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La Ley de Seguridad Privada que prepara el Gobierno del PP se topó ayer con el frontal rechazo de Eurocop. La organización que representa a más de 500.000 policías de 27 países de la Unión Europea, y que esta semana se ha reunido en Vilna, la capital de Lituania, no ocultó su preocupación por las«graves consecuencias» que el proyecto legislativo español puede tener en los«derechos» de los ciudadanos.
Se trata de una ley, insistió, que sigue la misma línea de los «recortes en los servicios públicos» que se están produciendo en otros países europeos y que agranda la brecha de las «desigualdades sociales».«No podemos permitir que sólo los pudientes disfruten del derecho a la seguridad», subrayó el alemán Jörg Bruchmüller, representante del comité ejecutivo de Eurocop.
La organización formuló estas advertencias a raíz de la exposición que el sindicato ErNE, mayoritario en la Ertzaintza, realizó sobre la futura ley de seguridad privada durante la clausura del congreso. Su representante Juanjo Llaguno explicó a los demás delegados sindicales que esta normativa concede a los vigilantes de seguridad la «capacidad de detención»,entre otras facultades que también criticó. Llaguno explicó que se trata de una medida muy controvertida, pues descarga en trabajadores de empresas privadas,que no han superado oposiciones ni tienen la misma formación que los funcionarios públicos, una atribución que si se ejerce de modo incorrecto puede vulnerar los «derechos fundamentales».
Recortes públicos El representante de ErNE insistió que la futura ley de seguridad privada se enmarca en un problema mucho «más profundo», como es la «utilización de la crisis económica» para «reducir los servicios públicos» y para privatizar otro tipo de prestaciones con la «excusa de que no son sostenibles», como ya ha ocurrido «con la sanidad». El delegado vasco recordó que uno de los objetivos de los servicios públicos de seguridad es establecer un marco que posibilite la suficiente «garantía de independencia» para proteger a los ciudadanos también de los poderes políticos. Sin embargo, añadió, el proyecto del Ejecutivo de Rajoy abre la puerta a que los gobiernos recorten o vayan amortizando las plantillas de Policía para sustituirlas por guardas jurados «disfrazados» de agentes. «La seguridad en manos privadas sólo garantizaría la protección parael que la pueda pagar», auguró Llaguno. «Este proyecto también ha encontrado el rechazo de las asociaciones de jueces y de las asociaciones que defienden los derechos humanos», terció el portavoz de la Asociación Unificada de GuardiasCiviles (AUGC), Juan Antonio Delgado. «No se puede mercadear con los derechos de los ciudadanos».
Durante su exposición, Erne instó a Eurocop a que se movilice en defensa de las prestaciones públicas y lleve esas reclamaciones a los despachos de los organismos comunitarios. El comité ejecutivo de Eurocop, que dirige la sueca Anna Nellberg, recogió el guante. En la medida que se trata de un fenómeno global, se comprometió a recabar datos de los distintos socios de la Unión Europea para conocer al detalle cómo están afectando estas medidas entodos los cuerpos de seguridad; a solicitar nuevas reuniones sobre este tema con representantes de la Comisión Europea y, por último, a presentar las conclusiones en el nuevo cónclave de Eurocop que se celebrará en Berlín el próximo otoño.
Varios delegados europeos tomaron la palabra para explicar sus experiencias. El más gráfico fue el representante de la Policía griega, que denunció que en su país las deportaciones de inmigrantes ilegales ordenadas por el Gobierno son realizadas por empresas seguridad privada. «No podemos ignorar más los efectos de las privatizaciones», proclamó. Un miembro de la Policía de la República Checa añadió que los sindicatos consiguieron frenar en ese país un proyecto político para despedir a 10.000 policías y sustituirlos por guardas jurados, pero recalcó que la«amenaza sigue muy presente». «Es un tema muy serio», subrayó el delegado de Eslovaquia. El alemán Jörg Bruchmüller concluyó el debate alertando de que en las ciudades cada vez se ven más «ricos que viven en una especie de jaulas» protegidas por vigilantes privados, a los que se van concediendo nuevos espacios. Ese, apuntó, no se debe ser el modelo a seguir delas instituciones públicas, que se deben a todos los ciudadanos, a pesar de que se vean en la necesidad de conseguir fondos económicos. «Por eso se deben poner límites a la seguridad privada», finalizó el dirigente de Eurocop.
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