exigentes para comercializar sus productos internacionalmente”.

En cualquier caso, añaden, desde la entrada en vigor de la nueva norma en el año 2011, Prosegur ha instalado exclusivamente productos conformes con la normativa exigida”. Por último, y más importante, Prosegur desea indicar que en cualquiera de sus tres líneas de actividad cumple de manera escrupulosa con lo que marca la ley. Y ocurre, de igual forma, en lo referido a las certificaciones de producto en la línea de Alarmas.

FUENTE: elconfidencialdigital.com AQUÍ