ZARAGOZA: El juez investiga un presunto fraude con fondos de formación en CCOO Aragón

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, Luis Fernando Ariste, investiga una presunta trama de desvío de ayudas públicas para cursos de formación en la Federación Regional de Actividades Diversas de CCOO Aragón. El juez inició las pesquisas, cuyo desarrollo ha asignado al Grupo de Blanqueo de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, tras recibir una denuncia de la Fiscalía. Los responsables de la Unidad Anticorrupción estudian si, por la magnitud de los hechos, debe asumir las pesquisas o si continúa interviniendo en ellas la fiscal asignada a ese juzgado.

Los investigadores tratan de determinar si uno de los responsables de esa federación, G. G. S., se compinchó con una academia zaragozana para falsear las cifras de participantes y las necesidades de material didáctico en los cursos del sindicato que desarrollaba ese centro de enseñanza con el fin, presuntamente, de cobrar cantidades indebidas de dinero público que posteriormente desviarían para apropiarse de ellas.

FACTURAS El juzgado intenta averiguar si las facturas emitidas por esos conceptos se adecuaban a la realidad o si, por el contrario y tal y como sostiene la denuncia, habían sido hinchadas. Los cursos de formación subvencionados con dinero público que se encuentran bajo investigación iban dirigidos a trabajadores y a desempleados. La denuncia inicial fue dirigida a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, un tribunal que únicamente enjuicia delitos graves y resuelve recursos, pero que no tiene funciones de instrucción e investigación. Los magistrados la remitieron a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, la cual, tras abrir diligencias, decidió poner los hechos en conocimiento de los juzgados.

ANTECEDENTE Esta es la segunda ocasión en pocos años en la que los jueces investigan en Aragón la existencia de presuntos fraudes en la gestión de los cursos de formación por los sindicatos.La anterior, cuyas pesquisas comenzaron en 2008, finalizó hace unos meses con una sentencia del Supremo que ratificó la condena a 21 mese de prisión a la responsable de un centro de formación por un delito de falsedad documental. Emitió 16 certificados de cursos de hosteleria y de comercio, posteriormente validados por un dirigente de USO y por el Inem, a los que los titulares no habían asistido.

Antes, una inspección efectuada por USO había detectado varias irregularidades en esas acciones de formación. Esa revisión detectó que algunos supuestos alumnos desconocían haber participado en los cursos y se topó con la imposibilidad de verificar que otros estuvieran dados de alta en la Seguridad Social. También constató la falta de alumnos y de material docente en las aulas a las horas de algunas clases. Tanto la Audiencia de Zaragoza como el Supremo, no obstante, descartaron en este caso que existieran pruebas de que la responsable del centro de formación y un directivo del sindicato se hubieran compinchado para lucrarse con los cursos.

FUENTE: diarioaragones.com AQUÍ