Los más de 3.000 escoltas que protegían a cargos políticos, empresarios o profesores universitarios en el País Vasco y Navarra durante los años en los que ETA estaba activa piden ahora trabajo. La mayoría de ellos se encuentra en paro desde que comenzó el plan de reducción de guardaespaldas del Gobierno al principio de legislatura. Apenas un centenar se sigue dedicando a servicios de protección de personas.
Estos profesionales se sienten defraudados con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se comprometió a recolocarlos en la vigilancia de las prisiones una vez que ETA desapareciera y ya no hicieran falta para escudar a personalidades. Actualmente, sin embargo, solo 80 escoltas trabajan en el perímetro de seguridad de los centros penitenciarios, lo que representa el 10% de los 800 vigilantes que operan en las cárceles españolas. "Era un pacto entre caballeros y lo han quebrantado", dice uno de estos profesionales en referencia al Ministerio del Interior, que sí presupuestó más de 33 millones de euros para pagar a las empresas de seguridad encargadas de apoyar la seguridad en las prisiones. Todas ellas, sin embargo, han optado preferentemente por vigilantes privados en lugar de guardaespaldas. Desde el Ministerio aseguran que es cosa de las empresas, que son soberanas y toman las decisiones que estiman oportunas.(Efe)
Los escoltas, sin embargo, consideran que se podía haber establecido una cláusula. Así lo entiende Manuel Jiménez, presidente de Las Sombras Olvidadas de Euskadi, que es el nombre de la asociación en torno a la que se están organizando los escoltas para plantar cara a Interior y reclamar lo que consideran que les pertenece después de haber dado la cara por miles de autoridades. En pocos meses, Las Sombras Olvidadas de Euskadi ha logrado que casi dos centenares de profesionales se adhieran a la iniciativa, que tiene la finalidad exclusiva de establecer lazos con el Gobierno para que este cumpla su promesa y apoye a los que una vez pusieron en juego su vida por la democracia que ETA hizo temblar. Sin embargo, por el momento los contactos con el Ministerio del Interior han resultado poco fructíferos.
Públicamente, el departamento dirigido por Fernández Díaz aplica el perfil bajo cuando se le plantea este asunto. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, por ejemplo, admitió el pasado 13 de noviembre en el Congreso, tras una pregunta del Grupo Socialista, desconocer el número exacto de escoltas que se han incorporado a las prisiones. “No lo sé”, dijo Yuste, que reconoció, sin embargo, ante el mismo foro, que el modelo de vigilancia mixta (público-privada) planteado por el Gobierno en torno a los centros penitenciarios buscaba “atender a los escoltas que prestaban sus servicios en el País Vasco”.
En la misma línea, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por su parte, admitió dos semanas antes que Yuste (el 29 de octubre) que existía ese "pacto entre caballeros" para no dejar tirados a los escoltas y que uno de cada tres se ha incorporado a las prisiones. Sin embargo, añadió Martínez, a muchos no les ha interesado sumarse a la propuesta, porque "no es el mismo trabajo". Pero también en lo privado se muestra pasivo el Ministerio. En una reciente reunión entre el representante de Las Sombras Olvidadas de Euskadi y un alto cargo del Ministerio, los escoltas han solicitado que el Ejecutivo saque “una oposición cerrada” a exprofesionales que aspiren a ser guardias civiles o policías. La propuesta, que pretendía seguir el modelo francés –donde un grupo de guardaespaldas fue absorbido por la Gendarmería–, ha sido sin embargo rechazada por el departamento de Fernández Díaz.
Jiménez asegura que la propuesta ya contaba con el apoyo del PSOE, de CiU, de IU y de UPyD, que respaldaban la mencionada oposición cerrada, pero que no ha sido secundada por quien de verdad tiene el poder ejecutivo. Mientras, Las Sombras Olvidadas de Euskadi sigue engrosando sus filas con nuevos profesionales que se quedaron sin trabajo hace meses y que buscan una salida.
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