En la recién constituida agrupación en la Comunidad señalan que están integrados en los Cuerpos de Seguridad del Estado y tienen las mismas funciones que los empleados municipales armados. En Soria existen cuatro agentes en esta situación.
Ágreda y Ólvega son los dos municipios de la provincia que mantienen en sus respectivos consistorios vigilantes municipales, dos por cada municipio. Todos ellos están integrados en la recién constituida AVIMUCYL, que agrupa a los más de cuarenta por agentes municipales de la función pública existentes en Castilla y León. Tiene carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, dependientes de la Administración Local, y actúan representando a ayuntamientos de la región donde no existe el cuerpo de policía local.
Fuentes de la agrupación han observado que este colectivo vela por la seguridad ciudadana, y presta auxilio en casos de accidentes así como en seguridad vial y en el cumplimiento de disposiciones o normativas municipales. También lo hacen con atribuciones que son propias de las policías locales. Por estos motivos exigen la reconversión como agentes de la policía local, tal y como ya se ha llevado a cabo en Aragón y Baleares. “Cuentan con la misma oposición, la misma formación y las mismas funciones que ellos”, han significado.
De igual modo, estos empleados son la primera fuerza actuante en las intervenciones en el alfoz de grandes ciudades y en buena parte del ámbito rural de la Comunidad. “Sienten y sufren una gran indefensión por ser mayoritariamente patrullas unipersonales y carecer de la condición de policías, ya que la palabra ‘vigilante’ en su uniforme, en muchas ocasiones crea confusión y la ciudadanía desconoce la verdadera condición jurídica que les ampara”, a diferencia de los que ejercen otras funciones dentro de la seguridad privada.
Por otra parte, no portan armas de fuego, lo cual “parece ilógico”, según han incidido, ya que son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales “y más en el ámbito rural, en zonas predominantemente de caza y con el aumento de la tasa de delitos que se están cometiendo”. En la agrupación han manifestado también que la reconversión que piden “no conllevaría necesariamente un aumento del gasto público para las administraciones públicas”.
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