Las Administraciones Públicas, tanto Estatales como Autonómicas siguen licitando grandes contratos, y adjudicando los mismos a empresas insolventes, empresas con graves problemas de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda. Parece que el Caso Esabe Seguridad no le ha servido a las Administraciones Públicas de escarmiento, en su momento todas contrataron a la empresa del fugado Juan José Prados del Pino que se encuentra en ¡busca y captura!.
Se están repitiendo los mismos problemas por culpa de no verificar la solvencia de las empresas que contratan, en estos momentos hay empresas que no pagan a los trabajadores/as de seguridad porque la administración no paga, una mala excusa de las empresas, ese problema lo conocen desde hace 20 años y sin embargo se siguen presentando a los concursos, ya sabemos que la administración es insolvente, aparte de corrupta, si las empresas no tienen liquidez, los primeros en pagar las consecuencias son los trabajadores, que al final terminan "trabajando gratis", casos como el de Esabe, Terral Wind, Sequor, donde hay más de 5.000 afectados, terminan perdiendo más de la mitad de los sueldos, ya que el Fondo de Garantía Salarial no cubre lo adeudado, se cobra tarde y mal, mientras que las administraciones que las contrataron se lavan las manos .
La Administración Valenciana que en estos momentos tiene problemas para pagar a las empresas de seguridad en los hospitales (de hecho ya hay vigilantes que llevan 3 meses sin cobrar), ha sacado un concurso que se adjudicará después de las vacaciones de verano, el expediente 2/14CC, el Acuerdo Marco; Servicios de vigilancia y seguridad en Edificios de la Generalidad Valenciana, consta de 6 lotes, una duración de 48 meses (4 años) y un presupuesto de 48,277.091,83 euros, dinero que no sabemos a donde va, ¿si está en los presupuestos, porque no pagan a las empresas?, hay empresa como el Grupo EME Seguridad que no cobran, hace unos meses la empresa GEBISA tuvo que dejar el servicio de las oficinas del INEM porque la Generalidad no paga, resultado "vigilantes de seguridad trabajando gratis" y lo que es peor sin saber cuando les van a pagar su trabajo .
La Administración Estatal tampoco se queda atrás, ha sacado a licitación la Seguridad Integral y de Auxiliares de Control en los Edificios de la Administración General del Estado; el Expediente 6/14 fase I por 55,451.301,79 euros, la apertura de sobres es en Octubre. Hoy mismo la Universidad de Sevilla ha sacado a concurso la vigilancia de sus instalaciones por 15 millones de euros, podemos ver que las administraciones dan mucho dinero a las empresas , pero cuando hay problemas los vigilantes de seguridad son los primeros en sufrir los impagos.
Otro de los grandes contratos de seguridad de la Administración Central es el de la incorporación de la Seguridad Privada a las prisiones, con un presupuesto de 33,387.743,00 euros, aprobado en el Consejo de Ministros del mes de Abril, contrato "negociado y sin publicidad", se sabe que se han presentado al concurso una UTE encabezada por OMBUS, en la que se integra COVIAR, Seguriber, Prosegur, Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico, Vinsa, varias de estas empresas se han visto envueltas en escándalos por impagos a los vigilantes, estas empresas ya se repartieron los cerca de 8 millones que costó el plan piloto. Las razones que esgrimen los responsables de Interior para privatizar la seguridad en los Centros Penitenciarios fue la de recolocar a más de 2.000 escoltas que prestaban servicio de protección a políticos y personalidades en el País Vasco y Navarra hasta la el 2012, por el cese de la actividad armada de ETA y recuperar efectivos de la Guardia Civil para otros servicios .
La realidad, según fuentes sindicales de prisiones y de la Guardia Civil es bien diferente. Aseguran que la incorporación de los exescoltas, al menos en los 21 centros donde se implantó el plan piloto ha sido mínima y las posibilidades de "incorporar a los servicios de seguridad ciudadana" y parar el recorte de nuevas incorporaciones al haberse fijado una tasa de reposición de las vacantes por cualquier causa en un 10 %. El proceso de privatización de la seguridad en los centros penitenciarios avanza de forma imparable, la III fase del plan se pondrá en marcha en el mes de Julio de 2015 .
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