El Departamento de Seguridad limitará la protección a los principales cargos institucionales de la política y la judicatura.
Bilbao - Los servicios de escolta que la Ertzaintza ha venido realizando como parte fundamental de su actividad a personas amenazadas por ETA serán historia a partir del próximo mes. De este modo culminará la progresiva reducción de esta labor llevada a cabo por el Departamento de Seguridad desde 2013, y que de hecho empezó a producirse en la anterior legislatura, con el PSE en el Gobierno vasco. Según ha podido saber DEIA, en la primera quincena del mes pasado los jefes de la Unidad de Protección y Seguridad comunicaron personalmente a una decena de políticos y excargos públicos que iban a dejar de tener escolta, un proceso que se está acometiendo de forma paulatina y que concluirá en septiembre.
Fuentes conocedoras de la situación afirmaron que entre los afectados hay presidentes territoriales o autonómicos de partidos, parlamentarios y exconsejeros, todos ellos del PSE, PP y el PNV. Como consecuencia, a partir de ahora el Gobierno vasco se limitará a garantizar la seguridad de los principales cargos institucionales de la política y la judicatura, equiparándose así al resto de comunidades autónomas del Estado español. Ello incluye al lehendakari y sus consejeros, la presidenta del Parlamento Vasco, los portavoces de los distintos grupos políticos, el presidente del TSJPV y el fiscal superior de la CAV. También mantienen la protección el exlehendakari Patxi López, el exconsejero de Interior Rodolfo Ares y testigos protegidos en procesos judiciales.
El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, adelantó en declaraciones a la Ser que en cuestión de pocas semanas se procederá a una nueva reorganización del servicio de escolta de la Ertzaintza que “podría ser la última”. Dejó claro que en ningún caso se reducirán los miembros de la Unidad de Protección y Seguridad, formada por 143 berrozis, sino que se adecuarán los servicios y el personal escoltado, hasta mantenerlos tan solo en los casos de representación institucional. Fuentes del Departamento de Seguridad afirmaron a este medio que este proceso persigue “ajustarse a la nueva realidad sin ETA, llegar a una situación de normalidad” después de que la violencia “motivara que tantas personas tuvieran que llevar escolta”.
Estas fuentes agregaron que la propia “readaptación a la vida normal” es complicada, por lo que la retirada de estas últimas escoltas está siendo progresiva desde finales de julio. Se trata, por tanto, de un escenario muy diferente al que, en los años de mayor actividad de la banda, llegó a traducirse en miles de guardaespaldas privados y cientos de ertzainas dedicados a la protección de vips, según el argot policial. Por ejemplo, en 2009, con 1.492 personas amenazadas en Euskadi, había 2.500 escoltas de empresas privadas en la CAV y 1.500 en Nafarroa, así como 400 ertzainas dedicados a labores de protección. La demanda de escoltas era tal que, en 1998, además de la Unidad de Protección, la entonces Consejería de Interior creó la Unidad de Acompañamientos, que llegó a estar formada por 200 agentes.
El año pasado ya fue prolijo en medidas derivadas del abandono definitivo de las armas anunciado por ETA en octubre de 2011. Así, el Departamento de Seguridad hizo desaparecer la Unidad de Acompañamientos para reforzar la Brigada Móvil y las comisarías, ciñó la presencia de guardaespaldas privados a la protección de mujeres víctimas de violencia de género y redujo la Unidad de Protección y Seguridad sacando de la misma a 93 agentes sin plaza en propiedad, quedando formada por 143 berrozis. Entonces había 36 amenazados.
Nuevo sistema El sindicato Euspel, mayoritario en la Unidad de Protección y Seguridad, criticó el actual sistema de escolta de a uno por los riesgos que conlleva, y pidió que losvips vuelvan a estar acompañados por dos agentes. “Ellos mismos nos trasladan que se duermen al volante y que más de una vez han dando bandazos, ¡y con un consejero sentado detrás!”, afirmaba a DEIA el presidente de la central, Txutxi Castelo. “Los transportistas tienen un número determinado de horas que deben dormir, y aquí eso se incumple totalmente”, señaló. Agregó que “el día que alguien sufra un accidente, el Gobierno vasco va a tener una querella gorda”.
Puso como ejemplo que, si se realiza un viaje a Madrid para volver al día siguiente, el ertzaina puede tener tan solo cuatro horas para dormir. También el hecho de que un protegido viva fuera de Euskadi y haya que ir a buscarle todos los días, o el elevado número de kilómetros que realizan algunos consejeros. Castelo citó además otros problemas de esta unidad como la pretensión de que sean los propios ertzainas los que paguen las multas -de hasta 600 euros, aseveró- y el nuevo calendario de trabajo: “Los agentes están trabajando a piñón, la mayoría ha superado ya las horas de trabajo estipuladas y esta es la única unidad en la que se está cobrando por horas de exceso”.
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