exdirectivo de Vitalia señala a la juez Alaya que había «una relación enormemente fluida» entre los sindicatos y los directores generales de la Junta
El exdirector comercial de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, ha constatado este miércoles ante la juez Mercedes Alaya la enorme capacidad de influencia que tenían los sindicatos a la hora de suscribir las pólizas de prejubilación financiadas con fondos públicos de la Junta de Andalucía. En su declaración ante la magistrada que investiga los ERE fraudulentos ha insistido en que UGT y CC.OO. cobraban un porcentaje en cada expediente como «una auténtica medida de presión». De lo contrario, podrían bloquear la firma de los expedientes.
«No tenían más opción, o lo pagabas o no hacías la operación», ha asegurado Albarracín, imputado por las supuestas sobrecomisiones que cobraba como responsable de la consultora catalana por tramitar las pólizas. La juez Mercedes Alaya le ha imputado este miércoles un nuevo delito de blanqueo de capitales por haber canalizado presuntamente esas ganancias a través de su empresa Permar 21, que comparte con su esposa María José Marcos Ferríz, que también ha declarado hoy como imputada por el mismo delito.
Albarracín afirma que la comisión que ganaban los sindicatos era «una auténtica medida de presión» ya que «se personan en la empresa y le dicen que se van a negar a firmar el acuerdo de reestructuración y prejubilación si ellos, los sindicatos, no hacen otros costes actuariales y no los revisan». La comisión representaba un 0,5 % para UGT y un 0,5 % para CC.OO. y la empresa «le exigía a la mediadora que le pagase ese importe». Vitalia destinó 4.291.384 euros, lo que Alaya calificó como un «saqueo de fondos públicos».
El directivo de Vitalia ha destacado que en Andalucía, la relación entre los directores generales de la Junta y los sindicatos era «enormemente fluida», recoge el acta de la declaración, aunque el imputado utilizó la palabra «compadreo», según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.
Alaya ha imputado a Albarracín haber comprado, con el importe de «su actividad ilícita», ocho inmuebles entre 2006 y 2011, así como haber recibido de Atrado Mensajería, una presunta empresa pantalla, 117.066 euros que «no obedecían a la prestación de ningún servicio».
La juez ha interrogado a Albarracín sobre el papel de los sindicatos después de que ella misma, en el auto que anoche envió a prisión al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, afirmara que UGT y CC.OO. habían disfrutado «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» pues habrían impuesto «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial».
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