Más del 60 por ciento del personal habilitado para ejercer la profesión de vigilante de seguridad en España se encuentran en la actualidad en situación de desempleo, mientras tanto miles de puestos son cubiertos por personal no habilitado para desempeñar funciones propias de la seguridad privada. Y lo que es más grave, los mayores proveedores de este tipo de personal auxiliar son las mismas empresas de seguridad privada, que para no perder mercado entraron de lleno en el peligroso terreno de ofrecer a los clientes auxiliares cambiados por vigilantes.
De aquellos barros vienen estos lodos. Ahora está de modo que las mismas administraciones, a través de las plataformas de contrataciones, incluyen en los concursos de seguridad de distintos centros (hospitales, ayuntamientos, consejerías etc) a vigilantes y auxiliares mezclados de forma escandalosa, y te puedes encontrar que en los puestos a cubrir un día hay un profesional habilitado y otro día otro sin habilitar. Para nosotros es un autentica y escandalosa connivencia de las entidades públicas en el fomento del intrusismo. En fin, todo vale si así se abarata el precio del concurso.
Creíamos que la nueva ley iba a atajar estas cosas de raíz, pero parece ser que la legislación está más bien enfocada a ampliar el mercado a cubrir por las empresas de seguridad que a solucionar los problemas crónicos de los profesionales de la seguridad privada (inseguridad, intrusismo, precariedad de medios etc). Hoy por hoy, sigue siendo igual de complicado destapar un caso de intrusismo, donde casi tiene uno que encontrar la pistola humeante para meterle mano a una empresa por materia de intrusismo. Falta por ver si el reglamento por salir va en la misma linea o realmente significa un avance para la protección y la seguridad de los profesionales del gremio. Ya veremos.
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