El plan que prepara el Gobierno quiere atajar los abusos laborales y da prioridad a los colectivos que más lo sufren
El Gobierno ya tiene listo su programa contra la explotación laboral y arrancará en agosto, según avanza EL PAÍS. El programa incluye decenas de medidas diseñadas por el Ministerio de Trabajo para la actuación de la Inspección hasta 2020, entre las que destacan algunas actuaciones especiales sobre sectores donde considera que hay que atajar lo más pronto posible la precariedad: cita actuaciones especiales, por ejemplo, para el sector hostelero, por las kellys, o la seguridad privada e incluye la creación de una unidad de lucha contra la discriminación de género.
Inspectores especialistas y una Unidad de Lucha antidiscriminación El plan que ha preparado Trabajo dedica una sustancial parte a repasar que el mercado laboral todavía guarda un lugar menos destacado para las mujeres que para los hombres. “La tendencia hacia la reducción paulatina de las diferencias de salario por razón de género es lenta”, recuerda el informe. En 2016, la mujer percibió un salario medio un 20% inferior al percibido por el hombre, frente al 21,7% de 2007. “Y tienen una mayor presencia en los niveles salariales bajos, el 40,3% de las mujeres tuvo en 2016 un salario inferior a 1.229 euros frente al 20,7% de los hombres”, apunta. Ellas trabajan más a tiempo parcial, con contratos temporales y en actividades con remuneraciones más bajas.
Entre las principales propuestas para atajar los abusos, destaca la creación de “la Unidad de Lucha contra la Discriminación, como órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra la discriminación en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, especialmente las retributivas”. Estará integrada en la Subdirección General para la Coordinación de la Inspección del Sistema de Relaciones Laborales. Además, se propone designar inspectores de trabajo especializados en esta materia en las provincias y las direcciones territoriales y ofrecerles formación específica.
También quieren llevar a cabo “cruces de bases datos, a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude”, para tratar de detectar situaciones de “discriminación salarial en las empresas, tanto directas como indirectas” y hacer inspecciones. En coordinación con las autonomías, se realizarán “controles de legalidad de convenios colectivos” para detectar cláusulas discriminatorias. En cuanto al acoso sexual, quieren que los inspectores verifiquen que las empresas cuentan con los sistemas obligatorios para prevenir el acoso y tramitar denuncias. Y entre las denuncias que Trabajo reciba en el buzón anónimo para denunciar explotación laboral, se dará prioridad a las que sean por abuso sexual o discriminación de género.
Controles especiales para los excesos que sufren ‘kellys’ y vigilantes El plan del Ejecutivo busca atajar el exceso de temporalidad y precariedad en todo el mercado laboral. Pero para empezar cita específicamente dos grupos: los vigilantes de seguridad y las camareras de piso o kellys, un término que usa varias veces en su documento. Los primeros, dice, se ven muchas veces perjudicados salarialmente por la subrogación de servicios que pasan de una empresa a otra. Sobre las segundas, destaca que es un colectivo “especialmente castigado por bajos salarios, ritmos de trabajo y sobreesfuerzos”.
Además, en el caso de las kellys, prepara un plan pionero: asegura que pondrá en marcha campañas específicas para colectivos especialmente vulnerables ante la precariedad. “Las primeras actuaciones se dirigirán, en el sector de hostelería de alojamientos, al colectivo de camareras de pisos, las kellys. Esta campaña tendrá la virtualidad de ser la primera, en materia de relaciones laborales, que está dirigida a un sector de actividad específico, y que tiene por finalidad una revisión, con carácter integral, de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que integran el colectivo, prestando especial atención a quienes son contratados a través de empresas multiservicios, pero sin olvidar también la contratación a través de empresas de trabajo temporal”. Se centrarán en aquellas comunidades —con las que promete coordinarse— “donde el sector turístico tenga una especial importancia, y permitirán un control integral de las condiciones de prestación de servicio del colectivo”. En el caso de los vigilantes, para que la subrogación no merme sus sueldos, “se revisarán especialmente los casos de convenios colectivos anulados por la jurisdicción social” y habrá “un especial seguimiento de incumplimientos salariales de determinadas empresas multiservicios” y de las vulneraciones de los derechos de empleados subrogados.
Campañas contra la proliferación de falsos autónomos y becarios eternos Trabajo quiere revisar si las empresas se ahorran impuestos y puestos de trabajo a costa de falsos autónomos o becarios. Para detectarlo, tirará de campañas de inspección especiales, “focalizando las actuaciones en los sectores más afectados por este fenómeno”. Pero, además, quiere que los datos de la Seguridad Social y de Hacienda le sirvan también para detectar abusos. Se fija como objetivo “intensificar las relaciones y la coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, así como con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria con el objetivo de disponer de una información que permita la identificación de las empresas que se sirven de los denominados falsos autónomos”.
También pretende poner coto a excesos que algunas nuevas compañías cometen apelando a la llamada “economía colaborativa”, porque “bajo el anonimato que proporciona la Red, ampara numerosas situaciones de economía irregular, ya sean faltas de alta tanto en el Régimen Especial de Autónomos como en el Régimen General de la Seguridad Social”. No cita ninguna empresa en concreto, pero sí recuerda que en los últimos años han aflorado “determinadas prácticas empresariales inadecuadas que están promoviendo una precarización del mercado de trabajo, fundamentado en la reducción de costes”. Y eso está fomentando “la aparición de un tipo de trabajador que ha de realizar cada vez más horas por un mismo precio, o incluso por uno inferior, dando fuerza al concepto denominado trabajador pobre”. La receta vuelve a ser la misma: campañas específicas de inspección en “plataformas y comercio electrónico”.
Por último, dedica un espacio a los docentes que pierden su empleo cuando llegan las vacaciones. Quiere llevar a cabo “una actuación específica para erradicar la fraudulenta contratación temporal de profesores en ciclos coincidentes con el curso escolar, extinguiéndose los contratos en los periodos no lectivos”.
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