Las organizaciones se plantean pedir una derrama a sus empresas asociadas
Las mutuas de accidentes laborales están al borde de la quiebra. Lo dice el presidente de su patronal (Amat), Mariano de Diego, también presidente de la más grande de ellas, Fremap, en una carta remitida el 9 de octubre a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la que ha tenido acceso este diario. “Una buena parte del sector ya tiene sus patrimonios históricos próximos a la quiebra”, expone De Diego. En la carta reclama que aproveche el proyecto de Ley de Mutuas que está en tramitación en el parlamento, ahora en el Senado, para introducir medidas que eviten esa situación, ya que en ese caso las empresas asociadas deberían afrontar una “derrama”.
Días después, el 15 de octubre, De Diego se dirigió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que en una misiva de una página le hacía la misma reclamación alegando que, de lo contrario, “se estaría poniendo en riesgo la subsistencia de las entidades”. La delicada situación del patrimonio histórico de las mutuas —20 asociaciones de empresarios que con cotizaciones sociales, unos 10.000 millones al año, atienden los accidentes laborales, las prestaciones de las bajas de estos percances y de las bajas comunes en colaboración con la Seguridad Social— llega por los gastos indebidos en los que incurren estas entidades. Estos gastos se detectan en las auditorías que anualmente les hace la Intervención del instituto público, que les reclama la devolución de este dinero, lo que el sector llama “ajustes”.
El patrimonio de estas entidades ha menguado al devolver gastos indebidos Los gastos indebidos proceden, sobre todo, de los pagos a colaboradores para realizar actividad comercial, algo prohibido por la ley. Es el caso de Fremap, la mayor mutua del sector, a la que de los 43,2 millones de euros que la Seguridad Social le reclamaba en junio, 24,2 corresponden al pago de colaboradores comerciales. Pero hay otros conceptos por los que se les reclama la devolución del dinero gastado indebidamente, como las dietas de directivos, que no pueden exceder los límites marcados por la norma.
“Es de vital importancia que los patrimonios históricos de las mutuas tengan la posibilidad de contar con parte del resultado positivo que generamos”, explica en la carta el presidente de las mutuas en las cartas de dos páginas dirigida a la ministra de Empleo. En esta frase, lo que reclama De Diego es que estas entidades puedan disponer de parte del dinero que sobra anualmente de las cotizaciones de la gestión accidentes laborales para engrosar su patrimonio. En 2013, devolvieron a la Seguridad Social casi 630 millones del excedente habido después de reforzar sus reservas para atender picos de accidentes y bajas (entre las que no se incluye el patrimonio histórico).
El sector quiere usar parte del excedente de cotizaciones para reforzarse Tanto la ley actual como el proyecto en curso impide a las mutuas que devuelvan los gastos indebidos con el sobrante de las cotizaciones. Pueden hacerlo con su patrimonio histórico, el acumulado hasta que entre 1967 y 1975 se integraron en el sistema de la Seguridad Social, pese a que como dice la norma, este también está “afecto a los fines” del instituto público. Durante años, las mutuas han ido devolviendo esos gastos de sus respectivos patrimonios históricos, y estos ahora, como admite De Diego, están “próximo a la quiebra”. “Con el riesgo inminente”, expone la carta, “de iniciar procedimientos de derrama a los asociados [es decir, las empresas]”.
La patronal de las mutuas considera que los ajustes son “injustos” y suelen recurrirlos ante los tribunales cuando reciben la resolución de la Seguridad Social. Pero en muchas ocasiones se encuentran con que los tribunales no les dan la razón. Por ejemplo, en julio de este año la Audiencia Nacional falló que Fremap debía devolver los 8,45 millones en gastos indebidos correspondientes a 2006 casi en su totalidad. La sentencia está en consonancia con otras suyas y del Tribunal Supremo sobre este tema. Tampoco el Ministerio de Empleo, a la vista de la redacción del proyecto de ley, comparte la opinión del sector, ni la mayoría de grupos parlamentarios, que no prestaron atención a la reclamación de Amat. La proximidad a la quiebra del patrimonio histórico de varias es un secreto a voces en el sector. Algo que su propia patronal ha puesto en blanco sobre negro en estas cartas.
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