La Junta de Andalucía destinará 1.200 millones de euros para el desarrollo de la Ley de Formación Profesional. El consejo de gobierno, primero tras las vacaciones ha aprobado este martes el anteproyecto de esta nueva norma. Contempla la creación de una red de centros autorizados para impartir la formación. Las entidades que quieran impartir cursos deberán estar inscritos en esta red.No podrán depender de las subvenciones y éstas se otorgarán por concurso público. Según el consejero de Educación, Luiciano Alonso, esta Ley prohíbe la exoneración, busca la calidad en la formación y cualificación de los andaluces adelantándose a una futura normativa estatal.
La Junta de Andalucía ha aprobado este el anteproyecto de ley de Formación Profesional, con la que intenta evitar que las "empresas dependan de las subvenciones", para lo que creará una red de centros en la que deberán estar inscritas las entidades que quieran impartir formación y recibir subvenciones. Alonso ha explicado que las empresas, los sindicatos, las organizaciones empresariales y cooperativas que quieran impartir cursos de formación profesional sólo podrán hacerlo a través de centros de su titularidad y que estén autorizados. La creación de esta red de centros es el "plato fuerte" de este anteproyecto de ley, que incluye también como novedades la concurrencia competitiva para adjudicar los cursos de formación y la prohibición de exonerar a los beneficiarios de ayudas de justificar las subvenciones para poder recibir más.
El consejero ha subrayado que el objetivo de la ley es mejorar la cualificación profesional de la población activa andaluza y, aunque la ha desvinculado de los casos de fraude que investiga la policía y la Justicia en las ayudas a la formación para el empleo, ha reconocido que refuerza los mecanismos de control de las acciones formativas. Ha explicado que los centros privados que se incorporen a la red de centros de formación profesional tendrán que tener autonomía financiera suficiente, experiencia previa formativa y contar con un plan de calidad y, sobre todo, que "en ningún momento puedan depender y desarrollar su labor exclusivamente a través de subvenciones". Además, los centros que dejen de funcionar, al menos durante un año, quedarán fuera del sistema.
La concesión de las subvenciones se realizará mediante concurrencia competitiva y sólo las acciones formativas que incluyan compromisos de contratación podrán financiarse en régimen de concesiones directas, tal como señala la normativa estatal. Asimismo, el pago de las ayudas quedará siempre condicionado a que las entidades beneficiarias acrediten estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y no se podrá exceptuar del cumplimiento de sus obligaciones a las beneficiarias de subvenciones. También se potencia el Consejo Andaluz de Formación Profesional, donde están representados la Junta, los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía, que será el encargado de planificar la oferta formativa. Se elaborará un plan plurianual de innovación, calidad y evaluación que medirá las objetivos a través de la inserción laboral del alumnado.
Con el fin de establecer una estrecha relación entre la formación profesional y el sistema productivo se elaborará un catálogo de cualificaciones profesionales para incluir las específicas del tejido productivo andaluz que no están en el listado nacional, como las de sector textil, minero y enseñanzas artísticas.
El consejero ha subrayado que el anteproyecto de ley es innovador y pionero en España y ha avanzado que la memoria económica contempla 1.200 millones para su puesta en marcha, aunque ahora iniciará los trámites hasta su aprobación definitiva en el Parlamento. Ha hecho un llamamiento a los agentes sociales y a toda la sociedad para que participen en la mejora de dicho anteproyecto y ha restado importancia al malestar de los sindicatos con este texto, al perder el privilegio de impartir la formación, como ha ocurrido en la última década en Andalucía.El titular de Educación ha alegado que "no se deja al margen a los agentes sociales, sino que tienen un papel importante en la planificación" de la oferta formativa.
El anteproyecto regula también la figura de los centros integrados de formación profesional para convertirlos en referencia, de forma que impartirán ofertas para obtener los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad. También se posibilitará a los alumnos de formación profesional básica la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria, que no está contemplado en la LOMCE a pesar de su elevada demanda, según la Junta. La ley introduce también modificaciones en la actividad docente y la principal novedad es que los profesores podrá impartir todas las ofertas formativas conforme a su especialidad y no sólo la FP inicial como hasta ahora.
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