Un guarda de seguridad de la UGR despedido por la empresa adjudicataria ha iniciado huelga de hambre junto al Hospital Real para pedir que lo readmitan reconociéndole su experiencia y grado de formación.
Manuel Puertas cumplió 45 años el pasado 1 de diciembre y lo hizo iniciando una huelga de hambre indefinida. Este guarda de seguridad, hasta hace poco a cargo del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Granada, situado en la Gran Vía, se ha plantado a la puerta del Hospital Real para reclamar a la empresa que lo ha empleado los últimos cinco años, Casesa, que lo readmita reconociéndole su nivel de formación y la experiencia acumulada.
Puertas alega que durante cuatro de esos cinco años ha ejercido con un contrato de auxiliar de seguridad, algo que implica pasar de un sueldo de mileurista a otro en el salario mínimo interprofesional, de 648 euros, pero también una serie de limitaciones legales: un auxiliar no puede trabajar en solitario, ni vigilar monitores, entre otras funciones que, denuncia, tanto él como otros compañeros ejercieron.
Tanto Puerta como los 16 compañeros que se quedaron en el paro junto a él el pasado 30 de noviembre alternaron contratos de obras y servicios con las empresas Servicas y Casesa, siendo la primera una filial de la segunda, y también ejercieron funciones de seguridad privada en el Ayuntamiento de Granada, en Plaza del Carmen. Servicas es, por ejemplo, la empresa que emplea a los revisores de la Línea de Alta Capacidad (LAC), como puede comprobar cualquier pasajero al que le hayan pedido el bonobús.
Mientras atiende a GranadaiMedia, varios compañeros del Centro de Transferencia Tecnologica se acerca a llevar a Puertas una cartel más grande que el que lucía hasta ese momento junto a la fachada del Rectorado -en el que contabiliza los días en los que dice llevar en huelga de hambre-. “Vengo aquí porque los compañeros y la gente me apoya. Si voy al Ayuntamiento o a la puerta de la empresa no me haría caso ni Dios”, explica. “Y denunciar, ¿para qué? ¿Para que dentro de un año
Miguel Ávila, sindicalista de UGT en el Comité de Empresa de Servicas, que también ha acudido a apoyarle, no lo ve así: “el recorte de plantilla viene por el recorte de horas a la empresa que ha hecho la Gerencia de la UGR. Estamos estudiando denunciarlo, porque entendemos que la situación irregular, de ejercer como vigilante con un contrato de auxiliar, es responsabilidad de la Universidad, que se ahorra casi 3 euros la hora, no sólo de la empresa”.
La Ley de Seguridad Privada, apunta, implica una multa de 60.000 euros para la firma y de 6.000 para el trabajador. El sindicato de la Policía Local, SIPAN, ya denunció la situación respecto al Ayuntamiento de Granada “pero en aquél momento se archivó. En este caso a nuestra denuncia puede que se sumen asociaciones de estudiantes, que han visto que este recorte de seguridad implica cierres en varios centros. Entre otros la Casa de Porras, que entendemos que tiene que tener un guarda jurado
Casesa no ha querido hacer declaraciones al respecto a pesar de la insistencia deGranadaiMedia. Puertas lamenta que la firma, que ha recibido varias concesiones de seguridad recientemente en los nuevos edificios del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), “no nos llame a los antiguos, sino a gente que se sacó el título de guarda de seguridad hace una semana o un mes”.
Pide ser readmitido, a pesar “porque con 45 años, en paro, con dos niñas y una hipoteca, tengo miedo de que me embarguen las cuentas. Ya me perjudicó pasar de un sueldo de mileurista al salario mínimo. Le pido a la Universidad o a quien sea que medie”. De sus otros 16 compañeros no sabe nada, “porque tienen la esperanza de que si se quedan callados los vuelvan a llamar. A mi eso ya no me vale“.
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