Para reforzar la vigilancia la policía no solo hará uso de sus propios medios, sino que se propone "incrementar la colaboración con los servicios de seguridad privada". Las medidas se toman por el aumento de la crispación social derivada de la crisis
El clima de crispación social derivado de la crisis económica está provocando altercados cada vez más frecuentes a las puertas del Parlamento y de la Xunta, que han tenido su último episodio en la cruenta protesta de los trabajadores del cerco. Ante esta situación la policía autonómica reforzará la vigilancia en los edificios institucionales, tanto en el Pazo do Hórreo como en San Caetano, y estrechará la seguridad de los altos cargos del Gobierno gallego en sus desplazamientos. Participantes en las protestas del naval, los afectados por las participaciones preferentes o los emigrantes retornados multados por Hacienda acostumbran a aprovechar las visitas institucionales de miembros del Ejecutivo autonómico para intentar abordarlos y trasladarles sus reivindicaciones. Y en ocasiones esto se traduce en momentos tensos como el vivido por la titular de Sanidade, Rocío Mosquera, que el pasado mes de febrero tuvo que salir escoltada del hospital de Ferrol después de que un grupo de profesionales sanitarios intentara boicotear su visita al centro.
Entre los objetivos que la policía autonómica se marca para este año, y que aparecen recogidos en su memoria de actividad, está el de "evaluar y analizar los riesgos previos a los desplazamientos de las autoridades autonómicas o de los actos institucionales que se celebren". Para ello creará "un equipo de información" que se encargará de averiguar y obtener datos sobre los conflictos de cada zona o que en un determinado momento puedan afectar a la seguridad de altos cargos de la Xunta. Pero además incrementará en el caso del vicepresidente de la Xunta y de los conselleiros los servicios de contravigilancia, policías de paisano que se encargan de comprobar que nadie sigue a los cargos a los que están escoltando.
En el Parlamento se diseñará también un dispositivo especial de seguridad. Ya es una estampa habitual los días de pleno que a la entrada del Pazo do Hórreo se agolpen manifestantes. El pasado año incluso se desató la polémica cuando la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, intentó limitar el acceso de visitantes a los plenos para evitar altercados como los provocados por los preferentistas que interrumpieron un pleno al grito de "va a haber sangre".
El plan de la policía autonómica pasa por elevar en siete el número de efectivos destinados a vigilar la Cámara gallega. En los puestos de vigilancia en vez de 10 agentes habrá 15 durante las 24 horas del día, a los que habrá que añadir otros dos en turnos de mañana y tarde encargados del puesto de control y accesos. En la Xunta se planificarán "planes de disuación" con más presencia de policías en los perímetros exteriores de los edificios administrativos. Para reforzar la vigilancia la policía no solo hará uso de sus propios medios, sino que se propone "incrementar la colaboración con los servicios de seguridad privada".
La prueba de que la conflictividad social va en aumento queda reflejada en el balance de actividad de la policía autonómica. En 2013 los efectivos de este cuerpo realizaron 28 detenciones por altercados relacionados con manifestaciones, concentraciones o encierros, tres veces más que el año anterior. Pero también aumentaron las denuncias efectuadas por agentes de la policía vinculadas a la seguridad tanto de altos cargos como de edificios institucionales, al pasar de 37 a 75. El mayor número de protestas en la calle obligó además a la policía autonómica a incrementar un 65% el número de despliegues preventivos. En cuanto a la protección de altos cargos, la policía puso en marcha el pasado año un total de 590 dispositivos de seguridad relacionados con el presidente del Ejecutivo gallego y otros 141 para los conselleiros. La incorporación el pasado año de nuevos efectivos a la policía autonómica permitirá, según explican, que este año se pueda reforzar la seguridad tanto de altos cargos como de edificios institucionales.
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