Desde la asociación de seguridad privada ASP/92 afirman no entender ” a que juega el Gobierno Foral con el tema de la seguridad de los edificios y dependencias a su cargo”
La Asociación de Seguridad Privada ASP/92 ha criticado la adjudicación realizada por la dirección general de Interior para la vigilancia de edificios públicos en Navarra ya que se ha primado a una empresa que no respeta los convenios colectivos del sector. Desde esta asociación ASP/92 han afirmado no entender ” a que juega el Gobierno Foral con el tema de la seguridad de los edificios y dependencias a su cargo”.
Como se recordará, recientemente se ha hecho publica la relación de empresas seleccionadas por la Dirección general de Interior en relación al Acuerdo Marco de los servicios de vigilancia. Las elegidas han sido Ombuds, Sabico Seguridad, Grupo Control Empresa de Seguridad, Seguriber, Protección y Seguridad Técnica, Prosegur, Eulen y Vigilancia Integrada, en un concurso donde se presentaron un total de trece empresas. La ASP/92 ha señalado que “si uno se fija en las empresas y en el proceso por el que han pasado para ser elegidas unas y excluidas otras, resulta que Grupo Control Empresa de Seguridad destaca sobre las demás y no precisamente por ser la mejor”.
En ASP/92 sabemos el motivo de esto aseguran ya que “esta empresa no respeta el Convenio Nacional de Empresas de Seguridad, como se puede demostrar con ver lo que pagan a sus empleados en otras provincias ya que tienen un acuerdo-convenio en el que se congela el salario hasta el 2017 incluido”. “Parece que el gobierno, tiene la intención de tropezar otra vez en la misma piedra como ya le paso con la empresa Jarc Seguridad en 2011/2012 con el anterior Acuerdo Marco y que afecto a varios edificios del gobierno y a casi una treintena de vigilantes de seguridad que dejaron de cobrar durante varios meses y aún hoy están pendientes de cobrar parte de lo adeudado”, han criticado.
Desde ASP/92 creen “primordial que aparte de que dichas empresas de seguridad estén al corriente de pagos a la seguridad social, también habría que cerciorarse, que tuvieran la menor cantidad de denuncias en Inspección de trabajo y en los juzgados de los social. Ya que si no se preocupa el gobierno de sus ciudadanos quien se va a preocupar ¿Las empresas?” “No olvidemos que son empresas de seguridad, a las que se pretende asignar la seguridad de edificios del gobierno y por consiguiente la seguridad del personal que trabaja en esos edificios y acude a ellos a realizar diferentes gestiones, o sea la seguridad de la sociedad en general”, han afirmado en un comunicado.
“Entendemos que externalizar la seguridad es más económico para las arcas del gobierno de Navarra como se ha demostrado en varias ocasiones, pero creemos que hay que poner ciertos limites para que esa seguridad no se vea resentida”, han apuntado. “El Gobierno de Navarra se engaña a sí mismo, a los vigilantes de seguridad y sobre todo a la sociedad en general. Esperamos que además no haya otros motivos, aparte del económico, que desconocemos”, han finalizado desde la ASP/92.
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