El sector, con más de 20 empresas en Burgos que dan trabajo a 800 trabajadores, confía en que la nueva ley que entra en vigor el 5 de junio intensifique y mejore la cooperación
Las empresas de seguridad privada desarrollaron durante el pasado año más de 360 colaboraciones directas con la Policía Nacional y Local y la Guardia Civil en Burgos, una relación calificada por las partes como «muy positiva» que se intensificará y mejorará con la entrada en vigor a partir del 5 de junio de la nueva ley que regirá esta actividad. El sector, que da trabajo a más de 800 personas y a más de 20 empresas en Burgos, augura a un repunte del empleo tras la crisis vivida en 2013. Estos datos y valoraciones se dieron a conocer ayer durante los actos del Día de la Seguridad Privada, fijado en el calendario para el 21 de mayo, y que coordina la Subdelegación del Gobierno. Su titular, José María Arribas, que estuvo acompañado por los máximos responsables de Policía Nacional y Guardia Civil, el comisario José María Calle y el teniente coronel Miguel Salom, destacó y reconoció la labor de estos profesionales y su coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, «lo que contribuye a la seguridad común de la sociedad».
Las más de 360 colaboraciones directas han surgido mientras los profesionales de este sector desarrollaban sus tareas de vigilancia en entidades de crédito, joyerías, estaciones de servicio, administraciones de lotería o diversos emplazamiento en el medio rural, industrial o empresarial. Arribas explicó que esta coordinación se canaliza, por un lado, a través del Plan Estratégico de Seguridad Privada de la Policía implantado desde 2008 y, por otro, a través del Programa Coopera de la Benemérita activo desde 2006. El representante del sector, Alfonso Tapia, resaltó como «buena» la cooperación: «Hay una comunicación muy fluida y mantenemos reuniones periódicas».
Ley El subdelegado recordó también que a partir del 5 de junio entra en vigor la Ley de Seguridad Privada, que incorpora novedades como el reforzamiento del deber de reserva profesional de los detectives, clarifica las competencias entre las Administraciones y sustituye determinadas autorizaciones previas por declaraciones responsables. «Avanza en fórmulas jurídicas que permiten hacen partícipes de información necesaria para el mejor cumplimiento de su función a los responsables de la seguridad privada». Tapia destacó que esta ley deroga otra que data de 1992 y, aunque «con sus luces y sombras», «es positiva porque va en función de los avances de la sociedad».
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