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28 de noviembre de 2014

LUGO: Sancionan a un vigilante de seguridad por llevar la placa debajo del jersey

La Subdelegación del Gobierno impuso una sanción de 300 eu­ros a un vigilante de seguridad del centro de menores de Rábade, dependiente de la Xunta por­que llevaba la placa de identifica­ción en un lugar no visible. Fue denunciado por un funcionario de la administración autonómica que le reclamó que se identifica­ra, durante una ronda nocturna, en el pasado mes de septiembre.

Compañeros del vigilante san­cionado anunciaron que, en ca­so de que el recurso presenta­do contra la sanción no prospe­re, harán un bono solidario para pagar los 300 euros que le recla­man. El afectado admite que co­metió la infracción, pero añadió una serie de circunstancias aña­didas a este caso.

Realizaba una ronda Según figura en el expediente abierto al vigilante, este se en­contraba realizando una ronda en el centro de menores cuando el funcionario le reclamó que se identificara, dado que no lleva­ba la placa en un lugar visible. La tenía en la camisa, pero se había colocado el jersey del uniforme porque estaba realizando una vi­sita exterior.El vigilante, según consta en el expediente, solicitó la pre­sencia de la Guardia Civil, da­do que el funcionario «le perse­guía grabándole con su teléfo­no móvil». Agentes del instituto armado constataron que la pla­ca la llevaba en la camisa, deba­jo del jersey, que también forma­ba parte del uni­forme reglamen­tario.

El vigilante tu­vo que acudir a la Unidad Pro­vincial de Seguridad Privada de la Comisaría de Policía para ex­plicar las razones por las que no se identificó ante el funcionario. Lo hizo días después de que fue­ra denunciado. Expuso que se sentía acosado porque lo estaban grabando y re­conoció que no llevaba la placa a la vista porque se acababa de poner una prenda de abrigo para realizar la ronda exterior. Estos hechos ocurrieron en el mes de septiembre de este año.

Denunciante y denunciado, llevan más de 15 años trabajando juntos. La falta fue tipificada por la uni­dad provincial de seguridad pri­vada como leve, por lo que la pro­puesta de sanción es la mínima estipulada, en un arco que va­ría desde 300 a 1.000 euros. Cabe recordar que los vigilan­tes de seguridad de este centro de la Xunta mantu­vieron un largo conflicto contra la empresa que en aquellos momentos era la adjudicataria del servicio. Llegaron incluso a permanecer durante varias semanas en una carava­na instalada delante de la sede de la Xunta.

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