A partir de hoy las principales prisiones de toda España van a contar con vigilancia privada en el exterior de las prisiones: es decir, en la zona perimetral, en la zona de control de las cámaras y en los accesos. En total, 800 vigilantes privados repartidos en 67 centros penitenciarios. Sindicatos de Instituciones penitenciarias como CSIF denuncian que este nuevo modelo va a suponer un elevado gasto y problemas de competencias entre los diferentes colectivos de seguridad.
Desde hoy las principales prisiones de toda España van a contar con vigilancia privada en el exterior de las prisiones: es decir, en la zona perimetral, en la zona de control de las cámaras y en los accesos. En total 800 vigilantes privados que van a cubrir más de 200 puestos en 67 centros penitenciarios. Sindicatos de Instituciones penitenciarias como CSIF denuncian que este nuevo modelo va a suponer un elevado gasto. Para Adolfo Fernández del sindicato CSI-F además del elevado coste la seguridad privada supone un conflicto entre "los diferentes colectivos de seguridad que trabajan en las prisiones: funcionarios de prisiones, Policía Nacional y Guardia Civil y ahora seguridad privada".
Según la información que manejan los sindicatos, la duración del contrato será de un año, las prestaciones en los puestos serán de entre 12 y 24 horas y se ha establecido un precio por hora que se ampliará si la prestación requiere el uso de arma. Los sindicatos penitenciarios proponen contratar vigilancia privada pero en los centros de reinserción social donde no existen fuerzas de seguridad del Estado. Ya el año pasado Interior contrató a 250 vigilantes privados con lo cual lo que se hace hoy es generalizarse la experiencia piloto que se inició el año pasado.
Fuentes del Ministerio del Interior dicen que la contratación de vigilantes privados no afecta a las labores de los funcionarios de prisiones y que la vigilancia privada se va a encargar de tareas de apoyo en el perímetro de seguridad exterior.
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