El pasado 1 de octubre vigilantes de seguridad empezaron a ocupar puestos de vigilancia del perímetro exterior y control de las cámaras en la cárcel de Alcalá Meco, Madrid. En el penal, existe un malestar generalizado entre los miembros de la Guardia Civil porque les han quitado su vestuario. El problema se ha originado, según ha podido saber El Confidencial Digital, debido a que una habitación, que usaban para cambiarse los miembros de la Benemérita, ha sido cedida a los vigilantes de seguridad. Estos agentes denuncian que la cesión se ha producido además con el consentimiento del teniente, que no se ha opuesto a la decisión de que se utilice esa dependencia.
La polémica ya ha llegado a las asociaciones del cuerpo. El Portavoz de Unión de Guardias Civiles (UnionGC) ha informado a ECD que no se quedarán de brazos cruzados y que “presentarán una queja ante la Dirección General”. También ha añadido que no le extraña esta adjudicación del vestuario, ya que “la tendencia es echar poco a poco a los guardias civiles”.
Para encontrar los orígenes de esta controversia hay que remontarse el verano del año 2012 cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, inició un plan para dar empleo en prisiones españolas a ex escoltas del País Vasco y Navarra. Las ocupaciones de estos profesionales son de vigilancia, pero el mando sigue a cargo de agentes de la Guardia Civil.
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