El acuerdo entre el Estado y el Principado afecta al TSJA, el Instituto de Medicina Legal, los juzgados de Llamaquique y la Fiscalía de Menores
El Ministerio del Interior y la Consejería de Presidencia han firmado un convenio para garantizar, con la presencia de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la seguridad en los edificios judiciales de Oviedo. En el acuerdo, fechado el 17 de julio y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno regional justifica la colaboración «por la escasez de recursos humanos» de la Policía Adscrita de Asturias. Por tanto, estos turnos de protección serán realizados por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Según el convenio, valorado en 86.500 euros para este año, en la actualidad son 13 los funcionarios de la Benemérita los que prestan tales funciones, número que se ampliará con dos más a partir del 1 de enero para los Juzgados de Llamaquique. Por ahora ofrecen su servicio, por turnos, en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el Instituto de Medicina Legal, el Juzgado y la Fiscalía de Menores.
El Ministerio del Interior y la Consejería de Presidencia han firmado un convenio para garantizar, con la presencia de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la seguridad en los edificios judiciales de Oviedo. En el acuerdo, fechado el 17 de julio y publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno regional justifica la colaboración «por la escasez de recursos humanos» de la Policía Adscrita de Asturias. Por tanto, estos turnos de protección serán realizados por agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Según el convenio, valorado en 86.500 euros para este año, en la actualidad son 13 los funcionarios de la Benemérita los que prestan tales funciones, número que se ampliará con dos más a partir del 1 de enero para los Juzgados de Llamaquique. Por ahora ofrecen su servicio, por turnos, en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), el Instituto de Medicina Legal, el Juzgado y la Fiscalía de Menores.
Una huelga de los vigilantes de seguridad privada por los impagos de la empresa en septiembre de 2012 llevó a la Consejería de Presidencia a manifestar su compromiso de reforzar la vigilancia de los edificios judiciales con agentes de la Unidad de la Policía Adscrita (UPA). Ahora se firma este convenio que se prorrogará año a año.
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