Cárceles sin delincuentes... pero con seguridad privada

En Archidona, el vigilante es el único inquilino de la prisión

Cinco nuevos centros penitenciarios están cerrados por falta de dinero para contratar funcionarios de prisiones. Málaga II, con mil celdas y campo de fútbol, es el penal vacío más grande del mundo

Visto desde una loma cercana, el centro penitenciario de Archidona (técnicamente, Málaga II), parece una pequeña ciudad encajada en un cuadrado, un conjunto de edificios con fachadas en tonos pastel y tejado verde demasiado bien alineados para ser viviendas al uso: recuerda a un fuerte militar, amurallado y rodeado por anillos concéntricos de terreno despejado; desde más cerca se ven brillar las concertinas que coronan el vallado. Cuenta con 16 pabellones y más de mil celdas, con talleres productivos, almacenes, planta termosolar, depuradora, zonas verdes y hasta un campo de fútbol en una parcela de 350.000 metros cuadrados: es la cárcel vacía más grande del mundo.

«Cuando se pasa por allí solo se ve a una persona en la caseta de control. Imagino que haya más gente dentro», explica Francisco Jiménez, alcalde de Archidona. Cuenta que cuando anunciaron su construcción, los vecinos se frotaban las manos: la crisis empezaba a hacer crecer la lista de parados y una obra como esa –90 millones que acabaron siendo 117–, podía ser la solución. Pero casi todo el personal vino de fuera. Solo medio centenar de afortunados encontraron trabajo. Entonces pensaron que quizás cuando empezase a funcionar todo iría mejor: con 2.000 internos y unos 600 trabajadores previstos, algo de movimiento se notaría en un municipio de 8.000 habitantes. Pero las obras terminaron en marzo de 2013 y por allí no aparece más que el vigilante de la garita. «En los presupuestos generales para 2015 hay una partida de 800.000 euros para la prisión», añade esperanzado el regidor, aunque sabe que con ese dinero no se puede ni empezar a amueblarla. Instituciones Penitenciarias, donde no ha llegado la tan cacareada política de transparencia del Gobierno, guarda silencio.

Se trata del caso más llamativo, pero el de la prisión malagueña no es el único: en Tarragona, desde hace un año aguarda el momento de abrir sus puertas Mas d’Enric, con capacidad para albergar un millar de presos. Aquí la Generalitat paga un millón al mes a la empresa concesionaria, esté ocupada o no, en concepto de alquiler –el modelo catalán se basa en que una sociedad se hace cargo de la obra y la Administración abona un canon como arrendamiento–.

Otro tanto sucede en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las Unidades de Madres de Alicante y Tenerife, en los que se han invertido en total unos 21 millones. Hay cárceles que han abierto, pero para estar a medio gas, como Zaballa (Álava), Las Palmas II, Murcia II y Pamplona, inauguradas entre 2011 y 2012. Y el problema va más allá de tener echado el cerrojo en unos cuantos edificios. Dejar unas instalaciones así en barbecho cuesta montones de dinero. Solo Archidona se come al año 3,2 millones en vigilancia, inspección y mantenimiento (equipos de comunicación y seguridad, ascensores, calderas...). Y la alternativa es dejarlo pudrirse y volver a gastar otra millonada en el momento de su puesta en marcha.

Según Jesús Otín, responsable general de Prisiones de UGT, han pesado tanto las razones económicas como las ideológicas en esta situación. Por un lado, la crisis ha echado por tierra los cálculos presupuestarios realizados en tiempos más felices; por otro, el Gobierno de Mariano Rajoy no comparte la misma visión de la política penitenciaria que el de Rodríguez Zapatero, que diseñó el plan de apertura de esos centros ahora parados. «Se han ralentizado las obras previstas y se ha suprimido la construcción de diez CIS porque no cree en el modelo de cumplimiento de las condenas en régimen de semilibertad». Tampoco sobrevivieron las piscinas ni los televisores de plasma en las nuevas prisiones. Hay, además, otro factor que ha servido de justificación para no poner en funcionamiento nuevos centros: el número de presos ha bajado en los últimos años. De los 76.079 d 2009 se ha pasado a los 67.404 que había encerrados a finales de 2013.

FUENTE: diariosur.es AQUÍ