El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por Juan Ignacio Zoido, ha declaradodesierto el procedimiento negociado sin publicidad, dotado con unpresupuesto de 36.529 euros sin IVA, que promovía para la contratación delservicio anual de seguridad, control y vigilancia de la antigua comisaría de la Policía Nacional de la plaza de la Concordia, conocida como comisaría de la Gavidia por la plaza homónima que se encuentra muy cerca de este inmueble propiedad del Consistorio hispalense.
La Administración local promovía un procedimiento negociado sin publicidadcon el mencionado presupuesto, para contratar labores de vigilancia en el citado edificio hasta el 21 de agosto de 2015. Y es que el pasado verano concluía el contrato adjudicado el estío previo a la sociedad limitada Hienipa Seguridad, por 32.511 euros que no incluyen el IVA, para encargarse de este concepto durante un año.
La Administración local promovía un procedimiento negociado sin publicidadcon el mencionado presupuesto, para contratar labores de vigilancia en el citado edificio hasta el 21 de agosto de 2015. Y es que el pasado verano concluía el contrato adjudicado el estío previo a la sociedad limitada Hienipa Seguridad, por 32.511 euros que no incluyen el IVA, para encargarse de este concepto durante un año.
Las labores a contratar, nuevamente, eran la custodia del edificio a través de "un vigilante de seguridad sin arma diez horas diarias, todos los días de la semana, incluyendo domingos y festivos", así como "dos rondas diarias" con un coche de seguridad que habrá de estar disponible ante cualquier eventualidad y el pertinente "sistema de alarmas". La licitación de este contrato anual, no obstante, ha sido declarada desierta, según las fuentes consultadas.
El Consistorio hispalense, como dueño del edificio, promueve actualmente unamodificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006, al objeto de recalificar la parcela de esta antigua comisaría y que los suelos pasen de su clasificación inicial de Interés Público y Social (SIPS), a parcela para "gran superficie comercial", si bien esta maniobra cuenta con pronunciamientos contrarios por parte de la Administración andaluza. En concreto, la operación cuenta con un informe desfavorable de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico, que considera que esta recalificación implica una "alteración sustancial de la ordenación estructural" dispuesta para el casco histórico por la memoria de ordenación del PGOU.
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