El Juzgado de lo Social Número 2 de Cáceres ha dado la razón a CCOO en el recurso presentado contra el despido de cinco trabajadores de Avizor, la empresa adjudicataria de los servicios de seguridad del Parque de Desarrollo Industrial Norte de Extremadura, Expacio Navalmoral, por lo que ahora tendrá que readmitirlos o indemnizarles con 33 días por año trabajado.
El sindicato presentó una demanda por la "improcedencia" del despido el pasado mes de diciembre de los cinco trabajadores de seguridad en el parque industrial de Navalmoral de la Mata, así como por los realizados en Expacio Mérida, cuya causa aún está pendiente de resolución. Según explica CCOO en una nota, la sentencia reconoce que las causas que alegaba la dirección de Avizor para el despido de estas personas "no eran ciertas", y obliga a la empresa a la readmisión de los trabajadores y al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido o una indemnización de 33 días por año.
Esta decisión "sienta base" para el recurso que CCOO presentó por los mismos motivos en el parque industrial de Mérida, donde también Avizor es la adjudicataria del servicio de seguridad privada y donde igualmente realizó "despidos injustos" en las mismas fechas. Esta sentencia "carga de más razón" a CCOO en sus argumentos al afirmar que es "incomprensible" que el Gobierno extremeño "permita" a "empresas como ésta cometer estos abusos con sus trabajadores sin que tenga consecuencias y salga impune de su mala actuación".
CCOO pide la extinción del contrato de adjudicación del servicio de seguridad y vigilancia que Avizor mantiene con la empresa pública Extremadura Avante, y que asimismo sea penalizada en futuros concursos, ya que "no se entiende como, con dinero público, se adjudican contratos a empresas que no cumplen con los derechos laborales". CCOO se ha ofrecido a colaborar con la Administración regional para "facilitar todos los datos necesarios para corregir esta situación", al tiempo que espera que el Gobierno regional "controle a las empresas privadas" con las que contrata servicios.
"Estos atropellos no se circunscriben únicamente al ámbito de la seguridad privada", afirma el sindicato, ya que "también están produciéndose en empresas dedicadas al personal de limpieza o de mantenimiento de edificios". El "trasfondo" de esta situación es "una política de adjudicación de los concursos públicos basada únicamente en criterios economicistas", como así afirma el sindicato que ha ocurrido con el concurso de seguridad del complejo Hospitalario de Cáceres, cuya valoración se basa en la oferta económica en un 90 por ciento. "Esta política de adjudicaciones hace que los concursos públicos le sean adjudicados a empresas que suelen incumplir las obligaciones que tienen para con los trabajadores y trabajadoras", concluye el sindicato.
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