Patronales, sindicatos y Ministerio de Empleo reparten los fondos sin la fiscalización a que obliga la ley
El Tribunal de Cuentas denuncia prácticas irregulares en la administración de los fondos públicos destinados a la formación. Entre ellas una "excesiva, y en ocasiones, injustificada subcontratación" de empresas para el desarrollo de formación subvencionada. La gestión de esos fondos se hace a través de la Fundación Tripartita, de la que forman parte dos patronales –CEOE y Cepyme--, tres sindicatos –UGT, CCOO y el gallego CIG-- y el Ministerio de Empleo a través del Sepe, el servicio público de empleo.
Así lo asegura en su Informe de Fiscalización sobre la Gestión de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, en relación con el subsistema de formación profesional de oferta, con cargo al ejercicio presupuestario 2010 en el que se gastaron más de 426 millones de euros.
Subcontratación excesiva Concretamente, el informe apunta que se ha superado el porcentaje de subcontratación establecido en la Ley General de Subvenciones, fijado en un 50%. Hasta en 227 de los 300 convenios formalizados en los planes de formación de la convocatoria de 2010 –la estudiada-- superaba ese límite, mientras que en el 25,3% de los mismos (76 convenios) se llegó a subcontratar la totalidad de la subvención concedida.
Así, la CEOE contrató de forma directa, al menos, 4,3 millones de euros sin solicitud previa de tres ofertas de proveedores, mientras que Cepyme lo hizo por importe de 6,1 millones, a los que habría que añadir 1,6 millones imputados a su plan de formación sin formalizar instrumento jurídico alguno entre esta entidad beneficiaria y las empresas subcontratadas. Por su parte, UGT contrató, al menos, 1,1 millones de forma directa, lo que, según el tribunal, "vulnera los principios de transparencia, concurrencia, eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos, mientras que la Fundación Laboral de la Construcción, en la que participan UGT y CCOO, lo hizo por, al menos, un importe de 12,2 millones.
Meros intermediarios Asimismo, el informe señala que la Federación Nacional de Clínicas Privadas subcontrató el 100% de su plan de formación con una empresa proveedora, lo que, a pesar de contar con la autorización previa de la dirección general del Sepe, resulta para el tribunal "de difícil justificación, ya que convierte a dicha federación a un mero intermediario".
El informe del Tribunal de Cuentas observa además incumplimiento también a la hora de evaluar y medir la calidad de los programas de formación, obligatoria por ley, que se limitó sólo a medir mediante encuestas la satisfacción de los alumnos beneficiarios, sin efectuar un verdadero análisis del impacto de dichas acciones formativas en la mejora de la productividad de las empresas, así como en la empleabilidad de los trabajadores.
El coste de personal "La entidades beneficiarias de las subvenciones no disponían de medios internos o sistemas de control horarios para determinar, de forma objetiva, el número de horas realmente dedicadas por su propio personal a la ejecución de los planes de formación", añade. La consecuencia de esta ausencia de controles es que no es posible verificar la exactitud del coste en personal de los planes de formación, así como de las acciones de apoyo y acompañamiento, fijado en 2010 en un total de 50,2 y 4,02 millones, respectivamente.
Cuentas bancarias sin rentabilidad Los rendimientos financieros de los recursos públicos percibidos por las entidades beneficiarias para la ejecución de planes de formación mientras tenía ese dinero en sus cuentas corrientes fueron "muy escasos". Apenas 220.697 euros por gestionar 426,4 millones. Menos de la mitad –el 44,6%-- de las entidades beneficiarias que gestionaban planes de formación declararon haber obtenido algún rendimiento de esos fondos. Ni el Sepe ni la Fundación Tripartita han requerido a estas entidades beneficiarias las razones de esa no obtención de rendimientos financieros.
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