El Secretario General de la Federación de Seguridad Privada de FTSP-USO imputado por la Operación Zeta

Imputado por un delito de fraude en las subvenciones y de malversación de caudales públicos.

La trama de las subvenciones ya salpica a 67 personas y asociaciones. La jueza las cita como imputadas en la causa de los cursos de formación. Aparecen sindicalistas en la lista de los que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos que los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación de USO y Antonio Duarte, secretario general del sindicato.

A día de hoy, ya son 67 los imputados por la trama de las subvenciones. Y todos ellos han pasado por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña. Siete custodiados por la Policía, pues fueron puestos a disposición judicial tras ser detenidos, y el resto solo acompañados de un abogado. Unos quisieron declarar y otros no. Unos dejaron en mal lugar a los principales cabecillas de la trama y otros no. Unos no se acordaban de casi nada y otros de todo o de casi todo.

De la trama de los cursos de formación solo se sabe lo que la policía y la jueza pudieron deducir de los pinchazos y registros, porque poco o nada se pudo sacar a los principales imputados en sus comparecencias ante el juez, pues se negaron a declarar. Son el empresario coruñés y supuesto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo; tres de sus trabajadoras de confianza, Margarita O.N, Mercedes G.R. y Susana L.O; el presidente de la Confederación de Autónomos (Caype), Eliseo Calviño; el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, y el director de la feria de autónomos, José Luis Fraga. A todos ellos se les imputa delitos de fraude de subvenciones y estafa, malversación de caudales públicos y delitos instrumentales conexos, como falsificación o blanqueo.

Según el grupo de delincuencia económica de la Policía Nacional, esos siete imputados idearon o ejecutaron un plan para nutrir sus empresas o sus bolsillos de dinero público procedente de subvenciones para cursos de formación, fomento de empleo o ayuda a discapacitados. Una vez que recibían el dinero, se lo repartían. A veces ni siquiera realizaban el curso y otras lo realizaban mal, añade la policía, que coloca a Crespo, Calviño y Pérez Bello en lo alto de la trama y el resto como meros «brazos ejecutores».

La lista de los otros 60 imputados la forman cargos de la administración, presidentes de entidades profesionales -autoescuelas, clínicas privadas, funerarias, hosteleros...-, vecinales o empresariales. Así, del sumario destacan los nombres, aparte de los principales imputados, de responsables de asociaciones, como María de los Ángeles de la Iglesia Daviña, que es la presidenta la Federación Provincial de Asociaciones Comarcales de Empresarias, Profesionales y Emprendedoras de A Coruña (FEDACEPE); Juan Manuel Becerra Vázquez, presidente de la Federación Gallega de Servicios Funerarios; José Manuel López Marín, presidente de la Federación Gallega de Autoescuelas; Lisardo Domínguez Rodríguez, secretario general de Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos de Galicia (Upta); y José Luis Rodríguez Dacal, presidente de la Federación de Farmacias de Galicia; Héctor Cañete del Campo, presidente de la Asociación Provincial de Hostelería y de la Confederación de Empresarios de Hostelería de Galicia (Cehosga). Todos ellos están imputados por los mismos delitos, por fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. También aparecen sindicalistas en la lista de los que fueron llamados a declarar como imputados por los mismos delitos que los anteriores, como Alfonso Ares Mejuto, responsable de formación de USO y Antonio Duarte, secretario general del sindicato.

Junto a ellos, aparecen los nombres de funcionarios o altos cargos de la administración, como Luis Álvarez Freijido, ex delegado de Benestar y ex alto cargo de la Diputación coruñesa; Odilio Martiñá Rodríguez, ex director xeral de Relacións Laboráis de la Xunta; Joaquín Vila Sampayo, ex jefe de servicio de la Consellería de Traballo; y María Isabel Caramés González, jefa de servicio de Asuntos Xerais del Instituto Galego de Consumo; y Esther Álvarez Fernández, directora técnica del instituto de Consumo.

FUENTE: lavozdegalicia.es AQUÍ